ambiente

Misiones expuso en el Congreso Mundial de Residuos organizado por ISWA

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Misiones potencia la sinergia entre actores internacionales y locales sobre las políticas de Economía Circular. El subsecretario Fernando Santacruz expuso en el panel “Los Planes de gestión de residuos de las Provincias Argentinas”, representando a la tierra colorada en el congreso mundial “Re Imaginemos los Residuos”, organizado por ISWA en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires. Un encuentro que reunió a representantes de gobiernos subnacionales y sector privado de todos los continentes como Asia, África, Europa y Oceanía.

En la ponencia, el subsecretario Santacruz destacó que Misiones cuenta con el único sistema de relleno sanitario provincial del país. El mismo, brinda una solución efectiva a la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios (RSU), patológicos y especiales, como pilas o baterías, a todo el territorio misionero. Este sistema fue implementado en el año 2001, durante el gobierno del Ing. Carlos Rovira, convirtiendo a Misiones en pionera a nivel nacional hasta la actualidad, dando frente a la problemática de los basurales a cielo abierto.

Hoy día, decenas de provincias se ven afectadas por el impacto ambiental de los residuos en basurales no gestionados, con la implicancia además, en la salud de la ciudadanía y el suelo, por lo que varias de ellas han iniciado la transición de su gestión de RSU al sistema de Misiones.

Misiones presentó programas vigentes y anticipó nuevas acciones

Por otro lado, se destacó que las políticas de economía circular provincial implementadas en el año 2022, como la creación de la subsecretaría, con el objetivo de promover la economía circular y reducir los residuos que se destinan al sistema de relleno sanitario. Estas políticas se dan en el marco de una política de estado transversal para el cuidado del ambiente, como la creación del primer Ministerio de Ecología de la Argentina, la primera Secretaría de Estado de Cambio Climático, con rango ministerial, de América Latina; así como el Instituto de Biodiversidad (IMiBio) y otras políticas ambientales como la eliminación del uso del Glifosato en el sector productivo para el año 2030.

Con respecto a las políticas de economía circular, Santacruz destaca los diversos programas que se aplican en el territorio como la construcción de ecopuntos y gestión con municipios, “Mi Escuela Recicla” gestionado con Docentes y Alumnos, la “Guía de Compradores de Residuos”,  Jornadas de Ecocanje en diversos puntos de la provincia y, adhirió, “en el próximo año también contamos con proyectos de Ley para regular el sector productivo proponiendo acciones como la Responsabilidad Extendida al Productor, Consorcios Regionales de Reciclaje y Recolección Diferenciada Obligatoria”.

Acompañaron su panel, pares de la Alianza Verde Argentina: Ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán y Ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores. Además, estuvieron presentes desde Mendoza, el director de gestión y fiscalización ambiental, Leonardo Fernández; por San Luis, Federico Cacace, secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por la ciudad de Neuquén, Alejandro Nicola, secretario de infraestructura y planeamiento urbano, junto a Santiago Morán, secretario de movilidad y servicios al ciudadano. Moderado por el presidente de ARS, miembro nacional de ISWA en Argentina, Atilio Savino.

Sobre ISWA

La International Solid Waste Association (ISWA), es la más importante organización mundial del sector, una asociación independiente, no gubernamental, integrada por profesionales, empresas públicas y privadas, autoridades y asociaciones, involucradas en el tratamiento de residuos sólidos.

El Congreso Mundial de ISWA es una reunión mundial que incluye sesiones plenarias de alto nivel, así como visitas técnicas a sitios y un programa cultural y social donde los profesionales de la gestión de residuos, funcionarios gubernamentales, líderes de la industria, legisladores, científicos y jóvenes profesionales se reúnen para intercambiar puntos de vista y opiniones para avanzar en el conocimiento científico y técnico para la gestión sostenible de los residuos sólidos y la economía circular.

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La Amazonia de cara a la COP30: ¿activo global o frontera de explotación?

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Por Amanda Magnani / Dialogue Earth – En noviembre, el mundo centrará su atención en la ciudad brasileña de Belém, sede de la cumbre COP30. En su trigésima edición, la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, cuyo objetivo es acelerar los esfuerzos internacionales para mitigar y adaptarse al cambio climático, se celebrará por primera vez en la Amazonia, uno de los biomas más importantes para el equilibrio climático de la Tierra.

Pero la selva, fundamental para la regulación climática mundial, se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte de las industrias extractivas. Especialmente las de combustibles fósiles.

A medida que se acerca la COP30 (30 Conferencia de las Partes), que se realizará entre el 10 y el 21 de noviembre, este tira y afloja entre la preservación y la explotación se hace cada vez más evidente.

“La Amazonia es un activo geopolítico para la región”, afirma Joubert Marques, analista de clima y geociencias del Instituto Internacional Arayara. La organización supervisa los proyectos petroleros, mineros y de gas en la Amazonia. “Cuando es estratégico, especialmente en la búsqueda de financiación, los gobiernos adoptan un discurso a favor de la conservación. Pero este discurso parece desaparecer cuando se trata del petróleo y el gas”, añade.

Brasil es el ejemplo perfecto de esta paradoja. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado la intención del gobierno de explorar en busca de petróleo en el Margen Ecuatorial.

Esta nueva frontera incluye la cuenca costera de Foz do Amazonas. Una zona sensible donde el río Amazonas se encuentra con el mar y que alberga ecosistemas costeros poco explorados. Por no mencionar la inmensa biodiversidad de las tierras adyacentes a la costa.

El 20 de octubre, en medio de una intensa presión política, la agencia ambiental brasileña, Ibama, otorgó una licencia a al grupo petrolero estatal Petrobras para comenzar la perforación exploratoria en esta controvertida zona, que debería comenzar “de inmediato”, según la empresa.

Un mes antes del inicio de la COP30, el organismo regulador de la exploración de combustibles de Brasil, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), anunció la inclusión de 275 nuevos bloques de petróleo y gas en una subasta prevista para 2026. La decisión elevó a 451 el número total de áreas en oferta permanente desde junio. Según el Instituto Arayara, algunas de ellas se superponen con territorios indígenas y unidades de conservación.

Paralelamente, la delegación de Brasil presentará dos ambiciosas medidas en la conferencia de Belém: la Coalición Abierta para la Integración del Mercado del Carbono y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Ambas iniciativas están diseñadas para establecer el valor de los bosques en pie, convirtiendo así la conservación en una oportunidad de ingresos.

La propuesta de la coalición tiene en cuenta que más de 70 % de los proyectos de créditos de carbono de Brasil se encuentran en la Amazonia. Los ingresos por su venta podrían alcanzar los 21.600 millones de dólares en 2030.

El TFFF, el orgullo del gobierno brasileño para la COP30, propone un modelo mejorado de financiamiento para los bosques. Que, en lugar de recompensar únicamente a los países por la reducción de la deforestación, ofrece pagos por la preservación continua de las zonas boscosas.

Durante la sesión de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre, el gobierno brasileño anunció una contribución de 1000 millones de dólares al fondo. Se espera un total de 125 000 millones de dólares de otras fuentes.

Promesas repetidas, acciones tímidas

Esta brecha entre la retórica y la práctica no es exclusiva de Brasil. En toda la región, los gobiernos amazónicos reafirman sus compromisos medioambientales y buscan inversiones ecológicas. Mientras que la cooperación y los resultados concretos y duraderos en materia de preservación siguen siendo limitados.

En agosto, la Cumbre de Presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica, celebrada en Bogotá,  reunió a sus países miembros para reforzar una agenda común de protección del bioma. La Declaración de Bogotá resultante incluye compromisos en materia de cooperación técnica, lucha contra los delitos medioambientales y refuerzo de la presencia del Estado (especialmente en las zonas fronterizas), así como medidas para detener y revertir la deforestación.

La declaración representó la “reactivación de un importante proceso diplomático que podría conducir a acuerdos comunes para la preservación”, según Ilan Zugman, director de la región de América Latina y el Caribe de 350.org, una ONG que trabaja para terminar con la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, según los observadores y las organizaciones que siguieron la cumbre, la declaración tiene importantes omisiones. Los observadores entrevistados consideran que el texto es una oportunidad perdida para reconocer la exploración de petróleo y gas como una de las principales amenazas para la Amazonia.

La falta de objetivos concretos, incluso para poner fin a la deforestación, también causó frustración entre los participantes. Si la Declaración de Bogotá sirve como barómetro para la COP30, el delicado tema de los combustibles fósiles podría quedar fuera de las discusiones.

“El lenguaje genérico de la declaración es una clara evidencia de la dificultad de la región para conciliar la retórica con la práctica. Especialmente en el debate sobre los combustibles fósiles”, afirma Karla Maass, asesora de incidencia política de Climate Action Network para América Latina.

Durante la cumbre, Lula defendió la Amazonia como una región unificada y el multilateralismo como la forma de abordar la crisis climática.

Para Maass, el reconocimiento de esta unidad, aunque en gran medida retórico, es una característica geopolítica particular del bioma.

Sin embargo, señala que esta visión rara vez se refleja en los foros multilaterales, como las COP. Donde cuestiones como la explotación de combustibles fósiles suelen dividir a los gobiernos de la región y llevarlos a diferentes bloques de negociación.

“Dado que en la región coexisten diferentes percepciones de la Amazonía, las propuestas nacionales no siempre convergen”, dice Maass. “Incluso cuando la selva se utiliza como moneda de cambio en las negociaciones, cada país la utiliza a su manera”, añade.

Procesión de barcos en un río

Procesión de barcos durante el Círio de Nazaré, una celebración católica en la ciudad brasileña de Belém en octubre de 2024. Imagen: Ricardo Stuckert / Presidencia de Brasil

Las divisiones internas se intensifican

En vísperas de la COP30, también está aumentando la presión por parte de algunos parlamentarios de los países amazónicos para poner fin a los combustibles fósiles. El 8 de octubre, representantes de seis naciones sudamericanas entregaron al gobierno brasileño un informe sobre los efectos de cinco décadas de industria en la Amazonia.

Además, casi 800 legisladores han firmado una carta abierta en la que piden un futuro sin combustibles fósiles para la región.

Entre las propuestas, presentadas por la coalición multinacional Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, se encuentra la creación de una moratoria conjunta sobre la expansión de la minería y la extracción de combustibles fósiles en todo el bioma amazónico.

La medida cuenta con apoyo regional, pero hasta ahora solo cinco países —Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil— han presentado proyectos de ley sobre el tema en sus respectivos parlamentos.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro vetó la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en 2023, manteniendo solo los contratos ya vigentes.

La decisión marcó un punto de inflexión en la política energética del país. Pero el futuro es incierto: Petro no puede presentarse a la reelección en 2026, según la Constitución. Y el fragmentado panorama político de Colombia podría deshacer su legado.

El diputado colombiano Juan Carlos Lozada, miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, explicó que, aunque las políticas de Petro ya funcionan, en la práctica, como una moratoria, se necesitan “mecanismos legales para que sean sostenibles a largo plazo”.

A pesar de la resistencia política, Lozada cree que Colombia puede avanzar con esta agenda: “En Colombia, podríamos llegar a un acuerdo para prohibir la exploración futura, al menos en la Amazonia”.

Mientras tanto, la exploración sigue cobrando impulso. Entre 2022 y 2024, la región representó alrededor de 20% de los descubrimientos de reservas de petróleo en todo el mundo. Esto ha consolidado su posición como una de las principales fronteras para la expansión. Como resultado, los gobiernos amazónicos siguen promoviendo estos sectores.

En agosto, el presidente Lula vetó parte de la llamada “Ley de Devastación”, bloqueando algunas de sus disposiciones más controvertidas.

El resto de la ley ya ha entrado en vigor y ha flexibilizado los requisitos de licencia ambiental de Brasil. Por ejemplo, sigue vigente una cláusula clave que acelera la aprobación de proyectos considerados estratégicos, incluso aquellos con gran impacto ambiental. Según el Instituto Arayara, más de 2600 proyectos de combustibles fósiles podrían beneficiarse de la ley.

Al norte, Guyana, un país con grandes extensiones de territorio dentro de la Amazonia, descubrió enormes reservas de petróleo en 2015. Aunque casi toda su producción se encuentra ahora en alta mar, el país se está transformando en una potencia petrolera mundial, con una exploración que avanza a un ritmo acelerado.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha afirmado en repetidas ocasiones que el petróleo es esencial para el desarrollo nacional y para financiar la transición energética. Prometió continuar ampliando la producción y la exploración tras su reelección en septiembre.

Maass señala que en los países amazónicos prevalece la narrativa de que “la explotación extractiva de la selva es necesaria como fuente de recursos. Incluidos los recursos necesarios para mantener la selva en pie”. Afirma que la región ha sido tratada históricamente como un proveedor de materias primas. Y que “los gobiernos siguen sin ver una salida a su dependencia de los recursos naturales”.

Vista aérea de un pozo de petróleo en llamas en un bosque

Quema de gas cerca de una zona residencial en Enokanki, en la provincia ecuatoriana de Orellana. Imagen: Patricio Terán / Dialogue Earth

De la extracción a la inversión

La presión sobre la Amazonia va mucho más allá de los combustibles fósiles. También se han extendido actividades como la minería, la agricultura y la ganadería. Según la iniciativa de monitoreo territorial Mapbiomas, entre 1985 y 2023 se destruyeron más de 88 millones de hectáreas de bosque amazónico.

La expansión económica en la Amazonia ha ido acompañada de un aumento de las actividades ilegales que aprovechan las lagunas en la aplicación de la ley y la ausencia del Estado.

En las zonas fronterizas, la deforestación, la minería y el tráfico de drogas se entrelazan en redes que mueven miles de millones de reales brasileños. Lo que aumenta la presión sobre las comunidades y los bosques preservados.

“A menudo, los países no disponen de presupuesto y recursos suficientes para combatir a estos grupos”, afirma Zugman.

Es en este contexto donde cobran relevancia iniciativas de cooperación como el TFFF. Pero, aunque el fondo se ha presentado como una oportunidad para armonizar los intereses económicos y medioambientales de los países amazónicos, los expertos advierten que su eficacia dependerá del compromiso de los gobiernos.

Como dice Zugman: “Si los países quieren utilizar el bosque como moneda de cambio —en el buen sentido, para alcanzar acuerdos más ambiciosos— también deben invertir más en su conservación. No basta con poner a la Amazonía en exhibición”.

Los observadores también advierten que, para evitar seguir el camino de promesas anteriores que nunca se materializaron. El TFFF deberá combinar la transparencia y la participación de las poblaciones locales para tener un impacto real.

Toya Manchineri, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, dijo: “Queremos comprender mejor cómo funcionará el TFFF. Y tener la garantía de que los recursos irán directamente a nuestras organizaciones, que trabajan para proporcionar un servicio medioambiental que beneficia a todo el planeta. Sabemos que nuestra forma de vida es crucial para mitigar los efectos del cambio climático. Necesitamos que el mundo vea la Amazonía más allá de su valor económico”.

Amanda Magnani es una periodista y fotógrafa brasileña. Su trabajo se centra en la justicia climática, la transición energética, las comunidades tradicionales y la descolonización de los procesos periodísticos

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La pérdida forestal mundial, muy lejos de los compromisos globales

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Por Umar Manzoor Shah / Inter Press Service – La Evaluación de la Declaración Forestal 2025 advierte que la pérdida forestal mundial sigue siendo alarmantemente alta, sin apenas signos de mejora.

El informe, publicado el 14 de octubre por una coalición de grupos de investigación internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Afirma que solo en 2024 se destruyeron casi 8,1 millones de hectáreas de bosques. Lo que deja al planeta  63 % por debajo del objetivo de deforestación cero prometido en la Declaración de los Líderes de Glasgow, durante la 26 Conferencia de las Partes (COP26), celebrada en esa ciudad escocesa en 2021.

El informe describe 2025 como «un punto medio peligroso» en la década de compromisos forestales.

Afirma que “los bosques mundiales siguen en crisis. A pesar del papel indispensable de los bosques, el veredicto es claro: estamos lejos de alcanzar el objetivo de detener y revertir la deforestación para 2030”.

Los bosques, señala el informe, son “una infraestructura indispensable para la estabilidad del planeta”. Ya que proporcionan medios de vida a más de mil millones de personas y albergan a 80 % de las especies terrestres.

El informe afirma que la COP30, que va a celebrarse en noviembre en la ciudad de Belém, en plena Amazonia brasileña. Es una oportunidad «fundamental» para pasar de los meros compromisos a la acción concreta en materia forestal.

“Bajo el liderazgo de Brasil, que ostenta la presidencia de la COP30, se espera que los países forjen vínculos más fuertes entre el clima, los bosques y la biodiversidad ampliando los compromisos en todo el sector terrestre”, afirma el informe.

Añade que esto incluye ampliar la financiación innovadora para los bosques en pie. Promover cadenas de suministro libres de deforestación y conversión, apoyar sistemas alimentarios resilientes. Y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

El informe pide que los compromisos forestales se incorporen a la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Los compromisos climáticos voluntarios de los países parte de la COP, de modo que el balance mundial impulse avances tangibles a nivel nacional e internacional.

Una de las autoras del informe, Erin Matson, afirmó que las razones que explican el fracaso en la reducción de la deforestación son muchas y complejas. Pero entre ellas se encuentra la drástica desalineación de la financiación derivada de un sistema económico que recompensa las actividades que dañan los bosques. En lugar de conservar los bosques en pie.

“Tanto la financiación pública como la privada están desajustadas. Por ejemplo, se gastan en promedio 409 000 millones de dólares al año (2021-2023) en todo el mundo en subvenciones agrícolas perjudiciales para el medio ambiente. Frente a solo 1700 millones de dólares destinados a pagos por servicios ecosistémicos a los productores agrícolas”, dijo.

Añadió que en 2024 “las 150 instituciones financieras evaluadas por Forest 500 tenían 8,9 billones (millones de millones) de dólares en financiación activa para las empresas más expuestas al riesgo de deforestación en sus cadenas de suministro”.

Según Matson, la gobernanza débil se caracteriza por varios elementos cruciales:

Una corrupción endémica (que permite a las redes criminales y a las élites con recursos suficientes beneficiarse impunemente de la destrucción ilegal o ilícita de los bosques) y una aplicación de la ley inadecuada y mal orientada (que a menudo se centra en los pequeños actores que se dedican a la tala ilegal o ilícita de bosques, pero deja libres a los grandes culpables).

Además, de la inseguridad de los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Lo que limita gravemente su capacidad para gestionar y proteger sus territorios forestales.

«Otra razón es la falta de voluntad política y el cortoplacismo. En general, la mayoría de los líderes gubernamentales, empresariales y financieros han tendido, durante la última década, a dar prioridad a políticas y enfoques que reportan beneficios a corto plazo (como el crecimiento económico y el aumento de los beneficios) sin abordar los riesgos y daños fundamentales derivados de la pérdida de naturaleza que socavan la estabilidad y la prosperidad económica y social a medio y largo plazo», afirmó Matson.

Pérdidas crecientes, promesas incumplidas

Según la evaluación, las tasas de deforestación apenas han variado desde 2015. Cuando los gobiernos y las empresas comenzaron a asumir compromisos firmes para la protección de los bosques.

Los 8,1 millones de hectáreas perdidas en 2024 superaron con creces el límite máximo anual de cinco millones de hectáreas necesario para mantener el rumbo.

La mayor parte de esta destrucción se produjo en las regiones tropicales, donde tuvo lugar 94 % de toda la deforestación mundial. Las emisiones resultantes fueron asombrosas: 4200 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, más que las emisiones anuales de la Unión Europea (UE).

«Cada año que la curva no se inclina, nos quedamos más atrás. La deforestación continúa al mismo ritmo que hace diez años. Eso no es una desaceleración, es un estancamiento», se lee en el informe.

Las más afectadas fueron las selvas tropicales primarias, que almacenan grandes cantidades de carbono y albergan una biodiversidad irremplazable.

En 2024 se destruyeron alrededor de 6,7 millones de hectáreas de selva primaria. Lo que liberó 3100 millones de toneladas métricas de CO₂, casi 150 % de las emisiones anuales del sector energético de Estados Unidos.

El informe califica esta situación de «emergencia ecológica y climática» y advierte de que gran parte de esta pérdida es irreversible.

«Estos bosques tardan siglos en formarse. Una vez que el bosque primario desaparece, ningún proyecto de restauración puede recuperarlo en una generación. El daño es permanente durante nuestra vida», afirma el informe.

La cuenca del Amazonas sigue siendo el epicentro de la degradación forestal mundial y de las emisiones relacionadas con los incendios. Los incendios en la Amazonia en 2024 liberaron 791 millones de toneladas métricas de CO₂, superando las emisiones totales de Alemania.

Bolivia perdió 9 % de sus bosques tropicales húmedos intactos restantes, mientras que Brasil fue responsable de la mitad de toda la degradación en la cuenca amazónica, que engloba a ocho países sudamericanos, además del territorio de la Guayana Francesa.

La agricultura es la principal causa de la pérdida de bosques

El informe identifica la agricultura permanente como la principal causa de la deforestación, responsable de 86 % de la pérdida forestal mundial en la última década. Los bosques se talan para dar paso a cultivos, pastos y plantaciones de productos básicos como el aceite de palma, la soja y el caucho. La minería, la expansión de las infraestructuras y la especulación inmobiliaria añaden aún más presión.

El consumo interno es un factor importante. Por ejemplo, en América Latina, el consumo de carne de vacuno y productos de pastoreo de la región es la principal causa de la deforestación.

Por el contrario, la deforestación en Asia y África está relacionada con una gama más amplia de productos de exportación.

Estudios recientes citados en el informe muestran que los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y varios países europeos, provocan una pérdida sustancial de biodiversidad en el extranjero a través de los productos importados. Entre 2000 y 2015, los 24 países más industrializados causaron aproximadamente 13 % de la pérdida de biodiversidad forestal mundial a través del comercio internacional.

La evaluación también señala que «la corrupción, la débil aplicación de la ley y los deficientes sistemas de tenencia de la tierra» contribuyen de manera significativa a la deforestación. Estas fallas de gobernanza permiten la apropiación ilegal de tierras y la tala no regulada, lo que socava los esfuerzos de conservación.

Según Matson, la deforestación impulsada por las materias primas es compleja porque está causada por varios factores. Entre ellos los patrones de demanda de materias primas, tanto para el consumo interno como para el comercio internacional. Las regulaciones comerciales y los aranceles que pueden cambiar las zonas de producción y los flujos de materias primas.

También la impulsa la dinámica del uso de la tierra a nivel nacional, como la especulación inmobiliaria, en la que se considera que el valor de la tierra aumenta una vez que se ha talado el bosque; y la débil aplicación de la ley. Se estima que entre 69 % y 94 % de la deforestación tropical es ilegal.

«Para cambiar este patrón, necesitamos múltiples acciones que se complementen entre sí. Una inversión en una aplicación de la ley justa, equitativa y receptiva para hacer frente a la deforestación ilegal y hacer que no sea rentable talar tierras ilegalmente», afirmó.

Y añadió: «Regulaciones comerciales que prohíban la importación de productos básicos producidos en tierras deforestadas después de una fecha determinada (como 2020), combinadas con inversiones en sistemas de trazabilidad y regulaciones de diligencia debida para garantizar que estas regulaciones se puedan aplicar».

Matson abogó por la adopción y aplicación de normativas de diligencia debida para abordar la deforestación relacionada con el consumo interno de productos básicos.

«Necesitamos esfuerzos y campañas que tengan como objetivo cambiar los patrones de consumo, cuando sea culturalmente apropiado. Por ejemplo, reduciendo el consumo de carne en los países de altos ingresos y alto consumo, pasando a las proteínas de origen vegetal y al consumo de productos básicos certificados libres de deforestación», dijo

Los incendios y la degradación multiplican la amenaza

Mientras que la deforestación elimina bosques enteros, la degradación debilita los que quedan.

En 2024, alrededor de 8,8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos se degradaron, el doble del nivel compatible con detener la degradación para 2030. El informe califica la degradación como una «crisis invisible», a menudo pasada por alto en los debates políticos, pero igual de perjudicial para la biodiversidad y la estabilidad climática.

La degradación provocada por los incendios, especialmente en la Amazonia, fue la principal causa de estas pérdidas. Las sequías extremas, la mala gestión forestal y las quemas deliberadas para despejar la tierra han hecho que los incendios sean más destructivos.

Según el informe, la Amazonia ardió a una escala que no se había visto en décadas. Estos incendios ya no son acontecimientos aislados, sino síntomas de un ecosistema estresado que ha superado sus límites.

El informe advierte de que los bosques degradados son mucho más propensos a ser deforestados posteriormente, lo que crea un ciclo de declive. Los datos de América Latina, África y Asia muestran que, una vez que la cobertura del dosel arboreo cae por debajo de 50 %, el riesgo de deforestación total aumenta considerablemente.

La degradación es una señal de alarma. El informe afirma que, cuando los bosques comienzan a perder estructura, a menudo se produce la deforestación.

El seguimiento de la degradación sigue siendo un gran reto debido a la escasez de datos a nivel mundial. La mayoría de los informes nacionales se centran únicamente en la pérdida de la cubierta arbórea, y no en la salud de los bosques o la función de los ecosistemas. El informe insta a los gobiernos a integrar los indicadores de degradación en los marcos climáticos y de biodiversidad.

«Consideramos que la degradación forestal es una «crisis silenciosa» porque está muy extendida y es muy perjudicial para la salud y la resiliencia de los bosques. Pero a menudo pasa desapercibida porque es más difícil de detectar y rastrear que la deforestación», djo Matson.

«A diferencia de la deforestación, no existe una definición acordada a nivel mundial ni un enfoque de seguimiento estandarizado para la degradación forestal», añadió.

La autora del informe precisó que «los países que informan a la Evaluación de los Recursos Forestales de la FAO pueden establecer sus propias definiciones nacionales siguiendo las directrices de la FRA 2025».

Pero el hecho de que no haya uniformidad «dificulta la comparación de datos entre regiones o la captura de los impactos acumulativos de la tala, los incendios y otras perturbaciones en la calidad de los bosques», explicó.

Añadió que otros marcos han animado a los países a establecer definiciones y criterios de seguimiento de la degradación forestal, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+). Por ello, adujo, los países en los que el seguimiento de la degradación está más avanzado son los que han avanzado en los programas REDD+.

«Cuando existen incentivos para supervisar y notificar con precisión la degradación, los sistemas mejoran», consideró Matson.

«La degradación forestal contribuye de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero y también afecta a la biodiversidad, por lo que los países deben establecer objetivos pertinentes, como primer paso, en sus NDC  y en sus NBSAP (estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad)», afirmó Matson.

Los esfuerzos de restauración muestran potencial, pero se quedan atrás

A pesar de las sombrías tendencias, la evaluación destaca algunos avances positivos. En septiembre de 2025, había proyectos de restauración activos en 10,6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas. Estos esfuerzos incluyen programas de reforestación, agrosilvicultura y regeneración natural, principalmente en regiones tropicales.

Sin embargo, la cifra representa solo 0,3 % del potencial de restauración forestal mundial, muy por debajo del objetivo de 30 % establecido en el Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica.

El seguimiento sigue siendo otra área débil. Gran parte de los datos disponibles provienen de fuentes fragmentadas o superpuestas, como la base de datos Restor y los observatorios nacionales. El informe advierte que, sin un seguimiento global unificado, el progreso de la restauración seguirá siendo poco conocido.

La evaluación pide un seguimiento más amplio en el marco del Marco de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Restauración de los Ecosistemas. Que combina datos cuantitativos con información cualitativa sobre la eficacia de los proyectos y la participación local. Persisten las deficiencias en materia de gobernanza y financiación.

El informe destaca que el progreso depende de cambios sistémicos, no de éxitos aislados. Mientras que países como Brasil han reducido la deforestación mediante una aplicación estricta de la ley y una planificación inclusiva del uso de la tierra. Otros han visto cómo sus logros se veían anulados por cambios políticos o una aplicación deficiente.

La financiación para la protección y la restauración de los bosques sigue siendo muy insuficiente. El informe concluye que la financiación positiva para los bosques sigue siendo una fracción de los fondos que apoyan actividades que dañan los bosques, como los subsidios a los combustibles fósiles y la agricultura industrial. Pide que se reformen los sistemas financieros para redirigir el capital hacia el uso sostenible de la tierra.

La evaluación también destaca que las comunidades indígenas y locales siguen estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones sobre los bosques, a pesar de gestionar algunos de los ecosistemas más intactos del mundo. La ampliación del reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra y la garantía de la participación de la comunidad se describen como «condiciones no negociables» para el progreso.

«Los obstáculos para ampliar la restauración son complejos y se refieren principalmente a aspectos financieros, de gobernanza y estructurales. La restauración suele carecer de financiación suficiente porque los beneficios solo se obtienen a largo plazo. Y las ventajas ecológicas —como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua o la biodiversidad— no se valoran plenamente en los mercados», dijo Matson.

«La financiación pública para la restauración tiende a ser a corto plazo o basada en proyectos. Mientras que la financiación privada se muestra reacia debido a los altos riesgos percibidos. Los modelos de ingresos poco claros o la simple falta de proyectos o iniciativas en los que invertir», añadió.

Afirmó que, en lo que respecta a las políticas, muchos países carecen de una tenencia de la tierra clara, de incentivos a largo plazo y de marcos que permitan una restauración a gran escala.

«Integrar la restauración en los planes nacionales de clima, biodiversidad y desarrollo rural, y armonizar los sistemas de financiación, tenencia y seguimiento en consecuencia, incentivaría y canalizaría la acción colectiva para desarrollar enfoques de restauración globales a escala paisajística que vayan más allá de proyectos individuales y dispersos», afirmó Matson.

Deforestación y dinámica del mercado

A solo cinco años de la fecha límite de 2030, el informe afirma que los cambios incrementales no serán suficientes. «Esta crisis no puede quedar relegada a un segundo plano», afirma el informe. «Los éxitos aislados no salvarán los bosques del mundo. Necesitamos una reforma estructural que convierta la protección de los bosques en la norma, no en la excepción», añade.

Los expertos afirman que para revertir las tendencias actuales será necesaria una acción coordinada entre la agricultura, el comercio y las finanzas.

A su juicio, los gobiernos deben cerrar las lagunas legales que permiten la entrada en los mercados de productos relacionados con la deforestación. Las empresas deben rastrear y divulgar sus cadenas de suministro. Y los prestamistas internacionales deben alinear la financiación con los objetivos medioambientales.

«A medio y largo plazo, tenemos que hacer que la conservación y la gestión sostenible de los bosques sean más atractivas y rentables que la deforestación legal. Y eso requiere cambiar los incentivos financieros: reformar las subvenciones; establecer pagos por mantener los bosques en pie, como el Fondo Tropical Forests Forever; y aumentar los pagos por los programas de servicios ecosistémicos para agricultores y silvicultores», dijo Matson.

«Gran parte de la deforestación responde en gran medida a la dinámica del mercado. Cuando sube el precio del oro, se produce una mayor deforestación para la extracción de este metal. Por lo tanto, contrarrestar esos incentivos financieros perjudiciales con otros positivos debe formar parte de cualquier solución permanente a la crisis de la deforestación», concluyó.

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Ignoradas las fugas de metano a pesar de la amenaza climática

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Inter Press Service – La mayoría de las alertas satelitales por fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero, continúan ignoradas a pesar de la crisis climática generada por el calentamiento planetario, advirtió un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Apenas 12 % de las 3500 alertas sobre fugas de metano que lanzó el Pnuma en 2024 fueron atendidas por empresas y gobiernos en el mundo, y aunque esa cifra es un avance en relación al apenas uno por ciento del año precedente, todavía se está muy lejos de las metas globales para reducir las emisiones de ese gas.

Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma, observó que “reducir las emisiones de metano puede frenar rápidamente el calentamiento global, ganando tiempo para los esfuerzos de descarbonización a largo plazo”, habida cuenta de que el dióxido de carbono (CO2) es el principal gas del efecto invernadero.

“Pero el importante progreso en la presentación de informes debe traducirse en reducciones de las emisiones”, agregó la responsable.

Metano, un potente gas de efecto invernadero

El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el CO2 en un período de 20 años, solo que los volúmenes del dióxido de carbono son mucho mayores y se convierte así en el gran contribuyente a la crisis climática.

Andersen instó a todas las empresas del sector a unirse a la Alianza del Metano para el Petróleo y el Gas 2.0, el estándar global para la medición y mitigación de las emisiones de ese gas en el sector de hidrocarburos, fundamental para regular el mayor mercado de compra de petróleo y gas del mundo: la Unión Europea.

El Sistema de Alerta y Respuesta al Metano (Mars en inglés) proporciona desde 2022 información gratuita y precisa sobre las emisiones (que son inodoras, invisibles y, por lo tanto, difíciles de detectar) para que las empresas y las autoridades nacionales puedan actuar al respecto.

Mars se está ampliando para cubrir las emisiones de metano procedentes de minas de carbón y vertederos de residuos, donde hasta ahora las mediciones han sido escasas, y el Pnuma intensifica la detección de emisiones de la industria siderúrgica, que aún depende principalmente del carbón.

En su informe, el organismo señaló que existen soluciones de bajo costo para las emisiones de metano procedentes del carbón utilizado en la fabricación de acero, pero siguen ampliamente ignoradas en los esfuerzos por descarbonizar la industria.

Destacó que es necesario acelerar las acciones para minimizar el aumento de la temperatura global y alcanzar el objetivo del Compromiso Mundial sobre el Metano de reducir las emisiones de ese gas en 30 % para 2030.

Metano el segundo mayor impulsor del cambio climático

El metano atmosférico sigue siendo el segundo mayor impulsor del cambio climático después del CO2, responsable de un tercio del calentamiento del planeta.

Un dato optimista es que en los últimos cinco años la membresía de la Alianza del Metano 2.0 se ha más que duplicado, a 153 empresas que cubren 42 % de la producción mundial de petróleo y gas.

En total, un tercio de la producción mundial de petróleo y gas reporta, o pronto reportará, emisiones según el estándar de la alianza, lo que significa que las emisiones se monitorean con mediciones reales. Eso permite a una gran parte de la industria global medir eficazmente, y por lo tanto mitigar, las emisiones.

De las empresas que reportaron datos de emisiones, 65 de ellas, con 17 % de la producción mundial de petróleo y gas, alcanzaron el Estándar Oro. Unas 50 firmas, que representan otro 15 %, lograron la Ruta del Estándar Oro, lo que significa que están en camino de alcanzar pronto la norma de presentación de informes.

Otras 22 empresas reportaron datos de emisiones, pero no cumplieron con los requisitos del Estándar Oro.

En síntesis, las respuestas a las alertas de metano aumentan, pero no con la suficiente rapidez. Dado que casi 90 % de las alertas de Mars se ignoran, los gobiernos y las empresas deben aumentar sus tasas de respuesta, insistió el Pnuma.

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El Círculo Thay impulsa una capacitación gratuita sobre comunicación ambiental y sostenibilidad

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Periodistas agropecuarios lanzan el ciclo de formación +Verde: comunicación, cambio climático y mercado de carbono

El Círculo Thay de Periodistas Agropecuarios de Misiones impulsa un programa gratuito de capacitación ambiental junto a instituciones públicas y privadas.

Un espacio de formación para fortalecer la comunicación ambiental

En un contexto donde el cambio climático y la transición hacia economías sostenibles ocupan un lugar central en la agenda global. El Círculo Thay de Periodistas Agropecuarios de Misiones lanzó oficialmente el ciclo de formación +Verde. Una iniciativa abierta y gratuita orientada a fortalecer el abordaje comunicacional de las problemáticas ambientales y del mercado de carbono.

El programa está diseñado como un espacio de actualización, reflexión y capacitación profesional, y contará con la participación de especialistas de reconocida trayectoria. La propuesta busca brindar herramientas concretas para comunicadores, productores, técnicos, docentes y público general, con el objetivo de promover una comunicación ambiental rigurosa, accesible y con perspectiva territorial.

El ciclo consta de dos clases virtuales, abiertas al público y sin costo de inscripción. La primera jornada se realizará el miércoles 22 de octubre a las 17:30, a través de la plataforma Google Meet. Y estará a cargo de la Dra. Silvia Kloster, con la charla titulada “Cambio climático: claves para entender el fenómeno”. Esta instancia será organizada conjuntamente por el Círculo Thay y la Secretaría de Estado de Cambio Climático de Misiones.

Del cambio climático al mercado de carbono: una mirada aplicada al territorio

La segunda clase del ciclo, titulada “Mercado de carbono: de la teoría a los proyectos en el territorio”, se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre a las 18:00 también vía Google Meet. En esta oportunidad, los disertantes serán la Ing. Bibiana Duarte y el Ing. Pablo Aquino, profesionales vinculados a la gestión ambiental y al desarrollo de proyectos de mitigación en Misiones.

Esta instancia es organizada por el Círculo Thay, en conjunto con Cambium y Pomera Maderas, empresas con presencia activa en el desarrollo forestal sostenible y en la implementación de mecanismos de compensación de carbono en la región.

Desde la organización destacaron que el objetivo del ciclo es fortalecer la capacidad de los periodistas y comunicadores para interpretar los procesos vinculados al cambio climático y su impacto en las economías regionales, especialmente en sectores productivos como la forestoindustria, la agricultura y el turismo sostenible.

Misiones, protagonista en la agenda verde regional

La provincia de Misiones se ha consolidado en los últimos años como referente nacional en políticas de cambio climático y gestión ambiental, con la creación de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la promoción del mercado de bonos de carbono, y la consolidación de una agenda de desarrollo sustentable vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese marco, el ciclo +Verde se inscribe como un aporte desde el periodismo especializado al debate ambiental, potenciando la articulación entre comunicadores, científicos, funcionarios y empresas que trabajan en torno al desarrollo sostenible.

Las inscripciones están abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/p8PBUAkpxmZfeET17

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