Una multisectorial que nuclea a trabajadores policiales y penitenciarios, docentes, personal de salud, municipales y otros sectores del empleo público volvió a movilizarse en Misiones para reclamar aumentos de sueldos, la reapertura inmediata de paritarias y la restitución de canales formales de diálogo con el Gobierno provincial. El planteo, formalizado mediante un petitorio presentado ante el Ejecutivo, expone una crisis salarial que, según los manifestantes, dejó a amplios sectores por debajo del umbral de subsistencia y amenaza la sostenibilidad del sistema público provincial.

El reclamo fue encabezado por el diputado provincial Ramón Amarilla, quien presentó la nota ante el gobernador Hugo Passalacqua y autoridades del área política, económica y de seguridad. En declaraciones ante los medios frente a la Casa de Gobierno, Amarilla sostuvo que el objetivo central es ser recibidos por las autoridades para discutir una recomposición salarial urgente y la reapertura de mesas de diálogo que, según denunció, fueron interrumpidas de manera unilateral.

“Le nombro a todos para que se den cuenta de que verdaderamente tenemos intenciones y ganas de dialogar con las autoridades del Gobierno de la provincia de Misiones”, afirmó, al detallar que el petitorio fue dirigido al gobernador y a funcionarios clave, con el respaldo de actas de acuerdos firmadas en septiembre de 2020.

Pérdida del poder adquisitivo y salarios por debajo del costo de vida

El eje del conflicto es el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Amarilla afirmó que los salarios acumulan una pérdida real significativa desde el último acuerdo. En una primera exposición, señaló que “llevamos un 37% de pérdida adquisitiva” y que no se registran incrementos desde el último acampe realizado en mayo de 2024. Posteriormente, frente a la Casa de Gobierno, elevó esa estimación y aseguró que la pérdida alcanza el 47% en el período reciente.

El legislador puso el foco en la brecha entre ingresos y costo de vida al citar declaraciones oficiales: “El gobernador y el ministro de Hacienda dijeron que para no ser indigente se necesitan $2 millones. Un agente de policía está en $950 mil, imagínense”. Y remarcó: “No llegan. Son todos indigentes. Los únicos que por ahí pueden alcanzar son las jerarquías más altas, pero esto hay que resolverlo desde la base”.

Desde la multisectorial advierten que esta situación se replica en otros sectores del empleo público, con salarios iniciales que quedan muy por debajo de la canasta básica y obligan a las familias a endeudarse para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, transporte y medicamentos. El diagnóstico común es que la crisis salarial dejó de ser sectorial para convertirse en estructural.

Un reclamo transversal y el corte del diálogo institucional

Amarilla subrayó el carácter transversal del reclamo y enumeró a los sectores involucrados: docentes, municipales, personal de salud, agrarios, yerbateros, tabacaleros, empleados judiciales, trabajadores de Casa de Gobierno y de la Legislatura. En ese marco, cuestionó la falta de acompañamiento político: “Acá deberían estar los otros 39 diputados provinciales acompañando al pueblo que nos dio un lugar en la Cámara de Representantes”.

El diputado denunció que el Ejecutivo provincial cortó los canales de diálogo con policías y penitenciarios, pese a que —según sostuvo— estos espacios fueron reconocidos formalmente en actas firmadas el 1 y 2 de septiembre de 2020 y el 8 de septiembre del mismo año, con la rúbrica de autoridades provinciales. “Escondiéndose en una oficina no van a resolver nada. Tienen que dar la cara y tratar de resolver este problema entre todos”, afirmó.

Además del salario, Amarilla incorporó otros factores que agravan el conflicto, como la situación del Instituto de Previsión Social, al señalar que el respaldo sanitario a los afiliados “no lo está haciendo” en un contexto de hospitales en estado crítico, lo que suma presión sobre los ingresos de los trabajadores.

Cesantías, denuncias de persecución y pedido de reincorporación

En su exposición pública, el legislador reclamó la reincorporación de efectivos policiales y penitenciarios cesanteados y denunció persecución interna durante el conflicto. “Quiero solicitar que a estos colegas que estuvieron privados de su libertad injustamente les devuelvan el trabajo, porque no solo perjudicaron a estas personas sino también a sus familias”, expresó.

Según indicó, durante el proceso fueron pasados a disponibilidad, cesanteados o exonerados más de 200 efectivos, una situación que, a su entender, profundizó el malestar en las fuerzas de seguridad y en sus entornos familiares. Amarilla insistió en que las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y amparadas por la Constitución Nacional: “Reclamar a las autoridades pacíficamente no es un delito. Estamos respaldados por el artículo 14 de la Constitución”.

Escenario abierto y posibles repercusiones

La multisectorial anticipó que continuará con medidas de visibilización hasta obtener una propuesta concreta de recomposición salarial y un cronograma claro de diálogo. El conflicto impacta de manera directa en sectores estratégicos del Estado provincial —seguridad, educación y salud— y plantea un desafío institucional para el Ejecutivo, que enfrenta presiones simultáneas por recomposición de ingresos, funcionamiento de servicios esenciales y contención social.

En un contexto de alta inflación acumulada y salarios rezagados, la evolución de este reclamo será clave para medir la capacidad del Gobierno provincial de reconstruir canales de negociación y evitar una profundización del conflicto social. Para los trabajadores, el planteo es categórico: sin salarios dignos, advierten, se vuelve inviable sostener el sistema público y garantizar condiciones de vida básicas en Misiones.