Debates a la fuerza
Antes de que se agote la encendida discusión nacional sobre la despenalización del aborto, con los medievales consejos del médico Abel Albino incluidos, el presidente Mauricio Macri hizo otro aporte a la grieta: firmó el decreto autorizando a las fuerzas armadas a volver a operar sobre la seguridad interna.
Con argumentos poco claros, más allá de la mención vaga a lucha contra “nuevos enemigos” como el narcotráfico o el ciberterrorismo, Macri revivió un tema que trae a la memoria los años más oscuros del país. La nostalgia de la mano dura alimenta la grieta que tan buenos dividendos le dio a Cambiemos. Plantea la idea de que quien no apoya su iniciativa, está a favor de. A favor de puede ser del narcotráfico, de las mafias, o de Cristina. Igual suma y refuerza la identidad de quien está a favor, mayoritariamente votante de la alianza gobernante, según muestran las primeras encuestas.
En 1975, la última vez que un presidente constitucional firmaba un decreto similar, se abría la puerta a la “aniquilación” de la subversión, paso previo a la más feroz de las dictaduras en la Argentina. Ahora siquiera hay un enemigo identificado y tampoco una estrategia definida sobre qué harán las fuerzas armadas. Lo único que parece determinar la decisión es la mano dura que obnubila a las derechas del continente.
Colombia, México o el cercano Brasil con su paradisíaco Río de Janeiro son ejemplos claros del fracaso de la militarización en la lucha contra las drogas. Tampoco son iguales las condiciones. En esos países el flagelo de la droga generó estados paralelos, ejércitos narcos y millones de dólares sucios. En Argentina ni siquiera en estado incipiente hay similitudes. En cualquier caso, el problema principal está fronteras afuera.
El soldado, cuando dispara, lo hace a matar. Esa es su formación. ¿Qué hará en las fronteras? ¿Tirar a matar a las mulas que cargan los fardos de marihuana? ¿Establecer una pena de muerte exprés?
El dueño del negocio no se expone a un encuentro de ese tipo. Y ahí radica el fracaso de las guerras abiertas en Colombia, México o Brasil. Millones de dólares dilapidados en perseguir y matar, mientras la droga sigue fluyendo.
En México, una de las consecuencias de militarizar las calles fue una ola de violencia inusitada, con más de 150.000 muertos, 27.000 desaparecidos y 35.000 desplazados, carteles más fuertes y militares seducidos por jugosos sobornos. La batalla sigue y encuentra adeptos cada día: México es según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el segundo país con más disparidad económica entre ricos y pobres. Todavía no hay certezas sobre el rumbo que tomará el combate a las drogas con Andrés Manuel López Obrador, quien antes de ganar las elecciones propuso una “amnistía”.
Las consecuencias de la guerra abierta del plan Colombia, con una inyección de dólares y armas de Estados Unidos, todavía son inconmensurables, pero se asemejan a la palabra fiasco. Miles de millones de dólares, recursos y soldados dilapidados en una escalada de violencia que lo único que hizo fue tecnificar la producción de cocaína.
La paradoja es que el tío Sam es el principal consumidor de la exportación colombiana. El novelizado Pablo Escobar fue apenas el precursor de un negocio que se globalizó.
En Brasil la guerra militar de Michel Temer contra el narcotráfico en las favelas despertó las aspiraciones primarias de un generalato nostálgico de la mano dura. Tanto que aspiran a recuperar un rol protagónico en la política, por las urnas o por la fuerza. “Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política.
Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.
En Argentina y menos en sus fronteras, se encuentran paralelismos con las condiciones previas que desencadenaron esas fallidas batallas. No es con militares entrando a la fuerza a las villas que se terminará el narcotráfico. La idea, nada original, se hizo spot de campaña de Fernando De la Rúa, el fugaz presidente radical que huyó dejando un tendal de muertos en plaza de Mayo. Fue refrescada por Sergio Massa, cuando aspiraba a ser Presidente para que las Fuerzas Armadas puedan “atacar y bloquear las fronteras” y “entrar a los barrios más humildes” donde “los narcos infectan a nuestros jóvenes”. ¿Resiste análisis la propuesta de desatar una guerra inmediata con países vecinos? ¿Resiste análisis no advertir que el consumo de droga también se da en los barrios ricos?
La estigmatización es permanente, pero ni en la Triple Frontera, donde conviven decenas de agentes orgánicos e inorgánicos de diversas agencias de seguridad internacionales, se generó en los últimos años alguna prueba concluyente de que sea zona liberada para algo más que un gran mercado de baratijas tax free.
En cualquier caso, un ataque con morteros y armas largas no parece ser la mejor herramienta para tan compleja trama. La seguridad más efectiva viene de la mano de la inteligencia y no de la fuerza. En Misiones se puso en marcha una intervención mucho más fuerte de la Policía en el combate al narcotráfico y en menos de tres años ya se decomisó marihuana por el equivalente a 900 millones de pesos y 37 toneladas de marihuana. Sin estridencias, los resultados están a la vista.
En rigor, tampoco hay demasiadas precisiones sobre qué harán las fuerzas armadas con el permiso del Presidente. Los uniformados no parecen estar cómodos con la idea de salir a la calle a cazar ladrones de gallinas. No están preparados para ello ni cuentan con los elementos necesarios. Tampoco aprecian convertirse en protagonistas de una puja de la que no quieren ser parte en momentos en que la sociedad recién deja atrás los malos recuerdos de los años de plomo.
La última encuesta de la consultora D’Alessio Ariol, arroja que el 50 por ciento cree que la reconversión de las Fuerzas Armadas servirá para mejorar la seguridad. Ocho de cada diez votantes de Cambiemos confían en el éxito, pero solo dos del Frente para la Victoria comparten esa mirada.
La grieta es menor cuando se analiza la política económica del Gobierno. Allí la mayoría reconoce que está peor que hace algunos años y que el ajuste les empeoró las condiciones de vida.
La imagen negativa de Macri asciende a 67,8 por ciento y el 58,3 desaprueba su gestión, según un estudio del Grupo de Opinión Pública.
La imagen negativa del Presidente creció al 59,7 por ciento, según Ricardo Rouvier, para quien la gestión tiene una calificación negativa del 62,8 de sus encuestados. El consultor advierte que creció el voto a Cristina Fernández.
Es esclarecedor que el Presidente les haya garantizado a los patrones de la soja que no iba a volver a subir -siquiera a congelar la baja- las retenciones agrarias, pero pocas horas después el Gobierno anuncie un severo plan de ajuste sobre las asignaciones familiares. Ahora no habrá plus por zona desfavorable y se puso como tope máximo para cobrar asignaciones familiares un ingreso familiar de 83.917 pesos. La pareja tampoco podrá cobrar las asignaciones si uno de los dos miembros percibe más de 41.959 pesos. Es decir, bajan las retenciones al campo, pero se las suben a cada una de las familias argentinas. La decisión generó un amplio descontento y hasta algunos radicales la criticaron, como Ricardo Alfonsín.
Es cada vez más visible la distancia entre los macristas y los radicales dentro de Cambiemos. El joven Pepe Pianesi no dudó en mostrarse sonriente con el ascendente Federico Villagra, el economista crítico de las decisiones del Gobierno nacional. Ambos quieren “más protagonismo” dentro de la alianza y temen quedar fuera del reparto de candidaturas para 2019. Es que se menciona algunos de la vieja guardia para las principales postulaciones, como Germán Bordón o Mario Pegoraro en la UCR y hasta algunos viejos peronistas ligados a Ramón Puerta. La idea de Villagra y Pianesi es fortalecer la línea de radicales nacidos en democracia. Esa línea generacional no se anima a respaldar las medidas de ajuste impuestas por sus socios y por lo bajo cuestionan a la cúpula que banca banderas de las que el radicalismo abjuró, como la injerencia militar en la seguridad interior. Del otro lado, se lo vio a Luis Pastori, defensor a ultranza de las medidas de ajuste, justificar la política de mano dura para hacer un “uso racional y práctico para las Fuerzas Armadas”.
Misiones se muestra como el contraste a la política de ajuste social que aplica Macri. El Presupuesto 2019, aún con la austeridad de los tiempos, invierte el 60 por ciento de los recursos en las áreas sociales: la Educación sigue siendo la prioridad de la gestión renovadora, complementada con la mejora en la salud y el desarrollo social integral.
En política y economía, las decisiones recién pueden valorarse a mediano plazo. Las buenas y las malas. Alcanzar un buen resultado en educación o en salud es la consecuencia de medidas tomadas hace diez o más años. Son procesos.
A la inversa, es lo mismo. En cinco años se podrán apreciar las consecuencias de los ajustes de este año. La Nación anuncia tijera masiva para todo lo que no sea cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Eso implica incluso la desaparición del Fondo Nacional de Viviendas. Es decir, quien no tiene un hogar, no podrá esperar ayuda del Gobierno nacional que había prometido un millón de viviendas en cuatro años. En última instancia, quedará en los malabarismos que puedan hacer los gobernadores para arreglarse con menos recursos. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, ya les anticiparon a los gobernadores que puede haber un recorte equivalente al cinco por ciento de la coparticipación que reciben las provincias para alcanzar la reducción del déficit que impone el FMI.
Los ministros se regodean con números que “demuestran” la generosidad de la Nación para con las provincias en los últimos años. Los datos, que son repartidos a los periodistas por los diputados de la alianza gobernante para justificar los ajustes, señalan que en junio, las provincias recibieron 108.221 millones de pesos, 51,7 por ciento más que el mismo mes del año pasado.
Pero hilando fino se advierte que no es tanta la abundancia. Entre enero y junio de este año, la coparticipación creció 46,2 por ciento, pero solo 15,6 por ciento si se le descuenta la inflación acumulada, con el agravante de que, por la devaluación, el peso vale casi 50 por ciento menos que en los primeros días de 2018. Lo mismo sucede con Misiones, con un aumento del 15,6 por ciento de coparticipación, pero con una caída del 60 por ciento en las transferencias de capital, fondos para viviendas, obras viales, programas de salud y hasta el programa El Hambre es Más Urgente, adeudado desde febrero.
La coparticipación, por cierto, es variable, ya que depende de la recaudación y, más allá del efecto inflacionario, es probable que tienda a bajar si se extiende la recesión como pronostica el bueno del FMI.
Es decir, el Gobierno nacional generó condiciones económicas adversas y ahora el peso recaerá sobre los gobernadores, que tendrán que atajar los desbordes que se pudieran generar. El Pacto Fiscal, sellado hace pocos meses, es una muestra del fracaso de las proyecciones nacionales: una de las garantías de que las provincias no iban a perder recursos se daba con la promesa de un crecimiento económico del 3 por ciento. El propio FMI dice que este año no habrá crecimiento y que, con suerte, se recuperará paulatinamente entre 2018 y 2019. Mientras tanto, las provincias ya tienen menos recursos y la enorme transferencia de recursos hacia el sector privado más concentrado, no se tradujo en grandes inversiones ni en más empleo.
De hecho, en Misiones ya se paró una inversión por la escalada del dólar y crece el descontento oficial con el sector forestal, que no generó ni una sola nueva inversión pese a que cuentan con todos los beneficios.
Sin embargo, Misiones es una de las pocas provincias donde el empleo no sufrió en demasía. En mayo, según los datos oficiales, se destruyeron 27 mil puestos de trabajo en todo el país. Aquí, aunque se está lejos del pico de 16 mil puestos, se crearon 1.278 empleos y se llegó a los 111 mil.
