En la primera sesión del año, el diputado del Partido Agrario y candidato a la reelección, Martín Sereno, presentó un Proyecto de Comunicación dirigido al Poder Judicial, en el que propone una capacitación para funcionarios judiciales con el objetivo de informar sobre la legislación nacional y provincial actual que prohíbe los desalojos.
“Estamos preocupados porque la corporación judicial sigue desalojando a familias sin tener en cuenta que el año pasado aprobamos una Ley de Prórroga y Suspensión de Desalojos que contempla dos ítem fundamentales: inscripción en el Instituto Provincial de Desarrollo Social (Iprodha) y en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los 40 diputados celebramos la sanción de esa Ley que protege a los más desposeídos”, recordó el autor de la iniciativa.
Sin embargo -aclaró- el Poder Judicial no la respeta ya que desde esa sanción hasta hoy, se efectuaron muchísimos desalojos, hubo intentos de muchos más, y hay amenazas permanentes. “Entonces, si por las dudas los integrantes del Poder Judicial no están en total conocimiento de la Ley provincial, proponemos que se capaciten para que nadie pueda decir que la desconoce
-aunque no es argumento para no cumplirla- y a través de la capacitación se empapen en el espíritu de la norma y empiecen a respetarla”, enfatizó el legislador.
Difusión y exhibición de la Ley en Juzgados
El proyecto presentado por Sereno expresa que el Poder Judicial, a través de los organismos competentes arbitre los medios para que los y las funcionarias del Poder Judicial se capaciten sobre la Ley XII- 28 de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remates, y que den cumplimiento del Artículo 11, que establece que el Superior Tribunal de Justicia debe ordenar a los Tribunales Inferiores, con competencia en juicios de desalojo, la exhibición del texto del contenido de Ley en los estrados del Juzgado.
Además, tienen que instrumentar una campaña de difusión a cargo del Iprodha, con los alcances de la Ley en medios radiales y televisivos en horarios centrales, públicos privados, y realizar la difusión gráfica en los CAPS, y dependencias municipales en toda la provincia.
Una larga lucha del PAyS
En octubre de 2018, desde el Bloque del Partido Agrario y Social se impulsó el proyecto de Ley, solicitando que se modifiquen los plazos de vigencia establecidos y que los mismos se extiendan por un año más.
“Sin embargo en este tiempo presenciamos un alto número de casos de situaciones de desalojos a los que se les da curso mediante un expediente judicial penal, y el supuesto titular suele realizar la denuncia ante la autoridad policial que corresponde, y a veces ante la Fiscalía y el juez de turno, que suelen emitir una orden de desalojo, como medida cautelar, asumiendo que la denuncia, y el supuesto titular son veraces; es decir, dando como cierta la denuncia de usurpación, aún cuando la situación real no cuenta con las características penales necesarias para enmarcarlo como tal”, cuestiona el proyecto.
Procesos civiles que mutan a penales
Sereno recordó que desde su espacio político fueron testigos de desalojos de familias que contaban con varios años de ocupación pacífica de un inmueble, que nunca lo habían ocupado de manera violenta ni contra personas, ni bienes; que incluso, muchas veces mejoraron las características del lugar mediante limpiezas, rellenos, y la construcción en terrenos claramente abandonados previo a su ocupación.
Es decir, “casos que claramente deberían encuadrarse en causas civiles por sus características; pero se enmarcan en procesos penales con acciones cuasi cautelares, a veces hasta con serias sospechas de particularidades que podrían enmarcarse en una suerte de ´fórum shopping´ de magistrados, que su accionar “se sabe” puede ir en determinado sentido, que ni siquiera dan lugar a los imputados a la posibilidad legítima de defensa y de igualdad ante la ley para todos”, expresó el diputado.
Que la Justicia proteja a familias vulnerables
En ese mismo sentido, el legislador pidió la protección del Estado a las familias que deben enfrentar estos procesos injustos. “Consideramos imperioso que estos casos tengan el amparo de la Ley para al menos no enfrentarse a la durísima realidad del desahucio de la familia, cuando la misma puede demostrar su ocupación pacífica e ininterrumpida por ocho años o más, como lo prevé la Ley originalmente.
Y también para los casos en los que las familias accedieron legítimamente al Certificado de Vivienda Familiar emitido por la autoridad competente, y que busca asegurar derechos a esa familia que tiene cierta irregularidad en su situación habitacional”, sostuvo Martín Sereno.
Atentos a que las sentencias de desalojos se siguen ejecutando sin previo aviso a las familias, y sin consultar al Iprodha, si están inscriptas dentro de la Ley que los suspende; la iniciativa legislativa del PAyS considera que esto sucede por falta de capacitación a los agentes judiciales.

About The Author

Redacción Economis

See author's posts