El Gobierno nacional oficializó hoy la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.
Lo hizo por medio de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, un día después del anuncio que hiciera en ese sentido el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de la red social Twitter.
“En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta”, dice en los considerandos.
Y reafirma que “a través del la Procuración del Tesoro de la Nación se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida”.
De acuerdo al artículo 1 de la disposición, “el Ministerio de Economía, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a pesos noventa y ocho mil quinientos millones ($98.500.000.000) en bonos del Tesoro TX31”.
En ese marco, se “dará instrucciones a esa entidad bancaria para que transfiera diariamente a una cuenta bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el uno coma cuatro (1,4%) que históricamente se le transfería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del artículo 8°de la Ley N° 23.548, y el dos coma noventa y cinco (2,95%) que dispuso la medida cautelar dictada” por la Corte Suprema la semana pasada.
En tanto, el artículo 2 dispone que “el Banco de la Nación deberá proceder a la apertura inmediata de la cuenta Bancaria consignada en el artículo anterior”, mientras que el 3 indica que “la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía promoverá las modificaciones presupuestarias pertinentes”.
La medida oficializada hoy, que ya fue rechazada por el Gobierno porteño, lleva las firmas de los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Economía, Sergio Massa.
La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires, fue comunicada ayer por el Presidente en Twitter.
“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, advirtió en un hilo de tuits el mandatario.
La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.
Estudio del Centro de Economía Política Argentina. El presente informe tiene por objetivo analizar la evolución de la principales variables económicas y financieras de las empresas más grandes de Argentina y para ello se utiliza la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) (1) que provee INDEC, junto con los estados contables de algunas de las principales firmas industriales y de medicina prepaga.
El informe busca responder tres cuestiones:
¿Cuánto ha sido la facturación – medida en dólares- de la cúpula de 500 empresas más importantes de Argentina durante el gobierno de CFK 2012-2015? ¿Ha sido superior dicha facturación en el gobierno posterior de Mauricio Macri, del periodo 2016-2019? ¿Qué sucedió en el año de pandemia?
¿Tuvo la rentabilidad empresarial un comportamiento similar en cada periodo?
¿Es cierto que los costos laborales e impositivos impiden el normal desarrollo de la actividad empresarial? ¿cuáles son estas magnitudes?
En base a lo anterior, el informe que se desarrolla a continuación se estructura en cinco apartados principales: evolución del Valor Bruto de Producción -medido en dólares- y la evolución del valor de las ventas de una selección de empresas del sector industrial y sector prepagas; detalle de utilidad antes de impuesto a las Ganancias (2); incidencia de impuestos sobre ventas; e incidencia del costo laboral.
Incorporamos en este trabajo un análisis de las expectativas y pronósticos de los grandes empresarios en cada Coloquio Anual de IDEA: 4) ¿se confirmaron sus pronósticos en base a los datos objetivos de desempeño empresarial? Finalmente, se desarrollan las conclusiones. 1- Facturación de la cúpula de las 500
Si se analizan los ingresos de las primeras 500 empresas de Argentina para el periodo 2012-2019 se observa que, en promedio, vendieron USD 240.334 millones por año. Al respecto, en el periodo 2012-2015, el promedio asciende a USD 258.767 millones, mientras que en la etapa 2016-2019 fue de USD 221.901 millones (3).
En ese sentido, los años del primer subperiodo analizado se ubican por arriba del total anual del VBP obtenido en el periodo que comienza en 2016, el cual registra una mejora en el año 2017, para luego volver a caer al final del gobierno de la Alianza Cambiemos. Vale mencionar también, que el 2020 registra los menores montos de la etapa en análisis, en el marco del impacto de la pandemia y las medidas adoptadas ante tal situación.
Finalmente, vale mencionar que, en el año de pandemia, la caída de las ventas se hizo notar: el VBP alcanzó de USD 160.877 millones.
2- Utilidad de la cúpula de las 500
Como se observa en el gráfico a continuación, en el periodo 2012-2019, y según los últimos datos disponibles, el promedio de utilidad de las primeras 500 empresas fue de USD 18.549 millones, destacándose que entre 2012-2015 el monto promedio asciende a USD 21.063 millones, sensiblemente mejor al promedio de la etapa 2016-2019, cuyo promedio fue USD 16.035 millones (4).
En otras palabras, en los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estas empresas obtuvieron una utilidad anual en dólares muy superior a todos los años de la gestión de Mauricio Macri, salvo el año 2018 que se ubica a la par de estos, y con fuerte caída en el 2020 en el marco de la pandemia mundial que afecta la actividad económica y retrae, en parte, los promedios que se venían sosteniendo anteriormente.
En el año de pandemia, y como se observaba en la evolución de las ventas, se redujo la utilidad: alcanzó de USD 10.000 millones.
Complementariamente, si analizamos la utilidad en relación con los asalariados, las 500 empresas más importantes del país ganaron, en promedio, USD 22.476 por cada trabajador/a. Al igual que en el análisis anterior, los datos muestran que en los años que van de 2012 a 2015, el promedio fue de USD 25.678 millones, un monto superior a los USD 19.274 promedio de 2016-2019 (5) .
Al observar la rentabilidad sobre activos (total de los bienes) de las firmas relevadas por la ENGE, es posible detectar que el promedio de los ocho años que van del 2012 al 2019 es de 7,5%, ubicándose en la etapa 2012-2015 por encima de ese valor, con 9,1% promedio, y por debajo en el caso de 2016-2019, cuando desciende a un 5,9% (6).
Situación similar muestra el gráfico siguiente, que refiere a la rentabilidad sobre patrimonio neto, la cual se ubica en un 17,2% promedio, con suba hasta el 21,21% en 2012-2015 para luego caer al 13,1% en 2016-2019 (7).
En ambos casos se refleja una clara mejora de la rentabilidad en el marco de la gestión del gobierno kirchnerista en relación con el periodo de políticas neoliberales del macrismo que implican para 2019, luego de cuatro años de gestión, una sensible caída en la rentabilidad de las empresas más grandes del país.
En el año de la pandemia, y dado que se redujeron las ventas y la utilidad, en todos estos casos (utilidad por salariado, rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre PN), desmejoraron los desempeños.
A continuación, y si se compara la utilidad sobre VBP entre empresas extranjeras y nacionales, los datos indican que las primeras se ubican por encima con un promedio que, para la etapa 2012-2015, es de 13% frente a un 9,2% de las locales, y entre 2016-2019 de 9,2% frente a un 7,1% de las locales. No obstante, las extranjeras pagaron un mayor promedio de impuestos con 10,5% frente al 8% de las firmas de capital nacional en toda la etapa.
Al poner la lupa puntualmente sobre la utilidad de las primeras 500 empresas de capital nacional en millones de dólares, cabe señalar que alcanza un promedio de USD 3.438 millones anuales (8) en el período 2012/2019, monto que se mantiene similar en las dos subetapas: USD 3.399 millones (2012-2015) y USD 3478 millones (2016/2019).
En cambio, en el caso de aquellas con participación extranjera, la utilidad promedio, en dólares, es de USD 15.111 millones (9) entre 2012/2019, con un promedio anual entre 2012-2015 de USD 17.664 millones, que desciende a USD 12.558 millones para 2016-2019.
3- ¿Cuánto inciden los impuestos en las ventas de las 500 empresas más grandes?
Es habitual escuchar por parte de sectores empresariales y partidos de la oposición, hacer referencia a la, en teoría, “enorme” presión fiscal que existe en Argentina.
Como ya se ha demostrado en el informe de CEPA Los 164 “impuestos” que no son, dicha afirmación es falsa y busca desinformar (solo el 36,61% de ese total puede considerarse impuesto) pero además tiene como fin correr el eje de discusión respecto de sobre quiénes recae la mayor carga impositiva en el sistema tributario nacional.
Si se analiza qué ocurre con las 500 empresas más grandes del país, se puede observar con atención que el promedio de impuestos sobre ventas alcanza apenas el 11,2% (10) entre 2012 y 2019, y si, además, se divide en cada subetapa de gobierno, se evidencia la reducción que se produce entre el promedio de 12,1% registrado en la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y el 10,2% del periodo encabezado por Mauricio Macri, con claro beneficio para los grandes grupos empresariales.
Se agrega a lo anterior que, si se consideran específicamente un conjunto de empresas seleccionadas, Arcor, Molinos Aluar, Ledesma y La Anónima, el promedio de impuestos sobre ventas se reduce aún más, ubicándose en un 5,3%.
4- ¿Cuál es la incidencia del costo laboral en la cúpula de las 500?
Otro argumento que se suele plantear de parte de los grupos empresariales y sus entidades representantes tiene que ver con un cuestionamiento respecto de la “carga” que conllevan los “altos” costos laborales del mercado de trabajo argentino.
Al estudiar los datos de las 500 empresas más grandes queda de manifiesto que el costo laboral promedio entre 2012-2019 fue del 14,8% (11), un porcentaje que difícilmente pueda constituir un impedimento a la actividad empresarial y a la contratación laboral. Este porcentaje se ubicó en promedio en 14,8% entre 2012-2015 y en 14,7% para el periodo 2016/2019, con una mayor caída en el año 2019 con un 13% anual.
Los datos referidos a sueldos y cargas sociales para la etapa 2017-2022, de la selección de empresas – Arcor, Molinos Aluar, Ledesma y La Anónima – en relación con las ventas, estos representan un 18,0% promedio.
Al tiempo que el volumen de indemnizaciones sobre el VBP se ubica en tan solo un 0,6% para el periodo 2016-2019 e incluso si se extiende el período al 2020 según los datos disponibles.
5- Coloquio de IDEA: ¿las expectativas de las grandes empresas se adecuan a los datos de la realidad?
Los hallazgos que se han desarrollado en el informe proveen información de relevancia para contrastar expectativas de parte de los grandes empresarios de Argentina. En este mes de octubre, donde se celebra el Coloquio Anual de IDEA, esas expectativas se ven reflejadas en la encuesta anual realizada por la organización del evento, en la que participan los dueños y ejecutivos de más de 200 firmas.
Entre los principales hallazgos, sobresalen tres momentos en donde los pronósticos se separaron de los datos objetivos posteriores:
Entre 2012 y hasta mediados de 2015 los empresarios consultados por el Coloquio de IDEA sostienen, en cerca del 50% de los casos, que la rentabilidad de sus empresas disminuiría en los meses venideros, bajo el gobierno de CFK. Sólo el 20% indica que aumentará su rentabilidad y otro 30% que no habría cambios.
A la inversa, en octubre de 2015 y ante la posibilidad de cambio de gobierno con políticas afines a sus demandas, el 50% de los empresarios respondió que su rentabilidad aumentaría en meses próximos.
Más cerca en el tiempo, en octubre de 2019, volvieron a predominar las expectativas negativas: el 60% consideró que se reducirían sus ganancias, ante la inminente victoria del FDT y derrota electoral de Juntos por el Cambio.
Si uno observa los datos de desempeño empresarial, cada uno de los pronósticos reflejados en IDEA fue refutado por los números concretos:
¿Qué ocurrió durante el segundo gobierno de CFK (2012-2015) respecto del gobierno de Cambiemos (2016-2019)? Los datos que fueron reflejados en este informe muestran que ganaron más que en la etapa 2016-2019. Las principales 500 empresas de la Argentina ganaron, en promedio, entre 2012 y 2015, USD 21.063 millones anuales, mientras que entre 2016 y 2019 ganaron USD 16.035 millones.
Bajo gobiernos populares esperaron perder rentabilidad, pero en verdad ganaron. Bajo un gobierno de derecha – y con las políticas que se reclamaban en Coloquio de IDEA- pronosticaron ganar más, pero en verdad sus ganancias fueron menores.
En 2019, con un nuevo cambio de signo político, las expectativas negativas sobre el Frente de Todos. Incluso y a pesar de la pandemia de 2020, los resultados de 2021 y 2022 son más que abultados. A continuación, se observa el resultado operativo de empresas industriales seleccionadas, en base a los últimos balances disponibles (12):
Este año el Coloquio se denomina muy sugerentemente “Ceder para crecer” y luego de un bienio que seguramente cerrará con importantes ganancias (2021-2022) de parte de los principales grupos económicos del país, cabe interrogarse: ¿quién debe ceder para crecer?
Conclusiones
Como objetivo del informe, se buscó responder tres preguntas.
1- ¿Cuánto ha sido la facturación – medida en dólares- de la cúpula de 500 empresas más importantes de Argentina durante el gobierno de CFK 2012-2015? ¿Ha sido superior dicha facturación en el gobierno posterior de Mauricio Macri, del periodo 2016-2019?
La cúpula empresarial de las 500 más grandes de país facturó más en ventas durante el gobierno de CFK que durante el gobierno de Mauricio Macri.
Las ventas de las primeras 500 empresas de Argentina para el periodo 2012-2019, en promedio, alcanzó los USD 240.334 millones por año. Al respecto, se destacan las ventas en el periodo 2012-2015, donde el promedio asciende a USD 258.767 millones, y contrasta con los ingresos de la etapa 2016-2019, donde suman USD 221.901 millones (13).
2- ¿Tuvo la rentabilidad empresarial un comportamiento similar en cada periodo?
La primera conclusión es que las 500 más grandes ganaron más con CFK que con Macri.
En el periodo 2012-2019, y según los últimos datos disponibles, el promedio de utilidad de las primeras 500 empresas fue de USD 18.549 millones, destacándose que entre 2012-2015 el monto promedio asciende a USD 21.063 millones, sensiblemente mejor al promedio de la etapa 2016-2019, cuyo promedio fue USD 16.035 millones (14).
Es decir: en los años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estas empresas obtuvieron una utilidad anual en dólares muy superior a todos los años de la gestión de Mauricio Macri.
En el período 2012-2019, las empresas más importantes del país ganaron, en promedio, unos USD 22.476 por trabajador/a en el período.
La rentabilidad sobre activos de la etapa 2012-2019 se ubica en promedio en 7,5% y sobre patrimonio neto, en 17,2% promedio. En ambos casos se refleja una clara mejora en el marco de la gestión del gobierno kirchnerista en relación con el periodo de políticas neoliberales del macrismo.
3- ¿Es cierto que los costos laborales e impositivos impiden el normal desarrollo de la actividad empresarial? ¿cuáles son estas reales magnitudes?
La incidencia de los impuestos es baja en relación a las ventas. El porcentaje de impuestos sobre ventas para las 500 empresas alcanza apenas el 11,2% para el período 2012-2019. Si sólo se observan cinco de las más importantes (Arcor, Molinos Aluar, Ledesma y La Anónima) el promedio baja a un 5,3% (2017 a 2022).
El costo laboral no sufre grandes cambios en los últimos diez años. Para el período 2012-2019 se mantiene en 14,8% sobre ventas para la cúpula de las 500, un porcentaje que difícilmente pueda constituir un impedimento a la actividad empresarial y a la contratación laboral. Este porcentaje se ubicó en promedio en 14,8% entre 2012-2015 y en 14,7% para el periodo 2016/2019, con una mayor caída en el año 2019 con un 12,8% anual. Los datos referidos a sueldos y cargas sociales para la etapa 2017-2022, de la selección de empresas – Arcor, Molinos Aluar, Ledesma y La Anónima – en relación con las ventas, estos representan un 18,0% promedio.
El costo de despido es ínfimo. El volumen de indemnizaciones sobre ventas se ubica en tan solo un 0,7% para el periodo 2016-2020.
Existen beneficios impositivos para las de capital nacional. Las empresas extranjeras tienen en promedio mayores ventas que las de capital nacional, pero, por otra parte, pagan un mayor porcentaje de impuestos.
Luego, en relación con los pronósticos de los grandes empresarios en cada Coloquio Anual de IDEA: ¿se confirmaron sus pronósticos en base a los datos objetivos de desempeño empresarial?
Entre los principales hallazgos, sobresalen tres momentos en donde los pronósticos de los dueños y ejecutivos de más de 200 firmas participantes se separaron de los datos objetivos posteriores:
Entre 2012 y hasta mediados de 2015 los empresarios consultados por el Coloquio de IDEA sostienen, en cerca del 50% de los casos, que la rentabilidad de sus empresas disminuiría en los meses venideros, bajo el gobierno de CFK. Sólo el 20% indica que aumentará su rentabilidad y otro 30% que no habría cambios.
A la inversa, en octubre de 2015 y ante la posibilidad de cambio de gobierno con políticas afines a sus demandas, el 50% de los empresarios respondió que su rentabilidad aumentaría en meses próximos.
Más cerca en el tiempo, en octubre de 2019, volvieron a predominar las expectativas negativas: el 60% consideró que se reducirían sus ganancias, ante la inminente victoria del FDT y derrota electoral de Juntos por el Cambio.
Si uno observa los datos de desempeño empresarial, cada uno de los pronósticos reflejados en IDEA fue refutado por los números concretos:
Las principales 500 empresas de la Argentina ganaron, en promedio, entre 2012 y 2015, USD 21.063 millones anuales, mientras que entre 2016 y 2019 ganaron USD 16.035 millones.
Bajo gobiernos populares esperaron perder rentabilidad, pero en verdad ganaron. Bajo un gobierno de derecha – y con las políticas que se reclamaban en Coloquio de IDEA- pronosticaron ganar más, pero en verdad sus ganancias fueron menores.
En 2019, con un nuevo cambio de signo político, las expectativas negativas sobre el Frente de Todos. Incluso y a pesar de la pandemia de 2020, los resultados de 2022 son más que abultados: se registra una mejora de rentabilidad en dólares entre 50 y 60% en 2022 respecto de 202 para una muestra compuesta por distintos casos (tales como Arcor, Aluar, Ledesma, La Anónima, Ternium o PAE).
El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que es “insostenible jurídicamente” la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad y dijo que la exmandataria es “inocente”, por lo que el pedido de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para cargos públicos constituye un “error estrepitoso”.
Fernández subrayó que tiene la “certeza” de que la vicepresidenta “es una mujer inocente y honesta” y aseguró que “no ha participado en nada” de lo que la acusan en la causa por presunto direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz.
En diálogo con TN, el mandatario dijo que es “insostenible jurídicamente” la imputación y advirtió que la acusación “partía de una premisa insólita que decía que ella, como Presidenta, no pudo no saber lo que pasaba” con las licitaciones de Vialidad en Santa Cruz.
Para Fernández, “este juicio es un disparate jurídico respecto de Cristina” y señaló que el fiscal Diego Luciani “dijo un sinfín de disparates jurídicos”.
En esa línea, explicó que un jefe de Estado está “muy alejado de una licitación pública” del tipo de las que se investigan en el juicio, y cuestionó que el pedido de pena de los fiscales Luciani y Sergio Mola considere que la exmandataria “tuvo responsabilidad de haber mandado un presupuesto donde estaban las obras que iban a Santa Cruz”.
“¿Entonces todos los diputados y senadores son parte de una asociación ilícita?”, razonó entonces el Presidente a modo de crítica, y en ese sentido añadió: “No se puede trabajar el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina”.
En cuanto a la posibilidad de conceder un indulto a la titular del Senado, contestó que el senador Oscar Parrilli emitió un posteo reciente en Twitter en el que remarcaba “para CFK ni indulto ni amnistía: justicia” y subrayó que ese mensaje ” fue retuiteado por Cristina”, con lo cual “la que no quiere pensar en un indulto es Cristina”, amplió.
“No tendríamos que estar hablando de indulto”, agregó luego ya que, desde el punto de vista legal, todavía “no hay ninguna condena” contra la vicepresidenta, más allá de que desde algunos medios “han logrado establecer una condena mediática”, reprochó al referirse incluso a la señal televisiva a la que concedió la entrevista.
“Hace varios años ha habido una acción mediática en la que quisieron poner a Cristina en el lugar donde la puso el fiscal Luciani”, repasó.
“Tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia”, afirmó Fernández, expresó que “la lógica del escrache y del insulto no se soporta más” y contó que “quiero estar cerca de Cristina porque la están lastimando”.
“Ni Cristina ni yo no queremos defender acto de corrupción, no nos une la búsqueda de impunidad, nos une la búsqueda de justicia”, formuló.
Fernández apuntó a “exigirle a la Argentina tener un sistema judicial realmente independiente y con jueces probos, y conocer sus patrimonios”
Según el jefe de Estado, “la vehemencia que ponen a investigarla a ella, a (Julio) De Vido, a Lázaro Báez, no es la vehemencia que ponen para investigar a los otros” y ejemplificó a “fiscales que van a jugar al fútbol a la a casa de (Mauricio) Macri, a jugar al padel a Olivos”
“Cuando asumí dije que iba a terminar con los sótanos de la democracia, y eso lo cumplí, porque no hay un operador del Estado hablando con jueces o fiscales, y es uno de los grandes orgullos que tengo”, resumió.
Fernández, por otro lado, enunció que “la corrupción ha sido un mal endémico”, dijo que él nunca robó y que tiene los mismos bienes o incluso menos que antes de asumir en el cargo y declaró: “En mi Gobierno puse todo mi empeño para que nadie robe y hoy no tenemos cuestionamientos”.
Consultado sobre la convocatoria de actos y marchas en respaldo de la vicepresidenta, Alberto Fernández se mostró de acuerdo y manifestó que el Frente de Todos tiene que “generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y reclamar una Justicia independiente”.
“No me preocupa que la gente salga a la calle”, sostuvo el mandatario, anticipó que mañana hablará con los “compañeros” del Consejo Nacional del PJ, que preside, para definir los pasos a seguir sobre la organización de una movilización con esos objetivos, y finalmente remarcó que “estar en la calle no significa ser violento”.
Además, afirmó que su principal “prioridad política es mantener unido al Frente de Todos” y dijo que hará “lo que tenga que hacer para que eso ocurra”, tras lo cual resaltó que el objetivo común de la coalición oficial es “garantizar que en 2023 no vuelvan a ganar los mimos tipos que nos dejaron un país miserable”.
También aseguró que “nunca estuvo peleado” con la Vicepresidenta, aunque pueden haber tenido “diferencias” y que “a veces somos los dos vehementes”.
Consultado sobre si se presentará a la reelección, aclaró que es “lo último” en lo que piensa, al explicar: “Mi preocupación es ver cómo empezamos a contener la inflación y cómo ordenamos la distribución del ingreso. Esas son las dos prioridades”.
También criticó al expresidente Mauricio Macri y señaló que “tendría que estar rindiendo cuentas”.
“No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la Justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes”, agregó, para manifestar que “la justicia aún no ha investigado”.
“El Presidente soy yo, eso nunca estuvo en discusión”, contestó al descartar “el análisis político que hacen en los medios y consultoras” sobre su coexistencia con la Vicepresidenta en la gestión del FdT, y aseguró que nunca pensó en renunciar: “Tengo una responsabilidad con la gente, con el pueblo”, reafirmó.
En el aspecto económico, admitió que la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía “generó una crisis por la forma en que se fue”, y subrayó que “el modo en que tomó la decisión le hizo mucho mal a la Argentina” porque, reprochó, “avisó cuando ya había hecho todo”.
Al referirse a las circunstancias vividas tras la renuncia de Guzmán, añadió: “Buscamos recuperar un orden que se había quebrado en el Gobierno, soportamos una corrida cambiaria impresionante, motivada por algunos para debilitarnos como Gobierno, y la pudimos sobrepasar”, valoró .
En cuanto al clima social, indicó que la macroeconomía “esta bien” y enumeró “un 6% de crecimiento económico en el primer semestre, la ocupación de la capacidad productiva entre un 65% y 70%, la creación de 1,2 millones de puestos de trabajo y el empleo registrado que crece mucho”, aunque admitió que “hay una inflación sin resolver que afecta ingreso mucha gente que gana entre 80 mil y 100 mil pesos”.
Por último, recordó que “siempre dijo” que la dirigente social Milagro Sala “no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención”, y remarcó que “todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad”.
“Hasta el día de hoy Milagro no tiene una sentencia firme, su sentencia está en situación de revisión en la Corte Suprema”, indicó el Presidente, y añadió: “Lleva más de 7 años detenida, y el delito que le imputan es administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años”.
“Si no te gusta como está puesta la mesa, lo mejor que podés hacer es darla vuelta” dice Frank Underwood en una escena de House of Cards. Esa misma línea debe haber estado presente en muchas mentes de la política argentina en los últimos días. Es precisamente lo que parecemos estar viviendo: un auténtico cambio de escenario, probablemente el cambio de escenario más grande del gobierno del Frente de Todos.
Un 60% creía que Alberto Fernández debía hacer un cambio total de gabinete. Fue el primer dato del estudio nacional de agosto de la consultora Zuban&Córdoba. Y menos de un día después de su circulación se supo de la llegada de Sergio Massa al gabinete en un nuevo rol de “Super-Ministro” concentrando la totalidad de las áreas económicas. Según trascendidos, nuevos cambios serán anunciados en los próximos días.
Se trata de un nuevo escenario político y económico, un cambio en las reglas de juego del debate entre oposición y oficialismo que no todos parecen haber decodificado hasta ahora. Puede ser el nacimiento de una nueva lógica en la centralidad política. La oposición parece creer que puede atacar a Sergio Massa con las mismas armas que hasta ahora han utilizado contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No parece que sea la jugada más inteligente. Cualquier cambio en las reglas de juego requiere adaptar las estrategias discursivas. No hacerlo es el primer paso para empezar a cometer errores que se pagan caro.
En el adelanto de este estudio de agosto el otro dato es que la sociedad muestra mayor madurez que la clase política, especialmente en lo que tiene que ver con el respeto a la institucionalidad y el mandato del gobierno. La irresponsabilidad de algunos actores sociales que parecían jugar con posibles fines de ciclo o salida anti-democráticas se chocó rápidamente con esa madurez social.
Sin embargo, aunque la llegada de Sergio Massa implique un cambio en las reglas de juego, lo que sigue sin cambiar es la impaciencia de la sociedad. El 70% de percepción negativa del gobierno y sus figuras se mantiene intacto. Ese 70% necesita empezar a ver resultados y acciones concretas para empezar a revertirse. No habrá luna de miel para el nuevo Super-Ministro, se necesitan medidas urgentes y consensos políticos alrededor de las mismas. Las reglas cambiaron, la urgencia se mantiene.
Una sociedad que mira al dólar
En este nuevo estudio Zuban&Córdoba propone estudiar el estado de las percepciones económicas. Un 92% de la sociedad estuvo expectante a los cambios en la cotización del dólar durante las últimas semanas, y un 79% afirma creer que la cotización del dólar blue es la que más impacta en sus finanzas personales. Las voces oficiales que durante el último tiempo buscaron desmerecer esa cotización cometieron una grave mala praxis económica y política. Esa lección debe estar presente en el nuevo equipo económico.
Un 74% vió con buenos ojos la suspensión de contratación de nuevos empleados públicos y el congelamiento de gastos del estado, dos de las principales medidas de la ministra Batakis antes de su partida. La sociedad espera del gobierno más gestos de austeridad y racionalidad. Cualquier medida de shock en las próximas semanas debería estar acompañada de más gestos de este estilo. La política debe mostrarse dispuesta a realizar los mismos sacrificios que se le piden a la gente.
Y esos sacrificios no se esperan solo del oficialismo. Las principales figuras de la oposición también deben tomar nota del cambio de reglas. Cerrarle la puerta a los acuerdos y consensos, sobreactuando posiciones de fortaleza o agresividad, probablemente sean acciones que traigan más costos que beneficios en el mediano y largo plazo. Así como la gente espera gestos de austeridad del oficialismo, también espera razonabilidad de la oposición. ¿Tendrán la madurez necesaria para mostrarla?
Un repaso sobre Milei
Los últimos estudios de Zuban&Córdoba mostraron que la percepción negativa de Milei se estabilizó. La figura libertaria es ya para la sociedad un integrante activo de “la casta política”. Sin embargo, hay una particularidad para resaltar: su resiliencia electoral, que se mantiene en torno a los 20% y que ha resistido el aumento de la negatividad en su imagen personal.
Ese nuevo bloque libertario seguramente sea uno de los actores centrales en la próxima elección presidencial. El escenario de tres tercios imperfecto puede haber llegado para quedarse y seguramente sea el gran ordenador de la oferta electoral.
Ese escenario de tercios es particularmente importante cuando se analiza en un potencial ballotage para las próximas elecciones presidenciales. En una segunda vuelta, es el tercio restante el que funciona como árbitro de los espacios mayoritarios. Esa foto es la que la política debería estar considerando.
El Gobierno oficializó hoy a través del decreto 426/2022 que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación aunque con una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.
Al enumerar qué tipo de contrataciones quedan congeladas, el decreto menciona “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional; “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164” (contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); como también “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.
Otras modalidades de empleo que quedan restringidas son “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales; al igual que “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente” y “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia” incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
El decreto 426/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Economía Silvina Batakis, establece en sus consideraciones que “resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal”.
En ese tramo de la norma se especifica que las limitaciones que se fijan en el decreto “refieren a los regímenes de contratación” del personal que “presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional previstos en los incisos ‘a’ y ‘c’ del artículo 8° de la ley 24.156 de Administración Financiera”, lo que según dicha norma abarca, por un lado, a la Administración Central y los organismos descentralizados del Estado Nacional, incluyendo a las instituciones de la Seguridad Social.
Pero además, de acuerdo al inciso ‘c’ del artículo 8° de la ley 24.156, el alcance de la prohibición para designar y contratar personal nuevo incluye a los entes públicos con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio en los que el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, al igual que las entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
El decreto 426/2022 prevé por otro lado la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado con los gremios del sector en la paritaria de 2020, por resultar “indispensable para el efectivo desenvolvimiento de la Administración Pública”, y reconoce que esa iniciativa formó parte del decreto 668/2020, de agosto de ese año, en el que se homologó el acta acuerdo del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional suscripta el 29 de mayo de 2020.
