El Senado de la Nación aprobó hoy, y giró a Diputados, el proyecto de ley presentado por el interbloque del Frente de Todos que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo será regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.

El expediente recibió 38 votos a favor del Frente de Todos, de sus aliados y de la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo; seis en contra y 18 abstenciones aportadas por el interbloque de Juntos por el Cambio.

La iniciativa establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

En el artículo 3, establece que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.

Para acceder a esa Unidad de Pago, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.

De igual modo, tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino.

El valor de la Unidad de Pago será equivalente a un valor del 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.

Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por Anses de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa.

Para acceder a la Unidad de Cancelación de Aportes, en tanto, será necesario ser mayor de 50 años la mujer y 55 el hombre y menor de 60 años la mujer y 65 años el hombre.

También se puso como requisito acreditar ingresos que permitan la justificación del pago de la Unidad y haber residido en el país y no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia registrada o en carácter de autónomo/a y/o monotributista en el período que se pretende adquirir el beneficio.

La presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, la bonaerense oficialista Juliana Di Tullio, consideró que el proyecto es “automáticamente un puente hacia un derecho que es la jubilación para varones y mujeres”.

“Este no es un plan de segunda categoría. Es un plan de plenos derechos en cuestiones previsionales”, señaló, dijo la legisladora al sentenciar que el proyecto pretende beneficiar a “850 mil personas que de no aprobarse esta ley, dejaríamos en el peor de los mundos”.

“El costo fiscal es de 0,02 este año y 0,3 del PBI para el año que viene. No es una buena excusa para no votar este proyecto”, fustigó la senadora ante la negativa de la oposición a avanzar con el tratamiento.

De hecho, el radical Víctor Zimmermann se preguntó si el proyecto “no impactará en el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional” y pidió que el tema no sea aprobado, vuelva a Comisión y sea también girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda “para poder invitar al equipo económico”.

La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que “el Senado está siguiendo la agenda de 800 mil familias que están esperando una respuesta contundente”.

“La Ley de Reparación Histórica del macrismo no reparó nada y, al contrario, generó una inmensa litigiosidad contra Anses”, indicó.

“No me gusta este proyecto. Además, tiene los números en el aire. Pero algo tenemos que hacer con nuestros jubilados para que puedan tener una jubilación mínima digna. Por eso votaré de manera positiva”, adelantó la cordobesa Vigo.

El porteño Martín Lousteau calificó que “este tipo de moratorias no solo presentan inequidades con respecto al régimen general, sino que no prevén ninguna solución estructural al sistema”

“Todas las moratorias que se hicieron desde 2006 hasta hoy tienen en común que se hicieron en vísperas de un año electoral. El derecho debe ser permanente, no discrecional. No puede estar a merced de la voluntad política de alguien”, destacó.

Finalmente, el oficialista Mariano Recalde, uno de los autores de la iniciativa, defendió la norma porque “este sistema beneficia a gente que sí trabajó, pero que no tuvo los aportes y no por culpa de ellos”.

“Es una víctima de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país, de actitudes poco apegadas a la ley de sus empleadores o de un sistema que no reconoce su trabajo”, enumeró.

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