Cajas previsionales: una pulseada entre Nación y las provincias que avanza en la Justicia
Una decena de distritos tiene frentes abiertos con el Gobierno por los regímenes jubilatorios. Córdoba agenda audiencia con la Corte Suprema a la espera de lograr un acuerdo.
Más allá de los chispazos coyunturales entre Javier Milei y los gobernadores, algunas problemáticas de antaño vuelven a percutir en el vínculo con las provincias. Una de las principales es la deuda millonaria que Nación mantiene con las cajas previsionales de diversos distritos, cuestión billonaria con novedades en el frente judicial.
La génesis del tema data de la década de 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando 13 jurisdicciones decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Con altas y bajas, la pulseada entre los jefes provinciales y la Casa Rosada se profundizó a partir de la llegada de la gestión libertaria y sus recortes en numerosos ítems que, sumados a las acreencias jubilatorias, pusieron en jaque a las arcas distritales. Así las cosas, los reclamos se mantienen a la orden del día.
La dificultad del caso para llegar a un número concreto consiste en que las provincias informan un déficit y Nación, vía auditoría con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene que ratificar o modificar lo que reconoce como déficit. A la vez, las administraciones no suelen publicar a tiempo la información.
Dentro del grupo mencionado, la Región Centro es una de las que suele elevar la voz por la cuestión. Allí coexisten tres provincias en la misma situación: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ante la consulta de este medio, en la gestión del santafesino Maximiliano Pullaro señalaron que el Gobierno debe $850 mil millones para su caja previsional.
La deuda total, en tanto, incluyendo los tres créditos principales, las obras en la Autovía Ruta Nacional 19 y el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales, trepa a $1,1 billones.
Similar escenario atraviesa el cordobés Martín Llaryora, quien estima acreencias cercanas a los $700.000 millones con actualizaciones. La puja fue judicializada por su antecesor, Juan Schiaretti; posteriormente el propio Llaryora amplió la demanda. Ahora, la Corte Suprema convocó a una audiencia conciliatoria para el 23 de abril, donde las partes buscarán alcanzar un acuerdo.
En tanto, la gestión entrerriana de Rogelio Frigerio hizo valer a fines de 2024 su buena sintonía con la gestión libertaria y alcanzó un acuerdo para que el fisco se haga cargo de $2.000 millones mensuales correspondientes a la caja jubilatoria de la provincia. “Logró reducir a la mitad el déficit de la caja”, indicaron desde su gestión.
La firma fue rubricada en diciembre por el gobernador litoraleño junto al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Se trata de un adelanto a cuenta de la deuda total, que se determinará una vez que finalice la auditoría ordenada por el Gobierno para establecer el monto exacto adeudado. El pedido de la provincia se estima en 9 mil millones de pesos por mes, a fin de cubrir el déficit mensual de la caja de jubilaciones entrerriana.
Mismo camino eligió su compañero de escudería, el chubutense Ignacio Torres. El patagónico consignó que ANSES mantiene un déficit de más de $60.000 millones con el distrito.
En septiembre, Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron un acuerdo de compensación de deuda que incluye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; y estipula compensar dicho monto con las deudas que mantiene la ANSES con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por el Financiamiento del Déficit Previsional; el dinero que se debe del Consenso Fiscal y la reactivación de obras públicas nacionales postergadas. En el Chubut, sin embargo, aclaran que Nación todavía no empezó a pagarlo.
Por su parte, en noviembre pasado, la provincia de Buenos Aires realizó un desagregado sobre los pasivos que el Gobierno mantiene con su caja jubilatorio y los estimó en más de $1 billón. “El total adeudado por el Gobierno nacional a las y los bonaerenses llega a los 7,8 billones de pesos”, comentó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Y agregó: “Entre muchas otras, se trata de deudas en obra pública, en programas de salud, en fondos que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires y en los salarios de nuestros trabajadores de la policía y de la educación”.
En Misiones sostienen que, según estimaciones propias, el rojo con su caja jubilatoria es de $200.000 millones, aunque la falta de cálculos por parte desde ANSES desde el 2018 dificulta tener precisiones. Se está trabajando con ANSES con intercambio de información, pero va muy lento. No solo ahora, también en la gestión anterior”, apuntaron. A la par, La Pampa calcula que la deuda es $850.000 millones, mientras que Corrientes habla de más de $156.000 millones.
Al coctel de pedidos que llega desde los distritos se suma la falta de Presupuesto 2025, que dificulta tener coordenadas precisas sobre las finanzas del Estado y sus partidas. Cabe recordar que actualmente rige la ley de leyes del 2023, postergada en 2024 y nuevamente ahora. La misma fue redactada en el 2022, por lo que desfasaje es de casi tres años.
