Procesaron al ex presidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles y lo embargaron por más de $14.000 millones

El juez Sebastián Casanello lo vinculó a una red de favores y beneficios irregulares en torno a contratos de seguros estatales. También fueron procesados el broker Martínez Sosa, su pareja y ex funcionarios de Nación Seguros.

El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al ex presidente Alberto Fernández por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa conocida como “Seguros”. Además, le impuso un embargo de $14.634 millones sobre sus bienes. La decisión se vincula con la firma del decreto 823/21, que reconfiguró el sistema de contratación de seguros para organismos públicos y otorgó una posición monopólica a Nación Seguros, desde donde se canalizaron millonarias comisiones a intermediarios privados.

En su resolución, Casanello también procesó al broker Héctor Martínez Sosa, a su pareja y ex secretaria del presidente, María Cantero, y a una decena de ex funcionarios de Nación Seguros y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), quienes habrían facilitado maniobras para beneficiar económicamente al entorno presidencial.

Según la investigación judicial, entre 2019 y 2023 la firma de Martínez Sosa recibió comisiones por $2.297 millones, casi el 60% del total pagado en ese período por seguros estatales. Tan solo por contratos con 19 organismos públicos, el broker embolsó $366 millones, cifra que asciende a $416 millones si se suman los ingresos de 2024.

La acusación se apoya en conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas y visitas personales entre Alberto Fernández, Cantero y Martínez Sosa. Los intercambios revelan una relación de confianza y colaboración económica, donde incluso se mencionan “favores” y “obsequios” como contraprestaciones.

Casanello enfatizó que la designación de Cantero en la Casa Rosada, en un cargo de alta cercanía con el Presidente, generó una “confusión de intereses” y facilitó el accionar irregular del broker. “El vínculo entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero excedía una mera amistad o relación laboral”, sostuvo el magistrado.

También se destacó el papel de Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos y ex empleado de Martínez Sosa, quien habría funcionado como nexo logístico entre las partes. En un diálogo fechado el 28 de diciembre de 2018, Rodríguez sugiere que el entonces futuro presidente tendría que “pagar favores” si accedía al poder.

Una de las pruebas más relevantes fue un informe de 662 páginas elaborado por la PROCELAC, que reveló que Alberto Fernández le facturó a Martínez Sosa $4,2 millones entre 2010 y 2019 por supuestos informes políticos. La última factura fue emitida apenas cuatro días antes de asumir como presidente.

Según los abogados de ambas partes, se trató de servicios profesionales vinculados al análisis político. Sin embargo, para la Justicia, esta relación económica previa y no interrumpida construyó un conflicto de intereses cuando Fernández accedió al cargo y su amigo se vio beneficiado directamente por decisiones oficiales.

Procesamientos y medidas complementarias

Además del expresidente, fueron procesados sin prisión preventiva:

• Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros
• Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos, ex directores
• Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, ex titulares del FGS

En paralelo, el juez dictó falta de mérito para otros empresarios vinculados indirectamente y ordenó nuevos allanamientos sobre más de diez empresas vinculadas a la red de brokers que operaban en torno a Nación Seguros.

El procesamiento de Alberto Fernández representa un punto de inflexión en las investigaciones por corrupción durante su mandato, y se inscribe en una agenda judicial que promete profundizar en el rol de los intermediarios, los fondos públicos y los vínculos personales en la gestión de seguros del Estado.

La causa, que cambió de juez en febrero y fue reimpulsada por Casanello con nuevos allanamientos y peritajes, podría derivar en más imputaciones y eventuales juicios orales. Para el ex mandatario, representa su primera imputación formal desde que dejó la Presidencia.