El comerciante posadeño Alexis Jerushalmi impulsa una iniciativa para crear un esquema de “frontera comercial” que permita a pequeñas y medianas empresas de Misiones comprar productos en Brasil y Paraguay y venderlos formalmente en la provincia. La propuesta, que ya comenzó a circular entre actores del sector y ámbitos institucionales, apunta a ordenar una práctica existente y darle marco legal para evitar pérdida de actividad, empleo y recursos fiscales.

“Es un proyecto para ordenar una realidad de frontera que ya existe”, explicó Jerushalmi, quien planteó que el objetivo es formalizar la operatoria y generar trazabilidad. El planteo se da en un contexto que el propio comerciante definió como crítico: “La crisis que tenemos hoy, en mis 14 años de comerciante, nunca la he visto”.

Frontera, aduana y límites del esquema actual

La iniciativa se inserta en una tensión estructural de Misiones: su condición de provincia fronteriza con Brasil y Paraguay. Según el diagnóstico del sector, el régimen actual no contempla esa particularidad y genera desventajas competitivas.

Jerushalmi lo sintetizó con una definición territorial: “No podemos tener un régimen aduanero igual a las otras provincias, porque somos diferentes a todas”. En ese sentido, el proyecto busca apoyarse en herramientas legales existentes para habilitar convenios sin interferir con competencias nacionales, particularmente las vinculadas a la aduana.

El esquema evitaría crear nuevos aranceles o estructuras paralelas, y se orienta a encuadrar la operatoria dentro de mecanismos formales. La clave institucional será, según lo planteado, articular con Nación sin invadir su jurisdicción.

De compras informales a circuito PyME regulado

El núcleo del proyecto propone un cambio operativo concreto: permitir que PyMES registradas puedan adquirir mercadería en países vecinos y comercializarla en Misiones con facturación y controles fiscales.

“La idea es que uno pueda ir a Paraguay o Brasil y traer los productos, no como consumidor final, sino como PyMES y venderlos formalmente”, explicó. Para eso, se prevé un sistema de empadronamiento con requisitos de formalidad: inscripción impositiva, habilitación municipal y trayectoria comprobable.

El esquema funcionaría bajo un programa específico —denominado de manera preliminar “convenio fronterizo comercial”— que identifique a las empresas habilitadas. El objetivo es diferenciar la operatoria formal de prácticas informales o especulativas.

El planteo también incluye una segmentación inicial: se prevé comenzar con productos de menor sensibilidad sanitaria, como bazar, autopartes o textiles, excluyendo rubros como alimentos cárnicos.

Reconfiguración del debate

El proyecto revela un movimiento del sector comercial hacia soluciones propias frente a un escenario que consideran crítico. Jerushalmi fue explícito al señalar que “no es un problema de la provincia, es del Gobierno nacional”, aunque advirtió que el tiempo de espera es limitado.

En términos políticos, la propuesta reabre el debate sobre el rol de Nación en economías de frontera y coloca a la provincia como posible articuladora de un esquema intermedio. También muestra una convergencia con otros actores del sector, con quienes el impulsor reconoce haber trabajado para dar forma a la iniciativa.

La discusión no es menor: implica revisar cómo se regula el comercio en zonas limítrofes sin afectar competencias federales, pero al mismo tiempo evitando la pérdida de actividad local.

Precios, consumo y fuga de divisas

El diagnóstico económico es directo. Según el comerciante, la diferencia de precios con países vecinos genera una salida constante de consumo que no deja ingresos fiscales en la provincia ni en la Nación.

“Lo que buscamos es poder ser competitivos, tener precios acordes a la realidad y que la gente pueda acceder a productos a mejor precio”, sostuvo. En ese marco, el proyecto apunta a que las compras se realicen dentro del circuito formal local, con facturación e impuestos.

El objetivo es doble: recuperar ventas para el comercio misionero y aumentar la recaudación. También se plantea como una herramienta para sostener empleo en un contexto donde, según el propio diagnóstico, “todos los rubros que no sean de primera necesidad están afectados”.

Misiones como laboratorio de política comercial

La propuesta se apoya en una característica distintiva: la fuerte integración territorial de Misiones con ciudades de Brasil y Paraguay. “Nosotros no competimos con otras provincias, competimos con otros países”, explicó Jerushalmi.

En ese contexto, el proyecto busca transformar una desventaja estructural en una oportunidad, habilitando un flujo comercial regulado en lugar de restringido o informal. La intención es que el esquema tenga alcance provincial y no quede limitado a Posadas.

Viabilidad política y articulación con Nación

El futuro del proyecto dependerá de su capacidad para avanzar en dos planos: la formalización técnica y la validación política. Según lo planteado, será necesario involucrar tanto a la provincia como al Gobierno nacional para garantizar su implementación.

Entre las variables a observar aparecen la definición del marco legal, la reacción de organismos nacionales y el impacto real sobre precios y consumo. También será clave evaluar si el esquema logra reducir la informalidad sin generar conflictos regulatorios.

Por ahora, la iniciativa instala una discusión de fondo: cómo adaptar la política comercial a una provincia que, por su geografía, opera en un mercado regional más amplio que el argentino.