En estos días vimos por las redes que volvían a circular nuevamente notas, opiniones sobre el Proyecto de Corpus y sobre todo el debate en el Congreso sobre la Ley de Glaciares y su posterior aprobación. Se preguntarán que tienen en común ambos temas: la Ausencia de Licencia Social. 

El concepto «Licencia Social para Operar» surgió en 1997 durante una conferencia de Minería y la Comunidad en Ecuador, auspiciada por el Banco Mundial, y rápidamente entró en el vocabulario de la industria, la sociedad civil y la comunidad de negocios.

«La Licencia Social para Operar se basa en el grado en que una organización y sus actividades cumplen con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los diversos grupos que la componen».

Este concepto se encuentra en la actualidad en todos los documentos de organizaciones internacionales sobre ambiente y la gestión del impacto de un proyecto minero y/o energético en una comunidad, la LSO (Licencia Social) está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones mantenidas por la población local y los grupos de interés vinculados al proyecto. Eso significa que:

• Es “otorgada” por la comunidad.
• Es intangible, a menos que se haga el esfuerzo de medir esas mismas creencias, opiniones y percepciones.
• Es dinámica y no-permanente, porque creencias, opiniones y percepciones están sujetas a cambiar a medida que se adquiere nueva información.

Por lo tanto, la LSO debe ser ganada y luego mantenida. La diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable, estar de acuerdo o satisfecho con algo) y aceptación (la disposición a tolerar, estar de acuerdo, o consentir) se puede demostrar como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social para Operar, uno más bajo de aceptación y otro más alto. Mientras que el primero es suficiente para que un proyecto proceda y una mina o un proyecto energético disfrute de una relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los implicados.

La credibilidad de las empresas se basa en el respeto mutuo, la honestidad, el diálogo abierto, la transparencia, el ofrecimiento de respuestas oportunas a las inquietudes de la comunidad, la transparencia de información, el carácter predecible del comportamiento ético, legal y ambiental de las compañías. La obtención de la LSO es un factor esencial para reducir los riesgos de conflictos sociales y para mejorar la reputación de la compañía.

Pero no es solo reputación, la mayoría de estas grandes inversiones necesitan de financiamiento exterior, ya que tienen “costos hundidos” se dicen en la jerga, porque son grandes inversiones en el inicio, en las que la rentabilidad se obtiene con el transcurrir del tiempo. 

Entidades como el Banco Mundial, BID, y otras bancarias piden entre sus requisitos, para el otorgamiento de su financiamiento, el cumplimiento de normas legales, técnicas ambientales a veces más exigentes que las locales; y también piden la Licencia Social, utilizan los mecanismos de Participación Pública, Audiencias Públicas y otros. Si entienden que la situación se encuentra muy forzada, que van a existir conflictos judiciales y sociales con la Comunidad no otorgan el financiamiento hasta que se solucione dicha situación.  

La Licencia Social para Operar no alude a un contrato o documento formal, sino a las características reales o actuales de credibilidad, confiabilidad y aceptación de las compañías y sus proyectos. Las partes involucradas otorgan la LSO en base a la credibilidad de las empresas y al tipo de relación que ésta crea con las comunidades.

No existe una fórmula única para que las empresas obtengan y conserven la LSO. Sin embargo, son necesarios algunos principios, como el establecimiento de buenas relaciones, que tienen como base:

• El respeto mutuo
• La comunicación abierta
• La inclusión de todos los involucrados
• La honestidad
• La divulgación total de información
• La transparencia de los procesos del proyecto y la actividad.

¿Por qué es necesaria una Licencia Social para Operar?

La falta de LSO está asociada con conflictos sociales, retrasos en los proyectos, pérdida de maquinaria por actos de vandalismo y cierre de operaciones. Aunque es poco frecuente el cierre definitivo, pueden presentarse retrasos que incrementan los costos del proyecto.

Las empresas mineras necesitan, tanto desde el punto de vista financiero como operativo, que sus proyectos se desarrollen sin interrupciones; por ello, la LSO puede ser considerada como una forma de seguro.

Actualmente, las organizaciones internacionales e industriales reconocen ampliamente en sus directrices y recomendaciones la importancia de obtener y conservar la LSO. Hay 74 instituciones financieras que han adoptado los Principios Ecuador, que son “un marco de administración del riesgo crediticio para determinar, evaluar y gestionar el riesgo ambiental y social en transacciones financieras de proyectos”. 

Nuestro país hace muchos años suscribió el Acuerdo de Escazú, que también incluye el principio de la “licencia social” en su artículo 7°, cuando establece “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente o para la salud de la población”. 

El nombre oficial de ese tratado es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Como se ve, la participación ciudadana es uno de los ejes de este acuerdo, ratificado por el Parlamento argentino en 2020. Se sabe, pero conviene repetirlo, que los tratados sobre derechos humanos que la Argentina ratifica pasan a tener jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.

El Acuerdo de Escazú incluye entre los “derechos de acceso” -como lo denota su nombre formal- el acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son igualmente valiosos para “lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma equilibrada e integrada”.

Tuvimos un récord en la cantidad de inscriptos para participar en la Audiencias Públicas por la Ley de Glaciares, más allá de si se llevaron a cabo adecuadamente o no, el dato es el hecho que se hayan inscripto 102.000 ciudadanos de todo el país para participar, algo nos dice sobre la Opinión Pública y futura Licencia Social. Al momento del cierre de esta nota FARN, Greenpeace y otros están preparando la Demanda Ambiental más grande de la historia con 800.000 firmas.

Permítanme dudar, desde ya que vengan muchas de estas inversiones mineras a nuestro país, ya que de seguro se van a encontrar con una resistencia social pocas veces vista, problemas judiciales, sociales, etc. Y los gobiernos locales van a tener que hacer frente a esas resistencias con costos políticos en su credibilidad.

Algo parecido pasa con Corpus, un proyecto deseado a nivel nacional hace mucho tiempo, pero los Recursos Naturales (el río) son de dominio de las provincias y necesita la autorización de la provincia para ello. A su vez el gobierno de la provincia hace varios años sancionó la Ley de Soberanía Energética Ley IV N 56 que exige la participación popular (plebiscito) y del Estado provincial en caso de llevarse a cabo una nueva represa. Es decir, esa Ley garantiza a los misioneros un proceso que lleve a la Licencia Social. 

El pueblo de la provincia, los misioneros en definitiva son quienes tienen la llave para que se lleve a cabo esa obra, ya que sin la Licencia Social esa obra no existe. La Nación deberá llevar adelante un trabajo que no se hizo nunca: Información pública, audiencias públicas, lograr consensos sociales, políticos y económicos que sean del acuerdo popular, donde todos ganen.

Es interesante observar el fenómeno que se ha producido con la ley de glaciares, que a pesar de la que muchas veces en las redes circula información de dudosa procedencia y hay falta de interés por parte de la ciudadanía en muchos temas, en este caso ha logrado involucrar no solo a los habitantes de las provincias afectadas sino a todo el país, como así también representantes de las comunidades originarias, técnicos, científicos, referentes sociales, políticos y la lista continúa.

Nos muestra que es muy importante entablar acuerdos confiables con la comunidad/es que resultara afectada, en definitiva, y que las decisiones se deben tomar de manera acordada entre las partes. El Estado nacional debe encontrar nuevas modalidades de buscar la licencia social en temas de tanto impacto, para poder cumplir con lo que dice nuestra Constitución Nacional: Desarrollo Sostenible.