El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa en la que se investiga el vínculo entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente la Corte Suprema, y el ministro porteño de Seguridad y Justicia en uso de licencia Marcelo D’Alessandro, y dispuso que el caso pase a tramitar en la justicia federal porteña.

El magistrado, sin embargo, justificó en su fallo la decisión que tomó días atrás cuando intimó a Robles, el asesor de Rosatti que aparece en la carátula de la denuncia, a que entregara su teléfono celular, al señalar que se trataba de una medida indispensable para evitar que se frustrara la investigación.

En un fallo de 6 páginas, el juez Molinari resolvió “declarar la Incompetencia de este Juzgado Federal de Sección para continuar conociendo en la presente causa y ordenar su remisión al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir, a los tribunales federales de Comodoro Py.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, luego de que distintos medios dieran a conocer que información surgida de una filtración de supuestas conversaciones por chat entre D’Alessandro y Robles en las que se hablaba de causas en las que finalmente la Corte Suprema de Justicia intervino con movimientos a favor de la Ciudad de Buenos Aires (Coparticipación) y de la oposición nacional (Consejo de la Magistratura).

Al decidir que la causa pase a Comodoro Py, el juez sostuvo que, como había dicho el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, los hechos “habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones, razón por la cual este Juzgado Federal de Santiago del Estero, resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.

Sin embargo, aclaró que cuando ordenó la incautación del teléfono de Robles lo hizo, también en consonancia con la opinión del fiscal, porque correspondía “resguardar de manera inmediata y urgente la prueba que serviría para fundar una posterior acusación o desvirtuar la sospecha inicial”.

“Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos”, recalcó el magistrado al explicar por qué primero intimó a Robles a que entregara su teléfono y después resolvió la cuestión de competencia que también le había planteado el fiscal Simón cuando alentó aquella medida de prueba.

En los tribunales federales de Comodoro Py ya existen al menos dos denuncias presentadas el día martes y ambas recayeron en el juzgado federal número 4, que conduce Ariel Lijo.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gastón Marano, cuyo nombre se volvió más conocido meses atrás cuando se hizo cargo de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por aquellos días, también se hizo público que Marano había asesorado a un senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en el marco de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

“He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Dr. Silvio Federico Robles, quien detenta el Cargo de Director General, de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones harto inadecuadas con un funcionario del ejecutivo porteño, Marcelo D’Alessandro”, sostuvo Marano en la denuncia a la que accedió Télam.

“Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal. No puedo dejar de mencionar, para disipar cualquier duda respecto al carácter en que estos ´consejos´ eran dados, que el Dr. Robles no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional”, continuó.

“Por el mismo andarivel, aún de estar matriculado en alguna otra colegiatura, su carácter de funcionario público dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo inhabilitaría para brindar asesoramiento sobre causas que pudieran terminar ante el mismísimo órgano en el que se desempeña. Con el nivel de provisoriedad propio de una denuncia, esta situación me inclina a pensar que podríamos estar en presencia de un ilícito”, sostuvo Marano.

La otra denuncia fue presentada por una persona identificada como Nicolás Giansanti y fue escrita prácticamente los mismos términos que la de Marano.

“He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación que el denunciado, quien detenta el Cargo de Director General de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones por demás inapropiadas con un funcionario del poder ejecutivo porteño, Marcelo D’Alessandro”, sostuvo Giansanti.

“Tales conversaciones comprenderían consejos por parte del nombrado funcionario de la Corte Suprema vinculadas a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal. Así, para despejar cualquier duda no puedo dejar de hacer mención, que el Dr. Robles no registra matrícula profesional del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, lo cual me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional”, agregó.

La existencia de estas dos denuncias, escritas casi en los mismos términos, motivó que distintas fuentes consultadas por esta agencia, y entendidas en materia judicial, opinaran que podría tratarse de una maniobra a partir de la cual intentar elegir un juzgado porteño para que funciones como polo de atracción de la denuncia que primero había sido formulada ante la justicia federal de Santiago del Estero.

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