La pertinaz insistencia del presidente Mauricio Macri en avanzar en la desregulación del mercado de la yerba mate, obligó a todos en el sector a hacerse la pregunta ¿qué pasaría mañana si hay mercado y precios libres? Las respuestas, claro, están teñidas por sus propias realidades o por cuestiones políticas. Pero hay coincidencias en el diagnóstico: productores e industriales, más algunos funcionarios del Gobierno provincial, coinciden en que en lo inmediato el precio puede mantenerse estable o incluso aumentar, porque este año puede haber un faltante de yerba mate, ya que se cosecharían unos 720 millones de kilos de hoja verde, insuficientes para reponer el stock.
Si el pronóstico se extiende un poco más en el tiempo, ya nadie tiene tantas certezas. Algunos advierten que se irá hacia una nueva concentración económica y a una “migración” hacia la miseria de pequeños productores por la venta de chacras que perderán su valor.
Los representantes de la industria sostienen que si mañana Macri decretara la desregulación, la yerba subiría de precio por faltante de materia prima. Pero admiten que “hay que trabajar mucho” para que no haya consecuencias sociales de mediano plazo. “Se debe proteger al pequeño productor que es el corazón de la actividad, cada uno de nosotros primero fue un productor. Pero primero hay que definir hoy qué es un pequeño productor. Porque si no, estamos defendiendo precios que terminan premiando la ineficiencia”, sostienen en el sector industrial.
Pero insisten en que una libre competencia favorecerá al sector. “Los radicales fracasaron con la idea de que el Estado podía manejar el mercado. (La última vez que fue Gobierno, en 1986, Ricardo Barrios Arrechea impulsó la estatización de toda la cadena para promover un mayor consumo y acudir en socorro de pequeños molineros que no podían competir en el mercado por falta de capacidad empresaria y financiación. Con la Ñande Yerba el Estado se había convertido en comprador, contratista, adjudicador, publicitario y vendedor de yerba mate). En los últimos años poco se hizo por proteger a los más pequeños”, recordó un representante industrial.
En el sector hacen hincapié en que toda la cadena está en problemas y por eso cuestionan a los representantes de Cambiemos por haber llevado a la reunión con el Presidente al representante de una cooperativa correntina y al titular del INYM, que pintaron una realidad positiva que no es la de todo el sector. El sector industrial apunta especialmente a Playadito, por el modelo de negocios y la competencia con Misiones, donde es distinta la política impositiva. La marca correntina es la que más crece en el mercado, junto a Molinos, asociada a Ramón Puerta
Por eso, consideran, hay que premiar la “eficiencia”, ya que los costos están fijados de acuerdo a parámetros perimidos. “Hoy casi nadie cosecha menos de 7.500 kilos por hectárea y un secadero chico procesa 3.500 kilos por hora y los costos se definen en función del que solo cosecha 4.500 kilos”, explican.
Los que cosechan por debajo de esos valores deberían ser protegidos, pero con planes de diversificación que incluyan, por ejemplo, la plantación de madera o producción silvopastoril. Nada que no se haya intentado.
Otros actores defienden la grilla de costos estimada en base a 4.500 kilos, ya que si hay una producción de 720 millones de kilos en 166 mil hectáreas, da una producción de 4.337 kilos por hectárea. La trampa es que muchos no cosechan su yerba, sino que la compran más barata.
En el Gobierno provincial ratificaron su postura en contra a la desregulación y sostienen que solo favorecerá la concentración y mayores beneficios para quienes tienen toda la cadena integrada.
La posición política es idéntica entre productores, Gobierno y la UATRE. En la mesa de competitividad que sesionó en Buenos Aires, el representante de los trabajadores rurales le dijo al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere: “Ni lo sueñe. Los tareferos pasamos los peores momentos de la historia con la desregulación”. Etchevehere, quien tenía a la firma el decreto en diciembre pasado, captó la indirecta. En las últimas horas se comunicó con el Gobierno provincial para calmar las aguas, a sabiendas de que el rumbo ya fue marcado por el Presidente, como admitió el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Santiago Hardie.
En la industria, en cambio, avalan la desregulación, pero no sin antes diseñar una red de contención que proteja al pequeño productor –diferenciar entre quienes tienen cinco hectáreas con quien tiene cien- y tareferos. Y advierten que no solo el pequeño productor está hoy en dificultades, sino varios eslabones más de la cadena.
Curiosamente, en Cambiemos Misiones hay posiciones encontradas en cuanto al camino a seguir e incluso Alberto Re, presidente del INYM, se pronunció en contra de la desregulación. El radicalismo anticipó su rechazo y en el PRO no quieren saber nada con una pronunciación pública que pueda afectar el camino hacia 2019. Saben que la medida será resistida por los productores que tienen frescas en la mente las consecuencias de la desregulación yerbatera decretada el 31 de octubre de 1991, días antes de que asuma la Gobernación Ramón Puerta –hoy embajador de Cambiemos-.
El menemismo de entonces estaba decidido a romper las cadenas del Estado que podían restringir la competencia mediante el control de plantaciones y fijar cupos de producción, para “contribuir” de esta manera al aumento de la competitividad del sector. El texto de aquel decreto de Carlos Saúl Menem no puede ser más idéntico con los argumentos del Presidente actual a favor de la desregulación. “Ningún mercado funciona regulado”, sorprendió Macri durante la cumbre de Iguazú.
Después de la firma del decreto de desregulación y tras unos meses de bonanza, con precios relativamente estables, la crisis yerbatera estalló con la caída de precios y una enorme concentración económica.
La liberalización de la producción permitía plantar cuantas hectáreas de yerba se quisiera. Se eleva a partir de entonces tanto la superficie implantada como el volumen de la producción total y a partir de 1996 caen abruptamente los precios de la materia prima: el kilogramo de hoja verde que en 1990 se pagaba a un promedio de 0,19 centavos, se paga todavía en 1995 a 0,17 pero experimenta a partir de este punto una caída libre hasta los 0,06 centavos de 1999. En cambio, según un trabajo del doctor en Ciencias Sociales Víctor Rau, durante el mismo período, la evolución de precios de la yerba mate elaborada para el consumo registra un saldo positivo, con el consecuente incremento en los márgenes de ganancia de las industrias molineras y las empresas comercializadoras.
Hugo Sand recuerda que a fines de 1998 ya había productores en la quiebra y dispuestos a dar la lucha. Dos años después se sumó él, quien sería uno de los protagonistas del primer tractorazo que “sitió” la capital misionera desde el 12 de junio de 2001 y por 17 días. La protesta se repitió con mucho más potencia y por 53 días desde el 29 de mayo de 2002, meses después de haberse aprobado la ley de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate que, desde entonces ha tenido menos éxitos que fracasos en la resolución de los problemas yerbateros.
Sand tiene la barba más blanca que entonces, pero el mismo dejo de desazón que lo convirtió en líder de la protesta: “Lo que va a pasar es una enorme migración desde las chacras a las villas miserias de la ciudad porque habrá más pobreza y las chacras se van a malvender. Vamos a volver a 2001”, dice de un tirón cuando se le pregunta sobre la temida desregulación.
“Si sucede, lo veo muy mal. Los grandes ganadores serán Las Marías y un grupo de grandes terratenientes. Esto va en contra de las economías regionales”, explica.
Sand traza un paralelismo entre la actualidad y la germinación de aquel tractorazo fundacional. “Empezamos a pelear por los bajos precios, cobrábamos en vales de comida, en vales de combustible. Íbamos a Brasil a canjear los vales por comida. Yo comencé en 2000, pero antes estaban Pico Zadorozne, Pedro Angeloni. La crisis se inició cuando se liquidó la Crym (Comisión Reguladora de la Yerba Mate) y explotó con los bajos precios. Cobrábamos menos de cuatro centavos y pedíamos 17 y nos dieron 13,5 por kilo de hoja verde”, rememora.
Sand no cree que la desregulación provoque una suba de precios como aseguran los especialistas técnicos. “No falta yerba y ni siquiera pagan el precio oficial. Lo hacen figurar, pero no se cumple”, se lamenta.
Mucho más joven, pero líder agrario actual, Cristian Klingbeil sostiene que la industria siempre tira la pelota afuera. “Con el té dicen que son los de afuera los que marcan el precio. Con la yerba, que son los supermercados e hipermercados. El problema es que teniendo un precio de referencia, te pagan por debajo porque las cadenas tiran para abajo. Pero si no existe precio mínimo, la yerba en góndola va a estar 30 pesos porque los supermercados dicen que debe valer eso y de ahí para abajo, desparramar lo que sobra. Insistimos en que debe haber un tercer precio, que es a salida de molino no que nos saquen los dos precios que tenemos. Va a ser complicado si se desregula, porque no queremos repetir lo vivido en los 90, cuando destruyeron el mercado. Ya pasamos por eso, dejar la yerba en planta porque cosechar era más caro. No queremos repetir la historia”, indicó el joven productor de 33 años.
Por su parte, Julio Peterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros de la zona Norte, afirmó que la desregulación del mercado yerbatero provocará una guerra campal entre pobres. “Va a afectar al productor, el sector más vulnerable de la cadena, no va a haber forma de sostener esa realidad. Hay 50 mil familias que viven del sector. No es la economía de la Pampa húmeda, las primeras que se van a fundir van a ser las cooperativas, y por ende nos van a arrastrar a nosotros. Va a traer más pobreza”.
Peterson reflexionó que el Inym “tiene sus errores, pero por lo menos garantiza un precio que cubre los costos. Si así estamos fijando precios imagínense como vamos a estar si se desregula el mercado”.
Insistió en que una medida de esas características “traerá miseria, pobreza. Esto es inaceptable, no podemos dejar que en gobierno central del presidente Macri tome una decisión así”.
La movilización parece estar a la vuelta de la esquina. Este miércoles habrá una reunión en Posadas con todas las asociaciones para analizar el escenario. Paradójicamente, Sand insiste en que la herramienta que hay que defender es el INYM.
Los socios menores de Cambiemos también se expresaron en contra de la desregulación. El radicalismo, antes de que el Presidente anunciara públicamente su deseo, sostuvo en un documento que quienes insisten con la idea “son los mismos de siempre, que con la crisis y a pérdida de la mayoría de los productores hicieron pingües negocios en un mercado desregulado”. El documento lleva la firma de Raúl Solmoirago, la actual diputada provincial Anita Minder, el ex diputado provincial Germán Bordón, el presidente de la Convención Provincial, Lic. Ruben ‘Pili’ Bravo, y Angel Darío Grespani, miembro de la mesa del Comité Central Provincial de la UCR.
El ex diputado de Vanguardia Radical, Hugo Escalada también está en contra de la desregulación, pero tiene otros argumentos. “El escenario no cambiaría mucho porque los molinos pagan hoy lo que quieren y como quieren. Pese a que existe la ley NO se cumple y si no se cumple es cómo que esté liberado el negocio. Primero hay que modificar la ley del INYM o derogarla y necesitan mayoría. Fue una trampa para los productores, pero tienen que entender que hay que cooperativizar a los pequeños como lo es Playadito. No hay otra solución. El Estado si quiere proteger al pequeño debe ayudarlo a asociarse y apoyarlo técnica y financieramente. No entienden que tienen que asociarse para sobrevivir a los elefantes”, opinó.
