vie. Mar 6th, 2026

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Nueva ley de financiamiento universitario: ajuste por inflación, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela

By Economis Redacción 2 semanas ago
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Ingresó a través de la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con el declarado objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales… con las reales posibilidades de financiamiento en relación con la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026”.

En el mensaje adjunto, el Gobierno enmarca la iniciativa como un modo de “lograr el cumplimiento efectivo del objeto (…) de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. Entre los ejes, vuelve a enumerar y precisar los objetivos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”: desde afianzar ingreso, permanencia y terminalidad del estudiantado hasta “asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento de las universidades” y “profundizar los programas de bienestar estudiantil” para garantizar el acceso a la educación superior gratuita.

Se establece que las partidas presupuestarias previstas en el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” deberán ser destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas.

Si bien el Gobierno envía este proyecto en tiempo de extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, está claro que no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias. Recordemos que es la primera ley propia que el Ejecutivo impulsa en la materia, habiendo tenido que vetar en 2024 y 2025 sendas iniciativas lanzadas por la oposición; la segunda de las cuales prosperó en el Congreso, al rechazar ambas cámaras el veto, pero nunca fue implementada.

Lo que cambia en números y compromisos

El artículo 3° del proyecto (que sustituye el art. 3° de la 27.795) ata la actualización de los gastos de funcionamiento a la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

En paralelo, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.

Respecto de salarios, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Un punto técnico relevante: el mensaje oficial subraya que, a diferencia de la Ley 27.795, esta versión cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 al “prever expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, y por eso evitaría la suspensión por el artículo 5° de la Ley 24.629, dado que autoriza gasto indicando su fuente. En términos operativos, el Artículo 5° del proyecto (nuevo art. 9° de la 27.795) detalla que los gastos se afrontarán con las partidas Jurisdicción 88, Subjurisdicción 4, Servicio 330, Programa 26, Actividades 14, 15 y 16; y si el gasto excede esos créditos, el exceso se cubrirá con la Jurisdicción 91, Programa 99, Actividad 4.

El proyecto establece que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación observada supere el 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Presupuesto 2026”.

La reforma traslada el corazón de la 27.795 —sostener el financiamiento universitario— a un mecanismo de actualización condicionado: solo habrá recomposición adicional cuando la inflación efectiva supere 14,3%. En la práctica, el 14,3% funciona como umbral: si el IPC cierra por debajo, no habría ajuste por esta vía; si lo supera, se gatilla el incremento. El Gobierno argumenta que así “procura mantener el incremento real otorgado” y evitar su depreciación ante una inflación mayor a la prevista en el Presupuesto 2026. El criterio brinda previsibilidad contable al Tesoro, pero también traslada el riesgo inflacionario al sistema hasta cruzar el umbral, algo que universidades y gremios podrían cuestionar si el arranque de 2026 muestra variaciones de precios aceleradas.

El 12,3% escalonado sobre salarios básicos de diciembre 2025 es, por diseño, un reconocimiento acotado a cuenta del 2025 que se terminaría de pagar en 2026. La llamativa novedad es la obligatoriedad de paritarias con frecuencia trimestral como piso procedimental. En contextos de alta nominalidad, frecuencia no reemplaza magnitud: el debate político se desplazará a la mesa paritaria, donde los actores buscarán recuperar poder adquisitivo por encima del 12,3% inicial. El oficialismo, por su parte, introduce la periodicidad como garantía de revisión—una válvula institucional—sin comprometerse desde la ley a un sendero más agresivo de recomposición.

Hospitales universitarios

El incremento puntual de $80.072 millones al rubro de hospitales escuela separa la cuestión sanitaria de la masa de funcionamiento general, reconociendo su sensibilidad pública y su impacto territorial. Es un gesto político hacia universidades con estructuras hospitalarias (UBA, Córdoba, La Plata, Cuyo, Nordeste, etc.), y una apuesta a contener tensiones en sistemas que combinan docencia, asistencia e investigación. Habrá que ver cómo se distribuye internamente ese refuerzo y si alcanza frente a costos hospitalarios empujados por insumos dolarizados. 

Cumplimiento de la 24.156 y la 24.629

La explícita referencia a las fuentes de financiamiento y a la Jurisdicción 91 como respaldo busca evitar impugnaciones de ejecución. En otras palabras: el Ejecutivo intenta que, una vez sancionada, la norma no quede inmovilizada por trabas técnicas. Esto es crítico porque la 27.795 original fue cuestionada por no prever fuentes claras, algo que el Gobierno ahora describe como una “deficiencia” a subsanar. En términos de gobernanza fiscal, la propuesta se alinea con el manual de la 24.156 y ofrece a la oposición un punto de acuerdo técnico aun cuando el nivel de gasto siga en discusión.

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De reformas y urgencias

By Juan Carlos Argüello 3 semanas ago
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“… Del otro lado tenemos esto”. El tuit del presidente Javier Milei apuntaba a un grupo de “manifestantes” violentos al momento en que se debatía en el Congreso la reforma laboral y el Gobierno se anotaba una victoria contundente. 

Más allá de la obviedad de que la violencia era protagonizada por los infiltrados de siempre -con asistencia perfecta y una relación simbiótica con las fuerzas del orden-, el mensaje presidencial desnuda el momento que atraviesa la política: puesta en escena, agenda única ante leyes anacrónicas y una oposición silenciosa, ausente de la calle y sin reacción en los debates, mientras que la economía está cada día más complicada y sin un horizonte promisorio.  

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que a pesar del ajuste brutal de los últimos dos años, “se vienen meses duros” por escasez de recursos.

La economía argentina vuelve a transitar un laberinto que no le resulta desconocido. No es que el gasto haya explotado ni que el Estado haya perdido súbitamente la disciplina: el problema es más silencioso y, por eso mismo, más complejo. Los ingresos se enfrían, la actividad pierde vigor y el financiamiento empieza a exhibir límites cada vez más visibles. Cuando la recaudación se desacelera en términos reales durante seis meses consecutivos y enero perfora el piso más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación, la señal es inequívoca. 

Según datos de ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos -un aumento nominal del 22% interanual-, pero insuficiente frente a la inflación. Detrás de la cifra se esconde una economía que pierde dinamismo y un equilibrio fiscal que, sin crecimiento, se vuelve cada vez más frágil.

Ajeno a las señales de alerta en la economía, el Presidente se anotó sendas victorias en el Congreso, que dio medias sanciones a la Reforma Laboral y a la baja de la edad de imputabilidad, a los 14 años. No fueron las leyes “ideales” y hubo que negociar artículos, pero ambas normas forman parte de la oferta política libertaria. 

Claro que había que modernizar la ley laboral, vetusta y anclada en el tiempo, pero la nueva ley no parece estar diseñada para estimular la economía ni la creación de empresas, mucho menos para proteger a los trabajadores. De hecho, se mantienen impuestos -Ganancias se coparticipa y si se eliminaba se iba a desfinanciar a las provincias- y privilegios sindicales. 

En cambio, para el trabajador implica el fin de las horas extras, jornadas laborales más extensas, indemnizaciones podadas, descuentos por enfermedad, vacaciones fraccionadas y “colaboradores” sin relación de dependencia. ¿Servirá el menú para generar empleo en medio de un derrumbe que en los últimos dos años se cobró cerca de 200 mil puestos formales, con una industria que funciona a media máquina y escasos brotes verdes? Ni los más optimistas se animan a vaticinar una respuesta positiva. Sin embargo, fue una sesión de película. Dentro y fuera del recinto.

En paralelo a ese mercado laboral expulsivo y con escasas oportunidades, se endurece la legislación penal que ahora considera a los chicos de catorce años como un adulto penalmente responsable. Pudo ser peor. El Gobierno quería que la edad sea de 13 años, pero la resistencia de los gobernadores y algunos diputados obligó a “suavizar” la ley que ocupó grandes titulares en los diarios y minutos de televisión sin mucha profundidad y con ansias punitivistas. Lo cierto es que los delitos cometidos por menores de 18 años representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. 

En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad. En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.

¿Realmente ameritaba una baja de la edad de imputabilidad con tanta premura? ¿Sin casi debate? Hay muchas voces encontradas. El mapa revela que el delito cometido por menores no es un flagelo. 

Muchos son los interrogantes también sobre cómo atender este nuevo público judicial y carcelario en tiempos de recursos escasos. Se destinan apenas 23 mil millones para aplicar la ley. No alcanza siquiera para nuevos centros de detención en todo el país, mucho menos para profesionales, cuerpos penitenciarios especiales y contención, ya que no se puede poner a un menor en una misma celda que un adulto. 

Hoy el sistema carcelario está colapsado. Misiones alberga en sus cárceles a detenidos por causas federales. Se mezcla a ladrones de gallinas con narcotraficantes. En esa convivencia, lo más probable es que el ladrón de gallinas sea tentado por delitos de ganancias mayores.

En el debate en Diputados quedó claro que la premura por la aprobación de la ley era exclusiva del Gobierno. El diputado misionerista Oscar Herrera Ahuad hizo notar lo obvio: sin recursos, la ley resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”. Una carga para las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público y la presión fiscal. Curiosamente, hace poco nada más, el oficialismo amenazaba con meter presos a los diputados que aprueben leyes sin especificar de dónde saldrían los recursos para ponerlas en práctica. ¿Quiénes serán los responsables cuando la ley esté vigente? Los gobernadores, los sistemas policiales y penitenciarios de las provincias. La Nación, es un ente inasible, pero sus decisiones afectan la vida diaria y el bolsillo de cada uno de los argentinos. 

Basta repasar cómo la desregulación del mercado yerbatero impacta directamente en la vida de miles de pequeños productores, a los que la Nación ignora, con una enorme pérdida de rentabilidad y una caída del precio de la materia prima. La Provincia inevitablemente debe hacerse cargo de las consecuencias de esas políticas, aunque las herramientas no estén en su poder. 

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías recibió el viernes al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa y al diputado Adrián Núñez para analizar la situación del universo yerbatero y ver cómo podría mejorar el precio de la hoja verde. Macías puso énfasis en el control de calidad y frenar la importación, además de promover nuevos mercados para aumentar la demanda. Los libertarios salieron del encuentro con una afirmación: “La desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional”.

Desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, “el rumbo está trazado y debe sostenerse” con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados. 

Los números pueden ser engañosos. Es cierto que el 2025 fue el año récord para las exportaciones, pero no es una consecuencia de la desregulación, sino de un intenso trabajo de promoción del INYM y de las propias industrias. Se enviaron al exterior 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada. Pero hace unos años el promedio por tonelada era de 2.500 dólares y con costos mucho menores. 

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024. Pero todavía está debajo del año 2023, que fue el máximo histórico en ventas internas, con 285.430.373 y debajo de los últimos cinco años. El 2020, durante la pandemia, fue el más parecido, con 268.776.695 kilos. La desregulación no hizo aumentar el mercado interno y dejó a la yerba mate como la única economía regional en rojo desde marzo de 2024, según el semáforo de Coninagro. 

La visión de Misiones es diametralmente opuesta a la del espacio libertario. La Provincia advierte que la desregulación rompió el equilibrio en la cadena yerbatera. Lo mismo que con el rol del Estado. La Renovación entiende que el Estado debe intervenir donde la economía necesita estímulos y particularmente, en el cuidado del bolsillo familiar. El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Misionero, que permite ahorrar a una familia hasta dos millones de pesos al año en transporte, al mismo tiempo que fortalece la igualdad de oportunidades para los chicos de todos los niveles educativos.

Lo mismo sucede con la decisión de extender las medidas de alivio fiscal, para que el dinero quede en empresas y las familias, al mismo tiempo que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial comenzó a dialogar con los estatales -docentes y policías- para comenzar el año con tranquilidad. La respuesta, nuevamente, será local, aunque los interrogantes sean externos.

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El “Ministerio de la Verdad”: propaganda oficial en tiempos de ajuste

By Silvia Abaca 4 semanas ago
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George Orwell lo escribió con claridad brutal en 1984: el Ministerio de la Verdad no existe para decir la verdad, sino para fabricarla. Su función es reescribir el pasado, ordenar el presente y disciplinar el pensamiento. Bajo el eufemismo de “oficina de respuesta oficial”, el Gobierno nacional parece haber tomado nota —no como advertencia, sino como manual— y montó un dispositivo que poco tiene que ver con la información pública y mucho con la propaganda oficial.

No se trata de comunicar políticas ni de rendir cuentas: se trata de controlar el relato, desmentir a conveniencia y blindar al poder frente a cualquier cuestionamiento. Un Ministerio de la Verdad en versión local, más burdo que sofisticado, pero no por eso menos peligroso. Porque cuando el Estado deja de informar para empezar a vigilar el discurso, la democracia entra en zona de riesgo.

La lógica es simple y conocida: cuando la realidad incomoda, se la niega; cuando los datos contradicen el relato, se los desacredita; cuando el conflicto social emerge, se lo reduce a una “operación”. La oficina no informa: corrige. No explica: impone una versión oficial. Y lo hace con recursos públicos (aunque el gobierno diga que no implica nuevas erogaciones), pero al servicio de un proyecto político que necesita ocultar las consecuencias de su propio programa.

En 1984, Orwell sintetiza esta operación con una consigna escalofriante: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.” Ese mismo mecanismo de inversión del sentido atraviesa hoy la comunicación oficial: el ajuste es presentado como orden, el recorte como eficiencia, la crueldad como sinceramiento. No es un exceso retórico ni un error comunicacional: es una estrategia deliberada de poder.

En un contexto de licuación de salarios, recortes a las provincias, desfinanciamiento de áreas sensibles y creciente conflictividad social, el principal problema del Gobierno no es la “desinformación”: es la realidad misma. Por eso necesita un aparato que la maquille, la relativice o directamente la niegue. No hay vocación pedagógica ni transparencia institucional; hay temor a que la verdad circule sin control.

El método es tosco pero eficaz: comunicados exprés, lenguaje agresivo, descalificación sistemática de periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores. En clave orwelliana, toda crítica es sospechosa y todo disenso es traición. El debate público se degrada, la palabra se empobrece y la política se vacía de contenido democrático.

Nada de esto es casual. Orwell lo entendió con lucidez histórica: los gobiernos que necesitan vigilar el lenguaje son aquellos que ya no pueden sostener sus políticas en la experiencia concreta de la sociedad. Cuando la economía no cierra, cuando el tejido social se rompe y las promesas se derrumban, la respuesta no es corregir el rumbo sino reforzar la propaganda.

Pero la verdad no se administra desde una oficina ni se cancela con comunicados oficiales. Se impone en la vida cotidiana: en los salarios que no alcanzan, en las provincias asfixiadas, en los incendios sin recursos, en los hospitales sin insumos, en las escuelas sin presupuesto. Ningún Ministerio de la Verdad puede borrar eso.

Llamar a este dispositivo “oficina de respuesta” es un insulto a la inteligencia colectiva. Es, en los hechos, un Ministerio de la Verdad que busca reemplazar la realidad por relato y la política por marketing autoritario. Y como escribió Orwell (o se le atribuye), en una advertencia que hoy suena inquietantemente actual:

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”

Por eso, frente a este intento de disciplinar la palabra y domesticar el pensamiento, la única respuesta posible es más crítica, más organización y más verdad circulando por fuera del control del poder. Porque cuando un gobierno pretende decidir qué es verdad y qué no, lo que está en juego no es la comunicación: es la libertad misma.

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Argentina bajo muy grave riesgo de disolución nacional

By Carlos Andrés Ortiz 4 semanas ago
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Lo vengo diciendo, con toda claridad, en sucesivos artículos, que nos están empujando con persistente alevosía, hacia la total disolución nacional.

Si no llegaran a concretar ese perverso objetivo, de mínima buscan hacernos involucionar al hoy inviable y claramente caótico contexto de enclave colonial, de economía regresivamente primarizada, sin industrias ni entes tecnológicos, con población mayoritariamente analfabeta y carente de servicios de salud; como éramos en los años de fines del siglo XIX y comienzos del XX; todo eso administrado bajo una pseudo democracia en una estructura social feudal, con las grandes mayorías muy empobrecidas, y sojuzgadas por un Estado ferozmente represivo.

El Poder Formal lo ejerce un individuo cuyo caprichoso accionar gubernativo, sus frecuentes explosivas expresiones verbales -muchas veces cargadas de epítetos muy groseros y desubicados totalmente para el alto cargo que ejerce-, su gesticulación por momentos desenfrenada, y el claro desprecio que demuestra para con su propio pueblo, hacen suponer con alto grado de verosimilitud, que estamos siendo gobernados por un psicópata con ínfulas de grandeza y desmedidamente ávido de reconocimientos que no merece.

Es un mendicante del Nobel de Economía, con sus antecedentes de uno o más libros con textos plagiados, y con su pretendida “genialidad gubernativa” que solo él y sus secuaces pretextan ver y que contrasta con los desastrosos resultados de su gestión; todo eso entre otros desquicios, como sus ínfulas de cantante; que además goza ante el sufrimiento generalizado que provocan sus acciones socio económicas.

Por algo se identifica con un instrumento de destrucción y apto para brutales torturas, como lo es la motosierra.

Cabe consignar, que además de las profusas evidencias de su compleja conducta, más de un psiquiatra opinó en las redes sociales, respecto a la desequilibrada personalidad de nuestro presidente.

Las no probadas inocencias del presidente y su entorno cercano, respecto al negociado de la moneda virtual promocionada por el propio mandatario, y a los varios casos de “coimisiones” que involucran a su hermana y otros funcionarios muy cercanos, hacen abundar en elementos contundentes totalmente incompatibles con el decoro, probidad y patriotismo, que deben ser atributos imprescindibles para el ejercicio de la primera magistratura nacional.

El propio Milei, claramente exaltado y con voz aflautada, dijo ante una periodista extranjera, que es el topo que vino a destruir el Estado desde adentro.

Sin Estado no hay Nación, sin Nación no hay Patria. Concepto elemental, pero que muchos desconocen, entre ellos buena parte de los jóvenes sub 40 (afectados por la muy perjudicial reforma educativa de Alfonsín, que les quitó contenidos en Historia, Geografía, Lengua y Matemática); numerosos políticos improvisados; sectores de clases media y baja, afectados por el “síndrome de Doña Florencia” (pensar como garcas y actuar como tales, pese a ser simples pobretones); y el 90 % de los uniformados, cooptados estos por un profundo limado de neuronas al ras, que les anuló las capacidades de razonamiento, además de ser ignorantes en Economía, Historia y Geopolítica.

También Milei calificó como “héroes” a los delincuentes fugadores de divisas; y se habría expresado agresiva y burdamente respecto a Jesús, lo cual además de aberrante, es una burla necia respecto a las mayorías católicas y cristianas en general, de Argentina, Iberoamérica y todo el mundo cristiano. También agredió de palabra sin fundamento alguno, solo demostrando un enfermizo odio, al Papa Francisco, quien pese a ello tuvo la grandeza de recibirlo en El Vaticano.

En medio de todo ese aquelarre de absurdos y negatividades inconcebibles, como la subordinación total a los dictados de EEUU, el RU y sus socios principales, y el burdo portazo con el que se desdeñó nuestra incorporación al BRICS, que hubiera sido esencial desde lo geopolítico y lo económico, todo el accionar de libertarios y secuaces, conduce a la destrucción nacional; mientras inventan ficticias “realidades paralelas” con las que con periodistas mercenarios y trols muy activos, a los necios o muy crédulos “engrupen” con supuestos “grandes logros económicos”, que la realidad desmiente.

Por su parte, la necia milicada de mente procesera llena de odio antiperonista, alaba al psicópata por haber comprado algunos pocos “fierros viejos” de dudosa operatividad o de casi nulas capacidades estratégicas reales, que nos mantienen en un estado de total indefensión, mientras nos subordinan vergonzosamente a EEUU y sus socios Atlantistas.

A la vez, sus operadores libertarios o afines destrozan la obra social de los uniformados, mientras que los bajísimos salarios llevan al éxodo de muchos integrantes de Las Fuerzas, cuando no a la depresión suicida de al menos media docena de sus efectivos.

Al mismo tiempo, libertarios y secuaces perpetran impresentables operaciones financieras y de endeudamientos externos, a cargo del “ministro de endeudamiento” Caputo, y del experto en timbas financieras Sturzenegger, hoy devenido en “ministro destructor del Estado y perpetrador del industricidio masivo”

En medio de tanta feroz hipocresía cargada de aporofobia, ahogan financieramente a la educación y la salud pública, incluso jactándose de ello bajo falsas acusaciones de “ñoquis”, con especial saña contra prestigiosos y muy eficientes hospitales públicos y entes vinculados (como el Malbrán y el Garrahan), y lleva al borde de la desaparición a las muy importantes Escuelas Técnicas, repitiendo las agresiones financieras y anulaciones de su accionar, perpetradas por precedentes gobiernos neoliberales (léase apátridas feroces).

La parálisis total de las obras públicas, incluyendo las cancelaciones de obras con financiaciones aseguradas y con altos valores estratégicos, como la Central Nuclear Atucha 3, la Central CAREM, y las dos grandes hidroeléctricas patagónicas; a lo que se agregan para más caos inducidos las totales paralizaciones en las imprescindibles tareas de mantenimiento de las infraestructuras en Energía, caminos, ferrocarriles, escuelas y hospitales, que no solo ocasionaron muertes culposas, sino que tienen a desarticular a nuestro país, volviéndolo inviable y caótico.

La artificial sobrevaloración de nuestra moneda respecto al dólar, y la irracional apertura total de nuestra economía, a lo que se agrega la muy reducida capacidad de compra de nuestra población, empobrecida adrede y en crecientes cantidades empujadas a la desocupación forzosa, ante las quiebras o cierres de empresas, que se verifican día a día, forman un combo perversamente perfecto que nos empuja a la desindustrialización forzosa y a los aumentos desmedidos de las importaciones; con la pobreza y la miseria extrema aumentando mes a mes.

Las importaciones, agregadas a los impagables servicios de la deuda, hacen crecer desmedida e irracionalmente la ya impagable deuda externa, que nos convierte en un Estado fallido, como si hubiésemos sido arrasados por un conflicto bélico descomunal.

En todo ese contexto destructivo, el presidente y su comitiva, se dedican a viajar muy seguido al exterior, en varios casos sin ningún motivo oficial que justifique esos derroches de divisas, mientras en lo interno afirma que “no hay plata”, ni para lo más elemental y humanamente necesario, lo cual es aberrante.

Para agregar incoherencias totales, cuando no burlas descaradas a los acuciantes problemas internos, como la inundación catastrófica en Bahía Blanca, y los brutales incendios de casi probada intencionalidad que azotan a la Patagonia, mientras el Estado nacional se desentiende por completo de esas dolorosas realidades y niega todo apoyo para solucionar esas catástrofes, al mismo tiempo el presidente usa su tiempo y los dineros públicos, para satisfacer su ego, cantando y actuando en público, superando las incoherencias que años atrás perpetrara el entonces presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (también con ínfulas de cantante), pero en aquel caso fue rápidamente eyectado de su cargo, por su desubicuidad y evidente incapacidad para esa alta función.

Siempre accionando contra los Intereses Nacionales, expresó posturas de hecho favorables al Reino Unido, en el sensible tema de los usurpados archipiélagos australes.

El odio irracional que el presidente demuestra ante todo lo estatal, lo lleva a impulsar desastrosas privatizaciones de bienes de alto valor estratégico y altamente rentables, como las grandes hidroeléctricas nord patagónicas y las muy eficientes centrales nucleares, mientras desfinancia toda operatividad de los entes tecnológicos, imprescindibles para el desarrollo, los que libertarios y secuaces se esfuerzan en destruir y gozan destruyendo, mientras pagan sobreprecios y otros desmanejos operativos.

En Política Exterior, la sumisión total al Bloque Atlantista, lleva a pisotear toda acción soberana y digna, que Argentina supo mantener en temas de gran importancia geopolítica, subordinándonos servilmente a los dictados o caprichos de los administradores del poder anglosajón.

La miseria general y la creciente desocupación, empujan al exilio a muchos argentinos, lo cual agrava la escasez de población que afecta a nuestro país.

Mientras el país cae a pedazos, un denso sopor parece afectar a nuestra población, que parece resignarse a semejante conjunto de tropelías, las que nos llevan a la irreversible destrucción general, a la que nos empujan, pero para evitarlo aun estamos a tiempo, y Dios quiera que no sea a costa de un descomunal baño de sangre, como comenzó a suceder en la crisis terminal de 2001/2002, de la cual casi de milagro logramos salir.

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Provincias al límite: ajuste nacional, salarios congelados, servicios que se degradan y un superávit que es un dibujo

By Silvia Abaca 4 semanas ago
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El ajuste impulsado por el gobierno nacional dejó de ser una discusión macroeconómica para convertirse en una crisis concreta en las provincias. La decisión de recortar, demorar o directamente eliminar transferencias y programas nacionales tiene efectos inmediatos: salarios congelados, servicios públicos degradados y una creciente incapacidad estatal para responder a emergencias sociales y ambientales.

Desde el inicio de este gobierno,las provincias enfrentan una caída real de los recursos nacionales. La coparticipación federal se derrumbó en términos reales como consecuencia de la inflación y la recesión, mientras que las transferencias no automáticas fueron prácticamente desmanteladas. A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba una parte sustantiva del salario de los y las docentes en todo el país, y el recorte de programas educativos y sanitarios que sostenían presupuestos provinciales.

Corrientes es un caso paradigmático. En la provincia, docentes, trabajadores de la salud y empleados estatales no reciben aumentos salariales, con ingresos que pierden poder adquisitivo mes a mes. La causa es clara: el Estado nacional dejó de enviar fondos específicos y redujo drásticamente su aporte al sostenimiento de las provincias, trasladando el ajuste directamente a los salarios.

La misma situación se replica en Chaco, donde la recomposición salarial docente quedó virtualmente congelada; en La Rioja, que denunció la quita de fondos nacionales y el incumplimiento de compromisos asumidos; y en Santa Cruz, donde la paralización total de la obra pública nacional destruye empleo y afecta ingresos provinciales. En Misiones, Formosa y Santiago del Estero, la caída real de la coparticipación y la desaparición de programas federales profundizan desigualdades estructurales.

El desfinanciamiento nacional también se expresa con crudeza frente a las emergencias ambientales. En Chubut, los incendios forestales que avanzan sobre miles de hectáreas volvieron a dejar en evidencia la ausencia del Estado nacional. El recorte del presupuesto destinado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, la subejecución de partidas específicas y la falta de envío de recursos logísticos y humanos dejaron a la provincia prácticamente sola frente a la catástrofe.

La reducción de fondos nacionales implica menos brigadistas, menos equipamiento, menos medios aéreos y menor capacidad de prevención. No se trata de un fenómeno natural inevitable, sino del resultado directo de una política deliberada de desinversión estatal. Mientras el gobierno nacional pregona el “achicamiento”, el fuego avanza y las comunidades quedan expuestas.

Lo que ocurre en Corrientes, Chubut y en el conjunto de las provincias no es desorden ni herencia, es una decisión política consciente. El gobierno nacional elige no enviar los fondos que corresponden, desmantelar políticas públicas y retirarse de sus responsabilidades constitucionales. El resultado es un país con salarios pulverizados, territorios incendiados y Estados provinciales debilitados a propósito.

No hay federalismo posible cuando la Nación ajusta desde el centro y descarga el costo sobre docentes, trabajadores estatales y comunidades enteras. El “equilibrio fiscal” que se proclama se sostiene sobre sueldos congelados, escuelas sin recursos y provincias abandonadas frente al fuego. Ese no es un plan de gobierno: es una política de daño.

Negar fondos es gobernar por asfixia. Y gobernar por asfixia es elegir quién pierde: pierden los trabajadores, pierde el ambiente, pierden las provincias y pierde la democracia.

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