Escribe Meghie Rodrigues , Diálogo Chino. Cuando el 30 de octubre de 2022 se confirmó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, científicos y ecologistas respiraron aliviados tras los cuatro destructivos años de gobierno de Jair Bolsonaro. Quince días después, y meses antes incluso de jurar el cargo, Lula ya estaba de camino a la cumbre del clima COP27 en Egipto para anunciar que “Brasil ha vuelto” a la escena medioambiental mundial.

Lula, que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, había prometido en repetidas ocasiones durante la campaña que retomaría el diálogo con países de todo el mundo, además de liderar la lucha contra la deforestación y renovar la inversión en políticas medioambientales. Estos esfuerzos son urgentemente necesarios tras la presidencia de Jair Bolsonaro, dijo Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima (Observatório do Clima), una red climática brasileña sin ánimo de lucro.

“La situación que deja el gobierno de Bolsonaro, especialmente en la Amazonía, es de caos y ausencia del Estado”, dijo Araújo a Diálogo Chino. “Los organismos ambientales han sido deslegitimados y desmovilizados. Se han paralizado varias políticas públicas. Se necesita una reconstrucción completa”.

En sus dos primeros meses de mandato, Lula ha reanudado los proyectos y la financiación destinados a impulsar el desarrollo sostenible, y ha elegido para altos cargos ministeriales a dirigentes reconocidos por su trayectoria medioambiental. Se destacan los nombramientos de Marina Silva al frente del Ministerio de Medioambiente —cargo que ocupó de 2003 a 2008 durante el anterior gobierno de Lula— y el de Sonia Guajajara como la primera Ministra de Pueblos Indígenas del país.

Sin embargo, el gobierno de Lula también ha hecho anuncios que han puesto en alerta a los ecologistas, remontándose a las estrategias de crecimiento en las que se basó en sus anteriores mandatos, como las controvertidas inversiones en energía e infraestructuras. Entonces, ¿hasta qué punto son realistas los planes y promesas medioambientales del nuevo gobierno de Lula?

Lula anuncia grandes medidas en materia de ambiente

En su inicio, el gobierno de Lula tendrá que revisar o revocar varias leyes y decretos promulgados durante la era Bolsonaro que han debilitado la gobernanza ambiental de Brasil, explicó Suely Araújo. Un informe del Instituto Talanoa, una organización brasileña de política climática, destacó 401 leyes promulgadas por la administración anterior en varios sectores —incluyendo energía, biodiversidad y agronegocios— que sugirió deberían ser revisadas por el gobierno federal.

El 1 de enero, el mismo día de su toma de posesión, Lula firmó un paquete de medidas para hacer frente a algunos de estos actos. El presidente revocó un decreto de 2022 que fomentaba la minería a pequeña escala en la Amazonía, lo que se consideraba que había favorecido la minería ilegal. También se relanzó el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm). Creado en 2004, durante la primera etapa de Marina Silva como ministra de Medioambiente, el PPCDam ayudó a reducir la deforestación en la selva amazónica en un 83% entre 2004 y 2012.

Tras su suspensión durante el gobierno de Bolsonaro, Lula también impulsó la reactivación del Fondo Amazonía, un mecanismo de apoyo a acciones de prevención, monitoreo y combate a la deforestación en la selva, financiado por países desarrollados como Noruega y Alemania. En febrero, Estados Unidos, Francia, España y la Unión Europea expresaron su interés en contribuir al fondo.

Además, el gobierno de Lula declaró el estado de emergencia para el pueblo Yanomami, un grupo indígena amazónico que se enfrenta a una crisis humanitaria provocada por la invasión de miles de mineros ilegales en su territorio. El 20 de febrero, un grupo de trabajo ya había prestado más de 5.000 servicios médicos al grupo.

El 27 de febrero, las autoridades visitaron el valle del Javari, también en la Amazonía, donde el año pasado fueron asesinados el activista indígena Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips. Aunque la investigación del crimen está casi concluida, los líderes indígenas piden una mayor intervención del Estado en la región para combatir las amenazas a las que se enfrentan, y para contrarrestar las actividades ilegales que las dos víctimas habían intentado denunciar y prevenir. “No tenemos seguridad en nuestra propia tierra”, afirmó Paulo Marubo, coordinador de la asociación indígena Univaja, en una reciente conferencia de prensa.

Durante la visita, la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, anunció la creación de un comité permanente para la protección de la región del Valle del Javari, que reunirá a organismos y ministerios gubernamentales, fuerzas policiales y Univaja. “Tenemos que poner fin a este ciclo de violencia en todos los territorios indígenas”, afirmó.

Señales verdes prometedoras, pero con algunas polémicas

A pesar de los primeros indicios alentadores, algunas propuestas de la nueva administración aún pueden ser motivo de preocupación para ecologistas y activistas sociales. El gobierno de Lula tiene previsto realizar inversiones por el valor de 1.700 millones de reales (325 millones de dólares) en obras viales y ferroviarias en todo el país en el primer semestre de 2023. Entre ellas se encuentra el polémico Ferrogrão, una línea ferroviaria que transportará la producción de soja desde el centro de la Amazonía hasta la costa, y desde allí a mercados internacionales como China.

Una de las medidas que más polémica ha generado en las primeras semanas del nuevo gobierno ha sido la potencial financiación de un tramo de un gasoducto en el centro de Argentina, destinado a transportar gas de esquisto (o gas shale) desde la reserva de Vaca Muerta en el sur del país, que podría permitir la exportación de gas a Brasil. Durante una visita a Buenos Aires en enero, su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo, Lula señaló que “creará las condiciones” para que el banco estatal de desarrollo brasileño BNDES apoye el proyecto, cuya financiación se estima en 690 millones de dólares.

La extracción de gas en Vaca Muerta se lleva a cabo mediante fracturación hidráulica, o fracking, una técnica muy criticada por los ecologistas y prohibida en Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros países. El método “fractura” el esquisto arcilloso con una mezcla de agua, arena, disolventes y otros productos químicos, bombeados al subsuelo mediante chorros de alta presión. Estos chorros desprenden el gas de la roca y permiten extraerlo. Pero la mezcla contiene sustancias muy tóxicas, incluso cancerígenas, que pueden contaminar las aguas subterráneas. Dado su impacto geológico, el método de extracción también puede provocar terremotos.

El pueblo indígena mapuche de la provincia argentina de Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta, ha experimentado estos problemas de primera mano. Al menos 14 pozos de exploración han sido excavados en sus tierras, y han protestado contra la contaminación de sus aguas. Más allá de los impactos socioambientales en la región, y de las dudas que pueda arrojar sobre las credenciales ecológicas de Lula, la explotación de Vaca Muerta pone en entredicho los propios compromisos climáticos de Argentina.

Tras las reacciones al anuncio, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, declaró posteriormente que el gasoducto de Vaca Muerta no requeriría recursos del BNDES. Una declaración del banco dada a Diálogo Chino dijo que, hasta el momento, “no hay demanda ni previsión, por parte del BNDES, de financiar proyectos de servicios de infraestructura en el exterior”.

¿Una nueva era de desarrollo?

Los grandes proyectos energéticos y de infraestructuras estaban en el ADN del primer gobierno Lula. Entre 2003 y 2010, la capacidad de generación de energía del país creció un 25%, terminando la década con 27.900 megavatios más de energía, en comparación con 2002. Durante este período, los programas de obras públicas construyeron o iniciaron la construcción de algunas de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, más de 20.000 km de líneas de transmisión, más de 6.000 km de carreteras y 909 km de ferrocarriles.

La inversión pública en infraestructura fue uno de los pilares del modelo de desarrollo durante las últimas dos décadas, impregnando no sólo la primera era Lula, sino también el mandato de su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016) y otros gobiernos latinoamericanos de la llamada “marea rosa“. Hoy, muchos de estos proyectos, como la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado de Pará, se consideran obsoletos, con impactos socioambientales y costos financieros que eclipsan las obras.

Otro pilar del modelo fue la financiación subvencionada por los bancos públicos para estimular al sector privado. Hubo incentivos directos, con programas de apoyo financiero a la agroindustria y la minería, e indirectos, mediante proyectos de construcción estatales, o privados con préstamos estatales, que facilitaron el flujo de productos básicos como la soja y la carne vacuna.

Aunque Lula haya “incorporado la sostenibilidad” a sus discursos, no debe renunciar a la estrategia que marcó sus dos primeros mandatos, opina Daniel Neri, profesor del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Minas Gerais.

Neri investiga los conflictos socioambientales del Cuadrilátero de Hierro, región del estado de Minas Gerais donde se extraen muchos de los minerales del país, como oro, diamantes y mineral de hierro. Le preocupa el nombramiento de Alexandre Silveira, cuya carrera política ha sido financiada por empresas mineras, para dirigir el Ministerio de Minas y Energía. Según el profesor, Silveira “no parece dispuesto en modo alguno” a imponer controles a la exploración minera para proteger el medioambiente.

También es probable que Lula se encuentre con una política interna más hostil que en sus primeros mandatos, afirmó Jamile Coleti, profesora de desarrollo económico de la Universidad Estatal de Minas Gerais. El abismo que se ha profundizado entre progresistas y conservadores, ilustrado por los ataques a edificios gubernamentales en Brasilia en enero, podría reducir la capacidad del gobierno de Lula para hacer avanzar las políticas medioambientales.

“La mayor dificultad del presidente Lula será construir alianzas políticas”, dijo Coleti, añadiendo que será un gran desafío pasar directamente de “un gobierno de extrema derecha” a una administración de izquierda.

Lula ha declarado en varias ocasiones que su misión es unir a un país dividido. Marina Silva, por su parte, se ha empeñado en promover la posibilidad de conciliar el desarrollo con la conservación. En el Foro Económico Mundial celebrado en Suiza el pasado mes de enero, la Ministra de Medioambiente subrayó que la agenda medioambiental del Gobierno será “transversal” y estará presente en sus políticas de energía, transporte, industria y agroindustria. “Podemos triplicar la producción agrícola de Brasil sin tener que talar un solo árbol”, afirmó Silva en el evento en Davos.

Acercamiento a China

La elección de Silva para volver a dirigir el ministerio fue bien recibida por China, afirmó Leila Ferreira, profesora e investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Desde hace más de una década, China sigue siendo el principal socio comercial y el mayor mercado de exportación de Brasil, y la expectativa es que ambos estrechen sus relaciones bilaterales.

“Ahora, con el gobierno de Lula dando prioridad a las cuestiones medioambientales, estoy absolutamente segura de que la conversación entre ambos países será beneficiosa”, afirmó Ferreira, especialista en políticas y relaciones medioambientales entre China y Brasil. China, dijo, “está mucho más interesada en asociarse con Brasil en el liderazgo medioambiental que con Estados Unidos”, dadas las tensiones geopolíticas entre las dos mayores economías.

La visita de Lula a Beijing, prevista para finales de marzo, en la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, dará más pistas sobre el rumbo de la relación chino-brasileña. Es probable que el comercio y las infraestructuras ocupen un lugar destacado en la agenda, y el vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, destacó recientemente el potencial de las inversiones chinas en energías renovables e hidrógeno verde, entre otros sectores. Al parecer, la diplomacia brasileña también se centrará en intentar reforzar el papel de los BRICS, el grupo que también incluye a Rusia, India, China y Sudáfrica.

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