Sudáfrica e Israel: la batalla que se ganó en la Corte

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Israel sufrió un inédito revés judicial y diplomático de carácter internacional, propinado desde el continente africano. Fue Sudáfrica justamente, el país que abordó con mucha madurez institucional, una denuncia que tuvo curso en la corte de La Haya.

La situación en los estrados tuvo efecto y eco en la geopolítica. Sudáfrica acusó formalmente a Israel de provocar un genocidio sobre el pueblo palestino, en el marco de la guerra en Gaza. Lo que esgrime el país africano es que el poder bélico de Netanyahu se está pasando por encima de los límites de la guerra. Si, aunque parezca extraño, hasta en la guerra hay reglas y, aparentemente, Israel estaría un poco flojo de papeles. 

La denuncia involucra la muerte encarnizada de civiles palestinos que están llevando adelante las Fuerzas de Defensa Israelíes en Gaza. A esta altura, hay más de 26 mil muertos dentro del enclave palestino, y lo que aducen desde Sudáfrica es que la mayoría son niños y mujeres, que nada tienen que ver directamente con el conflicto bélico. Además, se suma la cuestión del impedimento de arribo de ayuda humanitaria y la falta de consenso para llevar adelante un alto al fuego. 

Esto llegó a la Corte Penal Internacional de La Haya, el ente máximo que se encarga de velar por la seguridad de los Estados y los pueblos y, claramente, de mediar en los conflictos, desde el punto de vista jurídico. La primera impresión fue clara: victoria de los abogados sudafricanos. 

La Corte dio curso a parte de la acusación de Sudáfrica, explicitando que Israel está aplicando ataques desmesurados contra la población civil y que esto, a futuro, podría ser materia de investigación para avanzar en la causa. 

Para declarar un genocidio con consenso internacional, hay un proceso muy extenso y minucioso en el medio y puede llevar años. Sin embargo, el ente internacional fue tajante al advertir a Israel que debe bajar la intensidad de sus ataques para no “pasarse de la línea” en el conflicto bélico. Los abogados de Tel Aviv tomaron esto como un revés inesperado.

Si bien este dictamen es muy importante, Israel parece hacer oídos sordos. Lo que hace tiempo viene afirmando Netanyahu es que van a ir hasta las últimas consecuencias en esta guerra para poder llevarse el triunfo y, con ello, exterminar a Hamás. Además, Tel Aviv tiene un as bajo la manga. Como fue la agrupación terrorista con sede en Gaza la que comenzó esta guerra con un brutal ataque en los kibutz israelíes el 7 de octubre del año pasado, contando con una masacre y con secuestros de rehenes, esto faculta a que Israel argumente que no va a quitar el pie del acelerador.

Allí está la disputa, como todo, es un conflicto de intereses. Pero hay varias lecturas que hacer. En principio, la irrupción de Sudáfrica en el escenario diplomático, intentando socavar el accionar israelí en Gaza. Es sorprendente porque no es ni un país árabe ni musulmán, con quien pueda tener cierta cercanía el pueblo palestino. Pero detrás hay otra cosa. Sudáfrica es el claro ejemplo del resurgir del sur global, formando parte del BRICS y siendo una figura determinante de las economías emergentes y su postura no es inocente, en cierto modo. Lo que busca es comenzar a ponerle un freno simbólico al crecimiento israelí, entendiendo que Tel Aviv es el garante de los intereses occidentales en Medio Oriente. En ese sentido, Sudáfrica, como aliado de gigantes geopolíticos (Rusia, China e India) busca presionar a Israel, teniendo en cuenta su “limpio prontuario”. Algo parecido está haciendo Brasil, al sentar posición en el conflicto, de la mano de Lula Da Silva.  

La ecuación es simple: Rusia no puede pronunciarse por Ucrania, China no puede por Taiwán e India no puede por sus rispideces con Pakistán. Es decir, el que está libre de pecado, arrojó la primera piedra, y es Sudáfrica. Su denuncia no es de un Estado contra otro, es de un bloque contra otro, en una disputa geopolítica multipolar que llega a los estrados y que divide las aguas. 

Además de eso, hay algo paradójico en el medio: ambos países han sufrido de procesos estructurales de discriminación y genocidio (Israel con el Holocausto y Sudáfrica con el Apartheid). Esto significa el señalamiento directo de uno sobre otro con la historia a cuesta, en donde su pasado condiciona su decisión. 

Con este panorama, solo queda esperar, aunque, claro, en el medio están los civiles que siguen padeciendo esta guerra y los rehenes que aún están separados de sus familias. Mientras tanto, en los estrados internacionales, la primera pulseada la ganó, claramente, Sudáfrica, aunque Israel no se resigne a una derrota.

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Corte de Brasil falla a favor de indígenas y niega pedido del agronegocio sobre tierras ancestrales

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El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, falló hoy por mayoría contra la tesis del marco temporal que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la selva amazónica, en una resolución que le aplica un duro golpe a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.

La corte rechazó por 7 contra 2 – restan otros dos votos- la presentación de las entidades rurales que querían que no se reconocieran las tierras indígenas reivindicadas después de la Constitución de 1988, que actualmente está en vigor.

La votación que se extiende desde hace cuatro años motivó movilizaciones en todo el país de los movimientos indígenas.

Brasil tiene poco más de un millón de habitantes de los pueblos originarios.

El relator del caso, Edson Fachin, sostuvo que el derecho de los pueblos indígenas a la tierra es anterior a la creación del Estado y que, por lo tanto, no debe definirse en ningún marco temporal.

El juez Fachin recordó que la Constitución define los derechos indígenas como “fundamentales” y dice que los pueblos tienen “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se oponía a la tesis de los ruralistas, al punto que es el primer gabinete con un Ministerio de Pueblos Originarios.

Por el contrario, los dos votos del máximo tribunal que respaldaron la solicitud del agronegocio fueron de los jueces designados por Bolsonaro: el jurista y pastor presbiteriano André Mendonça y Nunes Marques.

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Pasa a Comodoro Py causa que investiga vínculos entre asesor de Rosatti y ministro D’Alessandro

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El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa en la que se investiga el vínculo entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente la Corte Suprema, y el ministro porteño de Seguridad y Justicia en uso de licencia Marcelo D’Alessandro, y dispuso que el caso pase a tramitar en la justicia federal porteña.

El magistrado, sin embargo, justificó en su fallo la decisión que tomó días atrás cuando intimó a Robles, el asesor de Rosatti que aparece en la carátula de la denuncia, a que entregara su teléfono celular, al señalar que se trataba de una medida indispensable para evitar que se frustrara la investigación.

En un fallo de 6 páginas, el juez Molinari resolvió “declarar la Incompetencia de este Juzgado Federal de Sección para continuar conociendo en la presente causa y ordenar su remisión al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir, a los tribunales federales de Comodoro Py.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, luego de que distintos medios dieran a conocer que información surgida de una filtración de supuestas conversaciones por chat entre D’Alessandro y Robles en las que se hablaba de causas en las que finalmente la Corte Suprema de Justicia intervino con movimientos a favor de la Ciudad de Buenos Aires (Coparticipación) y de la oposición nacional (Consejo de la Magistratura).

Al decidir que la causa pase a Comodoro Py, el juez sostuvo que, como había dicho el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, los hechos “habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones, razón por la cual este Juzgado Federal de Santiago del Estero, resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.

Sin embargo, aclaró que cuando ordenó la incautación del teléfono de Robles lo hizo, también en consonancia con la opinión del fiscal, porque correspondía “resguardar de manera inmediata y urgente la prueba que serviría para fundar una posterior acusación o desvirtuar la sospecha inicial”.

“Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos”, recalcó el magistrado al explicar por qué primero intimó a Robles a que entregara su teléfono y después resolvió la cuestión de competencia que también le había planteado el fiscal Simón cuando alentó aquella medida de prueba.

En los tribunales federales de Comodoro Py ya existen al menos dos denuncias presentadas el día martes y ambas recayeron en el juzgado federal número 4, que conduce Ariel Lijo.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gastón Marano, cuyo nombre se volvió más conocido meses atrás cuando se hizo cargo de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por aquellos días, también se hizo público que Marano había asesorado a un senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en el marco de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

“He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Dr. Silvio Federico Robles, quien detenta el Cargo de Director General, de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones harto inadecuadas con un funcionario del ejecutivo porteño, Marcelo D’Alessandro”, sostuvo Marano en la denuncia a la que accedió Télam.

“Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal. No puedo dejar de mencionar, para disipar cualquier duda respecto al carácter en que estos ´consejos´ eran dados, que el Dr. Robles no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional”, continuó.

“Por el mismo andarivel, aún de estar matriculado en alguna otra colegiatura, su carácter de funcionario público dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo inhabilitaría para brindar asesoramiento sobre causas que pudieran terminar ante el mismísimo órgano en el que se desempeña. Con el nivel de provisoriedad propio de una denuncia, esta situación me inclina a pensar que podríamos estar en presencia de un ilícito”, sostuvo Marano.

La otra denuncia fue presentada por una persona identificada como Nicolás Giansanti y fue escrita prácticamente los mismos términos que la de Marano.

“He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación que el denunciado, quien detenta el Cargo de Director General de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones por demás inapropiadas con un funcionario del poder ejecutivo porteño, Marcelo D’Alessandro”, sostuvo Giansanti.

“Tales conversaciones comprenderían consejos por parte del nombrado funcionario de la Corte Suprema vinculadas a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal. Así, para despejar cualquier duda no puedo dejar de hacer mención, que el Dr. Robles no registra matrícula profesional del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, lo cual me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional”, agregó.

La existencia de estas dos denuncias, escritas casi en los mismos términos, motivó que distintas fuentes consultadas por esta agencia, y entendidas en materia judicial, opinaran que podría tratarse de una maniobra a partir de la cual intentar elegir un juzgado porteño para que funciones como polo de atracción de la denuncia que primero había sido formulada ante la justicia federal de Santiago del Estero.

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Gobernador presentó denuncia penal contra colaborador de Rosatti por tráfico de influencias

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El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó hoy una denuncia contra Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por supuesto “tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el Gobierno porteño y ese tribunal.

En sus redes sociales Zamora dijo que hizo una denuncia penal ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero contra “el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de Influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal”.

Zamora solicitó “como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial” y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr “la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes”.

“Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que, además frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho”, alertó.

Zamora sostuvo que “se han difundido mensajes presuntamente emitidos desde el teléfono de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), de diálogos con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; de los que surgen información, que de ser cierta, serían conductas prohibidas a un funcionario público de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Indicó que “tal como surge de la información difundida por medios periodísticos como la publicada por Infobae con fecha 30 de diciembre “se filtraron más chats del celular de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño”. “Se trata de diálogos con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti…” “….Además, el vocero de Rosatti y D’Alessandro hacen referencia al “fallo Robles”. Así habrían bautizado los interlocutores al fallo de la Corte que se conocería más tarde -el pasado 21 de diciembre- y que terminaría inclinando la balanza a favor de la ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Casa Rosada por la coparticipación'”, cita Zamora.

Agregó que el diario Perfil el 30 de diciembre publica “Nuevos chats filtrados de Marcelo D’Alessandro muestran el vínculo entre la Corte y la Ciudad de Buenos Aires”. …En las últimas horas, se conocieron otras conversaciones a través de Telegram del funcionario porteño que dejarían al descubierto el vínculo con la Corte Suprema, tribunal que acaba de fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa por la coparticipación”.

“El 9 de noviembre Silvio Robles envió un link. Robles es director general de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y estas conversaciones forman parte de una nueva filtración que muestra los supuestos chats que mantuvo el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro”, comentó. “Este link que comparte lleva a una nota titulada “El juez Rosatti seguirá al frente del reclamo de CABA contra Nación por la coparticipación”.”, agregó.

Zamora recordó la causa en cuyo marco la Corte dictó una cautelar ordenando que “el Estado Nacional entregue a la CABA, el 2,95%, de la masa de fondos que le corresponden a la Nación” y que las transferencias se realicen “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina y el Estado Nacional, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606”.

“Causa en que las provincias argentinas solicitaron su incorporación sin obtener respuesta alguna”, puntualizó Zamora.

Dijo que “de ser cierto el actuar” de Robles “conduce, necesariamente, a una infidelidad que atenta contra la administración de justicia en beneficio de una parte del proceso, que no registra antecedentes en la historia de ese Tribunal de una conducta tan censurable”.

Además manifestó que “debe observarse que los jueces de la Corte hace más de quince años han suscripto decisiones referidas a la transparencia y el gobierno abierto que es incompatible con instrucciones para que funcionarios dependientes se conecten de este modo con personas que tienen intereses en causas que se tramitan ante ese Alto Tribunal”.

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Corte Federal: Gobernadores y Alberto Fernández coinciden en elevar a 25 el número de miembros

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El presidente Alberto Fernández presentó ante gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres, informaron fuentes oficiales. El proyecto coincide en líneas generales con el diseñado por los mismos gobernadores y que iba a ser impulsado a través del Congreso.

El encuentro se realizó esta tarde en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, se extendió durante una hora y 10 minutos y contó además con la participación de un legislador provincial que representaba a Salta.

Allí, Fernández les presentó el proyecto que trabajó con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, presentes también durante el encuentro con los mandatarios provinciales.

La propuesta, según trascendió, cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe de Estado mostró un proyecto “democrático y federal” que prioriza en su conformación que cada una de las provincias esté representada, como también la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, “con un mínimo de 12 mujeres”, una iniciativa para la que le Ejecutivo buscará “el aval de todos los gobernadores”, con quienes “buscará consensos” para su posterior debate en el Congreso, dijeron las fuentes a Télam.

En la reunión participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También asistieron los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan), Carlos Silva Neder (Santiago Del Estero); mientras que por Salta estuvo el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.

En el encuentro con también tomaron la palabra Kicillof, Capitanich, Rodríguez Saá, Ziliotto, Carreras y Gutiérrez

Rodríguez Saá fue muy elogioso con el proyecto, mientras que Carreras recordó que hay otra iniciativa del senador nacional Alberto Weretilneck -exgobernador de Río Negro- que contempla una Corte de 16 miembros, con la idea de planificar uno en común.

Luego, en conferencia de prensa en Casa Rosada, Capitanich dijo que el proyecto “tiene representación de un miembro por cada cada una jurisdicciones y Estado nacional, con paridad de género y de carácter federal”.

Resaltó en ese sentido la letra del “artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, en la cual el Presidente nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes”.

El mandatario chaqueño dio ejemplos de la cantidad de miembros en algunos países de la región y contó que “Chile tiene 21, Colombia 23, Costa Rica 21 y Brasil 11”, y señaló que en la reunión, a la que calificó de “muy amena”, hubo “muy interesantes aportes de cada gobernador para un consenso correspondiente”, aunque aclaró que “faltan definir detalles del articulado”.

Indicó que en la actualidad “hay una Corte con cuatro miembros varones y con eso se quiebra el principio principio básico de paridad de género”, además de tener “una concepción centralista y no federal”.

Según Capitanich, el proyecto “va más allá de una confrontación política-partidaria” porque busca “construir un sistema judicial, en su máxima autoridad que es la Corte, plural, federal, con paridad de género y promover especialidades en la materia para garantizar una justicia eficiente” y que sea “superadora de antinomias”.

Por su parte, Kicillof resumió: “El Presidente nos convocó para presentarnos el proyecto del Poder Ejecutivo, que coincide en los puntos centrales los que trabajamos los gobernadores”.

Y adelantó que mañana, la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) “tendrá como objetivo unificar los criterios para seguir adelante”.

Rodríguez Saá consideró que “la iniciativa buscará ayudar al país en su sistema judicial, con una Corte que tiene mucho trabajo”, en la idea de “facilitar la celeridad procesal” con “un principio de inmediatez”.

Recordó que la primera Corte “tenía miembros de San Juan, Mendoza, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires”, y que luego el máximo tribunal “se ha alejado del sistema federal”.

“Mañana en el CFI vamos a dar a luz el proyecto definitivo con lo que hemos conversado con el Presidente”, indicó el gobernador puntano, y refirió que están “muy cerca con un proyecto en común” en el que quieren incluir a “todos los gobernadores”, teniendo en cuenta que hoy no hubo representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Santa Fe.

Rodríguez Saá aclaró que los actuales cuatro miembros de la corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti, “seguirán en sus funciones y se sumarán al resto”.

Mientras, Ziliotto manifestó que el proyecto de los gobernadores “ratifica la coincidencia con el del Poder Ejecutivo Nacional” y consideró que este cambio en “una demanda sociedad” que “exige calidad institucional”.

Para el gobernador pampeano, “el objetivo es cómo mejoramos el servicio de justicia, con una Corte federal, ágil, eficiente y con paridad de género”, en el cual “el interior profundo participe de las decisiones”, y que el máximo tribunal “administre justicia para todos los habitantes de la Argentina”.

Destacó la “especialización por salas, o como se quieran denominarlas”, para “atacar cada uno de los problemas”, y subrayó que la iniciativa “es ampliar derechos”.

“En ese camino estamos desde el federalismo, a través de la entidad que nos da el voto popular”, puntualizó Ziliotto en relación a “una enorme cantidad de gobernadores” de ponerse “de acuerdo para proponer a otro poder del Estado, a través de diputados y senadores”, la búsqueda “de la mejora institucional de la Argentina con la modificación de la actual estructura de la Corte”.

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