Acceso A La Justicia

Destacan una investigación jurídica sobre acceso a la Justicia de mujeres indígenas

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La Cámara de Representantes de Misiones dio un nuevo respaldo al fortalecimiento de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos al emitir dictamen favorable para declarar de Interés Provincial la investigación jurídica “Multiculturalismo y acceso a la Justicia: el caso de las mujeres de pueblos indígenas en la provincia de Misiones”, desarrollada por el magistrado Juan Manuel Lezcano. La iniciativa reconoce un trabajo académico que busca aportar herramientas concretas para reducir las barreras que enfrentan las comunidades originarias en el acceso al sistema judicial.

El proyecto, impulsado por la diputada Blanca Raquel Núñez, recibió el acompañamiento de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, en línea con los objetivos institucionales definidos para el actual período parlamentario, que promueven la construcción de instituciones más innovadoras, inclusivas y adaptadas a los desafíos sociales contemporáneos.

La investigación permitió a Lezcano obtener el título de posdoctor en Derecho otorgado por la Universidad Nacional de Rosario y constituye uno de los estudios más específicos desarrollados en la provincia sobre la relación entre multiculturalismo, perspectiva de género y acceso efectivo a la Justicia. Además de su función como magistrado, el autor se desempeña como docente en la sede Santos Mártires de la Universidad Católica de Santa Fe, en Posadas.

El trabajo analiza las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas para acceder a los mecanismos judiciales y plantea la necesidad de incorporar una mirada intercultural dentro del funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, propone que las políticas judiciales contemplen no solo las normas jurídicas vigentes, sino también las particularidades culturales, lingüísticas y territoriales de las comunidades originarias.

El reconocimiento legislativo trasciende el plano académico. La investigación es considerada un insumo estratégico para el desarrollo institucional del Poder Judicial misionero, ya que aporta fundamentos teóricos y evidencia para el diseño de nuevas herramientas procesales, protocolos de atención y políticas públicas orientadas a garantizar un acceso más equitativo a la Justicia.

En una provincia caracterizada por su diversidad cultural y la presencia de comunidades mbya guaraní, el estudio pone el foco en la necesidad de reducir las barreras idiomáticas, geográficas y socioculturales que históricamente dificultaron el ejercicio pleno de derechos por parte de las mujeres indígenas. Desde esa perspectiva, la investigación se presenta como un aporte para fortalecer una Justicia más cercana, accesible y respetuosa de las particularidades de cada comunidad.

El dictamen también dispone remitir copia de la declaración al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, consolidando el vínculo entre la producción científica, el ámbito legislativo y las instituciones encargadas de la aplicación de las políticas públicas.

La declaración de interés se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional que busca complementar los procesos de modernización tecnológica con la generación de conocimiento jurídico propio. Bajo esa lógica, el desarrollo de investigaciones aplicadas aparece como un componente central para consolidar un sistema judicial capaz de responder a los desafíos de una sociedad multicultural y de incorporar la perspectiva de género e interculturalidad en la formulación de sus decisiones y mecanismos de atención.

Investigación acceso a la Justicia de mujeres indígenas by CristianMilciades

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Reunión para intercambio colaborativo interinstitucional federal

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La presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna Pía Venchiarutti Sartori junto a los ministros Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres recibieron a Martin Cardone, Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA y a Jacqueline Jalabert, Directora Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.
En el encuentro intercambiaron opiniones sobre la federalización y esta política que se viene impulsando desde el Ministerio de Justicia de la Nación de acercarse a las provincias para un trabajo conjunto en materia de capacitación y colaboración recíproca.

Los Ministros Misioneros pusieron en conocimiento el funcionamiento de la justicia de Paz en la Provincia, que cuenta con un juzgado en cada uno de municipios, a la que se le han ampliado las competencias ante el cambio en el indice de conflictividad que en los utlimos años implica que el acceso a la justicia sea más mediato.

También informaron sobre el trabajo que se viene realizando en la primera circunscripción para aliviar las detenciones presentando alternativas de trabajo comunitario bajo la consigna de “Construir Comunidad”.

La autoridades nacionales se mostraron interesadas con el trabajo realizado por la mesa convocada para la elaboración del  protocolo de actuación para la implementación del nuevo modelo penal juvenil que fue abordado con la mirada de los actores principales, jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares y equipos técnicos y que continuará su trabajo en la construcción de esta herramienta que aborda los desafíos que plantea la transición.

La Dirección Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objetivo fortalecer los sistemas de justicia en todo el país mediante el desarrollo de políticas criminales basadas en evidencia y el trabajo articulado con las jurisdicciones locales. A través de un enfoque federal, la Dirección acompaña en la mejora de sus capacidades institucionales, promoviendo procesos más eficientes, modernos y orientados a resultados con la colaboración de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil La Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana que  tiene como objetivo fomentar la articulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil promoviendo la participación de la comunidad en el desarrollo de políticas públicas participativas, los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación se encuentran en la provincia  con el propósito de ofrecer una capacitación a los juzgados de paz debido al índice de conflictividad, teniendo en cuenta que son el principal acceso a la justicia y escuchar las inquietudes locales para establecer lazos de colaboración mutua.

También estuvieron presentes Laura Jacobacci, delegada regional de la UCP, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Aníbal Gustavo Gronda y César Lenzken, profesor del posgrado en Derecho Tributario de la UCP.

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Se derrumba el mito de la avalancha de falsas denuncias: Misiones registró apenas 47 en tres años

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Mientras el Senado avanza en el debate del proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio, un relevamiento federal elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos concluyó que ese delito representa apenas el 0,09% del total de causas penales registradas en la Argentina.

El informe, elaborado en el marco del expediente legislativo S-0228/2025, introduce una fuerte discusión jurídica y estadística sobre la proporcionalidad de la reforma penal propuesta. El estudio abarcó más de 8,25 millones de investigaciones penales iniciadas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país y determinó que las causas por falsas denuncias alcanzaron apenas 7.517 expedientes en tres años.

Desde la perspectiva técnica del Observatorio, el dato “refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley”, al sostener que no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique un agravamiento de penas.

En el caso de Misiones, el informe registró 47 causas por falsas denuncias durante el período 2023-2025. De ese total, solo tres correspondieron a expedientes vinculados a violencia de género o intrafamiliar, mientras que 34 estuvieron asociados a conflictos de otra índole y 10 no pudieron clasificarse por falta de datos suficientes.

El documento aclara además que Misiones logró clasificar el 78,7% de sus expedientes, un nivel de desagregación superior al de varias provincias y superior incluso al de jurisdicciones con sistemas judiciales de mayor tamaño.

El relevamiento pone especial énfasis en una cuestión metodológica central para el debate jurídico: la mayoría de los sistemas judiciales provinciales todavía no cuentan con herramientas suficientemente robustas para discriminar con precisión el tipo de conflicto antecedente de las falsas denuncias. En términos prácticos, el Observatorio sostiene que el principal déficit detectado es de información estadística y trazabilidad procesal, no de escala criminal.

Aun así, el proyecto impulsado por Losada avanzó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado con una propuesta de modificación integral del Código Penal. La iniciativa plantea elevar las penas por falsa denuncia de los actuales dos meses a un año de prisión a un rango de uno a tres años, y hasta seis años cuando las acusaciones involucren violencia de género, delitos sexuales o menores de edad. También endurece las sanciones por falso testimonio, que podrían alcanzar hasta ocho años de cárcel.

Uno de los puntos más sensibles del debate aparece precisamente en el eventual efecto disuasorio que podría generar sobre las víctimas. El Observatorio advierte que la evidencia disponible muestra el problema inverso al diagnosticado por el proyecto: la subdenuncia sistemática de delitos de violencia de género y abuso sexual.

El informe cita datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia y de estudios oficiales del Ministerio de Justicia que indican que el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja nunca realizó una denuncia y que el 88% de las víctimas de violencia sexual tampoco acudió al sistema judicial.

En ese contexto, el Observatorio advierte que agravar las penas para quienes denuncien hechos vinculados a violencia de género podría profundizar las barreras de acceso a la Justicia, especialmente en delitos de difícil prueba y alta vulnerabilidad probatoria.

El trabajo también introduce una observación jurídica relevante sobre la consistencia estadística del debate. El crecimiento de las causas registradas -que pasaron de 1.845 en 2023 a 3.142 en 2025- no necesariamente implica una expansión real del fenómeno, sino que podría responder a mejoras en los sistemas de registro, ampliaciones metodológicas o cambios en las estrategias procesales de litigación. Incluso con ese aumento, las falsas denuncias continúan representando menos del 0,1% del universo penal analizado.

Otro aspecto central del informe es la advertencia sobre las limitaciones del relevamiento. El Observatorio reconoce que no pudo determinar cuántas de las denuncias registradas terminaron efectivamente en condena judicial ni cuántas involucraban litigación estratégica en conflictos familiares o de género.

En paralelo, el proyecto de Losada ya comenzó a generar reacciones judiciales y políticas. Referentes de derechos humanos, entre ellos el exjuez Carlos Rozanski, promovieron denuncias penales contra la legisladora, mientras que la senadora radical respondió denunciando intentos de “amedrentamiento” contra quienes impulsan reformas legislativas.

La discusión, en definitiva, expone un debate jurídico más profundo: hasta qué punto el endurecimiento penal puede funcionar como herramienta preventiva sin afectar garantías de acceso a la Justicia en contextos de violencia estructural. Y allí, los datos estadísticos que ahora empiezan a emerger podrían convertirse en el principal campo de batalla legislativo.

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Alba Posse tiene nueva jueza de Paz: juró Sabrina Boher

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La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento este viernes 6 de febrero en Alba Posse, donde quedó oficialmente en funciones la nueva jueza de Paz de la segunda circunscripción provincial.

El acto se realizó en el Juzgado de Paz local y consagró como jueza titular a Sabrina Boher, en una ceremonia que contó con la presencia de los ministros del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres, además del procurador general Carlos Jorge Giménez.

Durante el acto, Venchiarutti Sartori destacó el valor de la identidad y la pertenencia en una localidad de frontera. “A los misioneros no nos cuesta ser internacionales, y mucho más cuando vivimos en la frontera. Hoy estamos en plena frontera”, señaló ante los vecinos.

Al referirse a la nueva magistrada, subrayó el hecho de que Boher regrese a su lugar de origen para asumir el cargo. “Volver a casa después de mucho tiempo es una de las cosas que más felicidad nos da. Sabrina volvió al pago. Es hija de Alba Posse, criada acá, conoce la localidad, sus fortalezas y también sus carencias. Estamos seguros de que eso les va a servir”, afirmó.

En ese mismo sentido, la presidenta del STJ convocó a la comunidad a acercarse al Juzgado de Paz. “Vengan, pregunten, consulten, reclamen. Para eso está el Juzgado. Y si la respuesta no está acá, Sabrina los va a orientar hacia donde buscarla”, remarcó.

Uno de los momentos más comentados del acto fue cuando Venchiarutti Sartori reveló un detalle del proceso de designación. Contó que, al ser informada de que el regreso a Alba Posse implicaba una reducción salarial, Boher no dudó: “No me importa, yo quiero volver”. “Eso habla del compromiso y de la felicidad de volver a casa”, destacó.

Sobre el cierre, la titular del STJ subrayó la presencia del Poder Judicial en la vida institucional del municipio. “Alba Posse es una localidad de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A partir de ahora, Sabrina representa al Poder Judicial y esperamos que lo haga con toda la honra”, expresó.

Del acto participaron también el ministro coordinador de Gabinete Carlos Sartori, el intendente local Lucas Gerhardt, magistrados y funcionarios judiciales, representantes de fuerzas de seguridad y autoridades educativas de Alba Posse y Santa Rita. La lectura del acta constitutiva estuvo a cargo de la secretaria de Inspección de Justicia de Paz, Graciela Molinas.

La Justicia de Paz constituye el primer escalón de acceso a la justicia en la provincia y funciona a través de juzgados radicados en cada municipio. Allí los vecinos pueden realizar trámites como multas viales, pequeñas causas vecinales, autorizaciones de viaje para menores, notificaciones, oficios, embargos, constataciones o desalojos.

El rol del juez de Paz resulta clave, especialmente en localidades alejadas de las cabeceras departamentales, ya que permite resolver de manera rápida conflictos cotidianos y derivar aquellos casos que exceden su competencia.

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Poder Judicial de Misiones: gestión, carga de trabajo y transformación institucional marcaron el año

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El Anuario 2024/2025 del Poder Judicial de Misiones ofrece una radiografía integral del funcionamiento del sistema judicial provincial, con datos consolidados sobre gestión, volumen de causas, organización interna y políticas de modernización. El informe permite dimensionar el rol institucional del Poder Judicial en un contexto de alta demanda social, restricciones presupuestarias y creciente exigencia de eficiencia, transparencia y acceso a justicia.

El documento sistematiza información correspondiente al período analizado y constituye una herramienta clave para evaluar el desempeño del servicio de justicia, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en todas sus instancias y fueros.

Volumen de causas, estructura judicial y respuesta institucional

El Anuario detalla la evolución de la carga judicial, desagregada por fueros, circunscripciones y tipos de procesos, reflejando el nivel de litigiosidad y la presión sostenida sobre los órganos jurisdiccionales. La información expone el flujo de ingresos, resoluciones y stock de expedientes, lo que permite observar la dinámica real del sistema y la capacidad de respuesta frente a la demanda ciudadana.

Asimismo, el informe describe la estructura organizativa del Poder Judicial, incluyendo juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías y áreas administrativas, junto con su distribución territorial. Esta arquitectura institucional resulta central para comprender cómo se articula la prestación del servicio de justicia en una provincia con diversidad geográfica y social.

El relevamiento también incorpora datos sobre tiempos de tramitación, modalidades procesales y utilización de herramientas digitales, evidenciando los esfuerzos orientados a mejorar la eficiencia y reducir demoras estructurales.

Modernización, digitalización y gestión judicial

Uno de los ejes centrales del Anuario es la transformación tecnológica y administrativa del Poder Judicial de Misiones. El documento da cuenta del avance de sistemas informáticos, expedientes digitales, notificaciones electrónicas y mecanismos de gestión que apuntan a optimizar recursos y mejorar la trazabilidad de los procesos judiciales.

En este sentido, la información presentada permite analizar el impacto de estas herramientas en la organización interna, en la relación con abogados, auxiliares de la justicia y ciudadanía, y en la capacidad institucional para sostener el funcionamiento del sistema en contextos de alta carga operativa.

El informe también sistematiza acciones vinculadas a capacitación, planificación y control de gestión, lo que refuerza una mirada integral sobre el Poder Judicial no solo como órgano jurisdiccional, sino como institución pública compleja.

Acceso a justicia, transparencia y desafíos pendientes

El Anuario incorpora indicadores vinculados al acceso a justicia, la actuación de defensorías, mecanismos de atención al público y políticas orientadas a garantizar derechos, especialmente en sectores vulnerables. Desde una perspectiva institucional, estos datos permiten evaluar el alcance real del servicio judicial y su capilaridad en el territorio.

Al mismo tiempo, la publicación funciona como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas, al poner a disposición información sistematizada sobre el desempeño del Poder Judicial. En clave de análisis, el informe también deja planteados desafíos estructurales vinculados a la sostenibilidad del sistema, la adecuación de recursos y la necesidad de continuar profundizando procesos de modernización.

En conjunto, el Anuario 2024/2025 configura una radiografía precisa del estado del Poder Judicial de Misiones, útil tanto para el análisis institucional como para el debate público sobre el rol de la justicia en la provincia y su articulación con el resto del sistema democrático.

Anuario Poder Judicial Misiones 2024-2025 by CristianMilciades

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