Victoria pírrica. El Gobierno de Mauricio Macri podrá celebrar la aprobación del nuevo cálculo de los haberes previsionales, una de las patas del paquete de reformas que presentó en su relanzamiento después de las elecciones de octubre. Sin embargo, en el camino sufrió un desgaste impensado que esmerila el poder simbólico cosechado en las urnas. Las balas de la Gendarmería y la Policía trajeron a la memoria otros calientes días de diciembre, en 2001, los últimos de la alianza en el Gobierno que se fugó en helicóptero dejando un tendal de muertos y políticas de ajuste. Casualidad o causalidad, varios de los ministros de aquel Gobierno se repiten en este. Federico Sturzenegger era el secretario de Política Económica de Domingo Cavallo y uno de los creadores del Megacanje que aumentó exponencialmente la deuda externa y pagó jugosas comisiones a financistas. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, defendía entonces el recorte del 13 por ciento a los estatales y jubilados. Hoy pone el beneficio de la duda al servicio de las fuerzas de seguridad encargadas de repeler las manifestaciones públicas. Raro. Las decisiones positivas no suelen requerir la custodia de la fuerza pública.
El proyecto de reforma previsional implica una transferencia de recursos de los jubilados estimada por los más optimistas en 50 mil millones de pesos durante 2018 –cien mil millones es el cálculo más extremo-. No es un recorte como aquel 13 por ciento, sino vía menos aumentos que con la fórmula actual, por lo que el Estado ahorra. He ahí el motivo de la cerril oposición, que desató la represión fuera del Congreso y una batalla política dentro del recinto de la que el Gobierno no salió bien parado. La socia Lilita Carrió marcaba los tiempos vía Twitter y hasta frenó, amenazante, un supuesto intento de Macri de sacar la reforma por decreto.
En el Gobierno insisten en que los jubilados ganarán más con la nueva fórmula, aunque puedan perder en el corto plazo, por lo que prometen un bono que cubra la diferencia –si hay bono, explícitamente se admite que hay pérdida de poder adquisitivo-. De cualquier modo, pudo ser peor. Las frenéticas negociaciones de los diputados de la oposición logró que se incluya en la actualización a los jubilados por moratorias –hay 3,2 millones de argentinos en esa condición, de los cuáles más de 40 mil son misioneros-, quienes también cobrarán el bono. La AUH también será alcanzada por el sistema de actualización, que llegaría a un 22 por ciento al final del año próximo. La inclusion de un reparto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también será analizada en el futuro, adelantaron fuentes oficiales.
“Nuestro sistema previsional no es sustentable en el largo plazo y esconde serias inequidades”, sostiene un paper que hizo circular Cambiemos con los argumentos en defensa de la reforma.
“La primera corrección es cambiar la fórmula de movilidad, para hacerla más parecida a las de los países de la OCDE. Los 34 países de la OCDE actualizan sus jubilaciones por inflación o por una combinación entre inflación y salarios. Nosotros proponemos una fórmula compuesta en un 70% por la inflación del INDEC y en un 30% por el índice de salarios. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de las jubilaciones queda protegido para siempre”, enumera.
“La segunda corrección que proponemos es garantizar, para los jubilados que hayan completado sus aportes, que la jubilación mínima sea del 82 por ciento del salario mínimo. Y la tercera es permitirles a los trabajadores que se sientan cómodos en sus empleos, demorar su jubilación y seguir trabajando hasta los 70 años”, completa el documento, en línea con una de las recomendaciones del Fondo Monetario internacional. Lease bien: 82 por ciento del salario mínimo, no del promedio de los últimos sueldos como activo, como es la fórmula hoy. A valores actuales, es una condena a vivir en la pobreza los últimos años. Sin embargo, los conocedores de la letra chica de la reforma aseguran que la jubilación mínima se elevará al 82% del salario mínimo vital para los aportantes sin moratoria pero igualmente se seguirá calculando en base al promedio del sueldo de los últimos 10 años de modo que está modificación es una mejora en el sistema previsional.
El Gobierno explica que el sistema actual no es sustentable porque el peso en el presupuesto crecerá “hasta quitarles recursos a la educación, la salud y la obra pública”.
“El sistema ya es deficitario. Este año el Tesoro, a través de sus impuestos, tuvo que cubrir con 300.000 millones de pesos (casi 3% del PIB) la diferencia entre los ingresos y los egresos puros del sistema previsional. Todo el déficit que tiene hoy el Estado Nacional, y que tanto nos está costando bajar, se explica por el déficit de ANSES”, señala un documento oficial. Déficit que se exacerbó por la “Reparación Histórica” que impulsó el Gobierno como moneda de canje para el blanqueo. El gasto aumentó por encima del ahorro que ahora se quiere concretar.
En Brasil, Michael Temer postergó hasta febrero una reforma jubilatoria similar ante las encuestas que señalan que más del 70 por ciento de la población está en contra.
Uno de los problemas, que fue soslayado incluso por los gobernadores que garantizaron su apoyo para votar la reforma este lunes, es que la reforma de Macri amenaza con dejar a su suerte a las millones de personas que están trabajando en negro, sin hacer sus aportes de previsión social. “Con esta reforma las amas de casa y el 35 por ciento de trabajadores precarizados pierden la posibilidad de jubilarse. Solo podrían acceder a una pensión que es de 80 por ciento de la jubilación mínima (5.700)”, explicó la economista misionera Mercedes D’Alessandro.
El 60 por ciento de los trabajadores que se jubilaron en los últimos años no había logrado completar sus 30 años de aportes, porque el trabajo informal oscila desde siempre entre el 40 y 30 por ciento.
Ese desequilibrio no se resuelve con la fórmula propuesta por el Gobierno que plantea la reforma casi como una cuestión de supervivencia. Carrió y el propio Macri agitaron fantasmas desestabilizadores que no parecen tener asidero. Los gobernadores acompañaron y los diputados se sentaron para dar quórum. Fue el oficialismo el que no logró garantizar el número de votos necesarios. Es un poco esquizofrénico decretar la muerte eterna del kirchnerismo y al mismo tiempo atribuirle poderes golpistas. El clima de tensión fue extremo e innecesario, con responsabilidad compartida entre el Gobierno, por apurar una discusión que bien podría haberse postergado hasta el año que viene y por sectores políticos que ganan a río revuelto. Hasta la Iglesia hizo un apremiante llamado al diálogo, al expresarse conmovida por la “creciente violencia política” en las calles y en el interior del Congreso de la Nación. “Para responder a las muchas urgencias y angustias de nuestros hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa, no existen dos caminos, el diálogo o la violencia, solamente hay uno, el diálogo”, señalaron los obispos. Cuanta razón.
Con el Pacto Fiscal, Misiones resignará 1.700 millones de pesos en recaudación propia, que sería en parte compensado por la Nación y un eventual crecimiento económico del 3,5 por ciento
El temor del Gobierno a una movida desestabilizadora no aparece siquiera en el radar de la sociedad. Las encuestas marcan que el nivel de aprobación del Gobierno sigue siendo alto. Del 55,2 por ciento, según un estudio del consultor Gustavo Córdoba. La desaprobación, en tanto, cayó al 44,2. La imagen de Macri es incluso mejor: subió al 59,2 por ciento, mientras que solo un 37,3 lo desaprueba. Cristina, en cambio, tiene una imagen negativa del 65,7 por ciento.
El problema no parece ser de opositores, sino propio. La sociedad percibe que el Gobierno hizo menos de lo esperado y que las reformas económicas provocarán una crisis económica. Apenas el 38,8 por ciento, según Córdoba, confía en que reactivarán la economía.
Esa percepción es la que preocupa en el Gobierno y obliga a jugar fuerte para convencer a los gobernadores de sumar sus votos. El bloque misionerista cobró protagonismo como parte del interbloque Federal. El diputado nacional Jorge Franco, conocedor del sistema previsional, fue uno de los principales negociadores y de esas reuniones salió la idea de “compensar” con un bono las pérdidas de los jubilados.
Las Provincias también están cumpliendo con su parte del Pacto Fiscal. En Misiones se aprobará este lunes la adhesión, que sólo en menor recaudación, implica un pérdida de más de mil millones de pesos, con una promesa de compensación vía bonos y un eventual crecimiento económico, que debería ser del 3,5 por ciento, en forma continua.
Pero el Gobierno ya decidió una disminución del impuesto a los Ingresos Brutos al sector industrial de 3,5 a 2 por ciento en 2018 y a 1,5 por ciento en 2019, excepto para la industria papelera, que bajará de 7 por ciento a seis por ciento en 2019.
El transporte tendrá una reducción del 3,5 al 3 por ciento para 2018, lo que debería traducirse en menores costos de logística. En 2022 debería quedar exento. El sector comercial, en cambio, deberá esperar. La Nación no tiene entre sus prioridades una reducción en los impuestos a las ventas y el límite superior es del 5 por ciento, por lo que Misiones está por debajo de esa alícuota. La producción primaria seguirá con alícuota cero.
Según los datos de Hacienda, Misiones resignará 1.700 millones de pesos en recaudación propia, que sería en parte compensado por la Nación con un bono a once años, mayor coparticipación por la devolución del 3 por ciento retenido por la Anses -500 millones- y un eventual crecimiento económico del 3,5 por ciento –estimado por el Gobierno de Mauricio Macri-, lo que reduciría la sangría a 1.000 millones. Si la economía no crece en el ritmo previsto por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, la pérdida estimada sería de 1.300 millones de pesos, adelantó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.
El Pacto Fiscal impone el compromiso de acompañar la reforma previsional y el nuevo cálculo de los haberes de los jubilados, en forma trimestral, por encima de la inflación y que garantizará –para aquellos que hayan hecho aportes durante 30 años- una jubilación del 82 por ciento del salario mínimo.
Safrán dejó ver sus dudas sobre el supuesto efecto derrame que se daría si la economía crece con menores impuestos. De acuerdo a los cálculos realizados por el equipo económico provincial, una empresa forestal que se dedica a la exportación, dejará de tributar 100 millones de pesos al año por Ingresos Brutos. “¿Lo va a volcar a la economía? ¿Habrá efecto derrame? El tiempo dirá quien tuvo razón sobre si esta rebaja era necesaria. O si veremos una baja en los precios para el consumidor”, respondió Safrán ante la pregunta de los diputados.
La misma inquietud recorrió a los diputados de la oposición, con la excepción de la alianza Cambiemos. Los diputados del Partido Agrario, Martin Sereno e Isaac Lenguaza fueron los más críticos. En su debut en la comisión de Presupuesto, el radical Ariel Pianesi pidió conocer “el lado positivo”.
Lo positivo es que el primer borrador del Pacto Fiscal implicaba una pérdida de recursos superior a los tres mil millones de pesos, respondió Safrán.
Pese a los reparos propios y de un sector de la oposición, el gobernador Hugo Passalacqua y el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, garantizaron aportar a la gobernabilidad.
Una gobernabilidad que parecen no comprender en toda su dimensión los socios menores de Cambiemos. Pese a que el Gobierno nacional reclama cada gota de apoyo como un sediento en el Sahara, en Misiones el radicalismo mantiene una postura caprichosa que contrasta con los dirigentes PRO puros, que mantienen permanente contacto con el Gobierno provincial para encauzar la gestión local y nacional.
Esa cuasi ruptura quedó en evidencia el domingo por la mañana. El radicalismo, empujado por Gustavo González y Walter Molina, jugó a la abstención a la hora de elegir al presidente de la Legislatura, pese a que desde Cambiemos nacional bajó la premisa de que se acompañe la decisión de las mayorías. Esa mayoría acompañó nuevamente a la Renovación en las elecciones de octubre y por eso, lo lógico era la ratificación de Rovira en la conducción del Parlamento. Pero con argumentos confusos, jugaron al solitario, ante las evidentes caras largas del PRO, que, generosamente, cedió los principales puestos en las listas legislativas. El desencanto viene de hace tiempo, pero se esperaba que con la nueva composición y un bloque más abultado, el radicalismo asuma una postura más comprometida con el espacio politico. El desplante podría tener consecuencias, ya que se analizan sanciones a los legisladores díscolos. “Estamos cansados de estas actitudes infantiles que no construyen ni aportan. Hace tiempo le pregunté a González si tiene alguna prueba de todo lo que dice. La respuesta fue que no”, confió visiblemente molesto una de las autoridades del PRO.
Rovira respondió después de ser ratificado por el resto de los diputados. “Esta es la voluntad del pueblo, que en democracia forma parte de lo más sagrado, es la columna vertebral de este sistema, que con errores y aciertos, es el único sistema que puede orientar, uniendo las pulsiones espirituales de los pueblos. La envidia, el odio cimientan la no verdad, o la posverdad, como lo llaman ahora”, argumentó. Y sentenció: “¿Cuesta tanto? Felizmente son pocos los que no reconocen lo que vota el pueblo”.
