adolfo safrán

Misiones activa alivio financiero: cheques a tasa cero, a cambio de precio mínimo para la yerba

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En medio de la profunda crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Gobierno de Misiones anunció una nueva medida de alivio financiero destinada a sostener la actividad primaria y evitar una mayor descapitalización de productores.

A través del Ministerio del Agro y la Producción, la Provincia confirmó que desde este miércoles 6 de mayo tanto productores como secaderos y molinos podrán descontar cheques en el Banco Macro a 60 y 90 días, con tasa cero, para operaciones vinculadas al mercado yerbatero.

La herramienta no será automática ni indiscriminada: estará condicionada al cumplimiento de un precio mínimo de referencia de $301 por kilo de hoja verde y de $1.160 por kilo de yerba canchada.

La decisión busca atacar uno de los principales problemas que hoy enfrenta la actividad: la falta de liquidez inmediata en el primer eslabón de la cadena y las fuertes asimetrías de negociación entre productores e industria.

Desde la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que dejó al INYM sin capacidad efectiva para fijar precios de la materia prima, los productores denuncian una fuerte caída del valor real de la hoja verde, atraso en los pagos y creciente concentración en manos de grandes molinos.

El propio gobernador Hugo Passalacqua advirtió recientemente en la apertura de sesiones legislativas que “esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico”.

El mandatario fue aún más contundente al cuantificar el impacto económico: “Hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar 505 pesos y ese valor hoy sería $700 por kilo de hoja verde. El ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía”.

La nueva línea de descuento de cheques forma parte precisamente de ese esquema de contención. La Provincia ya había anticipado que una de las prioridades era recuperar herramientas financieras que permitieran sostener capital de trabajo mientras continúa la disputa por los precios.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, había planteado semanas atrás la necesidad de “volver al descuento de cheques e incluir también descuento de facturas, con entidades bancarias y no bancarias”, siempre vinculadas a precios mínimos de referencia.

Ahora, esa primera parte comienza a ejecutarse formalmente.

Un precio mínimo que funciona como condición política

Aunque la Provincia no puede fijar precios oficiales -atribución que quedó virtualmente desactivada tras el DNU 70 y la posterior interpretación jurídica dentro del INYM-, el establecimiento de un piso de $301 para hoja verde funciona como una señal política y económica clara. Es, en los hechos, una forma indirecta de ordenar el mercado, que está pagando en promedio, 250 pesos por la hoja verde

La medida provincial no resuelve el problema estructural: la ausencia de una regulación efectiva del mercado yerbatero.

El Directorio del INYM rechazó recientemente la posibilidad de sugerir un precio de referencia, argumentando que sería contrario al Decreto 812 de Nación y a la lógica de competencia del sector privado.

La votación dejó en evidencia la fractura: el presidente del organismo, representantes de industrias, secaderos y cooperativas votaron en contra; sectores productivos y el representante misionero Ricardo Maciel impulsaron la necesidad de fijar una referencia. Misiones insiste en ese camino.

La Mesa Yerbatera convocada por la Provincia buscó precisamente reconstruir consensos y evitar que la crisis termine trasladándose a toda la economía regional. No se trata solamente de una discusión sectorial: la yerba mueve consumo, empleo y circulación de dinero en miles de pueblos y colonias..

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Error no forzado: Hartfield confundió recaudación nominal con caída real y estallaron las críticas

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En su afán de defender el rumbo económico libertario, el diputado nacional Diego Hartfield cometió un insólito error de nominalidad. El ex tenista quiso poner en duda los reclamos de Misiones por la caída de coparticipación y recaudación y, en cambio, exhibió un llamativo desconocimiento al leer los datos de la recaudación misionera que fueron publicados en las últimas horas, sin tener en cuenta la inflación acumulada.

“Ministro Adolfo Safrán, ahora que publicaron finalmente los datos de recaudación provincial de enero y febrero. ¿Ud me podría explicar dónde están los 40 mil millones menos de recaudación que usted dijo y todo el ex Frente Renovador viene repitiendo hace semanas?”, chicaneó el especialista financiero con una foto de los datos de la recaudación de la ATM. 

Los datos, efectivamente exhiben una caída. En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de este 2026 es la más baja desde el año 2020. 

El inicio del año fue muy débil para la recaudación provincial ya que mostró caídas de similares magnitudes tanto en enero (-23,3%) como en febrero (-23,5%) pero, en ese  marco, la situación se agrava al ver la dinámica del último tiempo: la recaudación muestra variaciones negativas interanuales desde marzo de 2025 y en los últimos siete meses la  misma fue de doble dígito. 

Con los datos de la coparticipación agregados, Misiones perdió 43 mil millones en enero y 41 mil millones en febrero. 

La pifia le valió a Hartfield, quien se jacta de “domar renovadores”, varias críticas filosas en las redes sociales, donde el ex tenista se mueve a sus anchas.

Incluso, su colega Oscar Herrera Ahuad le reprochó la constante desinformación. 

“Nunca es bueno desinformar sobre todo en este tiempo. Hay que ser responsables. Por eso aclaro que se están mezclando nominales con reales y eso distorsiona completamente la lectura. Los datos citados muestran variaciones interanuales nominales, es decir, sin descontar inflación. Cuando se corrigen a precios reales, la situación es otra: Misiones sí tuvo una caída real de recursos en el inicio de 2026”, explicó el ex gobernador.

“Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual”, detalló.

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Frontera con Brasil: gestiones para agilizar el cruce vecinal

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En un contexto donde la dinámica fronteriza es clave para la economía regional, el Gobierno de Misiones avanzó en una agenda concreta con autoridades nacionales y representantes de Brasil para mejorar las condiciones de circulación en los pasos internacionales.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto al ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos Sartori, encabezó una reunión con el director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, intendentes misioneros y prefeitos brasileños, con foco en resolver las dificultades que enfrentan miles de vecinos que cruzan diariamente la frontera.

El eje del encuentro estuvo puesto en el tránsito vecinal fronterizo, especialmente en los pasos de Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Comandante Andresito, donde el actual horario de atención -de 7 a 19 horas- genera fuertes restricciones para trabajadores y residentes de ambos lados.

En particular, se expuso la situación de numerosos trabajadores misioneros que cumplen tareas en Brasil y no logran regresar al país dentro de ese rango horario, lo que obliga a reorganizar rutinas laborales o incluso pernoctar del otro lado de la frontera. Se trata de una problemática específica de estos pasos, poco frecuente en otros puntos del país.

Medidas en análisis y primeras definiciones

Tras las mesas de trabajo, se acordó avanzar en un esquema de análisis integral por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, contemplando las restricciones de la normativa vigente, especialmente en lo referido a controles de seguridad y salida de menores del país.

En paralelo, se definieron una serie de medidas iniciales orientadas a agilizar el flujo fronterizo:

  • Se habilitará el ingreso de ciudadanos brasileños con licencia de conducir, simplificando los requisitos documentales.
  • Se trabajará en la implementación de sistemas de reconocimiento facial en los pasos fronterizos.
  • Se evaluará la ampliación del horario de atención, con foco inicial en San Antonio y otras localidades.

Estas acciones buscan equilibrar la necesidad de mayor fluidez en los cruces con los estándares de seguridad que exige la legislación migratoria argentina.

Una agenda binacional con impacto económico

El encuentro también reflejó la creciente articulación entre actores públicos y privados de ambos países en la región fronteriza. Participaron representantes del Comité de Desarrollo Territorial La Frontera, autoridades del SEBRAE Paraná, intendentes y viceprefeitos de ciudades brasileñas limítrofes, junto a jefes comunales misioneros.

La mejora en los pasos fronterizos no sólo impacta en la vida cotidiana de los trabajadores, sino que tiene efectos directos sobre el comercio, el turismo y las economías regionales, en una zona donde la integración productiva y social es intensa.

En este marco, las gestiones encaradas por Misiones buscan posicionar a la provincia como un actor activo en la agenda de integración fronteriza, con soluciones concretas a problemas estructurales que afectan la competitividad y la calidad de vida en la región.

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Gobernadores se abroquelan: Jaldo se suma a Misiones y rechaza el “relato” del anticipo de coparticipación

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El debate por los adelantos de coparticipación dejó de ser técnico para convertirse en un frente político abierto entre la Nación y las provincias. En ese escenario, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se alineó con la postura que ya había fijado Misiones y cuestionó de manera directa el encuadre oficial de estos fondos como “asistencia”.

No es ayuda, es plata nuestra adelantada que después hay que devolver”, sintetizó el mandatario tucumano al referirse al esquema por el cual el Gobierno nacional habilitó hasta $400.000 millones para doce provincias.

La definición no es menor: implica desarmar el principal argumento de la Casa Rosada y ubicar el mecanismo dentro de una lógica de financiamiento encubierto, donde las provincias toman deuda sobre recursos que ya les corresponden por ley.

Jaldo fue más allá y puso números al deterioro fiscal. Según detalló, Tucumán perdió en los últimos dos años ingresos equivalentes a una planilla y media de sueldos, en gran parte por la reducción de impuestos nacionales como el IVA, que impactan directamente en la masa coparticipable.

El gobernador también sumó otro eje crítico: la paralización de la obra pública nacional. Esa decisión obligó a la provincia a financiar infraestructura con recursos propios, profundizando la presión sobre las cuentas.

El planteo de Tucumán no es aislado. Se inscribe en una línea que ya había marcado Misiones, aunque con una estrategia más sofisticada desde el punto de vista financiero.

La provincia gobernada por Hugo Passalacqua aceptó solo una parte del adelanto ofrecido, pero con una condición central: no lo reconoce como crédito, sino como pago a cuenta de deudas históricas de la Nación.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, fue explícito: “Estos fondos no son financiamiento, son un reconocimiento parcial de obligaciones pendientes”.

La diferencia no es semántica. Mientras algunas provincias utilizan estos recursos para cubrir déficits de caja, Misiones busca evitar una nueva dependencia financiera y, al mismo tiempo, sostener un reclamo estructural por fondos adeudados.

Un contexto que explica el conflicto

El endurecimiento de los gobernadores se explica por un dato de fondo: el deterioro sostenido de las transferencias nacionales.

En el primer trimestre de 2026, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real del 8,3% en las transferencias totales, lo que equivale a una pérdida de $1,56 billones a precios de marzo.

El ajuste se dio por doble vía:

  • Las transferencias automáticas (coparticipación) cayeron 6,4% real
  • Las no automáticas se desplomaron 59,1%

El impacto es directo sobre las finanzas provinciales. En Misiones, por ejemplo, la caída muestra una tendencia sin rebote: -6,98% interanual en el primer trimestre y -12,46% frente a 2023, con marzo marcando el peor registro en la comparación de mediano plazo.

Detrás de estos números aparece un problema estructural: la debilidad de los principales impuestos que alimentan la coparticipación. El IVA, Ganancias y los aportes a la seguridad social crecen por debajo de la inflación, lo que implica una contracción real de la masa distribuida.

En este escenario, el anticipo de coparticipación deja de ser una herramienta técnica y pasa a ser un punto de fricción política.

Para el Gobierno nacional, es un mecanismo habitual que evita que las provincias se endeuden en el mercado a tasas del 30% al 45%, ofreciendo financiamiento en torno al 15%.

Para un número creciente de gobernadores, en cambio, se trata de otra cosa: un puente financiero que esconde un problema más profundo: la caída estructural de los recursos y el traslado del ajuste a las provincias.

Con Jaldo sumándose a esa lectura, el mapa empieza a mostrar un patrón claro: no hay rechazo al instrumento, pero sí al relato.

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Puerto de Posadas: el Gobierno avanza con la licitación y define quienes evaluarán las ofertas

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El Gobierno de Misiones dio un nuevo paso en el proceso de modernización y concesión del puerto de Posadas al formalizar la designación de la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/26. La medida, oficializada mediante decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, apunta a avanzar en una de las iniciativas logísticas más relevantes para la provincia.

El llamado licitatorio, impulsado por la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA), contempla la concesión integral del puerto, incluyendo su adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación, además de la provisión de un servicio regular de flete fluvial bajo esquema de riesgo empresario. Se trata de un modelo que busca atraer inversión privada para potenciar la infraestructura portuaria y mejorar la competitividad logística de Misiones.

En ese marco, el decreto establece que la Comisión de Evaluación estará integrada por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; el ingeniero Luis Enrique Lichowski, con amplia trayectoria en la gestión pública y el desarrollo industrial; y el presidente de la APPSA, Ricardo Enrique Babiak, quien además presidirá el cuerpo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la conformación de esta comisión resulta clave para garantizar la transparencia, idoneidad técnica y rigurosidad en el análisis de las propuestas que se presenten en la licitación. El objetivo es seleccionar la mejor oferta en términos de inversión, operación y sostenibilidad del sistema portuario.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura logística de Misiones, con foco en reducir costos de transporte, mejorar la competitividad de las exportaciones —especialmente de economías regionales como la yerba mate, el té y la madera— y consolidar al puerto de Posadas como un nodo clave en la hidrovía Paraná-Paraguay.

Con este avance administrativo, el proceso licitatorio entra en una etapa decisiva, en la que comenzarán a evaluarse las propuestas de operadores interesados en gestionar y desarrollar el puerto bajo un esquema de inversión privada y operación eficiente.

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