El Gobierno extiende hasta diciembre la posibilidad de elegir obra social y elimina permanencia mínima en derivaciones automáticas

La Superintendencia de Servicios de Salud prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que los afiliados puedan manifestar su “voluntad de permanencia” en su obra social, evitando la derivación automática de sus aportes hacia entidades contratadas. Además, se elimina la permanencia obligatoria de 12 meses en la obra social receptora en caso de transferencias automáticas. La medida apunta a reforzar el principio de libre elección y a proteger los derechos de los trabajadores como titulares de sus contribuciones al sistema de salud.

La Resolución 1608/2025, firmada por el superintendente Claudio Adrián Stivelman y publicada en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025, modifica el artículo 4° de la Resolución N° 1/2025 de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud. Con esta nueva normativa, los beneficiarios ganan tiempo y claridad para expresar si desean seguir afiliados a su actual obra social receptora de aportes, o permitir que los fondos se deriven automáticamente a una nueva entidad contratada por fuera del sistema tradicional.

La herramienta habilitada para este proceso es el Trámite a Distancia (TAD), accesible con CUIT y clave fiscal, que garantiza un mecanismo simple, transparente y seguro para registrar esta decisión.

Otra modificación clave incorporada mediante el nuevo artículo 1° bis es la eliminación de la permanencia mínima de doce (12) meses en la obra social que resulte receptora por derivación automática. Esta disposición refuerza el carácter no obligatorio de tales derivaciones, y protege la libertad de elección de los beneficiarios, incluso después de producida una asignación automática.

El texto normativo señala expresamente que “los aportes realizados al sistema de salud son producto del trabajo de cada persona y deben estar orientados a una finalidad prestacional concreta”, rechazando cualquier orientación administrativa o corporativa que no genere valor tangible para el afiliado.

Una reconfiguración del sistema de salud hacia la libre elección

La medida se inscribe en el proceso de reordenamiento del sistema de obras sociales y prepagas derivado del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que incorporó a las entidades comprendidas en la Ley 26.682 (prepagas) al régimen de los Agentes del Seguro de Salud (Ley 23.660).

Este paso fue acompañado por una serie de normativas complementarias —entre ellas, las resoluciones 877/2024 y 2384/2024 del Ministerio de Salud— que apuntan a integrar el sistema, aumentar la transparencia y reducir distorsiones generadas por prácticas corporativas o de intermediación que limitaban los derechos de los beneficiarios.

El argumento central es que los aportes y contribuciones al sistema de salud constituyen salario diferido del trabajador (Decreto 576/1993), y su destino debe estar determinado por el interés del afiliado, no por circuitos automáticos que podrían beneficiar estructuras ineficientes o cerradas.

La resolución puede tener efectos significativos sobre el financiamiento de las obras sociales, en particular aquellas que, hasta ahora, retienen afiliados sin una decisión expresa, beneficiándose de las transferencias automáticas.

Por otro lado, las empresas de medicina prepaga integradas al sistema bajo el nuevo régimen se verán obligadas a competir más abiertamente por la captación y fidelización de afiliados, fortaleciendo la lógica de mercado en la provisión de servicios de salud.

Para los beneficiarios, el impacto inmediato es la mayor flexibilidad para decidir cómo y con quién canalizar sus aportes, en un marco que garantiza el acceso digital, la validez jurídica de su elección y la eliminación de ataduras contractuales no deseadas.

La prórroga hasta fin de año abre una ventana de transición institucional en la que se espera que tanto obras sociales sindicales como empresas de medicina prepaga adapten sus esquemas de atención, cobertura y retención de afiliados. El sistema se orienta a una mayor competencia prestacional, donde el eje es la satisfacción del usuario y no el sostenimiento burocrático de estructuras intermediarias.

En este escenario, el Estado asume el rol de garante de la libre elección, a través de un andamiaje normativo que asegura herramientas digitales eficaces, tiempos razonables y criterios de equidad en el acceso a la información.