¿Qué pasó en el operativo en el que se decidía la adopción de una nena? ¿Quién es responsable de los derechos vulnerados?

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Las imágenes que circulan en las redes sociales dan cuenta de un bochornoso operativo que terminó en empujones y corridas con una niña de cuatro años tironeada por familiares y policías en medio de una causa por adopción en Eldorado. ¿Qué pasó? ¿Quién es responsable del despropósito? En la Justicia apuntan como principal responsable a la jueza Corina Jones por no haber sabido manejar el procedimiento. Sin embargo, la magistrada no fue suspendida, porque en rigor, no se apartó una línea de lo que establece la legislación vigente en materia de adopciones.

La niña estaba bajo custodia de una familia en guarda de hecho. Y la ley prohíbe expresamente -artículo 611 del Código Civil- la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.  Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. En el STJ admiten como un problema la mora en resolver la situación de la niña que está con la familia de custodia desde que tenía un mes de vida. La familia inició trámites de adopción pero “mal asesorada”, porque colisionan con la ley que para ser desechada, debe ser declarada inconstitucional. 

La jueza Corina Jones, recientemente designada jueza de Familia 1 de Eldorado. La especialista en Derecho de Familia pasó las audiencias públicas en agosto de este año, pero ya conocía ese juzgado porque había sido secretaria. Ahora quedó en el ojo de la tormenta por cómo manejó la situación y la exposición de la niña que el jueves recién conoció a la pareja de policías que había solicitado su adopción. “Le faltó cintura para manejar la situación y todo se fue de las manos. Pero actuó conforme a la ley. Es una jueza apegada al Derecho”, señalaron fuentes judiciales.

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El problema, en el fondo, sigue siendo el vetusto sistema para resolver adopciones y el tiempo que pasa para decidir el futuro de los niños que están en una situación de vulnerabilidad.

Según fuentes judiciales, fue la familia de guarda la que se negó a entregar a la niña y movilizó a vecinos que literalmente, sitiaron el juzgado obligando a la intervención, poco feliz, de la Policía y que terminó en una batalla campal que incluyó forcejeos con la misma niña que no quería ser separada de su familia cuidadora.

La niña fue trasladada a Posadas a la casa de otra familia custodia hasta que se defina su futuro si es que finalmente será dada en adopción a la pareja que inició los trámites. Pero la situación podría cambiar en las próximas horas, ya que el Juzgado eldoradense encontró a un tío de la niña que podría hacerse cargo hasta que se resuelva la situación de fondo.

La jueza Jones decidió ponerle fin a la tenencia del matrimonio Dávalos-Rodríguez y otorgar la adopción a una pareja de policías que vive en Posadas.

Si bien la magistrada le impuso un bozal legal a la pareja y a sus abogados, familiares del matrimonio que tenía a la niña señalaron que “la escuchamos llorar adentro del juzgado toda la tarde (de ayer) y después se la llevaron con la policía”.

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Además, indicaron que “cuando la niña estaba perfectamente integrada a su familia, la magistrada decidió de manera intempestiva sacarles la custodia”.

La jueza Jones aseguró hoy que la culpa de los hechos violentos ocurridos en la vereda del juzgado “es responsabilidad de la policía”, que debía trasladar a la menor de edad.

En cuanto a su actuación en el caso, aseguró al canal 6 de Posadas que “la menor estaba al cuidado de una familia en carácter transitorio. Ellos eran una familia solidaria, que no admite que puedan adoptar a la niña”.

“La familia que tenía en custodia a la menor siempre estuvo al tanto de que tenían a la niña en guarda de manera transitoria”, explicó, cosa que niega la familia y asegura haber iniciado el trámite de adopción definitiva.

Por su parte, Miguel Molina, defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de Misiones, criticó el accionar de la Justicia y de la policía en el caso.

“Siempre se debe preservar a los Niños, Niñas y Adolescentes de escenarios de conflictos y de violencia personal e institucional“, dijo el funcionario y agregó que “el uso de las fuerzas debe ajustarse a protocolos y es necesaria la actuación de los organismos de protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes”.

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