DESALOJOS

El Gobierno prorrogó el congelamiento de los precios de los alquileres y de las cuotas de créditos

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El Gobierno nacional prorrogó esta noche el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

A través del Decreto 766/2020, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

La norma prorroga hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, el Decreto 767/2020 extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

Entre otras cosas, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”. La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Además, establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, el artículo 4 dispone que desde las 0 horas del 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales. Además, las insta a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras”.

En otro punto, se fija que las deudas que pudieren generarse desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.

Además, señala que de aplicar intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

Finalmente, determina que las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 319/20 podrán ser refinanciadas, y agrega que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.

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Solicitan que Misiones adhiera a la Ley Nacional de Regularización Dominial

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Por medio de un Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Representantes, el diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, y acompañado por sus pares de bloque, Carlos “Cali” Goring, Isaac Lenguaza y Giuliana Perié, busca que Misiones adhiera a la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, creado por Decreto 358/2017, y sancionada en octubre del 2018.
“La aprobación de esta norma en el Senado de la Nación significó el reconocimiento a la necesidad de urbanización que tienen los barrios populares, y con la adhesión de la provincia, esperamos su ejecución amplia y plural y que llegue a todas las familias que lucharon durante muchos años por esta dignificación”, expresó Sereno en sus argumentos.

Se crearía un Comité de Aplicación
El autor del proyecto especifica que la autoridad de aplicación estaría compuesta por un Comité de Aplicación para la Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que se crearía a partir de la nueva Ley, integrado por los y las representantes del Instituto de Desarrollo Habitacional (Iprodha); del Observatorio de Tierras; de los Ministerios de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud y de Derechos Humanos; de la Subsecretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, y por cada una de las organizaciones que realizaron el relevamiento que contiene la norma. Esta conformación respetará la equidad de géneros entre los y las representantes.

“La Justicia sigue ejecutando desalojos”
El presidente del Bloque de Diputados del PAyS, advierte y lamenta que la Justicia continúe ejecutando órdenes de desalojo en la provincia.
“En los últimos meses, desde el PAyS y los movimientos sociales acompañamos reiteradas demandas de familias que acudieron a nosotros, para solicitarnos intervención, debido a que las demandas por usurpación se ejecutan sin que el Poder Judicial tenga conocimiento de ello, y sin tener en cuenta la complejidad que significa para las familias poder asesorarse en la Justicia.
Por eso que incluimos en el proyecto de adhesión, la inclusión de un Comité que resultaría vital”, remarcó Sereno.

Largo trabajo de la Mesa de Barrios Populares
En 2017 se creó por Decreto, el Registro Nacional de Barrios Populares que sintetizó el trabajo que desde el 2016 desarrollan las organizaciones y movimientos sociales en territorio nacional, constituyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Según el relevamiento nacional realizado entre los últimos dos años, existen más de 4000 barrios populares que se constituyeron mediante distintas formas de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, en ellos existe un gran déficit en el acceso formal a los servicios básicos, y más de la mitad de sus habitantes no cuenta con títulos de propiedad.
“Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que lograron los movimientos populares a través de la organización y la lucha. Un gran trabajo que realizaron nuestros jóvenes militantes relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta Ley se podrá garantizar que se detengan los desalojos y que puedan exigir con el respaldo normativo, los derechos por el acceso a los servicios de luz, agua, cloacas y la integración urbana en los barrios. Es un gran paso en un contexto adverso para los sectores vulnerables, aunque esta batalla seguirá hasta que todas las familias tengan un techo digno”, afirmó el reelecto legislador del PAyS.

Se logró el Beneplácito, ahora falta la Ley
El 11 de octubre del 2018, el PAyS presentó un Beneplácito por la aprobación en el Senado de la Nación de la Ley de Integración Urbana para Barrios Populares, y con ella, la expropiación de los 4416 barrios populares de la Argentina, beneficiando a unas cuatro millones de personas. La iniciativa del bloque fue aprobada por el pleno de la Cámara de la Legislatura provincial.
La Ley declara utilidad pública y sujeta a expropiación, las tierras de todos los barrios, suspende los desalojos por cuatro años y establece que el 25% de las obras a realizarse estén en manos de las Cooperativas de Trabajo; estipula la creación de un régimen de integración socio urbana y la regularización de dominios para declarar esas tierras de utilidad pública, expropiarlas y urbanizarlas.
“En Misiones significan más de 21.700 familias que viven en más de 240 asentamientos informales, según el relevamiento que realizaron en la provincia las organizaciones Techo, la CTEP, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, y urge que la provincia genere la legislación necesaria para frenar los desalojos que se siguen ejecutando. Para eso es fundamental contar el acompañamiento de todos y todas las diputadas para la sanción de este proyecto”, enfatizó Sereno.

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Proponen capacitación al Poder Judicial para evitar desalojos a familias protegidas por ley

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En la primera sesión del año, el diputado del Partido Agrario y candidato a la reelección, Martín Sereno, presentó un Proyecto de Comunicación dirigido al Poder Judicial, en el que propone una capacitación para funcionarios judiciales con el objetivo de informar sobre la legislación nacional y provincial actual que prohíbe los desalojos.
“Estamos preocupados porque la corporación judicial sigue desalojando a familias sin tener en cuenta que el año pasado aprobamos una Ley de Prórroga y Suspensión de Desalojos que contempla dos ítem fundamentales: inscripción en el Instituto Provincial de Desarrollo Social (Iprodha) y en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los 40 diputados celebramos la sanción de esa Ley que protege a los más desposeídos”, recordó el autor de la iniciativa.
Sin embargo -aclaró- el Poder Judicial no la respeta ya que desde esa sanción hasta hoy, se efectuaron muchísimos desalojos, hubo intentos de muchos más, y hay amenazas permanentes. “Entonces, si por las dudas los integrantes del Poder Judicial no están en total conocimiento de la Ley provincial, proponemos que se capaciten para que nadie pueda decir que la desconoce
-aunque no es argumento para no cumplirla- y a través de la capacitación se empapen en el espíritu de la norma y empiecen a respetarla”, enfatizó el legislador.
Difusión y exhibición de la Ley en Juzgados
El proyecto presentado por Sereno expresa que el Poder Judicial, a través de los organismos competentes arbitre los medios para que los y las funcionarias del Poder Judicial se capaciten sobre la Ley XII- 28 de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remates, y que den cumplimiento del Artículo 11, que establece que el Superior Tribunal de Justicia debe ordenar a los Tribunales Inferiores, con competencia en juicios de desalojo, la exhibición del texto del contenido de Ley en los estrados del Juzgado.
Además, tienen que instrumentar una campaña de difusión a cargo del Iprodha, con los alcances de la Ley en medios radiales y televisivos en horarios centrales, públicos privados, y realizar la difusión gráfica en los CAPS, y dependencias municipales en toda la provincia.
Una larga lucha del PAyS
En octubre de 2018, desde el Bloque del Partido Agrario y Social se impulsó el proyecto de Ley, solicitando que se modifiquen los plazos de vigencia establecidos y que los mismos se extiendan por un año más.
“Sin embargo en este tiempo presenciamos un alto número de casos de situaciones de desalojos a los que se les da curso mediante un expediente judicial penal, y el supuesto titular suele realizar la denuncia ante la autoridad policial que corresponde, y a veces ante la Fiscalía y el juez de turno, que suelen emitir una orden de desalojo, como medida cautelar, asumiendo que la denuncia, y el supuesto titular son veraces; es decir, dando como cierta la denuncia de usurpación, aún cuando la situación real no cuenta con las características penales necesarias para enmarcarlo como tal”, cuestiona el proyecto.
Procesos civiles que mutan a penales
Sereno recordó que desde su espacio político fueron testigos de desalojos de familias que contaban con varios años de ocupación pacífica de un inmueble, que nunca lo habían ocupado de manera violenta ni contra personas, ni bienes; que incluso, muchas veces mejoraron las características del lugar mediante limpiezas, rellenos, y la construcción en terrenos claramente abandonados previo a su ocupación.
Es decir, “casos que claramente deberían encuadrarse en causas civiles por sus características; pero se enmarcan en procesos penales con acciones cuasi cautelares, a veces hasta con serias sospechas de particularidades que podrían enmarcarse en una suerte de ´fórum shopping´ de magistrados, que su accionar “se sabe” puede ir en determinado sentido, que ni siquiera dan lugar a los imputados a la posibilidad legítima de defensa y de igualdad ante la ley para todos”, expresó el diputado.
Que la Justicia proteja a familias vulnerables
En ese mismo sentido, el legislador pidió la protección del Estado a las familias que deben enfrentar estos procesos injustos. “Consideramos imperioso que estos casos tengan el amparo de la Ley para al menos no enfrentarse a la durísima realidad del desahucio de la familia, cuando la misma puede demostrar su ocupación pacífica e ininterrumpida por ocho años o más, como lo prevé la Ley originalmente.
Y también para los casos en los que las familias accedieron legítimamente al Certificado de Vivienda Familiar emitido por la autoridad competente, y que busca asegurar derechos a esa familia que tiene cierta irregularidad en su situación habitacional”, sostuvo Martín Sereno.
Atentos a que las sentencias de desalojos se siguen ejecutando sin previo aviso a las familias, y sin consultar al Iprodha, si están inscriptas dentro de la Ley que los suspende; la iniciativa legislativa del PAyS considera que esto sucede por falta de capacitación a los agentes judiciales.

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Piden la “suspensión de los desalojos”

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Desde el espacio Podemos Misiones piden que se suspendan los desalojos, para no afectar a los sectores más vulnerables
El comunicado:
Impulsada por la devaluación, la pobreza podría escalar en el mes de octubre de 2018, al 35 % de la población en el país (UCA), tengamos presente que este incremento afecta en mayor medida a los más chicos, la niñez es la principal víctima en situaciones de crisis o de pobreza.
En nuestro país son más de 8 millones los niños que viven en la pobreza y se alimentan en comedores barriales, mientras que en Misiones los números reflejan que alcanzamos los 269 asentamientos (RENABAP), estamos hablando de barrios populares o informales que albergan al menos a 30.000 familias, y se encuentran en peligro constante de ser desalojados.
En nuestra provincia, contamos con la ley XII- Nº 28, la cual suspende hasta el 31 de diciembre de 2018, “las ejecuciones de las sentencias que ordenen desalojos o remates de inmuebles que estén destinados a vivienda única familiar y a vivienda y producción agropecuaria única familiar, siempre y cuando se verifique una ocupación superior a 8 años (…)”. Sin embargo, en los hechos, la falta de rigor de la regulación vigente, posibilita, entre otras cosas, que en muchos casos el proceso de desalojo se lleve a cabo sin que los afectados por la medida tomen conocimiento de las actuaciones con anterioridad y sin que se respeten los procedimientos estipulados por organismos internacionales.
El derecho humano a una vivienda digna está plasmado en nuestra Constitución Nacional y también en varios tratados internacionales, en nuestra Constitución Provincial, e incluso en la Carta Orgánica de Posadas, a pesar de ello, miles de familias no tienen seguridad en la tenencia garantizada y se acuestan cada noche pensando en si mañana seguirán teniendo un techo.
Por todo esto, solicitamos al Poder Legislativo de Misiones que promueva la abstención de los desalojos forzosos y se tomen medidas urgentes para brindar protección a los hogares, que representan una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad y que fueron creados por sus habitantes como única opción ante la predominancia del mercado sobre su tierra.
A muchos de nosotros nos enseñaron a ponernos en el lugar del otro, y hoy el otro es el que perdió el empleo, el que cerró su negocio, el que sale a changuear todos los días, y por sobre todo, el otro son esos 8 millones de niños argentinos que viven en condiciones durísimas, y esperan una sociedad más justa. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental y en general, la ocupación de tierras es la única solución que encontraron miles de familias en nuestro país para hacerse de un lugar en el espacio urbano.

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Buscan evitar “desalojos forzosos”

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Funcionarios del Municipio, Provincia y Nación en una mesa interinstitucional para el reconocimiento del decreto 358/17 para evitar el desalojo forzoso, resolver la ocupación de tierras y el acceso a los servicios públicos domiciliares”.
El pasado viernes desde la Defensoría del Pueblo se propugnó el reconocimiento del Decreto Nacional 358/17 a fin de frenar los desalojos forzosos. Si bien el Decreto no suspende explícitamente el desalojo, si deja clara la intención de hacerse cargo de la vulneración de derechos que existen en los barrios populares, y de avanzar en la integración social y urbana  de los asentamientos.
El decreto tiene por objeto registrar los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de los particulares, donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas. Además, dicho registro permite el acceso a las familias al “Certificado de Vivienda Familiar”, el mismo se constituye como documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, de esta manera podrán solicitar la conexión de servicios públicos domiciliares tales como agua corriente y servicios cloacales, energía eléctrica y telefonía; solicitar la clave única de identificación tributaria (CUIT) y/o la clave única de identificación laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos, previsionales y educativas.
Para el abordaje de la Problemática del desalojo y la ocupación de tierras nos propusimos la conformación de una mesa Interinstitucional para la instrumentación de Acuerdos Sociales territoriales y difusión a fin de adecuar el decreto, las resoluciones y/o leyes distritales vinculadas. Dicha mesa debe generar y articular mecanismos de negociación, dirigidos principalmente a reducir los focos de tensión, buscando construir los consensos, desde una lógica de ESFUERZO COMPARTIDO entre los afectados, municipio, Provincia y Nación e interpretados como un instrumento para facilitar el acceso a la tierra o resolver conflictos. También debe generar una plataforma metodológica para abordar el problema del desalojo y la ocupación de tierras, dentro de la perspectiva socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible; asumiendo la responsabilidad de facilitador del dialogo social. 
Integran la mesa interinstitucional el Ombudsman de la ciudad de Posadas Alberto Penayo, el Diputado del PAyS  Martin Sereno, el Coordinador de Programa de Regularización de Tierras y Provisión de Agua de la Municipalidad de Posadas  Jorge Atencio, la Ministra de Derechos Humanos  Lilia Marchesini, el Subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Misiones el Dr. Ariel Marinoni, la Administración Nacional de Seguridad Social el Cdor. Marcelo Julien, la Coordinadora Regional del Registro Nacional de Barrios Populares  Charo López del Valle, la Secretaria General de Acceso a la Justicia de la Provincia de Misiones la Lic. Patricia Ramírez y por el Movimiento Social Barrios de Pie Troche Gisela.
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