En un verano que se aventura sofocante, el gobernador Hugo Passalacqua sorprendió al anunciar el pago de un “Bono de las Fiestas” a los empleados estatales, excepto los funcionarios políticos. Son 2.500 pesos divididos en dos tramos que llevarán sosiego a muchas mesas en las celebraciones de fin de año. Hasta ahora es la única provincia que otorga ese plus para los estatales, después de que el presidente Mauricio Macri anunciara que no pagaría el tradicional premio en el contexto de ajuste que también incluye despido de trabajadores.
Misiones se distingue en un mapa de contracción económica por una férrea administración de los recursos, que ha sido una cualidad desde los inicios de la Renovación. Mientras que el resto de las provincias deberá realizar duros recortes para ponerse en línea, en la tierra colorada el promedio de empleados públicos es bajo, la deuda pública es mínima en comparación con el presupuesto y el déficit es casi inexistente. La calificadora Moody’s ha vuelto a elevar la calificación de la economía misionera y deslizó varios elogios al manejo de los recursos. Esa administración austera y las políticas sostenidas en el tiempo resultan claves en tiempos en los que el mensaje político que emana de la Nación es que hay que volver a “pasar el invierno”.
El control del gasto que impuso Passalacqua viene en línea con los últimos años de Gobierno en Misiones. La modernización tecnológica y el nuevo edificio para el Tribunal de Cuentas son una muestra de la decisión de mejorar la transparencia de las cuentas públicas y sobre todo para los municipios. El Tribunal no solo contará con un moderno edificio de ocho pisos, sino que ahora empezará a controlar los números de las empresas del Estado, como el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Emsa, Marandú Comunicaciones, Parque del Conocimiento, la Caja de Fomento. Las auditorías no son al mismo nivel que las realizadas a los municipios, a los cuales se les puede sancionar, sino que permitirán un control más fluido desde el Estado y así el Poder Ejecutivo podrá tomar las medidas que crea oportunas. Se trata de unas 30 empresas estatales hasta ahora fuera del alcance de ese organismo de control. El objetivo prioritario es la transparencia, sobre todo en las empresas más grandes. Emsa es la cuestionada. El IPLyC, en cambio, cambia de autoridades con saldo a favor: Eduardo Torres informó que el organismo regulador de los juegos de azar ganó cien millones de pesos hasta noviembre, 30 por ciento más que en 2016. El veterano dirigente se despide este domingo de la función pública con dinero en las cuentas del IPLyC. Agua de las Misiones también tiene números positivos para mostrar, con un exponencial crecimiento en el mercado de las aguas en el país.
Este domingo marca el cierre del año político y la germinación de otro, con nuevos actores y estrategias. En la Cámara de Diputados se renueva la mitad de sus integrantes y Carlos Rovira retendrá la conducción con una amplia mayoría, que probablemente se acerque a la unanimidad. El bloque renovador será liderado por Marcelo Rodriguez, hasta ahora presidente de la comisión de Presupuesto, y la oposición reconfigura sus espacios. Cambiemos sigue como segunda fuerza, pero ahora con siete miembros. Jorge Rattier Berrondo será el vicepresidente segundo de la Legislatura, en reemplazo de Alfredo Schiavoni, quien ahora es el presidente del PRO Misiones y será designado director del Banco Nación, en la banca Agro.
La expectativa se traslada a Posadas, donde el Concejo Deliberante renueva sus autoridades y hasta último momento, la incógnita se mantenía sobre el número de votos. La Renovación quiere la presidencia del cuerpo para Fernando Meza, pero necesita ayuda opositora: un voto o una abstención. La alianza Cambiemos quiere encumbrar a Martín Arjol, el más votado en las elecciones de octubre, pero necesitará sumar a los dos opositores, que al menos en la práctica, no parecen comulgar con Cambiemos. Sea quien sea el que presida, tendrá por delante una tarea ineludible, la de ordenar las cuentas de un Concejo que gasta mucho más que cuerpos similares de otras ciudades y consume buena parte de su presupuesto en un sinnúmero de empleados que no cabe en el edificio.
La Provincia comenzó hace tiempo el cuidado de los recursos. El gobernador Passalacqua congeló el ingreso de nuevos empleados y ahora, se sabe, habrá un puntilloso trabajo para definir reemplazos de vacantes que se generan. Algunas quedarán vacías, otras se fusionarán con cargos ya existentes. Empezó un entrecruzamiento de datos entre el SIAP y organismos como la Universidad Nacional de Misiones. Algunos cargos son incompatibles. Deberán optar.
Por ahora los cambios más relevantes ya se conocieron: el escribano Héctor Rojas Decut reemplaza a Eduardo Torres en el IPlyC, Guillermo Aicheler a Sergio Ferreyra en Emsa y Germán Gunnar Krieger, un joven arquitecto, se hará cargo de esa dirección. Para el resto de los cargos, habrá tiempo, incluso para Ecología, cuya ministra Verónica Derna jurará este miércoles como diputada o el Centro del Conocimiento, que quedó bajo la órbita de Educación hasta que se defina el reemplazo.
En otros ámbitos, hay movimiento. Humberto Schiavoni, quien asume como senador, dejará la presidencia ejecutiva de la Entidad Binacional Yacyretá en manos de Martín Göerling, otro misionero, lo que ratifica la confianza de Macri en el presidente del PRO nacional y también fortalece las aspiraciones de Cambiemos para 2019 en Misiones.
Schiavoni tendrá un rol activo en el Senado, ya que presidirá el bloque PRO, en línea directa con las pretensiones de Macri de tener una relación más fluida con la oposición.
No será el único. A instancias de Misiones se acaba de conformar un interbloque “federal” en el Congreso. En la Cámara de Diputados el que inició los contactos fue el misionero Jorge Franco, presidente del bloque Misionerista que ahora se amplía con la incorporación de Flavia Morales y Verónica Derna y Ricardo Wellbach, además del ingreso de Daniel Di Stefano, hasta ahora enrolado en el Frente para la Victoria, cuyo bloque se fracturó con el peronismo más condescendiente, que conducirá el eterno oficialista Miguel Ángel Pichetto.
El bloque Misionerista y ahora el interbloque Federal, son pequeñas muestras de que la política va más allá de los intereses partidarios. El justicialismo navega sin identidad definida, entre los más complacientes con el oficialismo y el ala combativa que referencia a Cristina Fernández. El radicalismo hace tiempo que se contenta con estar sentado a la mesa, aunque difícilmente pueda definir el menú. Misiones necesita mucho más que los anquilosados manuales partidarios para conseguir algún beneficio extra en negociaciones que son desde siempre, en desventaja.
La Renovación marcó ese camino hace algunos años y ahora otras provincias que no quieren quedar presas de la pelea de fondo, se suman. El interbloque Federal será conducido por Pablo Kosiner y estará integrado por 32 legisladores, lo que transforma al espacio en la tercera minoría. Articulará acciones con Unión por Córdoba, que dejó el massismo, y lo conforman cuatro diputados; el bloque Tucumano con tres diputados, y pueden sumarse los legisladores de Santiago del Estero. La identidad “misionerista” seguirá con su propio bloque en paralelo.
El interbloque será la tercera minoría de la Cámara, detrás de Cambiemos (que tendrá al menos 108 diputados) y del Frente para la Victoria (con entre 67 y 68 bancas).
Para ver la dimensión del nuevo armado, vale decir que relega en importancia al bloque que conduce Sergio Massa, que apenas cuenta con 17 integrantes. También quedan como autoridad de Diputados, ya que la vicepresidencia segunda quedará para el bloque Federal.
Debutará en una discusión caliente: la reforma previsional. El acuerdo es dar el debate, aunque no hay consenso sobre cómo votar. Incluso, pueden votar divididos.
Esa identidad, y no quedar atados a las pujas macro, tienen un incalculable valor en momentos en que el Gobierno nacional se juega a fondo para aprobar las reformas fiscal, previsional y laboral.
Es el Gobierno el que se genera sus anticuerpos. Cuando las reformas parecían avanzar con fluidez en ambas cámaras, el juez cuasi jubilado, Claudio Bonadío, rompió el delicado equilibrio con el pedido de desafuero y detención de Cristina Fernández. Prácticamente todo el arco opositor salió en contra, no del juez, sino de quien, entienden, está detrás de la decisión, el propio Presidente, quien será el que pague el mayor costo político de encarcelar a la ex Presidenta por un acuerdo internacional que fue votado por el Congreso y nunca fue aplicado.
Bonadío hizo suya la denuncia del fiscal Alberto Nisman, desestimada por el juez Daniel Rafecas por ausencia de delito. Pero sin entrar a discutir argumentos legales, solo vale recordar que Bonadío, uno de los jueces de la servilleta de Carlos Corach, fue apartado de la causa Amia por sospechas de haber sido juez y parte en maniobras de encubrimiento del atentado. Fue apenas en 2005. El propio Nisman denunció a Bonadío en 2010, por amenazas en torno a la causa Amia. No fue el único que lo denunció. Bonadío acumula más de medio centenar de acusaciones. Solo en el Partido Judicial argentino puede un juez apartado por encubrimiento, seguir al frente de la causa y acusar a otros del mismo delito.
La revancha de Bonadío puede tener un alto costo político para el Gobierno. No es lo mismo tener a Cristina como enemiga a la que seguir achacándole herencias, que como presa política en una causa en la que no abundan elementos probatorios. Es, también un peligroso antecedente para la política que queda a merced de cualquier juez una vez fuera del poder. Ni la política ni el Poder Judicial pueden resistir demasiado ese juego.
Quizás sea la última jugada del juez menemista: se jubilará en un mes.
Sin embargo, las derivaciones de este escándalo son impredecibles. Solo los legisladores de Cambiemos están dispuestos a “seguir los pasos institucionales” del pedido de desafuero. Pero Schiavoni, presidente del bloque PRO, advirtió que “el criterio general es que hace falta una condena en firme para proceder al desafuero”.
Hasta el justicialismo alineado se desmarcó del pedido de desafuero y amenaza con romper las negociaciones encaminadas por las reformas que reclama con urgencia el Gobierno para encontrar un rumbo hasta ahora esquivo.
A dos años exactos de su asunción seguramente no esperaba un escenario tan agitado. La inflación que prometía domar con facilidad sigue siendo un problema sin resolver y la estrategia del Banco Central ha tenido escaso éxito con las tasas altas. Pero la balanza se inclina cada vez más hacia un lado por el peso de la deuda financiera y la emisión ya no de pesos, sino de bonos que en algún momento alguien va a tener que pagar. “Hay que dejar de endeudar a la Argentina”, dijo, sorpresivamente Macri, hablándole al Presidente.
El establishment que apostó a su triunfo, ahora desconfía. En un cocktail con empresarios misioneros, el presidente del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello rompió el hielo con una mirada sobre las últimas reformas del Gobierno nacional. “Hay optimismo, pero con muchos peros”, deslizó y advirtió que la economía de Macri camina haciendo equilibrio “en una delgada línea roja”.
Pese a todos los anuncios, lo cierto es que el gasto público no baja y eso preocupa a los economistas, incluso los más ortodoxos. “El déficit financiero es de 6.8 por ciento del PBI, lo mismo que en 2016, mientras que en 2015 era de 5 puntos”, graficó Capello.
“Es más del doble del déficit de los 90 y se financia con deuda, lo que plancha el tipo de cambio”, explicó.
El ajuste más importante aparece con la reforma previsional, que viene a ser el sector más castigado en un escenario de pocos recortes. La reforma es gravosa porque ganarán menos de lo que deberían con la fórmula actual y además le “desaparecen” tres meses de cómputo para la actualización.
Lo que se ahorró en subsidios se está fugando vía pago de intereses de la deuda externa y la emisión de las Lebac se está transformando en un peligroso explosivo que puede dinamitar la solvencia del Banco Central. Todos esos argumentos fueron expuestos por Capello y los economistas que cerraron el año con medio centenar de empresarios misioneros, con los que se coincidió en una mirada: la reforma fiscal tiene artículos que afectan negativamente la actividad económica local. Los aportes patronales, por caso, se irán de 9,5 en Posadas a un 17 por ciento si prospera la ley tal como la gestó el equipo económico, que se niega a escuchar reparos.
Los hombres de negocio no están contentos. Apostaron por el cambio y hasta ahora fueron escasos los beneficios. Para colmo, dijeron a la hora de los brindis, “terminan haciendo lo que tanto cuestionábamos”. La hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nombrada como directora del Banco Nación, era el motivo del mal trago.
