La dificultad para ir más a fondo con la reforma tributaria nacional resalta la importancia que habrá de tener el rol de las provincias para aligerar el “costo argentino”. El peso de Ingresos Brutos y Sellos se ha duplicado en términos del valor agregado de la economía en los últimos quince años, pasando de 2,2 % a 4,5 % del PIB, y es clave que las provincias puedan revertir parcialmente esa trayectoria. Pero, si en el medio hay un fallo que devuelva el Fondo del Conurbano a Buenos Aires, los gobernadores habrán de necesitar un acuerdo con la Nación para compensar partidas presupuestarias. A su vez, el Ejecutivo nacional no tendrá forma de colaborar en estas políticas si el gasto vinculado al sistema previsional sigue escalando al ritmo que trae, de 6,4 % del PIB en 2014 a 8,2 % este año. De allí que, aunque no haya sido explicitado, el combo de reformas habrá de llevar inevitablemente a discutir la cláusula de actualización de las jubilaciones. Sin una modificación en este plano, el Tesoro nacional, que hoy cubre el déficit previsional equivalente a 2 % del PIB, no tendrá margen para apoyar a las provincias.

No todos los problemas tienen su origen en la cuestión fiscal, por lo que las medidas se complementan con la modernización de convenios laborales y el freno a la “industria del juicio”. Falta ver si los proyectos de inversión Público-Privados pueden acelerar la transformación de la infraestructura y la logística, todavía un lastre para la competitividad.

Existen condiciones para que esta agenda de reformas eleve el crecimiento potencial del país por encima del andarivel actual, de 3 % anual. Pero esto ocurrirá sobre la base de sectores que no dependan de la protección y/o de los subsidios del Estado, que puedan aprovechar mejor sus ventajas competitivas y sean capaces de sacarle el jugo a nichos de demanda insatisfecha, tanto en la Argentina como en la región, que existen en una gama amplia de mercados. 

Aun cuando los instrumentos de política económica disponibles puedan ser potenciados, estamos lejos de un escenario en el que la economía puede crecer al 8 % anual, en el que todas las ramas industriales puedan competir de igual a igual con China o Brasil. Por ende, a medida que el “costo argentino” pueda ir bajando, habrá de emerger un nuevo perfil productivo, diferente al de los 90´ y también al de la primera década de este siglo. Esto haría factible acometer una tarea pendiente, que es la de una mayor integración a la región y al mundo, en un contexto en el que dejaría de ser “tabú” el tema de la negociación del Mercosur con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico.

A propósito de los acuerdos comerciales, obsérvese que éstos ayudarían a equilibrar la balanza en muchas economías regionales, que hoy compiten en desventaja con sus pares de Chile o Australia, que logran entrar sin pagar aranceles a mercados apetitosos como China o la Unión Europea. La discusión sobre los Impuestos Internos tendría otro tono en ese contexto.

En un plano más general, el diagnóstico subyacente en las medidas propuestas por el gobierno nacional luce apropiado, porque focaliza los problemas del lado de la oferta de la economía.

La cuestión del diagnóstico es clave, porque fue la lectura errónea de los hechos la que derivó en los cepos al cambio y al comercio exterior impuestos a fin de 2011. En aquel entonces, el ciclo de la economía mundial había empezado a girar, con China creciendo menos, el dólar apreciándose un 40 % frente al resto de las divisas y los precios de las commodities acomodándose a la baja. En ese escenario, países como la Argentina, tan beneficiado por el boom de las materias primas, deberían haber pasado a una etapa en la que privilegiaran la productividad, bajaran los costos y ampliaran la gama de sectores capaces de traccionar la economía. Había que trabajar por el lado de la oferta. 

Sin embargo, el gobierno anterior enfrentó ese cambio de ciclo estimulando la demanda, con más gasto público, llevando la economía a un pantano. No sólo no resolvió problemas, sino que los agravó, ya que con los controles atrasó el tipo de cambio oficial y con el mayor déficit fiscal hizo escalar la “inflación en dólares”, por lo que se perdió competitividad y las exportaciones se desplomaron, de 83 a 58 mil millones de dólares, entre 2011 y 2016. Mientras, la infraestructura del país se deterioraba día a día, con recursos fiscales desviados a subsidios, en lugar de obras tangibles.

Fue por aquel error de diagnóstico que entramos en un quinquenio de estanflación, con consecuencias que llegan hasta hoy. Ahora que la demanda ha vuelto a traccionar, afloran innúmeros cuellos de botella del lado de la producción, con una lenta capacidad de reacción de la oferta local y un rápido ocupar del terreno por parte de las importaciones. Evidencias suficientes para promover un avance rápido en el Congreso del “núcleo duro” de las reformas propuestas, vinculadas con la disminución de los impuestos al trabajo, el alivio impositivo a la nueva inversión y la imposición de la llamada “renta financiera”. En paralelo, Nación y provincias deberían generar las condiciones para comenzar a desandar camino con el impuesto a los Ingresos Brutos.