Obra pública: el Gobierno detalló ante la Cámara de la Construcción el nuevo esquema de gestión y recortes. Luis Giovine expuso en la convención de Camarco: se dieron de baja 1.668 obras, se transfirieron 500 a provincias y solo 183 seguirán bajo ejecución nacional.

En la 70° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, expuso por primera vez el balance oficial de la revisión y reestructuración de la obra pública encarada por el Gobierno. De las 2.337 obras analizadas, solo 183 continuarán bajo ejecución nacional, mientras que 1.668 fueron dadas de baja y 500 transferidas a las provincias. El criterio aplicado fue la “priorización estratégica” y el orden administrativo-financiero.

Revisión masiva y recorte: las cifras del nuevo mapa de obras

Durante su intervención, Giovine explicó que el primer objetivo fue ordenar el desbalance administrativo y económico que arrastraban los proyectos de infraestructura heredados. A partir de esa revisión, se eliminó del presupuesto nacional una gran cantidad de intervenciones de escala local —“cordones, plazas y vestuarios”— consideradas no prioritarias.

“Necesitábamos una base firme para crecer, por eso enfocamos los recursos en obras estructurales”, dijo el funcionario.

Del total revisado:

• 1.668 proyectos fueron dados de baja.
• 500 se transfirieron a las provincias.
• 183 quedaron bajo ejecución nacional.

De estas últimas, 21 provincias firmaron convenios para reiniciar 122 obras, lo que representa el 70% del total restante.

Obras estratégicas: acueductos y saneamiento como prioridad

Giovine detalló que, en base al nuevo modelo de ejecución, cuatro obras clave ya están en marcha o por adjudicarse:

• Acueducto Vipo (Tucumán): $127.000 millones
• Acueducto Albigasta (Catamarca): $102.000 millones
• Acueducto del Chaco: $71.000 millones
• Planta de tratamiento de efluentes cloacales (Pinamar): $23.000 millones

En el caso de la planta en Pinamar, ya se presentaron ocho empresas interesadas, lo que refleja el dinamismo que el Gobierno busca reintroducir en la obra pública, con procesos licitatorios más ágiles y controlados.

Además, se renegociaron 42 contratos vigentes para corregir desajustes administrativos, y en otros 9 proyectos fue necesario reformular completamente los contratos.

Cambio de paradigma en vivienda: menos Nación, más provincias

El funcionario también abordó el replanteo del modelo de ejecución de viviendas sociales, que anteriormente dependía casi en su totalidad del financiamiento directo del Estado nacional a través de programas como Procrear y Casa Propia.

“Ahora, el Gobierno Nacional no es el financiador directo, sino que transfiere la responsabilidad a las provincias, que ejecutan según sus necesidades y capacidad de financiamiento”, precisó Giovine.

Bajo este nuevo esquema, cerca de 10.000 viviendas están en ejecución, con un modelo de pagos por avance de obra y sin adelantos financieros que históricamente generaban redeterminaciones de precios, sobrecostos y demoras.

La presentación de Giovine fue la única exposición oficial del Gobierno ante los empresarios del sector durante el evento, lo que revela tanto la centralización de las decisiones como el nivel de cautela en las comunicaciones institucionales.

Sin embargo, el mensaje fue claro: menos dispersión de recursos, más foco en infraestructura estratégica, y un modelo de responsabilidad descentralizada en las provincias, con una fuerte impronta fiscalista.

Para los actores del sector de la construcción —muchos de los cuales sufrieron la paralización abrupta de proyectos desde diciembre de 2023—, este nuevo orden plantea tanto desafíos como oportunidades. El proceso licitatorio de las obras reactivadas y el financiamiento provincial se posicionan como las nuevas claves del mercado.