Salta prohibirá la salida de madera sin industrialización

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La Provincia de Salta prohibirá la salida de su territorio de madera de especies autóctonas que no hayan sido sometidas previamente a un proceso de industrialización que incremente su valor agregado.

El proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo por el gobernador Gustavo Sáenz a la Legislatura obtuvo el martes último media sanción de la Cámara de Diputados.

El artículo primero del proyecto de ley, que ahora pasó al Senado en revisión, prohíbe la salida del territorio de la provincia de Salta de productos forestales correspondientes a especies nativas, cuya extracción haya sido autorizada dentro de su jurisdicción por la autoridad local de aplicación, sin haber sido sometidos previamente a un proceso de industrialización que les otorgue valor agregado.

También determina que el Ejecutivo provincial, mediante el dictado de la reglamentación pertinente, determinará el tipo y grado de industrialización requerido de acuerdo a cada especie nativa.

Además, establece un plazo improrrogable de hasta dos años para posibilitar la adecuación a la nueva normativa de aquellos productores que cuenten con planes de manejo o cambio de uso de suelo pendientes de ejecución, con plazos vigentes y en cuyo marco resulte necesario el traslado de productos maderables nativos a otras jurisdicciones para su industrialización.

Al proyecto original, las comisiones de la Cámara baja incluyeron un esquema de sanciones para el incumplimiento de las disposiciones.

Como sanciones se fija multa entre 1.000 y 100.000 Unidades Tributarias y decomiso definitivo.

Para la imposición y graduación de estas sanciones, la autoridad de aplicación tomará en cuenta la gravedad de la infracción y si existe reincidencia en la conducta.

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Como procedimiento, se determina que cuando se detecte la salida del territorio provincial de productos forestales de especies nativas, los mismos serán decomisados preventivamente y puestos a disposición de la autoridad de aplicación, quien los reintegrará a su dueño previo pago de la multa, salvo que se ordene el decomiso definitivo. Los gastos de depósito y traslado estarán a cargo del infractor.

El debate

Los dictámenes favorables de la comisión de Producción, de Hacienda, de Legislación General y de Medio Ambiente, integrados por mayoría de diputados oficialistas, tomaron como base la fundamentación que envió el Ejecutivo haciendo conocer la decisión de poner freno a la salida de la madera en condición de materia prima o en bruto y que la ley permitirá a Salta fomentar el desarrollo de la industria maderera local a partir de la promoción de un mayor grado de industrialización.

También se replicó que ello redundará en una mayor demanda de mano de obra local, ampliando la capacidad y funcionamiento de los aserraderos que desarrollan su actividad dentro de la provincia.

“Se trata de un gran paso para la producción de la provincia”, señaló la diputada Laura Cartuccia, en rol de miembro informante de la iniciativa, luego de una extensa exposición sobre la actual situación. La legisladora también remarcó que el proyecto de ley encuentra apoyo jurídico en normas constitucionales.

La iniciativa del Ejecutivo fue defendida también por los diputados Germán Rallé, Andrés Suruani y Baltasar Lara Gros. Este último expresó la convicción de que “es una ley que ayuda a que se frene el saqueo” de la madera.

El diputado opositor, Julio Moreno, si bien consideró que se trata de una ley que le hace bien a la industria y a la producción, consideró necesario explicar el grado de valor agregado que se dará, especificar cuales las maderas que entran en los bosques nativos y pidió la vuelta a comisión del proyecto para completar estos y otros aspectos y no dejarlos a criterio de un decreto del Ejecutivo.

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Esta moción fue compartida por los diputados del PV, Jesús Villa, Carlos Zapata de Ahora Patria, Manuel Godoy del PJ, mientras que Claudio Del Plá sostuvo que “así como está no se puede aprobar esta ley”.

Al dejar sentada su posición, Manuel Godoy no dudó en señalar: “me parece que se está blanqueando una situación de desmonte autorizada en la época de Urtubey”, en referencia al plazo de hasta dos años para permitir la adecuación a la nueva normativa de aquellos productores que cuentan con planes de manejo o cambio de uso de suelo pendientes de ejecución.

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