ADORNI

Entre el ajuste y la realidad paralela

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Las movilizaciones en defensa de la universidad pública volvieron a llenar calles y plazas en distintos puntos del país. Estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias reclamaron contra el ajuste presupuestario y denunciaron el ahogo financiero que atraviesan las casas de estudio. Pero hay que tener en cuenta que el conflicto tiene, además, un componente institucional grave: el Gobierno sigue sin cumplir plenamente con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.

Es decir, no se trata solamente de una disputa política o presupuestaria. El Ejecutivo decidió desconocer en los hechos una norma respaldada por amplias mayorías parlamentarias. Y lejos de buscar una salida, la respuesta oficial fue profundizar el ajuste y redoblar las provocaciones contra quienes protestan.

El Gobierno insiste en presentar las marchas como una maniobra partidaria, intentando desacreditar a estudiantes, docentes y rectores. Pero el problema para la Casa Rosada es que la protesta excede ampliamente cualquier estructura política: expresa un malestar social cada vez más extendido frente al deterioro salarial, la caída del poder adquisitivo y el desmantelamiento de áreas sensibles del Estado.

En ese contexto, la entrevista que dio esta semana Javier Milei volvió a mostrar un nivel de agresividad preocupante. El presidente recurrió otra vez a insultos, descalificaciones y ataques personales contra periodistas, opositores y sectores críticos. Cualquier cuestionamiento es presentado como una conspiración, cualquier disidencia como un enemigo a destruir.

La lógica oficial parece ser gobernar en estado permanente de confrontación. Pero el desgaste empieza a aparecer. Las últimas encuestas muestran una caída en la imagen presidencial y un crecimiento del rechazo, incluso en sectores medios que inicialmente acompañaron el ajuste con expectativas de estabilización económica.

A eso se suma el protagonismo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, defendido a ultranza por el presidente, pese a las denuncias en su contra y una de las figuras más representativas del estilo político del Gobierno. En medio de los conflictos sociales y económicos que atraviesa el país, Adorni aparece como el principal defensor mediático del ajuste y de las descalificaciones oficiales contra periodistas, estudiantes, opositores y sectores críticos. Para muchos, ocupa el rol de verdadero “ministro de la realidad paralela”: el encargado de negar el deterioro social, relativizar los conflictos y construir un relato donde todo reclamo es una operación, toda crítica un ataque político y, fundamentalmente, ocultar su propia corrupción.

La gestión parece correrse del terreno político para refugiarse en la provocación cotidiana, las conferencias performáticas y la confrontación permanente. Pero mientras el Gobierno insiste en discutir enemigos imaginarios, la realidad empieza a golpear incluso a sectores que hace apenas meses respaldaban el rumbo oficial.

La marcha universitaria dejó entonces algo más profundo que una foto multitudinaria. Funcionó como síntoma de un clima social que empieza a cambiar. Porque cuando un gobierno responde a cada reclamo con insultos, ajuste y provocaciones, el problema deja de ser solamente económico: pasa a ser también político y democrático.

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El contratista de Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia y ratificó pagos en efectivo

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El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua. Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en USD 245.000— y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.

Ampliación de la declaración judicial

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de USD 94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

Pagos en dólares y contexto económico

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, afirmó.

El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios. Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente USD 20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.

“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.

Conversaciones y detalles de la obra

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

Defensa pública del jefe de Gabinete

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.

En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

Un caso en desarrollo

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

Impacto político y judicial

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.

La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno

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La Justicia también investiga al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6 y fue impulsado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien ordenó una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde 2020 hasta la actualidad.

La pesquisa se concentra en determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado durante el período en que Francisco Adorni ocupó cargos dentro del Ejecutivo nacional. Primero se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, desde junio de 2025, quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según el dictamen fiscal, no registraba antecedentes públicos relevantes en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la rápida incorporación de bienes registrables de alto valor.

El punto central de la investigación está en la evolución de su declaración jurada. Al asumir funciones públicas declaró el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,79 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones, además de otros bienes y dinero que totalizaban $43,79 millones, sin deudas declaradas. Sin embargo, en la declaración jurada anual de 2025 informó un patrimonio neto de $80,5 millones.

Ese salto patrimonial se explicaría principalmente por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, sobre todo, por la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.

Allí aparece la principal sospecha del fiscal. En el dictamen, Marijuan sostuvo que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento del salario percibido”, el flujo de ingresos resultaría insuficiente para explicar la cancelación de ese pasivo en un plazo de apenas 12 meses. Ese punto se convirtió en el eje de la investigación judicial.

Para avanzar con la causa, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y pidió informes a una amplia red de organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos figuran ARCA, el Banco Central, la UIF, la IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, además de compañías aseguradoras y firmas de envío de dinero. También se pidió al Banco Provincia el detalle completo de los pagos imputados a la cancelación del crédito hipotecario durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo fechas, montos, medios de pago y origen de los fondos.

Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo del funcionario, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción también se le solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.

Aunque la denuncia original también hacía menciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que esas referencias no forman parte de esta investigación específica, que por ahora se concentra exclusivamente en Francisco Adorni.

El expediente suma presión política sobre el entorno del Gobierno nacional en un contexto de creciente exposición pública del caso Adorni, que ya comenzó a generar ruido en el oficialismo y en la oposición, donde distintos sectores impulsan pedidos de explicaciones y mayores controles sobre la evolución patrimonial de funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo.

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Caputo anunció como será el RIGI para incentivar la “industrialización de los recursos naturales”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la creación de un “SUPER RIGI” que busca la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina.

“Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas”, explicó el ministro.

Añadió como sectores que podrían beneficiarse la fabricación de “baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes”.

“Lo mejor es que este esquema englobará sectores o industrias que no existen en Argentina”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

Explicó que “la idea es que darles condiciones a estas industrias que tienen márgenes muy bajos”.

Caputo precisó que “la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el SUPER RIGI será de 15%”.

Además la amortización será “más adelantada de 60% en el primer año y de 20% en los dos siguientes”.

A esto se suma una “exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación”.

Por otro lado, las provincias que adhieran no podrán cobrar ingresos brutos mayor a 0,5% y no se podrán cobrar tasas municipales a las ventas.

Caputo señaló que todavía que no se definió el monto mínimo de inversión y adelantó que el proyecto irá al Congreso de la próxima semana.

El ministro afirmó que “este no es un esquema que no apunta al corto plazo, sino que se beneficiarán los próximos gobiernos incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales”.

“Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir donde se invertirá”, enfatizó.

El ministro subrayó que el objetivo del Gobierno “es atraer inversiones”. En esa línea, aseguró que “las ideas de la libertad funcionan” y por eso “hay interés en venir a la Argentina”.

Afirmó que habrá en las próximas semanas los pedidos de inversión por el RIGI alcanzaran a US$140.000 millones.

Caputo habló este mediodía durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la que también participó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El ministro recordó que “Argentina incurrió en un exceso de gasto público que derivó en un enorme déficit fiscal y el aumento de impuestos para financiarlo hizo a nuestra economía menos, eficiente y menos competitiva”.

Caputo descartó que el caso Adorni impacte en el Riesgo País

Caputo, desestimó este jueves que el caso Adorni haga subir el Riesgo País, insistió en que el “Riesgo Kuka” es el que influye sobre ese indicador y destacó que Argentina se está “empezando a recibir de país serio“.

“Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”, sostuvo el funcioanrio en la rueda de prensa en Casa Rosada que compartió con Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Para graficar su afirmación, el titular de Hacienda contó que en su visita a Los Ángeles se reunió con empresarios. “En confianza, uno inversor se rió y nos dijo: miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de gabinete tiene una almohadilla”. 

Luego, siguió dando detalles de la situación económica y apuntó que el escenario económico no debe modificarse si “hay ruido político”. “En Perú, cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros no estamos recibiendo de país serio”, ejemplificó.

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Pese a que Adorni negó pagos a la productora de Grandio, los registros muestran transferencias mensuales

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La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de GabineteManuel Adorni, continúa y en estas últimas horas se dio a conocer que la productora Imhouse perteneciente a su amigo y periodista Marcelo Grandio, cobró $3.012.900 por la emisión del programa ‘Enredados‘, que conduce el empresario, y que se difundió por el streaming que tiene la TV Pública, a partir de septiembre del año pasado.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandío en avión privado desde Punta del Este.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pago realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno“.

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro, conducido por Grandio Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Gradio con el Estado y losviajes en jet privado al exterior.  

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

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