AFIP

Las transferencias por Coparticipación aumentaron en agosto por sexto mes consecutivo

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Las transferencias en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos -el principal ingreso de la provincia- aumentaron en agosto por encima de la inflación por sexto mes consecutivo.

Misiones recibió el mes pasado un “cheque” por Coparticipación de $2.101 millones, lo cual representa un 34,4% más que los $1.563 que percibió en el mismo mes del año pasado. Con una inflación en ese período que estuvo en torno al 23,5% (aún no se conoce el dato oficial de agosto).

Esto significa un crecimiento en términos reales y es el séptimo mes que la provincia -al igual que el resto de las 23 jurisdicciones- experimenta esta recuperación.

De esta forma, lentamente el Estado misionero va recuperando algo de lo que perdió en todo 2016 y enero de 2017, cuando los aumentos por “Copa” ni siquiera alcanzaban a empatarle a la suba de precios y así mantener el poder adquisitivo de esta masa de dinero. Siete de cada 10 pesos que recibe el Estado misionero corresponden a la Coparticipación de impuestos.

¿Por qué aumenta la Coparticipación? Básicamente por la recuperación de la recaudación nacional de la AFIP, combinada con la desaceleración de la inflación.

En agosto el ente que conduce Alberto Abad recaudó $221.275 millones, impulsado por un incremento de los impuestos ligados al consumo, como el IVA.

La otra buena noticia tuvo que ver con el aumento del Fondo Federal Solidario, que reparte una porción de los ingresos fiscales por las retenciones a las exportaciones del complejo sojero.

La suba del dólar previa a las PASO y los resultados positivos que sacó Cambiemos en todo el país, sumados a la posterior “calma” cambiaria, originaron que los exportadores se decidieran a empezar a liquidar sus ventas al exterior.

Esto no venía sucediendo en los últimos meses, cuando los sojeros estaban “sentados” arriba del grano, esperando una recuperación de la cotización del dólar.

Misiones recibió en agosto 58,8 millones de pesos por el Fondo de la Soja, que representó 43% más que el año anterior, cuando obtuvo $41,4 millones. Como siempre, un tercio de este dinero se reparte entre los 75 muncipios de la provincia.

Inequidad

Como todos los meses, los envios por Coparticipación provincia por provincia volvieron a dejar de manifiesto la inequidad distributiva de la que Misiones es una clara perjudicada. Siendo la provincia más poblada del NEA, es la que menos recibe.

Chaco obtuvo giros por $3.114 millones; Corrientes por $2.343 millones y Formosa $2.239 millones.

Aumento de la Coparticipación en términos reales por 5to mes consecutivo

Marzo  $1.495 millones  –   29,8% de aumento interanual –

Abril   $1.532 millones – 30,7%

Mayo  $2007 millones  27,2%

Junio  $2.167 millones  30,5%

Julio   $2.103 millones   46,5%

Agosto $2.101 millones 34,4%

 

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Para el Gobierno los monotributistas son “muchos”

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Según el ministerio de Hacienda, de los 3,2 millones de anotados en el régimen “una cantidad importante” no deberían estar allí sino ser autónomos.

El gobierno reconoció ayer oficialmente que los adherentes al régimen del monotributo están en la mira de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y que se profundizará la fiscalización en el régimen para determinar quién puede continuar anotado y quién será excluido. El subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, advirtió ayer que “muchos” contribuyentes que están registrados como monotributistas “no deberían estar en esa condición porque registran inconsistencias con el régimen. “Hay una cantidad importante, de 3,2 millones de monotributistas, de los cuales es probable que un gran grupo esté en este régimen por cuestiones atendibles, pero muchos otros no debieran estar en esa condición”, dijo Edelstein al hablar en el 19° Simposio de Legislación Tributaria organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. En estos casos, la idea oficial es que se los recategorice y que comiencen a operar como autónomos.

Según lo que dispuso el organismo que maneja Alberto Abad, y tal como adelantó ayer este diario, están en la mira unos 300.000 de los adherentes al monotributo, los que fueron, por ahora, suspendidos, hasta que los mismos contribuyentes concurran a las agencias donde están anotados para aclarar la situación. Tendrán tiempo hasta el 26 de este mes para apelar la sanción y, eventualmente, volver a estar dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Las sanciones aparecen cuando la suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el último año exceda el límite máximo establecido; los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos; o no se alcance la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia requerida.

De acuerdo con el listado publicado por la AFIP, los que ya están excluidos sumar unos 1.100 contribuyentes, expulsados por no cumplir con la suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el último año exceda el límite máximo establecido.

Ayer la AFIP confirmó oficialmente, a través del Boletín Oficial, que en enero se incrementarán tanto los montos del impuesto integrado y de los aportes a la jubilación y a la obra social, como también los topes de facturación y de alquileres devengados para estar en cada una de las categorías. Según dispone la ley 27.346, los números del sistema se irán ajustando anualmente según el incremento otorgado a los jubilados y pensionados de la ANSES en los meses de marzo y septiembre.

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La recaudación tributaria creció 33,5% en agosto y generó ingresos por $ 221.275 millones

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La recaudación tributaria de agosto creció 33,5% en relación a igual mes del año pasado al sumar ingresos por $ 221.275 millones, lo que se explicó por el desempeño del Impuesto a las Ganancias (36%), IVA (37,5%) y retenciones (43,4%), informó hoy el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.

La recaudación tributaria de agosto creció 33,5% en relación a igual mes del año pasado. El total registrado fue $221.275 millones según comunicó la AFIP.

Los impuestos que mostraron un desempeño mejor fueron Ganancias (36%), IVA (37,5%) y retenciones (43,4%) según informó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.

El dato de agosto mostró que la recaudación crece por encima del ritmo al que suben los precios. Consultoras privadas estiman que la inflación de julio -último dato publicado- fue 22,9% anualizada. En agosto se espera un ritmo menor con lo cual los ingresos crecen cerca de 10 puntos porcentuales por encima de los precios.

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Desde septiembre, alojamientos para turistas extranjeros deberán emitir factura “T”

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Según la resolución general 4106 – E de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicada en el Boletín Oficial, desde septiembre, los contribuyentes que presten servicio de alojamiento a turistas extranjeros deberán emitir factura “T”.

Dicha factura se creó para la devolución de IVA a los turistas extranjeros que se hospeden en el país.

De esta manera, ya no se podrá emitir facturas “A” y “B”, debiendo cumplir con el régimen de información correspondiente hasta el día 15 del segundo mes inmediato siguiente al período mensual de que se trate.

Los contribuyentes deberán solicitar autorización mediante el sitio “web” del organismo y cumplir con el régimen de información establecido por la Resolución General N° 3971 (AFIP) y la Resolución N° 566/16 (MT).

Si bien la obligación de emitir los nuevos comprobantes estaba prevista para el 1 de abril de 2017 y el 1 de julio de 2017, por “inquietudes planteadas por las entidades representativas del sector hotelero” AFIP resolvió ampliar los plazos.

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Corrientes: solicitaron juicio oral para ocho personas acusadas de explotar a cuarenta trabajadores misioneros

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El fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Paso de Los libres, Aníbal Fabián Martínez, pidió juicio oral y público para ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos -ubicados en aquella ciudad- pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito S.A.”, donde cuarenta trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a condiciones infrahumanas.

Según el dictamen del fiscal Martínez, los cuatro principales imputados son Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito S.A.”

En tanto, otras cuatro personas están imputadas en grado de partícipes necesarios. Se trata de Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.”, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.

Los cuatro principales imputados están sindicados como quienes se habrían encargado de captar a gran parte de las víctimas, en su mayoría oriundas del norte de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.

Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos.  Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie.

Para el representante del MPF, a lo largo de la investigación se pudo determinar que Rolando Abel Díaz, Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone eran los directivos y/o administrativos de la cooperativa encargada de incorporar asociados que desarrollen las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma “El Batelito S.A.” (locatario) en la que Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara formaban parte del directorio.

Al momento de su declaración, todas las víctimas fueron coincidentes en sus manifestaciones. Declararon que en su mayoría provenían de la provincia de Misiones, motivo por el cual debían quedarse en el lugar durante aproximadamente 45 días. Señalaron que dormían hacinadas en un colectivo viejo y una especie de casilla de metal, sin agua potable, ni luz ni baños, y que no contaban con los elementos necesarios para conservar los alimentos a consumir.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie. Los trabajadores detallaron además que no contaban con un botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas que realizaban.

Aseguraron asimismo que no firmaron un contrato con la empresa “El Batelito S.A.” para la que prestaban sus servicios, sino que algunos de ellos firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada”.  Finalmente, también indicaron que los imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.

La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.

En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.

Larga investigación

En 2013 se allanaron nueve domicilios en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, relacionados con la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.

“La cooperativa colocó 1.363 empleados en diferentes empresas que evadieron, a lo largo de dos años y medio, un promedio de $1,8 millones mensuales por no pagar aportes y contribuciones sociales”, indicó la AFIP en un comunicado.

Los trabajadores prestaban servicios en empresas agropecuarias, industrias, comercios, citrícolas, frutihortícolas, yerbateras y agroforestales con las que operaba la entidad.

“En la práctica, facilitó la evasión de $52,2 millones en aportes y contribuciones de la Seguridad Social a lo largo de dos años y medio”, indicó la AFIP.

La entidad llegó a registrar operaciones con más de 500 empresas usuarias, a las que les facturó desde el 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013 servicios por $115,5 millones, lo cual equivaldría a un evasión de $6,5 millones en IVA.

Las investigaciones preliminares confirman que desde sus comienzos la Cooperativa utilizó a 26.000 “asociados” a través de una megaestructura administrativa dispersa en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.

Por las maniobras detectadas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) le retiró la autorización para funcionar, y los responsables podrían recibir la pena de prisión de nueve años por el delito de evasión fiscal agravada.

 
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