Reforma en la PSA: uso de armas de fuego será regulado por nuevos protocolos obligatorios
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actualiza su protocolo de uso de armas: portación permanente, control digital y nuevas capacitaciones
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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aprobó un nuevo Protocolo General de Actuación para el uso de armas de fuego, que redefine criterios operativos, administrativos y preventivos en línea con las últimas resoluciones del Ministerio de Seguridad. La medida implica cambios estructurales en la portación, asignación y habilitación de armamento reglamentario para todo el personal policial.
La Disposición 777/2025, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto la normativa vigente desde 2020 (PSA N° 1.481/20) y aprueba el nuevo Protocolo General de Actuación PGA N° 6, que regula el uso de armas de fuego por parte del personal de la fuerza, bajo criterios de racionalidad, proporcionalidad y legalidad.
El documento establece que las armas de fuego podrán emplearse únicamente como último recurso, y solo en contextos de “peligro inminente” para la vida propia o de terceros, conforme los principios de uso racional, progresivo y diferenciado de la fuerza previstos en el PGA N° 5.
Se prohíben expresamente los disparos de advertencia y se imponen obligaciones como el auxilio médico inmediato tras cualquier enfrentamiento, la comunicación a la superioridad, y el cumplimiento de directrices específicas sobre desenfunde y enfrentamientos armados.
Portación y asignación: del uso temporal a la asignación permanente
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la adopción de la modalidad de asignación permanente de armas de fuego para los oficiales, que se implementará de forma progresiva comenzando por quienes ostenten el rango de Comisionado General. Las armas largas seguirán asignándose bajo modalidad temporal, es decir, solo durante el horario de servicio.
A la par, se establece que la portación del arma reglamentaria será obligatoria durante la jornada, salvo excepción debidamente autorizada. También se contemplan causales de restricción parcial o total en casos de investigaciones judiciales, administrativas, o situaciones psicofísicas desfavorables.
El “Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego” —aprobado como Anexo II— articula un circuito administrativo para determinar quiénes están aptos o no para portar armas, integrando información médica, disciplinaria y de género.
Este sistema se centraliza a través de la plataforma RAPSAWEB-PGA6, que recopila datos del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA), Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sanidad y otras unidades operativas, y se interconecta con el Registro Nacional de Armas (RENAR) para asegurar la trazabilidad en el otorgamiento o retiro de credenciales.
Capacitación obligatoria y adecuación normativa
El Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) será responsable de capacitar a todo el personal en el nuevo protocolo, con reentrenamientos específicos para garantizar la correcta interpretación y aplicación de la normativa. Asimismo, se ordena la actualización de otros procedimientos relacionados, como el Protocolo de Entrega y Resguardo de Armas y la normativa sobre elementos de protección balística.
“Este nuevo protocolo refleja el compromiso de la fuerza con los estándares más exigentes en materia de derechos humanos, transparencia institucional y eficacia operativa”, señalaron fuentes de la PSA.
Las adecuaciones normativas continúan la línea trazada por el Ministerio de Seguridad Nacional con las Resoluciones 53/24, 125/24 y 284/25, que redefinen el uso de la fuerza en todos los cuerpos dependientes de la jurisdicción nacional.
La implementación del nuevo marco operativo busca reducir riesgos en el accionar policial, mejorar la rendición de cuentas y reforzar la seguridad en zonas aeroportuarias. La trazabilidad de la información, el uso de tecnologías de gestión y la profesionalización continua del personal constituyen los pilares de una reforma que apunta a consolidar un modelo de seguridad integral, eficiente y respetuoso del orden constitucional.
