Buenas noticias para el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni: el juez Ariel Lijo aceptó su pedido y le concedió 15 días más para que presente la documentación que justifique las inconsistencias en su patrimonio. Al ex funcionario, que es contador, parece que se le complicaron los números…
Cabe recordar que este miércoles 26/08 vencía el plazo que el fiscal Gerardo Pollicita le había dado a Manuel Adorni para cumplir con el trámite judicial, pero la defensa del ex jefe de Gabinete había pedido una prórroga argumentando que que necesita acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar.
Pollicita, que tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, presentó el pasado 10 de agosto un requerimiento, en el que formuló veinte preguntas sobre las inconsistencias que encontró en la repentina fortuna del ex funcionario.
Esas 20 preguntas son claves para determinar la situación judicial de Adorni. Una vez recibidas, el fiscal definirá si lo cita o no a declaración indagatoria.
Para Pollicita, “los incrementos, adquisiciones y desembolsos” que hizo Adorni durante los dos años y medio que integró el gobierno de Javier Milei“no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.Los 20 puntos que Adorni tiene que justificar
El fiscal le requirió a Manuel Adorni que responda acerca de 20 puntos concretos, entre ellos:El origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos” (sin especificar qué se vendió) Dos préstamos de familiares (Silvia Pais y Norma Zuccolo) sin documentación de la entrega real de fondos La compra de un Jeep El origen de los fondos para el lote de Indio Cuá y su remodelación (incluyendo US$245.000 pagados a un contratista) La compra del departamento de Miró 550 y sus muebles Ingresos “exentos” y supuestas herencias o donaciones invocadas para explicar gran parte del incremento El uso reiterado de terceros para pagar bienes por cuenta suya, con reintegros en efectivo Su operatoria con criptoactivos (incluyendo cuentas no declaradas inicialmente) Comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas por más de $2 millones que no concilian con ningún medio de pago registrado Deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre declaraciones Honorarios notariales facturados a su cónyuge Consumos de terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas Las mejoras declaradas en ambas propiedades Los contadores Adorni, complicados con los números…
Tanto Manuel Adorni como su hermano, el diputado bonaerense de LLA Francisco Adorni son contadores. Y, curiosamente, ambos tienen muchos problemas con los números. Rarísimo… pero también ambos están siendo investigados por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
La semana pasada, Francisco Adorni se presentó espontáneamente ante el juez Daniel Rafecas para evitar ser llamado a indagatoria por “falsear su declaración jurada”. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza presentó un escrito en el que esbozó un insólito argumento: que se “olvidó” de poner “un cero” en la cifra del crédito hipotecario, y en vez de $13 millones eran $130 millones.
El pasado 18/6 el fiscal Guillermo Marijuan pidió citar a declaración indagatoria a Francisco Adorni en la causa donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración patrimonial.
Al decidir la indagatoria, Marijuan recordó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas“.
Debido a sus conocimientos, Marijuan consideró que Francisco “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación” y concluyó que “nos hallamos frente a un experto en la materia”.
El fragmento más contundente del escrito del fiscal asevera que Francisco “insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir en, al menos, sus Declaraciones Juradas Anual 2024 y Baja 2025, con la finalidad de falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones”.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ocupará otro puesto que quedó vacante tras la salida de Manuel Adorni, quien renunció al Directorio de YPF en junio pasado. El funcionario representará así al Estado mediante la Acción de Oro, que le otorga poder de veto sobre decisiones estratégicas y participación directa en la Asamblea de Accionistas.
También tendrá un voto determinante ante eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la petrolera.
El Estado conserva el 51% de las acciones de YPF desde la expropiación de la compañía en 2012.
Director de YPF ad honorem
Diego Santilli no percibirá el salario correspondiente al cargo ya que, según se informó oficialmente, ejercerá el cargo ad honorem, tras renunciar a la remuneración correspondiente a esa función.
En efecto, la renuncia a los honorarios como director de YPF es una práctica que se repitió con los últimos jefes de Gabinete que ocuparon la Acción de Oro.
Manuel Adorni asumió como Director Titular Clase A el 31 de enero de 2026, al hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Al igual que ahora Santilli, Adorni renunció a los honorarios que le correspondían como director de la petrolera y percibió únicamente el sueldo de funcionario público.
Antes de Adorni, Francos había ocupado ese mismo lugar tras asumir como jefe de Gabinete en mayo de 2024, en reemplazo de Nicolás Posse. Francos también declinó cobrar el sueldo como director y se mantuvo únicamente con sus haberes como funcionario. El propio Posse, primer jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, había sentado ese precedente al frente del directorio de la petrolera estatal.
Cuánto cobra un director de YPF
Según el balance de YPF, la remuneración promedio de un director ronda los US$954.000 anuales.
El nombramiento se conoció después de que YPF presentara el mejor trimestre de su historia, con una ganancia neta de US$1.205 millones.
La compañía también informó un EBITDA ajustado récord de US$2.804 millones y un crecimiento de 42% en sus ingresos, hasta US$6.574 millones.
Altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron este miércoles en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito económico formal.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, los representantes del Gobierno explicaron los detalles técnicos y alcances de la actualización de la ley, que incorpora los cambios plasmados en el decreto reglamentario de la norma original.
Desde la oposición llovieron las críticas al considerar que la norma alienta la evasión impositiva y que constituye un “blanqueo permanente” que favorecerá a funcionarios públicos, que no están excluidos del régimen de Inocencia Fiscal.
La ley de Inocencia Fiscal había quedado en la mira luego de que unos días antes de ser eyectado del cargo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaran su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La presidenta de la comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), destacó la propuesta del Poder Ejecutivo y al respecto dijo que el objetivo de este nuevo enfoque del sistema impositivo es “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”.
La cordobesa salió al cruce de quienes consideran desde la oposición que el proyecto favorece la impunidad de los evasores.
“No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”, subrayó.
La primera funcionaria invitada en tomar el micrófono fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien recordó que “el vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes”.
“Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, agregó.
Por su parte, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, comparó la ley vigente con los alcances del proyecto de ley en debate.
“El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas”, comenzó.
“Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, añadió.
A su turno, el director del Banco Central Martín Vauthier calculó el impacto que la medida podría llegar a tener en la economía.
“Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, dimensionó.
“Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, estimó.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi calificó al proyecto de Inocencia Fiscal como “un escándalo” porque favorece a “los estudios contables más grandes de la Argentina”.
Al mismo tiempo, cuestionó que la norma habilite a los funcionarios públicos a adherir al régimen simplificado de Ganancias.
“No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, aseveró.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Néstor Pitrola aseguró que la ley de Inocencia Fiscal configura “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) advirtió que “había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”.
La bonaerense adjudicó esa decisión a la posibilidad de que Adorni adhiriera a la ley de Inocencia Fiscal.
Tras escuchar el aluvión de críticas, Balestrini rechazó que el nuevo proyecto suponga un nuevo blanqueo.
“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, aclaró.
Además, explicó que más allá de lo estipulado en esta nueva ley, los funcionarios públicas seguirán estando obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción como hasta ahora.
En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos aclaró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de junio confirma que el malestar económico ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural con anclaje directo en el bolsillo: el 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes.
La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5%que se reconoce en la clase alta; el resto —cerca de cuatro de cada diez— se percibe de clase media. Esta fotografía no es un dato subjetivo aislado ni una simple etiqueta de autopercepción. A diferencia de otras mediciones donde la clase social es sólo una variable descriptiva, en este informe se convierte en la clave explicativa de todo lo demás: cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, la autopercepción se confirma número por número, y ahí es donde el diagnóstico deja de ser una sensación para volverse un patrón sistemático.
El primer punto de contacto entre percepción y realidad es el salario. El 86,1% de los encuestados afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación, un nivel apenas por debajo del máximo de la serie (86,6% en abril) que confirma que, desde marzo, ese indicador se mantiene estable en una franja alta, sin señales de mejora en los últimos cuatro meses. La estabilización del dato no debería leerse como buena noticia: significa que la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla. Lo notable es que este malestar no es exclusivo de quienes se oponen al Gobierno: entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la inflación, contra un 96,6% entre los votantes opositores. La brecha entre ambos electorados es amplia, pero lo que los separa no es si el ajuste existe —lo sienten los dos, incluso los que respaldan al Presidente— sino cómo se lo interpreta: como costo de una transición todavía en curso para unos, como prueba de un fracaso para otros.
Esa pérdida de poder adquisitivo tiene, además, una fecha concreta en el calendario, y es ahí donde el informe encuentra su dato más contundente. El 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes,y sólo el 13% llega a fin de mes y logra ahorrar. Es en este punto donde la autopercepción de clase deja de ser una etiqueta y se convierte en el eje explicativo de todo el informe: entre los sectores de clase alta, apenas el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; entre la clase media, esa cifra trepa al 43%; y entre la clase baja llega al 86,1% —el mismo número que, a nivel país, dice perder contra la inflación—.
La coincidencia entre ambos indicadores no es casual: describe, desde dos preguntas distintas del estudio, exactamente el mismo fenómeno. Para la mitad de la Argentina que se percibe pobre, quedarse sin salario antes de fin de mes dejó de ser la excepción para convertirse en la norma con la que se convive todos los meses, un ritmo que se repite de manera casi mecánica cada treinta días.
Ese mismo patrón de clase se repite cuando se mide la confianza en el termómetro oficial de los precios, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno aislado al ingreso, sino de una desconfianza más amplia hacia el relato de la estabilización económica. A nivel país, el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria; entre los sectores de clase baja esa desconfianza es sensiblemente mayor, unos 15 puntos por encima del promedio nacional, rozando el 84%.
Cuanto más ajustado está el bolsillo, menos crédito se le da al dato oficial: quien vive al límite del día 20 tiene, lógicamente, menos margen para creer que los precios subieron sólo lo que dice el organismo estadístico. Y esa misma lógica se proyecta hacia el futuro: el 55,1% de los encuestados cree que “lo peor está por venir” en materia económica, contra apenas un 24% que considera que lo peor ya pasó, con el pesimismo otra vez más marcado entre los sectores de clase baja.
La brecha se agranda todavía más si se mira por identidad política: entre los votantes de Milei en 2025, el 55,4%cree que lo peor ya pasó; entre los votantes de la oposición, sólo el 3,4% piensa lo mismo. Es, junto con la fecha en la que se acaba la plata, una de las divisiones más nítidas de todo el estudio: la misma economía, leída como el final de un ajuste necesario por unos y como un fracaso sin salida por otros, según de qué lado de la grieta electoral —y, cada vez más, de qué lado de la pirámide social— se la mire.
Ese cuadro de ajuste generalizado también ordena la agenda de preocupaciones y ayuda a explicar por qué la corrupción, y no la economía, es hoy la palabra que más rápido asocian los argentinos con los problemas del país. Cuando se pregunta, sin opciones cerradas, cuál es en una sola palabra el principal problema de Argentina, corrupción es la respuesta más repetida y Milei aparece en segundo lugar, por delante de economía: el diagnóstico social ya no se agota en una categoría abstracta, se personaliza tanto en una causa estructural como en una figura de gobierno concreta. La pregunta cerrada de preocupaciones lo confirma: corrupción lidera con el 51,3%, apenas por delante de ingresos/salario (48,2%) y de la incertidumbre económica (37,1%). Que la corrupción encabece la respuesta espontánea es la forma en que una sociedad que vive el ajuste en el cuerpo canaliza ese malestar hacia una explicación moral y política, antes que estrictamente económica.
Imagen del Gobierno en este contexto
Frente a este cuadro económico, el dato político de junio llama la atención por contraste. La desaprobación a la gestión de Javier Milei, que venía en ascenso sostenido desde marzo hasta tocar un pico del 61,2% en mayo, retrocedió en junio al 56,6%, cortando por primera vez en cuatro meses la racha negativa; la aprobación, en el mismo lapso, pasó del 32,2% al 33,2%. Es un freno acotado y todavía dentro de lo que puede leerse como estabilización más que como reversión de tendencia, pero contrasta con la dureza del resto de los indicadores: el malestar económico no cede en ninguno de los planos relevados —ni en el salario, ni en el calendario del bolsillo, ni en la confianza hacia el futuro— y, sin embargo, ese malestar dejó de traducirse en más desaprobación para el Gobierno nacional.
Una lectura posible es que ese freno no responda todavía a una mejora real en la percepción económica, sino a que buena parte de la sociedad ya “descontó” el ajuste como parte del paisaje: cuando el deterioro se estabiliza en un piso alto durante varios meses seguidos, como ocurre con el 86,1% de los salarios perdiendo contra la inflación, deja de operar como sorpresa negativa capaz de erosionar más la imagen presidencial.
El freno en la desaprobación de la gestión, sin embargo, no implica que la erosión de imagen haya quedado atrás. El desgaste es un fenómeno que atraviesa a casi toda la dirigencia medida: de las cuatro figuras del informe, tres tienen balance neto de imagen negativo en junio —Milei (-22,4 pp), Kicillof (-13,8 pp) y Bullrich (-13,3 pp) —, y sólo Myriam Bregman muestra un balance positivo (+3,8 pp), con la mejor imagen positiva del grupo (44,1%). Más que una debilidad puntual del oficialismo, el dato sugiere un humor social crítico con la dirigencia política en general, donde ningún referente logra, por ahora, capitalizar de forma sólida el malestar económico que describe el resto de este informe.
Cuando se analiza por tipo de votante, tanto en 2023 como en 2025, el crecimiento de Bregman parece estar capitalizando, al menos en parte, a un electorado que no encuentra representación plena ni en el kirchnerismo ni en el peronismo más tradicional. Ambos espacios, absorbidos por sus disputas internas, no logran generar un debate de propuestas que interpele a una sociedad que reclama alternativas. Ese vacío es el que el espacio de Bregman parece estar ocupando.
En un contexto donde gran parte de la sociedad no logra recomponer sus ingresos y convive con el ajuste —ya sea aceptándolo como condición necesaria para una mejora futura, o rechazándolo como un fracaso de modelo—, lo que no aparece con claridad es una oposición que le hable a ese malestar, que genere propuestas y plantee un horizonte alternativo. En la práctica, Milei enfrenta una oposición más ocupada en sus conflictos internos que en capitalizar los errores del Gobierno. Eso le despeja el escenario a oficialismo.
Con los recientes cambios en el gabinete —la salida de Adorni y el ingreso de perfiles más dialoguistas—, si la economía cotidiana comienza a mejorar, el año 2027 podría ser relativamente tranquilo para un gobierno que ya logró estabilizar la macro y que tiene pendiente estabilizar la micro. Si lo consigue, y considerando la ausencia de figuras opositoras con peso propio —incluyendo la del centroderecha, como el PRO, que podría plantearle una interna competitiva—, la reelección empieza a ser un escenario plausible. La condición, en todo caso, sigue siendo la misma: que la mejora llegue a los ingresos y al día a día de las familias.
Pese a su salida del cargo, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia, uno de los privilegios de los que gozan los funcionarios, por “cuestiones de seguridad”.
Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada. “Por motivos de seguridad por ahora se mantiene”, reveló ante la pregunta del periodismo acreditado.
En su carta de renuncia, el exvocero reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito por lo que elevó a la justicia el tema.
Por su parte, el presidente Javier Milei también referenció el tema y sostuvo que “se metieron con los hijos” de su ex ministro coordinador. “Cuando se toca a la familia no se jode”, supo explicar el mandatario, y agregó: “Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable”.
El plazo de mantenimiento de la custodia, a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, podría ser de un año.
Asimismo, Ravier negó esta mañana que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.
El proceso de investigación interna surgió luego de que se conociera que la directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno Laura Schiuma, compró le prestó su tarjeta de crédito al ex jefe de Gabinete para comprar un monitor gamer de más de $2 millones, y que la secretaria privada, GiselaKocsis, realizara compra de ropa blanca por más de $4 millones.
“Él tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará”, sentenció el actual vocero.
