El mandatario solicitó una audiencia con el Presidente y enfatizó que la decisión del máximo tribunal sobre coparticipación “no pone en riesgo el plan de déficit cero” que Argentina acordó con el FMI.
Tras el fallo de la Corte Suprema que fijó el monto que Nación deberá pagarle a San Luis por la detracción de fondos coparticipables entre 2006 y 2015 (unos $15.000 millones), el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá solicitó formalmente una audiencia al presidente Mauricio Macri para establecer forma y tiempos de pago. Además, sostuvo que el importe “no pone en riesgo el plan de déficit cero” que el Gobierno nacional acordó con el FMI.
“La provincia necesita contar con un plan de pago de esta deuda para poder planificar”, dijo Rodríguez Saá en una conferencia de prensa. Fue la primera aparición pública del mandatario peronista tras la decisión del máximo tribunal de la semana pasada, cuando volvió a expresarse sobre el recorte de coparticipación del 15% para financiar a ANSES y de 1,9% para la AFIP durante el kirchnerismo. Los jueces decidieron poner fin al asunto con la aplicación de tasa pasiva del Banco Nación para actualizar el monto de unos $5.000 millones, deuda original al momento del primer fallo a favor de la provincia a finales de 2015.
“La resolución de la Corte nos alegró enormemente, ya que se trata de un fallo que se dictó hace más de tres años y que ahora las partes tienen 120 días para acordar la forma de pago”, comentó el gobernador, quien estimó la deuda en $16.000 millones. Y destacó al respecto: “Queremos iniciar un procedimiento de diálogo sereno y amable”.
Déficit
Rodríguez Saá cuestionó al Gobierno nacional: “Nunca nos dieron respuesta sobre las tres alternativas de pago propuestas por San Luis, con bonos, obras y dinero, para que se hicieran efectivas mientras discutíamos el tipo de tasa de interés que debía aplicarse a la deuda”. “Ahora queremos tener un plan de pago para que ese dinero no se termine perdiendo en la burocracia”, agregó.
Asimismo, el gobernador relativizó el importe, al mencionar que no es representativo para las arcas nacionales. La semana pasada, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que si la Corte avala también ese criterio para el pedido de Santa Fe -tiene una demanda similar por montos que se cuadriplican-, las partidas para pagar esas deudas serían equivalentes al 15% del esfuerzo fiscal para alcanzar el equilibrio primario en 2019. Sin embargo, Rodríguez Saá, con foco sólo en las acreencias de San Luis, expresó que el pago “no desequilibra los planes del Gobierno en su meta del déficit cero”.
En ese sentido, remarcó que el Presupuesto nacional “es de $4 billones, equivalentes a u$s100.000 mil millones, cuando la deuda con San Luis asciende a u$s400 millones de dólares, el 0,4 por mil; si se acomoda algún gasto superfluo, se nos podrá pagar”.
Destino
El gobernador puntano, que buscará este año su reelección, en medio de una disputa electoral con su hermano, el senador nacional Adolfo, también anunció que el dinero de la deuda se destinará a obras en la provincia.
“También nos encantaría hacer frente a los tarifazos con un plan de energías sustentables y que San Luis fuera autosuficiente; solucionar el problema del transporte urbano e interurbano, que no es necesariamente un subsidio, porque llevaría a la bancarrota a San Luis en 3 años, ya que estamos dispuestos a conversar un gran plan sobre este tema”, manifestó Rodríguez Saá.
Respecto a qué podría pasar si no llegan a un acuerdo con Nación en el plazo de los 120 días, indicó: “Tenemos la posibilidad en septiembre de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago”. Sin embargo, recalcó: “No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”.
El gobernador asimismo recordó que el fallo de la Corte hace referencia que a San Luis “no se le puede oponer el Pacto Fiscal porque no lo firmó”. “Hoy resulta un enorme beneficio no haberlo firmado; vemos que ninguna provincia firmante lo pudo cumplir ni mucho menos el Gobierno nacional y que implicaba renunciar a las deudas y sus intereses”, afirmó.
También recordó el mandatario la consulta popular realizada en la provincia en la que los ciudadanos votaron a favor de reclamar judicialmente la deuda y opinó: “Tengo la obligación, por prudencia política, de ser optimista” respecto del cumplimiento de la sentencia del máximo órgano judicial del país.
