Reestructuran el INTA, el INTI y cinco institutos más
El Gobierno Nacional avanza en la reestructuración de siete organismos públicos, con el fundamento de “reducir costos y mejorar eficiencia”. A través de un decreto que será publicado en las próximas horas, se reconfigurarán entidades clave como el INTI, INTA, INV e INPI, con el objetivo de “reducir la superposición de funciones, eliminar estructuras ineficientes y fortalecer el equilibrio fiscal”.
Siete organismos bajo revisión: redefinición funcional y reducción de estructuras
En el marco del proceso de reordenamiento del Estado, el Gobierno Nacional resolvió avanzar con la reestructuración de siete organismos públicos que, según el Ejecutivo, presentan estructuras sobredimensionadas, funciones superpuestas y escasa alineación con los objetivos macroeconómicos. El decreto abarca al:
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
- Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME)
- Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
- Instituto Nacional de Semillas (INASE)
- Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Las reformas forman parte del plan del Ejecutivo para “optimizar el uso de los recursos disponibles”, fortalecer la eficiencia estatal y eliminar prácticas que, según el informe oficial, desplazaban al sector privado en áreas donde este puede operar con competitividad y eficiencia.
INTI e INTA: foco en tecnología e innovación, con menor estructura
El INTI se convertirá en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, manteniendo su denominación. Actualmente cuenta con 2.356 agentes y un presupuesto de $85.600 millones, con una estructura equivalente a la de un ministerio. El rediseño busca preservar su rol técnico esencial (metrología, innovación y calidad) y corregir su “excesiva burocratización y competencia desleal con el sector privado”.
El INTA, por su parte, será un organismo desconcentrado bajo la órbita de Agricultura, con el objetivo de reorientar su rol hacia la generación tecnológica. Con más de 6.000 empleados y un presupuesto de $229.000 millones, el nuevo esquema dejará de priorizar el “extensionismo” y “la militancia guiada por la Agenda 2030”, para centrarse en I+D aplicada al agro, especialmente en la producción de bienes públicos tecnológicos.
Disolución de ARICCAME e INAFCI: funciones absorbidas por otras dependencias
La Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) será disuelta. Las funciones serán absorbidas por ANMAT (regulación de cannabis medicinal), la Secretaría de Industria (cáñamo industrial) y la Secretaría de Agricultura (semillas). Esta redistribución, según el Ejecutivo, apunta a reducir “superposiciones institucionales y costos operativos”.
También será disuelto el INAFCI, creado en 2022 como organismo para la agricultura familiar, con más de 900 contratados en su punto máximo y un presupuesto actual de $2.749 millones. La administración afirma que fue utilizado como “caja política” y que el nuevo enfoque será fomentar el desarrollo del sector mediante estabilidad macroeconómica y acceso a mercados, sin estructuras clientelares.
Reorganización de INASE, INV e INPI: menos autonomía, más integración
El INASE, que regulaba el mercado de semillas con 233 empleados y un presupuesto superior a $20.000 millones, perderá su autonomía como organismo descentralizado. Sus funciones pasarán a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, en línea con una política más integrada de fiscalización y control.
En el caso del INV, continuará operando como unidad técnica dependiente del Ministerio de Economía, garantizando la certificación de exportaciones. Su proceso de certificación internacional se mantendrá como servicio voluntario y se eliminarán controles redundantes, señalados como fuente de burocracia y sobrecostos.
El INPI, con 362 empleados y un presupuesto cercano a $8.500 millones, también será reorganizado como ente desconcentrado, bajo la Secretaría de Industria. Se mantendrá su autonomía técnica, pero sin personería jurídica propia ni patrimonio, con el fin de racionalizar su estructura.
Estas decisiones se enmarcan en una estrategia más amplia del Ejecutivo para avanzar hacia un Estado más compacto y eficiente, alineado con el objetivo de déficit cero. La medida busca corregir distorsiones históricas en la administración pública y reducir la carga del Estado sobre el presupuesto nacional.
El Gobierno asegura que estos cambios no implican una desregulación total, sino una redistribución funcional hacia áreas técnicas más eficientes y coordinadas, con foco en el desarrollo productivo y la modernización institucional.
