El debate por el Presupuesto 2026 incorporó esta semana uno de los anuncios más sensibles de la administración de Javier Milei: una reforma laboral integral que introduce los conceptos de salario dinámico y convenios por empresa. La exposición estuvo a cargo del secretario de Trabajo, Julio Cordero, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde detalló los lineamientos de un nuevo modelo de relaciones laborales “basado en la productividad individual y la sostenibilidad empresarial”.

El funcionario reveló que desde hace dos meses el Ejecutivo trabaja “junto a los firmantes del Pacto de Mayo” en un rediseño del sistema laboral. El objetivo -dijo- es reemplazar los convenios colectivos de alcance sectorial por acuerdos negociados a nivel de cada empresa, y sustituir el principio de “salario mínimo por convenio” por uno de salario dinámico, ajustado al rendimiento y la competitividad.

“El nuevo esquema parte de la necesidad de proteger al sector privado; si la empresa no es sostenible, el empleo tampoco lo es”, sostuvo Cordero, al justificar la eliminación de multas empresariales establecida en la Ley Bases. A su vez, defendió la introducción de un mecanismo “de incrementos salariales dinámicos” que premiará la productividad y el mérito individual.

Del salario piso al salario techo

La reforma propone invertir la lógica tradicional de la negociación colectiva: los valores de los convenios dejarían de ser “pisos garantizados” y pasarían a funcionar como “techos de referencia”. En la práctica, cada firma podrá pactar sumas distintas con su sindicato de base, en función de su situación económica, sin obligación de replicar los acuerdos nacionales.

La Secretaría de Trabajo sostiene que el sistema permitirá “adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva” y evitar distorsiones que afectan especialmente a las pymes. “Como la inflación baja, ahora la negociación es otra: los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se destaquen. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, sintetizó Cordero.

El planteo oficial busca asociar los ingresos al desempeño, en lugar de mantener indexaciones automáticas por inflación. Se trata de un giro estructural hacia un modelo de competitividad laboral, en el que los aumentos salariales se vincularían al crecimiento sectorial y a los resultados de cada empresa.

Además, el proyecto prevé limitar la vigencia de las cláusulas económicas de los convenios, para forzar renegociaciones periódicas que reflejen las condiciones macroeconómicas.

El esquema recibe respaldo de las cámaras empresarias, que consideran que los convenios por empresa “dotan de realismo” a las paritarias y permiten sostener el empleo en contextos de crisis. En cambio, las organizaciones sindicales alertan sobre el riesgo de fragmentación y pérdida de derechos.

Desde la CGT advirtieron que “convertir los pisos en techos implica desproteger a los trabajadores más vulnerables”, mientras analistas laborales advierten que el nuevo formato podría ampliar las brechas salariales entre regiones y sectores.

El proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de reconfigurar la matriz económica y laboral argentina como parte del programa de estabilización que acompaña el Presupuesto 2026. La administración Milei sostiene que el esquema de “salario dinámico” fortalecerá la competitividad y el empleo formal.

Sin embargo, la discusión recién comienza. La reforma laboral aparece como uno de los puntos más controversiales del segundo tramo del mandato presidencial: una disputa de fondo entre flexibilidad y protección, productividad y equidad, que promete marcar el pulso político y económico del año electoral 2026.