Secretario de Justicia defendió en la Cámara de Diputados la baja de imputabilidad de 16 a 13 años
Sebastián Amerio aseguró que es necesario reformar el Régimen Penal Juvenil para que “no queden impunes los delitos cometidos por los jóvenes menores de 16 años”
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró en la Cámara de Diputados que “resulta indispensable” reformar la ley del Regímen Penal Juvenil que fue sancionada en la dictadura militar en 1980 ya que la norma actual establece que la edad de imputabilidad vigente “permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes”,
El funcionario expresó estos conceptos al exponer ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez, y Juventud, que abrió hoy el debate sobre el proyecto promovido por el Gobierno Nacional para bajar la imputabilidad de 16 a 13 y establecer un nuevo mecanismo de resocialización de los jóvenes que hayan cometido un delito.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, señaló que “es una demanda de la sociedad y nosotros debemos como Poder Ejecutivo y así como ustedes como representantes del Congreso atender ese reclamo”.
“La situación de los menores en conflicto con la ley penal y su abordaje necesita una solución integra”, agregó y destacó que en la actualidad la edad de imputabilidad es de 16 años con lo cual “los delitos de los menores de 16 años quedan impune”.
El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodríguez Machado, informó que en este debate participarán 142 legisladores de cuatro comisiones y que en la próxima reunión que se efectuará el martes 6 de Agosto expondrán los autores de proyectos que han presentado diputados de diferente extracción política y el 14 de agosto comenzará una ronda de consultas con especialistas.
A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.
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