ABUSO SEXUAL INFANTIL

Otro operativo internacional en Posadas: detuvieron a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil

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En el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia V”, este martes se realizaron allanamientos simultáneos en 12 provincias argentinas y en 15 países de América, con el objetivo de desarticular redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En Posadas, el procedimiento culminó con la detención de un hombre de 55 años, de profesión informático, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

El allanamiento se llevó a cabo alrededor de las 7.30 en un edificio céntrico ubicado sobre calle Alvear, entre Colón y San Lorenzo, donde se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital. Todo el material será peritado para determinar el alcance de la actividad ilícita. El detenido, identificado como M Daniel T., quedó a disposición de la Justicia.

Coordinación provincial y despliegue de fuerzas

En Misiones, la operación fue coordinada por la Procuración General, a cargo de Carlos Jorge Giménez, en articulación con la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche y el Juzgado de Instrucción N.º 2. Del procedimiento participaron la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la División de Vehículos Aéreos Policiales no Tripulados y la Comisaría Primera de la Policía de Misiones. La detención se produjo a pocos días de cumplirse un año de la orden de detención del ex diputado puertista libertario Germán Kiczka, también por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Además de Misiones, los allanamientos se desplegaron en CABA, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Tucumán y la provincia de Buenos Aires. La operación contó con la participación de organismos internacionales como el UNICRI (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia), AI for Safer Children, el International Centre for Missing & Exploited Children y el Department of Homeland Security de Estados Unidos.

Antecedente en la provincia

El caso se suma a la detención ocurrida la semana pasada en Posadas, cuando un joven de 19 años, oriundo de Puerto Iguazú, fue arrestado bajo cargos similares de tenencia de material de abuso sexual infantil.

Desde la Procuración General de Misiones remarcaron que la provincia continuará trabajando junto a instituciones nacionales e internacionales para “garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes y erradicar toda forma de explotación sexual infantil”.

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“Detrás de cada imagen hay un niño abusado”: el juez Faría recuerda el caso Kiczka, a un año de la orden de detención

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El 20 de agosto de 2024 marcó un punto de inflexión en la justicia misionera. Ese día, el juez de Instrucción N.° 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, firmó la orden de detención contra Germán y Sebastián Kiczka, en un expediente que conmocionó a la provincia: la investigación por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Los hermanos fueron condenados a catorce y doce años de prisión por la cantidad de pruebas abrumadores encontradas en su poder. La causa causó conmoción por los vínculos políticos de Germán, diputado puertista libertario, amigo y socio político de Pedro Puerta, quien también terminó renunciando a su banca en la Legislatura, salpicado por el escándalo.

Germán Kiczka hasta poco antes de su detención se movía en los círculos libertarios de primera línea, con vínculos con Patricia Bullrich y el entonces secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, con quien mantuvo reuniones en Casa Rosada, junto a Florencia Klipauka y Pedro Puerta. Los vínculos eran tan cercanos que un año después, Ramón Puerta, ahora candidato a diputado nacional por Activar, el partido que comandó su hijo, tuvo que responder por su relación con los Kiczka. Germán trabajaba en la cigarrera de los Puerta.

Un año después, el juez Faría reconstruye cómo se gestó la causa, los dilemas que atravesó como magistrado y el impacto social de un proceso que reveló más de 600 archivos con imágenes aberrantes.

“Fue un 20 de agosto, tarde, muy tarde. Habíamos pasado todo el día trabajando con el equipo y a las dos de la tarde recibí el requerimiento del fiscal Barronis solicitando la detención de Germán y Sebastián Kiczka. Ese mismo día firmé la resolución”, recordó el juez entrevistado por El Periodista, en Canal 12.

La investigación había comenzado meses antes, el 28 de febrero, con un exhorto de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que incluía allanamientos simultáneos en CABA, Buenos Aires, Tucumán y Misiones. En Apóstoles, el operativo se realizó a las tres de la madrugada en la casa del padre de los Kiczka.

“A partir de lo que se secuestró allí empezaron a aparecer pruebas contundentes. El 26 de abril el juez porteño se inhibió y la causa quedó radicada en Misiones. Desde entonces nos tocó avanzar con la instrucción”, explicó Faría

Pruebas “contundentes y abrumadoras”

El juez solicitó el desafuero de Germán Kiczka, en ese momento legislador provincial, y la detención de ambos hermanos. La razón: “Había 603 archivos que contenían material de abuso sexual infantil. Eso me llevó a tomar la decisión. El material probatorio era abrumador”.

Faría remarca que el caso permitió exponer la gravedad de estos delitos: “Detrás de cada imagen no hay un simple archivo. Hay un niño abusado, violentado, quizá secuestrado o incluso obligado a prácticas de zoofilia. Ese es el verdadero daño: para que haya tráfico de imágenes, primero tiene que haber abuso”.

La noticia generó indignación y estupor en Misiones. En Apóstoles, una ciudad pequeña donde los Kiczka eran conocidos comerciantes gastronómicos, el caso dividió a la sociedad.

“En comunidades chicas todos se conocen y muchos no quieren comprometerse. Pero en general la reacción fue de escándalo, de sorpresa. Hasta ese momento el abuso infantil parecía algo lejano, que le ocurría a otros. Este caso demostró que los pedófilos conviven entre nosotros”, afirma el juez.

La carga personal y el impacto humano

Más allá de su rol institucional, Faría admite la dificultad de enfrentarse a ese material: “Hace 33 años que trabajo en el Poder Judicial y nunca había visto algo semejante. Es imposible separar la subjetividad. Uno llega a su casa, está con su familia, y le cuesta dormir. Incluso en la comisión de desafuero de la Legislatura hubo diputados que requirieron asistencia psicológica por lo que tuvieron que ver”.

Para el magistrado, fue clave encontrar un equilibrio: “Uno debe poner paños fríos y no dejar que eso lo consuma. De lo contrario, debería alejarse de la función. Pero sí, es muy difícil”.

El caso Kiczka dejó enseñanzas. En este año, Misiones avanzó con la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen, y la Justicia provincial empezó a adaptarse a nuevas herramientas.

“Hoy un celular es una computadora, y los delitos se trasladaron allí. Tenemos que capacitarnos y contar con tecnología. Existen programas como Clearview, que permiten rastrear víctimas a través de redes sociales en todo el mundo. Es costoso, pero abre la posibilidad de individualizar a esos niños y niñas que están detrás de los archivos”, explica Faría.

No es pornografía, es abuso

El juez es categórico a la hora de nombrar los hechos: “No hay que hablar de pornografía. La pornografía puede gustar o no, pero no es delito. Esto es distinto: es abuso sexual infantil. Son niños en situación de vulnerabilidad, expuestos a lo más aberrante que puede verse”.

A un año de aquella firma que cambió la historia judicial de Misiones, el juez Faría resume: “No hubo persecución política, como algunos insinuaban. Hubo pruebas contundentes, un material que nos consternó a todos y una decisión que había que tomar. El desafío ahora es seguir formando equipos especializados, fortalecer el control parental y no olvidar nunca que cada imagen es un niño que fue abusado”.

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Abuso sexual infantil: investigación global derivó en un detenido en Misiones

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En el marco de una investigación internacional sobre la facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI) a través de redes P2P (peer to peer), la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Misiones encabezó un operativo clave que culminó con la detención de un joven de 25 años en Campo Grande.

La pesquisa comenzó a partir de un reporte emitido por la plataforma ICCACOPS (Internet Crimes Against Children -Child On-line Protection System), una herramienta internacional que monitorea el intercambio de archivos con contenido de abuso infantil en entornos digitales. A través de esta tecnología, se identificó una dirección IP desde la cual se compartían archivos explícitos de menores de 13 años. La ubicación geográfica de la IP alertada fue rastreada hasta Campo Grande.

La complejidad del caso radicaba en que la dirección IP estaba compartida por varios usuarios dentro de una red privada con IP nateada, lo que dificultaba individualizar al autor de los hechos. Sin embargo, el Grupo de Delitos Tecnológicos de Gendarmería Nacional, en coordinación con la SAIC (Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas), llevó adelante una investigación técnica detallada que permitió vincular la actividad delictiva a una sola persona y dispositivo, mediante el análisis de registros y colaboración con el proveedor de Internet.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, a cargo de Pedro Benito Piriz, y se concretó durante la tarde del viernes con participación de Gendarmería Nacional, la Policía de Misiones y peritos forenses de la SAIC.

Resultados del operativo:

Detenido: Kevin A. (25 años)
Elementos secuestrados:

  • Cuatro pendrives
  • Una CPU
  • Una notebook
  • Un disco externo
  • Un teléfono celular

Todo el material incautado fue trasladado a la sede de la SAIC para ser sometido a pericias informáticas forenses, con el objetivo de verificar la existencia y circulación de material de abuso sexual infantil en los dispositivos.

El caso sigue bajo estricta reserva judicial y continúa en etapa de instrucción. Desde la Procuración General destacaron la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, el Poder Judicial y organismos especializados, en la lucha contra la explotación sexual infantil en entornos digitales, uno de los delitos más graves y sensibles que enfrenta la sociedad actual.

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Un caso testigo para la justicia argentina: juicio por pornografía generada con IA en Córdoba

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Un estudiante mayor de edad del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, en Córdoba, será llevado a juicio tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial para superponer los rostros de al menos 16 compañeras menores de edad en videos pornográficos. El caso, que sacudió a la comunidad educativa y generó alarma en todo el país, podría convertirse en el primero en alcanzar una condena por violencia digital de género en la Argentina.

El abogado defensor de tres de las víctimas, José Dantona, brindó una entrevista a Open101.7 en la que trazó un panorama preocupante sobre la falta de legislación en torno al uso malicioso de estas tecnologías. “Lo que ocurrió es gravísimo: un daño profundo a la dignidad de personas inocentes, adolescentes, cuyas imágenes fueron manipuladas y difundidas en sitios pornográficos, incluso con nombre y apellidos reales”, explicó.

Dantona señaló que el acusado, quien tenía 18 años al momento de los hechos, obtuvo fotos de las redes sociales de sus compañeras y utilizó técnicas de face swapping para generar contenido sexual explícito. Luego, compartió ese material en plataformas para adultos con descripciones también generadas por IA, incluyendo vínculos a las redes sociales reales de las víctimas, lo que derivó en múltiples situaciones de acoso y revictimización.

“Pese a que algunas imágenes lograron ser eliminadas, muchas siguen apareciendo al buscar el nombre de las chicas. Ese daño es permanente, afecta su salud mental, su cotidianeidad, sus vínculos”, lamentó el abogado.

El caso será el primero en el país que podría sentar jurisprudencia en materia de violencia digital de género con uso de IA.
📌 Las víctimas tenían entre 15 y 16 años al momento del hecho. El acusado tenía 18.
📌 El Congreso debate proyectos para tipificar penalmente estas prácticas.

Actualmente, el delito no está tipificado en el Código Penal argentino, por lo que el equipo jurídico debió encuadrar el hecho como violencia digital de género, una figura que hasta ahora no tiene precedentes en condenas firmes en el país. “En términos estrictos, hoy esto sería solo una contravención. Como si alguien tomara una cerveza en la vereda. Por eso, tuvimos que forzar la interpretación jurídica para que esto no quedara impune”, indicó.

El proceso judicial ya fue elevado a juicio, y según explicó Dantona, el acusado enfrenta un pronóstico de pena de hasta 30 años de prisión, no solo por los delitos vinculados a la manipulación de imágenes, sino también porque en el marco de la investigación se halló material de abuso sexual infantil. Por este hallazgo, se abrió una segunda causa penal en su contra, lo que podría agravar aún más su situación judicial.

Un llamado urgente al Congreso

“La urgencia de regular esto es total. Y no hace falta una mega reforma. Bastan cinco renglones para tipificar este tipo de delitos en el Código Penal”, afirmó el abogado. Mencionó que existen al menos dos proyectos legislativos impulsados por diputados de Córdoba que “duermen en el Congreso”, y llamó a actuar de forma inmediata. “En 15 días, si hay voluntad política, se puede transformar esto en ley y evitar que más chicas pasen por lo mismo”, sentenció.

Consultado sobre el estado actual de las víctimas, Dantona explicó que dos de ellas están algo mejor luego de un año de acompañamiento psicológico, aunque siguen atravesando las consecuencias del hecho. La tercera presenta un cuadro más complejo y aún no ha podido completar su declaración judicial, aunque lo hará próximamente.

“Este caso es un llamado de atención. Como sociedad y como sistema legal, no estamos preparados para enfrentar los efectos negativos de la inteligencia artificial. Pero ya no se puede esperar más”, concluyó.

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Fiscalía de Cibercrimen encabezó operativos por material de abuso sexual infantil y grooming

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La Procuración General de la Provincia de Misiones, encabezada por el doctor Carlos Giménez, coordinó una serie de allanamientos en las ciudades de Eldorado, Oberá y Posadas en el marco de investigaciones por distribución de material de abuso sexual infantil y grooming.

Las actuaciones fueron impulsadas por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, a partir de reportes emitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, generados tras alertas de las plataformas Google y Facebook. A partir de esta información, con el respaldo de personal policial de la UR III y UR XI, se identificó a dos usuarios, José A. S. y Cristian E., involucrados en la distribución de archivos con material de abuso sexual infantil a través de medios digitales. Uno de los implicados habría descargado más de 250 archivos, mientras que el otro habría compartido 22, en ambos casos con contenido de extrema gravedad, cuyas víctimas eran en su mayoría menores de 13 años.

En paralelo, y en coordinación con la jurisdicción federal, se tomó intervención en un caso que involucra a Víctor Damián O., de 32 años, quien habría mantenido contacto telemático con una adolescente de 15 años, con fines sexuales, lo que derivó en un encuentro presencial en la ciudad de Eldorado.

Previo a los procedimientos, se desarrollaron tareas de investigación digital por parte del equipo técnico de la Fiscalía, complementadas con trabajos de campo llevados a cabo por fuerzas policiales, con el objetivo de geolocalizar los domicilios vinculados e impulsar las correspondientes diligencias judiciales.

Los allanamientos fueron realizados por la Dirección de Cibercrimen y la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones, en conjunto con la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), dependiente de la Procuración General.

Como resultado, se detuvo a dos personas, quienes fueron puestas a disposición de los jueces de instrucción Pedro Benito Piriz y Marcelo Alejandro Cardozo. Además, se incautaron teléfonos celulares y soportes digitales, los cuales serán peritados por la SAIC.

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