Diez de ellos lograron eludir los pedidos de extradición en su contra. Según especialistas de derechos humanos, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la Cancillería y cada Embajada trabajan para lograr que puedan ser juzgados en los países donde residen. Por otra parte, ya son 1.058 las personas condenadas por crímenes durante la dictadura.
Un total de 37 exrepresores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante los años del terrorismo de Estado permanecen prófugos de la justicia, de los cuales 15 se encuentran fuera del país y 10 de ellos lograron eludir pedidos de extradición en su contra, según datos difundidos por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
A 46 años del último golpe de Estado ocurrido en Argentina, Télam consultó a especialistas de derechos humanos sobre la situación actual de los acusados por violaciones a los derechos humanos que se encuentran en el exterior y los avances que se produjeron en algunos de esos casos.
“Hay varios represores que están identificados viviendo en el exterior, aunque no son tantos porque la mayoría ya fueron juzgados. Varios tienen ordenes de extradición vigentes en su contra, pero otros no. En esos casos, lo que se hace es impulsar los juicios en el país donde residan. Existe una obligación de los estados para procesar crímenes de lesa humanidad”, contó a esta agencia Andrea Pochak, la subsecretaria de protección y enlace internacional en Derechos Humanos.
Con ese objetivo, la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla Corti “lleva adelante desde su creación un trabajo muy importante en el acompañamiento de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas”, destacó la funcionaria.
“Nunca hay que quedarse con los brazos cruzados. Para Argentina, la Memoria, Verdad y Justicia son una política de Estado que funciona en las distintas agencias. Estamos desde la Secretaria, la Cancillería y cada Embajada trabajando con esa función. No se deja todo en mano de las víctimas”, subrayó Pochak.
Para ello, la subsecretaria consideró que fue necesario “mucho activismo” para impulsar los juicios en otros países y destacó el movimiento de derechos humanos en la Argentina que “ha tejido a lo largo de los últimos 40 años redes importantes” como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
“En la Argentina tenemos mucha experiencia con abogados de Alemania, España, Italia que lograron aplicar el principio de jurisdicción internacional en sus países”, apuntó.
La funcionaria recordó el caso del exteniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo, quien se encuentra “claramente identificado” por participar en los fusilamientos cometidos en “la Masacre de Trelew”, en agosto de 1972.
Bravo “fue el único que no pudo ser juzgado porque se fugó a Estados Unidos”, donde hasta el momento continúa gozando de la impunidad, aunque pesa sobre él un pedido de extradición y una demanda civil impulsada por los familiares de las víctimas de Trelew y organizaciones de derechos humanos.
“Como Estados Unidos no lo extraditó nunca, se esta intentando realizar un juicio civil. La sanción que se prevé no es de prisión, sino que la pena puede ser quitarle los documentos, expulsarlo de país y una sanción económica. Ese proceso oral y público se iba a realizar en febrero o marzo, pero se suspendió porque se alegaron razones medicas”, contó.
También citó el antecedente del exagente del Batallón 601 de Ejército argentino Aníbal Teodoro Gauto, residente en Israel e imputado por la Justicia Federal de La Plata por su participación en los crímenes que se perpetraron en el centro clandestino de detención ilegal denominado como “La Cacha”.
El problema es que en el año 2003 logró fugarse al Estado hebreo, donde cuenta con la ciudadanía, lo que posibilitó evitar comparecer ante los tribunales argentinos.
“Hay grupos de activistas que están impulsando que Israel lo juzgue o le quite la ciudadanía. Él mintió y dijo que no estaba siendo investigado por ningún delito para ingresar en el país y esa declaración migratoria es trucha. Ese es uno de los argumentos para que lo envíen de regreso a Argentina“, apuntó Pochak.
Por su parte, el Coordinador del Equipo Jurídico de Abuelas, Emanuel Lovelli, explicó que durante los años ’80 y ’90 hubo “muchas familias apropiadoras” que se escaparon a diferentes países con los menores. Uno de los destinos más frecuentes fue Paraguay donde el gobierno de facto de Alfredo Stroessner “se mantuvo durante mucho tiempo”.
“Los procesos extraditorios son muy complejos y engorrosos porque tiene que haber un convenio entre los países, sino se dificulta porque hay trabas de las que se benefician quienes cuentan con la condición de ciudadanía. Por eso, es muy importante mantener vigentes las alertas migratorias”, explicó el letrado. Lovelli fundamentó que “sin dudas debe haber muchos nietos desaparecidos en el exterior” que todavía no recuperaron sus verdaderas identidades.
De hecho, desde Abuelas y Cancillería se impulsa la campaña “Argentina te Busca” dirigida a aquellos nietos que pueden permanecer en el extranjero, y que tiene el objetivo de encontrar a los 350 niños nacidos en cautiverio que siguen desaparecidos.
“Sabemos que hay nietos en el exterior, se han encontrado en Estados Unidos, España, Holanda. Algunos se fueron por propio impulso y hay quienes fueron llevados y criados sin la posibilidad de acceder a estas noticias. Luego se acercaron a Abuelas o se los notificó por una causa judicial por la que se investigaba su origen y era necesario una prueba de ADN”, afirmó.
El abogado apuntó que, aunque ha pasado mucho tiempo y es cada vez más difícil encontrar justicia , “no se pierden las esperanzas de hallar a los nietos y de que los represores prófugos sean juzgados”.
“Con respecto a las nietos, Abuelas sigue con la campaña muy fuerte de difusión y transmitiendo el mensaje para que sea pueda encontrar a todos o la mayor cantidad posible”, completó.
A 46 AÑOS DEL GOLPE, SON 1.058 LAS PERSONAS CONDENADAS
Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consignó que a 46 años del último golpe de Estado ocurrido en Argentina hay 1.058 personas condenadas como resultado de 273 sentencias emitidas en los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado.
El relevamiento fue difundido horas antes de la conmoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia por el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación, y da cuenta de las decisiones que tomó la Justicia en relación a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos desde que se reiniciaron, en 2006.
El estudio da cuenta además que “unas 165 personas fueron absueltas en el mismo período” e indica que los datos pertenecen a veredictos dictados en todas las jurisdicciones federales.
En tanto, unas “542 personas están actualmente procesadas; 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria” en las investigaciones que se siguen en su contra.
Asimismo, el estudio detalla que “hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos”.
Por otra parte, desde el inicio de los procesos hasta la actualidad “fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad”.
En la actualidad hay “764 personas detenidas, mientras que 1532 permanecen en libertad”.
En tanto, el arresto domiciliario “se ha consolidado como la forma preeminente” en que las personas privadas de su libertad por este tipo de delitos transitan estos procesos judiciales.
En la semana en la cual se conmemorará el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia continúan 19 juicios de lesa humanidad en todo el país, y siete de esos procesos orales y públicos se encuentran en la etapa de alegatos.
