Agenda legislativa

Herrera Ahuad: “Hay que discutir las leyes que la sociedad está pidiendo”

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El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, trazó un diagnóstico del actual escenario político argentino, marcado -según su visión- por un oficialismo definido y una oposición todavía en proceso de reorganización. En ese contexto, consideró que el Congreso atraviesa una etapa de negociaciones intensas y que el desafío central será avanzar en reformas que la sociedad reclama desde hace años.

“El escenario político nacional hoy tiene una certeza que es el oficialismo y una oposición con muchos fragmentos que se van acomodando más por cuestiones internas de cada espacio”, señaló el legislador misionero. A su entender, el proceso de reconfiguración política aún está en marcha y tomará forma a medida que avancen los próximos meses.

Herrera Ahuad mencionó como ejemplo los movimientos recientes dentro del PRO, con reuniones encabezadas por Mauricio Macri, y también el proceso de reorganización del justicialismo, que -según indicó- todavía no ha consolidado una figura con capacidad de convocatoria nacional, más allá del peso político del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Para el ex gobernador de Misiones, el desafío principal de los espacios opositores será definir una propuesta clara de país. “Lo primero que debe generarse es una idea hacia dónde va la oposición, cuál es su postura sobre la Argentina actual y qué propuesta tiene hacia adelante como oferta electoral”, afirmó.

En paralelo, señaló que las provincias atraviesan dinámicas similares, con oficialismos consolidados y oposiciones que buscan reconfigurarse. En el caso de Misiones, explicó que la política provincial mantiene una identidad propia respecto del escenario nacional, con distintos espacios que irán consolidándose en el transcurso del tiempo.

En ese marco, Herrera Ahuad definió el momento actual como una etapa de negociación política intensa. “Creo que son tiempos de grandes negociaciones, pero sobre todo de ponerse de acuerdo a nivel nacional en una idea de qué es lo que queremos para la Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre el funcionamiento del Congreso y la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo, el diputado diferenció la lógica partidaria de las necesidades institucionales. Según explicó, muchas de las normas debatidas en el Parlamento forman parte de una agenda que la sociedad viene reclamando desde hace tiempo.

“Hay leyes que han estado siempre en la agenda nacional y que la mayoría de los argentinos le ha dado la derecha para que se lleven adelante”, indicó. Entre esos temas mencionó el debate sobre una nueva legislación laboral y la discusión sobre la imputabilidad de menores, cuestiones que -remarcó- estuvieron presentes en distintos programas electorales.

Desde su perspectiva, el Congreso debe priorizar las leyes que aporten soluciones concretas a los problemas del país. “No tiene nada que ver con la política partidaria. Hay leyes que no deberían tener bandería política, sino que tienen que servir a la sociedad”, subrayó.

En relación con la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei, que plantea la posibilidad de tratar cerca de 90 proyectos durante el período parlamentario, Herrera Ahuad consideró que el volumen de iniciativas no es inusual desde el punto de vista legislativo.

“A mí no me sorprende que se plantee discutir 80 o 90 proyectos. En la Legislatura de Misiones, por ejemplo, se sancionan alrededor de 100 leyes por año. Estamos muy acostumbrados a trabajar con volumen y también con calidad legislativa”, explicó.

No obstante, reconoció que el nivel de negociación requerido en el Congreso nacional es mayor que en las legislaturas provinciales. “En una provincia es más sencillo acordar. A nivel nacional las discusiones son más complejas, pero eso no significa que no se pueda avanzar”, señaló.

El legislador también anticipó algunos de los debates que podrían marcar la agenda parlamentaria en los próximos meses. Entre ellos mencionó una eventual reforma electoral y nuevas discusiones vinculadas al financiamiento universitario, además de otros proyectos estructurales que podrían llegar al Congreso.

Para Herrera Ahuad, el rol del Parlamento es justamente abordar esas discusiones, incluso cuando implican debates profundos sobre el rumbo del país. “La gente nos puso ahí para discutir cosas y no para dejar la historia como está”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Argentina enfrenta una oportunidad para revisar normas y políticas que, en su opinión, han mostrado limitaciones durante las últimas décadas.

“La historia de los últimos veinte años fue compleja en la aplicación de leyes y en muchas decisiones políticas. Hoy hay discusiones profundas que se tienen que dar en el ámbito político”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el actual período legislativo tiene una característica que podría favorecer esos debates: no se trata de un año electoral. “Hay que dar estas discusiones en un año que no es electoral, porque permite hacerlo con mayor responsabilidad”, concluyó.

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La Libertad Avanza ordena su estrategia: impulsa Boleta Única y acelera la consolidación territorial

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La Libertad Avanza reunió en la Ciudad de Buenos Aires a sus 24 jefes provinciales y definió una hoja de ruta con dos ejes centrales: impulsar la implementación de la Boleta Única en todo el país y consolidar el partido con estructura propia en cada distrito. El encuentro, encabezado por la presidenta partidaria Karina Milei y el vicepresidente Martín Menem, se realizó en la sede de Avenida de Mayo y funcionó como señal interna tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La decisión no es menor. El oficialismo busca transformar el instrumento de votación de cara a las próximas elecciones y, al mismo tiempo, dejar atrás la dependencia de alianzas locales para fortalecer su identidad política. La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida liderazgo hacia adentro y ordena la estrategia parlamentaria, o si abre un nuevo frente de tensión con sectores políticos que resisten cambios en el sistema electoral.

Boleta Única y arquitectura institucional: la agenda del Gobierno

El impulso a la Boleta Única aparece como el principal acuerdo político del encuentro. El propio presidente Javier Milei ya había marcado ese objetivo en su discurso ante el Congreso de la Nación Argentina, donde lo vinculó con la transparencia y la modernización del sistema electoral.

Ahora el partido lo traduce en línea orgánica. La conducción nacional pretende avanzar en su concreción e implementación para las próximas elecciones, lo que supone un debate legislativo que requerirá mayorías y acuerdos más allá del núcleo propio.

La reunión también sirvió para repasar el paquete de 90 proyectos de ley que el Ejecutivo planea enviar este año al Congreso. Tras la aprobación en extraordinarias de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo apunta a reformas estructurales: un nuevo Código Penal y una ley de “libertad educativa”, entre otras iniciativas que, según lo expresado por el Presidente, buscan rediseñar la arquitectura institucional del país durante nueve meses consecutivos de impulso legislativo.

En términos políticos, el mensaje es claro: el Gobierno no quiere un año defensivo, sino ofensivo en materia de reformas.

Partido propio y control territorial: el otro frente estratégico

El segundo eje acordado fue acelerar las afiliaciones en cada provincia. La conducción nacional quiere que La Libertad Avanza tenga sello propio en todos los distritos, sin depender de alianzas locales.

Ese movimiento tiene lectura de poder. Un partido con estructura formal en cada provincia fortalece la capacidad de negociación, ordena candidaturas y reduce intermediaciones. También permite disciplinar estrategias electorales y parlamentarias bajo una conducción nacional más centralizada.

En paralelo, amplía la base territorial de un espacio que llegó al Gobierno con armado heterogéneo. La consolidación institucional se convierte así en una condición para sostener la agenda de reformas en el Congreso.

Correlación de fuerzas y desafíos legislativos

Impulsar la Boleta Única exige debate parlamentario y construcción de mayorías. Allí se medirá la capacidad del oficialismo para articular con aliados y administrar diferencias con la oposición.

La agenda de 90 proyectos también tensiona el calendario legislativo. Reformas como el nuevo Código Penal o la ley de “libertad educativa” abren discusiones de alto impacto institucional y político. El Gobierno propone avanzar con un paquete de diez iniciativas durante nueve meses ininterrumpidos, un ritmo que exigirá coordinación fina entre el Ejecutivo y el Congreso.

En este contexto, la consolidación partidaria no es solo organizativa. Es una herramienta para respaldar la ofensiva legislativa y sostener cohesión interna ante debates que pueden fragmentar apoyos.

Un movimiento táctico con proyección

La reunión en la sede de Avenida de Mayo dejó una señal doble: orden interno y agenda externa. La Libertad Avanza busca institucionalizar su fuerza y, al mismo tiempo, acelerar reformas que redefinan reglas de juego.

Si la Boleta Única avanza, el sistema electoral argentino podría modificarse de manera estructural. Si la consolidación territorial prospera, el oficialismo llegará a las próximas elecciones con mayor autonomía en cada distrito.

Queda por ver cómo responderán las demás fuerzas en el Congreso y qué nivel de consenso logrará el Ejecutivo para sostener un año legislativo intenso. La estrategia está delineada. Su viabilidad dependerá de la correlación de fuerzas que logre construir en las próximas semanas.

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Encuesta revela respaldo social a la reforma laboral y presiona al Gobierno para ir más rápido

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Un estudio nacional detectó que el 62% consideraba “urgente” la reforma laboral y que seis de cada diez avalan cambios estructurales.

La reforma laboral impulsada por Javier Milei cayó de manera mayoritariamente positiva entre los argentinos y es percibida como una transformación de carácter urgente. Así lo confirma un relevamiento de DC Consultora dirigida por Aníbal Urios, que detectó un cambio cultural profundo: seis de cada diez encuestados consideran imprescindible avanzar con modificaciones estructurales, incluso cuando implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

La calle valida la reforma y exige más profundidad

En plena negociación legislativa y con la reforma laboral ya convertida en ley, un estudio privado expuso un dato político que reordena el tablero: el 62% de los encuestados respondió “sí, claro” cuando se le preguntó si la reforma es urgente, y seis de cada diez reclaman avanzar en transformaciones estructurales, incluso si implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

El relevamiento fue realizado por DC Consultora, dirigida por Aníbal Urios, y se apartó de las tradicionales mediciones de imagen o intención de voto para indagar sobre el rumbo que la sociedad pretende para el país. El resultado no solo muestra respaldo al cambio impulsado por el Gobierno de Javier Milei, sino que agrega un elemento incómodo para la política: una parte significativa del electorado considera que las modificaciones podrían haber sido más profundas.

Ante la consulta sobre el contenido concreto de la reforma, un 30% la consideró adecuada en su forma actual, mientras que otro 30% la calificó como “muy light” y pidió mayor intensidad en los cambios. El dato introduce una tensión implícita: mientras el oficialismo negocia en el Congreso para garantizar gobernabilidad, una franja de su base social parece demandar menos concesiones y más velocidad.

Reforma laboral y giro cultural

Según el estudio, el punto de inflexión se produjo en 2023, cuando el electorado optó por un cambio que, de acuerdo con el consultor, difiere de experiencias previas. La lectura es que existe una demanda por una “Argentina totalmente distinta” a la de las últimas décadas, aunque no bajo una lógica de ruptura desordenada, sino en una proporción que el sondeo describe como “60-40”.

En ese marco, la reforma laboral se inscribe en un proceso más amplio de revisión de reglas económicas. Entre los puntos debatidos figuran el fraccionamiento de vacaciones, la modificación del cálculo indemnizatorio —que excluye algunos ítems— y la revisión de licencias. Sobre este último punto, el 62% se manifestó a favor de analizar el régimen por enfermedad, bajo la percepción de que existen abusos.

La ciudadanía, según el estudio, distingue entre lo que debe modificarse y lo que funciona. No aparece una demanda de desregulación total, sino un mandato selectivo: mantener lo que opera y reformar lo que genera distorsiones.

Apertura económica, impuestos y mapa de responsabilidades

El trabajo también midió percepciones sobre apertura comercial y presión impositiva. En un contexto donde sectores productivos advierten dificultades para competir con importaciones —con casos de empresas que anunciaron cierres o alertas por competencia externa—, el respaldo social a la apertura convive con un reclamo de equidad fiscal.

Casi el 49% señaló a los impuestos provinciales como los que más afectan su vida cotidiana, frente a un 36% que apuntó a los nacionales. El dato reconfigura el discurso federal: mientras algunos gobernadores denuncian desfinanciamiento por la caída de transferencias y coparticipación, parte de la sociedad identifica en tributos locales como ingresos brutos, patentes o inmobiliario el principal “dolor tributario”.

El mensaje es doble. Por un lado, el ajuste nacional es internalizado como necesario por una franja amplia. Por otro, crece la presión hacia provincias y municipios para revisar su estructura impositiva si quieren sostener legitimidad política.

Seguridad y prioridades: un desacople en agenda

Otro hallazgo relevante es el contraste en materia de seguridad. Aunque el Gobierno impulsa con fuerza el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, apenas el 7,8% lo identifica como el principal problema en esa área. En cambio, el 51,56% señala al accionar del Poder Judicial como la raíz de la inseguridad.

Este desacople no necesariamente debilita la estrategia oficial, pero sí reorienta el foco. Si la opinión pública percibe que el problema radica en la respuesta judicial, el Ejecutivo podría encontrar allí un nuevo eje de confrontación política, en línea con su narrativa de disputa contra estructuras que frenan el cambio.

Gobernar con datos en un clima de alta expectativa

El estudio describe 2026 como “el año de las expectativas”, en el que la sociedad esperará que las reformas se traduzcan en mejoras tangibles en la economía diaria. La aprobación legislativa ya no será suficiente: el respaldo está condicionado a resultados.

En un escenario de tolerancia transaccional, donde el apoyo social se sostiene mientras haya señales de progreso, el margen de error se reduce. El Gobierno avanza en su agenda estructural y consigue mayorías en el Congreso, pero enfrenta una presión distinta: la de una ciudadanía que no pide moderación, sino eficacia.

La reforma laboral ya superó la instancia parlamentaria. Ahora comienza una etapa más exigente, donde la política deberá demostrar que el cambio normativo puede convertirse en transformación concreta. La distancia entre discurso y realidad será el verdadero termómetro en los próximos meses.

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El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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El Gobierno incorporó la baja de la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias

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El Poder Ejecutivo amplió formalmente el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y establece que, a partir del 2 de febrero, el Parlamento podrá debatir los proyectos vinculados a la baja de la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. La medida ordena el marco institucional para un debate que el Presidente había anticipado horas antes en Mar del Plata, con fuerte impacto político y social.

El decreto, firmado por el Presidente y por Manuel Adorni, amplía el alcance de las sesiones extraordinarias convocadas bajo las facultades de los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, y formaliza un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.

Marco legal y alcance del Decreto 53/2026

El texto normativo es breve y preciso. En su Artículo 1°, dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. El Artículo 2° ordena su publicación y archivo.

La ampliación del temario resulta clave desde el punto de vista institucional: sin esta inclusión expresa, el Congreso no podía abordar el tema durante el período extraordinario. Con el decreto, el Ejecutivo habilita el debate legislativo y traslada la discusión al ámbito parlamentario, donde deberán definirse los alcances, consensos y eventuales modificaciones al régimen vigente.

Antecedentes, fundamentos y señal política

La iniciativa apunta a modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar, que establece en 16 años el piso de punibilidad. El proyecto que el Ejecutivo prevé enviar —impulsado por las áreas de Seguridad y Justicia— propone reducir esa edad para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema penal juvenil.

El decreto llega pocas horas después de un anuncio político realizado en Mar del Plata, donde el Presidente sintetizó el enfoque del Gobierno con una consigna que busca marcar rumbo: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”. Esa definición discursiva encuentra ahora respaldo jurídico-administrativo, al abrir formalmente el debate legislativo.

Repercusiones y escenarios de debate

La inclusión del tema en extraordinarias anticipa un debate de alto voltaje político e institucional. Por un lado, coloca a la seguridad y al sistema penal juvenil en el centro de la agenda parlamentaria del inicio de 2026. Por otro, reabre una discusión histórica sobre responsabilidad penal, derechos de los menores y eficacia del sistema de justicia.

El tratamiento en el Congreso permitirá medir alineamientos, resistencias y posibles consensos, además de definir si la reforma avanza durante el período extraordinario o si queda sujeta a un debate más prolongado. En términos prácticos, el decreto no modifica por sí mismo el régimen vigente, pero habilita el escenario para una discusión que puede derivar en un cambio estructural del marco penal juvenil en la Argentina.

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