América Latina y el Caribe

Venezuela y EEUU: suspenso, con el dedo en el gatillo

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Escribe Humberto Márquez / Inter Press Service – Un clima de suspenso vive el Caribe, atento a un posible ataque sobre Venezuela de la poderosa fuerza aeronaval que Estados Unidos ha desplegado en ese mar, y cuyo objetivo más preciado es la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Los días de Maduro como presidente están contados”, dijo el mandatario estadounidense Donald Trump en el programa “60 minutos” de la televisora CBS el 2 de noviembre. Exactamente un mes después, a la pregunta de un periodista sobre si su par venezolano se iría del poder, respondió: “Lo hará”.

A finales de noviembre, mientras Washington acumulaba fuerzas y cañones apuntando a Caracas, hubo una llamada entre ambos gobernantes, en la que se juntaron amenazas y propuestas, según medios estadounidenses. Trump ha sido evasivo. Maduro dijo que fue una conversación “respetuosa, y hasta cordial”.

Así, permanece abierto y al mismo tiempo envuelto en el misterio el abanico de opciones, en cuyos extremos aparecen o una invasión en toda regla a Venezuela, o el retiro de la flota estadounidense, como inicio o conclusión de una negociación.

“No creo en la invasión, aunque puede haber bombardeos. Lo más probable -no digo que sea inmediato, puede que tarde un poquito más- es que esto termine en una negociación entre Estados Unidos y Venezuela”, dijo a IPS Phil Gunson, analista sénior para la región andina de la organización International Crisis Group.

Basado en Caracas desde hace dos décadas, Gunson observa que “la fuerza desplegada por Washington no es solamente para Venezuela; es parte de una reorientación de la política exterior de Estados Unidos, con mayor énfasis en el hemisferio occidental y principalmente en la cuenca del Caribe”.

El 5 de diciembre la Casa Blanca publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que desempolva y le da un toque Trump a la Doctrina Monroe, que se formuló hace dos siglos bajo la consigna “América para los americanos», y con la cual reivindica el papel de hegemón hemisférico que se atribuye.

“Lo que busca Trump es que Estados Unidos vuelva a ser el país que determine lo que sucede en su patio trasero cercano”, comentó Gunson, cuya organización tiene su sede central en Bruselas y se enfoca en el análisis y diseño de políticas para prevención de conflictos.

El portaviones Gerald Ford, considerado el más moderno y poderoso del mundo, se desplaza por el Caribe como parte de la flota estadounidense que podría atacar objetivos en Venezuela, Colombia y México. Para expertos militares, su presencia es la demostración de que Washington persigue objetivos geopolíticos mucho más allá de simplemente frenar el tráfico de drogas a través de ese mar. Imagen: US Navy

Portaviones contra lanchas

La fuerza en el Caribe es la mayor desplegada en el área en seis décadas: el poderoso portaviones Gerald Ford, 20 navíos de guerra, decenas de aeronaves de última generación, 15 000 efectivos, reapertura de una base militar en Puerto Rico e instalación de radares en Trinidad y Tobago, vecino hostil de Caracas.

Desde el 2 de septiembre esa fuerza ha liquidado, en el Caribe y el Pacífico oriental, a 23 embarcaciones sindicadas de transportar drogas, y dado muerte a un total de 87 ocupantes, exhibiendo capacidad de alcanzar cualquier blanco en los países que ha puesto en su diana: Venezuela, Colombia y México.

Entre sus argumentos, Trump ha dicho que con cada lancha abatida se eliminó la droga que pudo matar a 25 000 estadounidenses.

Por sobredosis de drogas murieron el año pasado en Estados Unidos 80 391 personas, según sus autoridades de salud. El fentanilo, la droga más mortífera, se asegura que no llega a suelo estadounidense desde el Caribe o Venezuela, sino a través de la frontera con México, donde mafias la elaboran con insumos provenientes de China.

El presidente Nicolás Maduro en una marcha con militares, con su esposa Cilia Flores a su derecha y los ministros de Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, a su izquierda. Estados Unidos ofrece millonarias recompensas por la captura de Maduro, Cabello y Padrino, y demanda que el gobernante venezolano debe abandonar el poder para dar paso a una transición. Imagen: Presidencia de Venezuela

Maduro: Se busca

La salida del poder de Maduro aparece como un gran objetivo. Washington lo acusa de ilegítimo por robar la elección presidencial de julio de 2024, que ganó su contendor Edmundo González según la oposición, y de dirigir un narcotraficante “Cartel de los Soles”, ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Pero, dentro de su política de “paz a través de la fuerza”, Trump envía señales contradictorias acerca de si se dispone a atacar o solo exhibe los cañones para lograr los objetivos con presión y sin desatar el infierno de bombas y misiles.

“Todavía hay mucha incertidumbre y no veo claridad por parte del gobierno de Trump sobre cómo proceder”, dijo a IPS Mariano de Alba, investigador asociado del británico Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dedicado al estudio de la política internacional y de defensa.

Las alternativas más probables, señaló De Alba a IPS desde Londres, “son ataques quirúrgicos, bien sea contra instalaciones vinculadas al narcotráfico o a las fuerzas armadas, o un acuerdo puntual”.

En la hipótesis de un acuerdo “el régimen de Maduro hace algunas concesiones importantes sobre las prioridades de Trump -inmigrantes ilegales, narcotráfico y recursos naturales- y eso le permite permanecer en el poder, y a Trump vender internamente el despliegue como un éxito”, observó el analista.

“Veo muy claro que sigue habiendo escepticismo en la Casa Blanca sobre una gran operación militar en Venezuela, por los riesgos que supone y, adicionalmente, internamente se le está complicando el despliegue al presidente con acusaciones incluso de congresistas republicanos de posibles crímenes de guerra”, agregó.

El legislativo Congreso estadounidense examina si sus mandos militares incurrieron en esos crímenes al rematar a sobrevivientes en las “narcolanchas” abatidas, y el tema ya se inscribió en la aguda confrontación entre Trump y el partido Republicano, que lo apoya, y el opositor Demócrata, abiertamente reticente a una nueva aventura bélica.

Según analistas militares, la fuerza desplegada es insuficiente para invadir a un país como Venezuela, de 916 000 kilómetros cuadrados y 29 millones de habitantes.

Pero, por otra parte, es demasiada fuerza para hundir un puñado de pequeñas embarcaciones, la operación con la que se justificó el inicio del despliegue, en agosto, lo que convence a muchos de que el objetivo final es la cabeza de Maduro.

Algunos vendedores ambulantes ofrecen algunas mercancías a los peatones en un céntrico bulevar de Caracas. La economía informal va de la mano con la pobreza en Venezuela, en la que está sumida más de 70 por ciento de su población, asediada por imparables inflación y depreciación de su moneda, preocupaciones cotidianas mientras avanza la amenaza de un ataque estadounidense. Imagen: Tairy Gamboa / Caleidoscopio Humano

Venezuela, absorta en su pobreza

En Venezuela, entretanto, al cabo de una polarización política que va con el siglo, décadas de devastación económica, crisis humanitaria y migración de la cuarta parte de su población, la vida continúa entre la incertidumbre, la expectación o el desdén por una posible confrontación con la mayor potencia del planeta.

El gobierno ha hecho toda suerte de aprestos de defensa, desde activar sistemas antiaéreos Pantsir F-1, misiles Buk-M2E y los más ligeros Igla-S, todos rusos, hasta entregar fusiles a civiles sexagenarios que así se estrenan como milicianos.

Con discursos, marchas y declaraciones, el gobierno y su Partido Socialista Unido (Psuv), aseguran que la población está en alerta y dispuesta a combatir si se produce un ataque o una invasión y, para este último caso, se ha desempolvado la vieja tesis guerrillera de activar una “guerra popular prolongada”.

Pero muchos ciudadanos de a pie, en Caracas y en los estados, se muestran inmersos en otras preocupaciones, como la inflación más alta del mundo -535 % este año según Steve Hanke, docente de Economía en la estadounidense Universidad John Hopkins- y la imparable devaluación de su moneda, el bolívar, frente al dólar.

“No puedo hacer compras nerviosas por si vienen los marines”, dice a IPS Josefina, repostera, 39 años, dos hijos, y quien vive en el sector obrero Alta Vista, en el oeste de Caracas. “Puede que tenga nervios, pero en nuestro barrio no abunda la plata para hacer compras”, añade entre risas.

El Estudio de las Condiciones de Vida de los venezolanos, que realiza la caraqueña Universidad Católica Andrés Bello, muestra que ya en 2024, antes de la confiscatoria devaluación de este año, 73 % de los hogares estaba en la pobreza por ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales.

Civiles en una práctica de tiro, entrenando como nuevos integrantes de la Milicia Bolivariana que se suma a las fuerzas regulares en tareas de defensa en Venezuela. El país sudamericano ha puesto en alerta a sus fuerzas armadas, entregó armas a civiles y el gobierno anunció que en caso de invasión pasará a la lucha armada y desarrollará una guerra popular prolongada. Imagen: VTV

Visiones del desenlace

La política de Trump es apoyada por la principal líder opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y por sus seguidores, mientras que otros grupos de oposición rechazan que haya posibles ataques, y más aún una abierta invasión.

Gabriel, mecánico de 45 años, habitante de Petare, populosa barriada al este de la capital, dijo a IPS que “hay gente opositora que desea una invasión, pero muchos no la queremos, aunque no estemos de acuerdo con Maduro y como tiene al país. Hasta habría que pelear, la patria es la patria”.

Mientras, siguen apretándose tuercas: días antes de comenzar la temporada navideña y de vacaciones colectivas, Trump declaró que “el espacio aéreo venezolano puede considerarse cerrado”, y media docena de aerolíneas de la región y de Europa han suspendido sus vuelos al país, ya considerablemente aislado en materia de comunicaciones, transporte y actividad financiera.

“Se le está amargando la vida a los venezolanos, no veo a corto plazo nada bueno para su población, se la aísla más del resto del mundo”, comentó Gunson. “Eso tiene un impacto en la economía, que empezaba a mostrar algunos signos de recuperación y ahora retrocede, incluso puede volver a la hiperinflación”, agregó.

En la hipótesis de una invasión “existe la posibilidad de un caos y un vacío de poder, una situación aún peor, incluso con elementos de las fuerzas armadas peleando entre ellos. Veo muy difícil que una intervención directa militar de Estados Unidos termine en un cambio pacífico, rápido y relativamente indoloro”, remarcó Gunson.

En cuanto a la confrontación entre gobernantes, para Gunson “si Trump se retira sin mayor trámite el resultado inmediato es que Maduro se fortalece, por lo menos dentro de la coalición gobernante: mostraría que enfrentó al imperio y venció”.

De Alba añadió el componente de la política interna de Estados Unidos, cuando está por empezar un año marcado por la elección de medio término al Congreso.

En Washington, “al menos de momento, la opinión pública está posicionándose en contra de la escalada, y con señalamientos muy fuertes, como posibles crímenes de guerra. No hay ánimo para una operación que ponga en riesgo a soldados estadounidenses”, apuntó De Alba.

Dado ese juego, en que Venezuela es ahora es una pieza en la lucha política estadounidense, De Alba cree que “se está inclinando la balanza para que Trump se mantenga en la opción de la presión militar y mediática, viendo si logra un eventual acuerdo que satisfaga sus intereses, y que podría incluir la salida del poder de Maduro, o no”.

Mientras se aguarda la decisión, en la horquilla de posibles acciones cabe insertar la frase acuñada en el siglo XIX por el mariscal prusiano Helmut von Moltke: “Ningún plan, por bueno que sea, sobrevive al contacto con el enemigo”.

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El empleo agropecuario en América Latina se mantiene muy informal

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Inter Press Service – Más de 80 por ciento del empleo agropecuario en América Latina continúa desarrollándose bajo relaciones laborales sin protección formal, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales, revela un nuevo informe de agencias de las Naciones Unidas.

“La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina”, apuntó Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional para América Latina y el Caribe en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La entidad elaboró el informe junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de “ofrecer una hoja de ruta” para abordar la informalidad agropecuaria “con políticas integradas y con enfoque territorial”, dijo Moreira Gomes.

El nuevo estudio identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como factores persistentes que limitan el avance hacia el trabajo decente en el sector.

A pesar de su papel fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo agropecuario sigue enfrentando desafíos asociados a menores niveles de formación, condiciones laborales frágiles y una marcada exposición a riesgos ambientales y climáticos.

Falta de formalización

Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agropecuario se mantuvo estable, pero sin avances significativos en formalización, señala el informe.

Residen en áreas rurales 39,2 % de las personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, y 18,5 % de quienes viven en pobreza extrema.

El sector agropecuario aporta 6,5 % del producto interno bruto (PIB) regional y 12,6 % del empleo total; no obstante, registra la tasa de informalidad más alta entre las ramas de actividad económica, cercana al 80 por ciento de su ocupación.

La informalidad femenina alcanza 86,4 %, frente a 78 % en los hombres. Esa brecha se explica, en parte, porque el trabajo familiar auxiliar, informal por definición, concentra 38,5 por ciento del empleo femenino y solo 7,1 % del masculino.

Una proporción importante de las personas ocupadas trabajan menos de 35 horas semanales, lo que está asociado a mayores probabilidades de informalidad laboral.

Más de 50 % del empleo agropecuario está representado por personas con bajo nivel educativo (hasta seis años de estudio).

La estructura etaria del empleo agropecuario muestra una mayor presencia de jóvenes, y sobre todo de adultos mayores, que en el resto de la economía.

Cerca de 7,3 millones de niñas, niños y adolescentes (de cinco a 17 años) trabajan en la región, y 46 % de ellos lo hace en actividades agrícolas.

La estacionalidad del empleo, la falta de contratos, y las jornadas parciales, agravan aún más las condiciones laborales.

Falta de enfoque de género

El informe también analiza 35 políticas públicas implementadas en la región, concluyendo que, aunque muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas integran explícitamente objetivos de formalización del empleo ni contemplan un enfoque de género.

“Asegurar el trabajo decente en el sector agropecuario no es solo mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países, la seguridad alimentaria de millones y la capacidad de la región para enfrentar los desafíos globales”, dijo el representante regional de la FAO, René Orellana.

Orellana hizo un llamado a “fortalecer el diálogo social, la digitalización rural y el financiamiento sostenido”, para avanzar en la formalización y desarrollo del sector.

El informe FAO-OIT contiene 10 recomendaciones de política para potenciar al sector con trabajo decente y seguridad alimentaria, la primera de las cuales es impulsar estrategias y políticas que aceleren la transición a la formalidad.

Se debe “integrar la formalización de la unidad económica y laboral en las estrategias de transición climática justa”, pues “la adaptación y mitigación del cambio climático deben ir de la mano con la creación de empleo formal y trabajo decente”.

Asimismo, consolidar el diálogo social tripartito como herramienta de legitimidad y sostenibilidad, garantizar financiamiento sostenido y diversificado para la transformación rural, e incorporar tecnologías digitales como eje de inclusión productiva y formalización.

Debe también trabajarse en combatir la desinformación y rediseñar los incentivos para formalizarse, vincular la formación técnica y profesional con las demandas del sector, y ampliar la cobertura y calidad de la protección social en las poblaciones rurales, todo lo cual requiere monitoreo y evaluación sistemáticas.

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Cada día mueren 11 mujeres por violencia de género en América Latina

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Inter Press Service – El año pasado al menos 3828 mujeres fueron víctimas de femicidio en la región latinoamericana y caribeña, lo que representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día, indicó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De esas muertes, 3814 se registraron en 17 países de América Latina, y 14 en nueve países y territorios del Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal.

El acumulado en cinco años registra al menos 19 254 femicidios, de acuerdo con el reporte divulgado este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La violencia femicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Agregó que “la prevención y eliminación del femicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”.

Con ello hizo referencia al acuerdo establecido en el Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la 16.ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en agosto en México.

En ese documento los Estados de la región aprobaron impulsar leyes, políticas y planes para revenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género, reiterando que su expresión más extrema es el feminicidio.

En la región, la mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas, y el reporte de la OIG subraya que con esos crímenes se afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, pero igualmente “se impacta a las comunidades y se limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

El reporte de la Cepal se divulgó con motivo de la celebración este martes 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abre 16 días de activismo contra la violencia de género.

Indica que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial, pero el seguimiento de los datos nacionales muestra con claridad que la violencia feminicida persiste en la región.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100 000 mujeres. La tasa más elevada se observó en Honduras, con 4,3 casos por cada 100 000 mujeres.

Luego están Guatemala (1,9 casos por cada 100 000 mujeres) y República Dominicana (1,5 casos por cada 100.000 mujeres), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia, todos con una tasa de 1,4 casos por cada 100 000 mujeres, y Chile presentó la tasa más baja: 0,4 casos por cada 100 000 mujeres.

En el Caribe, de los nueve países que informaron, solo Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos en 2024.

Según información proporcionada en 2024 por ocho países (Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

No obstante, la violencia feminicida amenaza a las mujeres de todas las edades. En los mismos países, en 2024 se registraron 78 casos de feminicidios de niñas menores de 14 años, y 89 de mujeres mayores de 60 años.

De igual forma, en 2024 se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio en los 10 países que proveen esta información. Se trata de hijos, hijas y otras personas dependientes de las víctimas.

También el año pasado 14 países registraron 5502 femicidios frustrados, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en el asesinato.

Ello confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal, y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

“Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales es esencial para prevenir la violencia por razón de género. La persistencia de estos crímenes en la región nos exige respuestas oportunas y acelerar las transformaciones necesarias con sentido de urgencia”, plantea la Cepal.

El reporte indica que la región registra avances normativos para enfrentar la violencia en el ámbito digital contra mujeres y niñas, la cual incluye conductas como el ciberacoso, la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, el acceso ilegal a información personal y la violencia y el acoso político.

Esta última forma “afecta especialmente a las mujeres que desempeñan cargos públicos roles de liderazgo, entre ellas, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas”.

En América Latina 20 países han incorporado el delito de feminicidio en sus ordenamientos jurídicos.

En algunos casos se lo ha tipificado como delito penal específico: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En otros, como Argentina, Cuba y Puerto Rico, se lo ha incorporado como circunstancia agravante del homicidio.

Finalmente, la Cepal insta a avanzar en al menos tres ámbitos sobre esa materia: marco normativo, institucionalidad, participación y fortalecimiento de capacidades estatales; financiamiento y cooperación; y sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

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En COP30 fracasa la misión indígena: reconciliar humanidad y naturaleza

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Por Mario Osava / Inter Press Service – La exuberancia de la Amazonia y la masiva participación indígena no fueron suficientes para reconciliar la humanidad con la naturaleza en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la convención climática mundial en la ciudad de Belém, en el norte amazónico de Brasil.

No se logró aprobar como era lo esperado una hoja de ruta para la reducción de los combustibles fósiles. Las 29 resoluciones de la COP30 ni siquiera mencionan ese factor clave de la crisis climática, responsable de cerca de 68 % de los gases del efecto invernadero, según las Naciones Unidas.

Hubo decisiones positivas, como triplicar el financiamiento de la adaptación al cambio climático hasta 2035, indicadores para monitorear esa adaptación, la creación futura de un mecanismo institucional para promover una transición climática justa y medidas como un acelerador global de implementación para apoyar los países en el cumplimiento de sus metas.

Pero “soñábamos con muchos resultados más”, admitió la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, aplaudida durante varios minutos en su discurso de clausura el sábado 22, en que reconoció que la cumbre tuvo «avances modestos».

Un “paso relevante” fue reconocer la importancia de los pueblos indígenas y tradicionales en la lucha climática, destacó.

“Pero la COP termina sin que los gobiernos del mundo, que tanto insisten en defender que este es un proceso liderado por las Partes de la Convención, dieran muestra de falta de ambición e incluso, interés, por el llamado a la acción urgente”, señaló la “Declaración de los Pueblos Indígenas de la Amazonia en respuesta a los resultados de la COP30”.

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, emocionada en la plenaria conclusiva de la COP30, el 22 de noviembre, cuando admitió «avances modestos» en la cumbre y la necesidad de seguir en la lucha climática. Imagen: Ueslei Marcelino / COP30

La demanda de protagonismo

“La respuesta somos nosotros” es la consigna con que las nueve afiliadas a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) concluyen el balance de la conferencia que tuvo lugar en Belém, del 10 al 22 de noviembre, prorrogada por un día en un intento frustrado de ampliar los consensos.

La Coica articula asociaciones de los ocho países que comparten el bioma amazónico, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, además del territorio de la Guayana Francesa. Afirma representar 511 pueblos indígenas, entre ellos 66 Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (Piaci).

El balance empieza por saludar el reconocimiento de los derechos territoriales de los indígenas en el documento más político de la COP30, pero lamenta su insuficiencia en asegurar la protección, incluso por la ausencia del tema en “la parte operativa” de las resoluciones.

También saluda el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, en inglés), una iniciativa brasileña que ya captó 6700 millones de dólares en aportes gubernamentales, por destinar 20 % de las utilidades a los pueblos indígenas.

Pero considera esa remuneración “desproporcionadamente pequeña frente al papel que cumplimos en la protección de los bosques”. Además, quieren a sus tierras “libres de petróleo, gas, minería y monocultivos, especialmente los territorios Piaci”.

Avances insatisfactorios identifican los indígenas amazónicos en varios temas discutidos en la COP30. En el financiamiento climático reclaman acceso directo, tanto para mitigación como la adaptación a los cambios.

Es que reclaman un protagonismo imposible en el mundo como está institucionalizado actualmente. Querían, por ejemplo, la copresidencia de la COP30, además de la participación propia y directa en las negociaciones.

Indígenas brasileñas celebran la demarcación de cuatro territorios indígenas por parte del gobierno, en el marco de la COP30. Otras áreas fueron identificadas como indígenas en el proceso de demarcación, luego de algunos años de derechos indígenas bloqueados por un gobierno de extrema derecha. Imagen: Ueslei Marcelino / COP30

Participación, no solo presencia

Las nueve organizaciones amazónicas agradecieron los gobiernos de Brasil, Colombia y Panamá por incluir indígenas en sus delegaciones oficiales en la COP30.

La organización de la conferencia acreditó a más de 900 representantes indígenas de todo el mundo, con acceso a la Zona Azul, donde tuvieron lugar las negociaciones y eventos oficiales, según uno de los lideres brasileños, Kleber Karipuna.

Otros 3500 estuvieron en la llamada Aldea COP30, un campamento instalado para ellos en Belém, y participaron en varias manifestaciones por la demarcación de territorios indígenas y mayor participación en las decisiones.

En una de ellas, indígenas y activistas sociales forzaron la entrada en la Zona Azul, la noche del 11 de noviembre, con actos de violencia contenidos por agentes de seguridad. Protestaban contra su exclusión de las negociaciones.

El trasfondo es la convicción de que el mundo institucional “no reconoce nuestro papel fundamental en la mitigación y adaptación al cambio climático”, como sostiene la declaración de la Coica. “La presencia no es participación plena y efectiva”, constatan los indígenas amazónicos.

“Como titulares de derechos y actores fundamentales de la acción climática necesitamos acceso oportuno a la información, participación directa en los espacios de negociación, reconocimiento de nuestras estructuras propias de gobernanza, y la incorporación generalizada de negociadores indígenas en las delegaciones oficiales”, demandan en su declaración.

Se quejan de que la presidencia brasileña de la COP30 no les aseguró “un diálogo sustantivo y continuo” ni se hizo eco de sus prioridades y propuestas, como había propuesto antes de que comenzase la cumbre el día 10 y que se cerró el sábado 22, un día después de lo pautado para sacar adelante el limitado paquete de acuerdos.

Reunión plenaria conclusiva de la COP30, el 22 de noviembre, en que los indígenas no lograron su objetivo de participar con voz propia dentro de las negociaciones. Imagen: Rafa Neddermeyer / COP30

Más que guardianes

No se trata solo de demarcar los territorios indígenas, reconocidos como los que mejor protegen la naturaleza contra la deforestación, los incendios y otras  formas de destrucción, como la extracción ilegal de madera y minerales.

Durante la COP30 el gobierno brasileño homologó cuatro tierras indígenas (como se llaman los resguardos en Brasil), declaró como indígenas otras diez áreas y avanzó en los pasos iniciales de la demarcación de otras 24 áreas.

Atendió así al reclamo de los pueblos originarios por la aceleración en el proceso de demarcación. Brasil tiene 535 tierras indígenas demarcadas y 289 en distintas etapas del proceso de demarcación, según el Instituto Socioambiental, que tiene una amplia base de datos sobre el tema.

La población indígena, según el censo de 2022, se limita a 1,7 millones de personas, 0,8 % de los 213 millones de habitantes de Brasil.

Esas cifras resultan del genocidio sufrido por la población originaria, tal como ocurrió en todo el mundo, donde suman entre 370 millones y 500 millones distribuidos en 90 países, según las Naciones Unidas.

En América Latina había cerca de 45 millones de indígenas en 2010, correspondiente a solo 8,3 % de la población total. Ese porcentaje alcanza 62,2 % en Bolivia, 41 % en Guatemala, 24 % en Perú y 15,1 % en México, países donde más sobrevivieron al genocidio colonial, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pese a la ínfima minoría disfrutan de una fuerte legitimidad en las cuestiones ambientales y climáticas, por su convivencia con la naturaleza, generalmente en armonía.

El casi exterminio que sufrieron en muchos países, como Brasil y Estados Unidos, acompañó la destrucción de la naturaleza, en la guerra impuesta por la expansión económica y de la civilización occidental hacia el oeste, en el caso de los dos países.

Pueblos originarios, a los que se sumaron las comunidades tradicionales, y la naturaleza sufrieron el mismo proceso exterminador. “Salvajes” y la selva eran obstáculos al progreso económico.

Un vuelco en esa marcha ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, con la puesta en marcha de la vigencia de los derechos humanos, de la diversidad en todas las dimensiones y del ambientalismo, acentuado luego por la emergencia climática.

Ahora que la humanidad trata de reconciliarse con la naturaleza en rebelión, los indígenas aparecen como los mediadores. La simple presencia en las COP en un papel simbólico o como guardianes de los bosques es insuficiente, quieren participar en las decisiones.

“Persiste una falta de comprensión entre sistemas de conocimiento indígena y conocimientos tradicionales, conceptos distintos y con implicancias distintas, incluso jurídicas”, advierten las organizaciones indígenas amazónicas.

“Los sistemas de conocimiento indígena incluyen nuestra relación con el territorio, las tierras y las aguas, nuestra gobernanza y espiritualidad, y todo ello resulta en la conservación de nuestros territorios y en nuestra resiliencia, por lo que deben ser reconocidos en su totalidad, no fragmentados ni reducidos a un componente técnico de adaptación”, concluyen.

En la Amazonia, los indígenas hicieron más que conservación, ya que “domesticaron” los bosques en muchos sitios, con fertilización del suelo reflejada en la llamada tierra negra y mayor productividad vegetal, apunta un grupo de investigadores del brasileño Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia en un artículo que revisa varios estudios recientes.

Esos estudios concluyen que la Amazonia tuvo probablemente una población que ascendía a 10 millones de indígenas cuando llegaron los colonizadores, el triple o cuádruplo de la población rural actual. Uno de los investigadores cree que posiblemente alcanzaron 20 millones, basado en las transformaciones que promovieron en el paisaje amazónico.

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Cumbre climática se extravía en la selva amazónica

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Por Emilio Godoy / Inter Press Service – “Frustración”. Esa es la palabra que eligió la ministra chilena del Medio Ambiente, Maisa Rojas, para describir la jornada de cierre, durante el viernes 21, de la cumbre climática que acoge la ciudad amazónica de Belém.

La marcha de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) en sus horas finales “nos lleva a reflexionar sobre negociar con quienes tienen la voluntad de hacerlo y seguir avanzando”, ante acuerdos previos rotos, dijo la ministra a IPS sobre la reunión iniciada el día 10 en la urbe del noroeste de Brasil.

El albor del último día oficial de negociaciones vio la salida de los borradores de la COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), que oficialmente debía cerrarse este viernes 21, pero que en vista de las posiciones enfrentadas sobre los borradores presentados por la presidencia brasileña se pronostica ya que se extendería un día más.

«Débil e inútil», fueron algunas de las reacciones ante alguno de los textos.

Para decepción de las naciones del Sur global y de docenas de organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de declaración política final de Belém (Mutirão global) no menciona los combustibles fósiles ni indica un plan de su salida progresiva, ignora los llamados a triplicar el financiamiento para acciones de adaptación en 2030 y edulcora el impulso a una transición energética justa a alternativas energéticas menos contaminantes.

“El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son caras de la misma moneda. Y por mucho dinero que haya para adaptación, sin un plan para reconocer las causas”, es trabajo insuficiente, enfatizó Rojas.

Con 18 menciones a la palabra “adaptación”, el borrador solo reconoce la necesidad de incrementar los recursos dirigidos a adaptación en los países en desarrollo e invita a “hacer esfuerzo” para triplicar el dinero en 2030, en comparación con los niveles de 2025.

Algunas personas esperan a las puertas de una de las salas de negociación de la COP30 en Belém, en la Amazonia brasileña. Los grupos negociadores y la presidencia brasileña de la cumbre climática dialogan a marchas forzadas en sus horas finales, cuyo cierre podría alargarse al sábado 22. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Al dirigir la COP, Brasil planteó el logro de un mutirão (esfuerzo conjunto por un propósito común, en portugués) basado en transparencia de las medidas climáticas, énfasis en controlar el recalentamiento planetario en 1,5 grados centígrados, para evitar daños irreversibles sobre ecosistemas y las personas; un plan global de adaptación a los efectos de la catástrofe climática y triplicar el financiamiento respectivo en 2035.

Pero el documento de propuestas diluye el espíritu de estos planteamientos. De hecho, Brasil vendió la cumbre como la COP de la adaptación, y el desarrollo de la cita no refleja ese cometido. En los borradores de este viernes 21, no aparece la muñeca diplomática de Brasil para gestionar las diferencias entre los 197 gobiernos del mundo presentes en Belém.

Juan Monterrey, enviado especial para Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá no ocultaba tampoco su decepción.

Las propuestas “van en contra de la ciencia, las necesidades del cambio climático, de los llamados de las comunidades afectadas”, dijo el negociador a IPS, quien no ahorró palabras como “absurdo” y “fracaso” ante la marcha de las negociaciones.

Los resultados parciales marcan una desviación del derrotero tomado desde la COP28, celebrada e 2023 en Dubái, y siembran dudas de la trayectoria a seguir durante 2026.

Manifestantes preparan protesta contra los combustibles fósiles, con una imagen gigante de un barril de petróleo. La cumbre climática de Belém, en el nordeste brasileño, parece encaminada a ignorar el rol de los hidrocarburos en el desencadenamiento de la catástrofe climática. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Bloqueo

Con la Unión Europea (UE), Japón, Rusia y otras naciones ricas a la cabeza, y secundados por naciones como Arabia Saudí, los villanos climáticos bloquearon el progreso hacia un mundo con menos producción y consumo de fósiles.

En adaptación, el borrador de comienzos de la tarde de este viernes 21 presenta un conjunto de 59 indicadores de monitoreo y verificación modificados, de la lista inicial de 100, de aplicación voluntaria.

De esa forma, la COP30 accede a demandas africanas, reflejadas en el planteamiento del Proceso de Belém-Addis Abeba (la capital etíope que será sede la COP32), para armonizar las políticas de adaptación e incorporar salvaguardas en la aplicación de los indicadores.

Andreas Sieber, director asociado de Políticas y Campañas de la no gubernamental 350.org, cuestionó la postura de la UE de dar la espalda al financiamiento adaptativo.

“No es una situación aceptable. Tiene que haber un esfuerzo para mejorar los borradores. Las cosas no están mejorando”, dijo a IPS.

Las necesidades financieras de adaptación suman 120 000 millones anuales en 2030 de países del Norte global hacia los del Sur global.

La COP30 se alista a echar el cierre en el nuevo Centro de Convenciones de la ciudad amazónica de Belém, en el noroeste de Brasil, a donde su presidente Luiz Inácio Lula da Silva se empeñó en traerla para mostrar al mundo la Amazonia. Imagen: COP30 Brasil

El argumento del fin del mundo

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendió la exposición material, discursiva y exhaustiva de una ciudad amazónica para reforzar que esta sería una COP centrada en lo ecológico.

Su argumento era mostrar la importancia de la Amazonia, el principal macizo selvático del mundo, y las condiciones de vida de Belém, una urbe de 1,2 millones de personas donde hay expresiones de pobreza elocuentes, pero también de la riqueza de un bioma único.

La saga inició con la elección de un sitio inadecuado para organizar una COP, por infraestructura insuficiente y logística problemática, para atender a más de 40 000 personas presentes y alcanzó su clímax el jueves 20 con el incendio por una falla eléctrica de un módulo en la Zona Verde, el área destinada a alojar a puestos de los países asistentes y de organizaciones no gubernamentales. Desde entonces, la mitad de la Zona Verde permanece cerrada.

Los pasillos del Centro de Convenciones y Ferias de la Amazonia cobraron este viernes un ritmo frenético conforme se intensifican las negociaciones de los textos y con el tic-tac el reloj climático encima de sus cabezas, tanto el cronómetro de las negociaciones mismas como el del figurado por el avance de tormentas devastadoras, aumento de la temperatura y sequías, todas potenciadas por el impacto humano en procesos naturales ahora desbocados.

La COP30 ha sido muy reveladora de la realidad actual de emisiones contaminantes continuadas e impactos ya irreversibles, y Belém es la ventana a un futuro probable marcado por los desastres y determinado por la pasividad de los Estados, especialmente los causantes de la catástrofe climática por envenenar cada centímetro del planeta, y las corporaciones destructoras de la vida en todas sus formas.

En octubre, lluvias intensas devastaron cinco estados del centro y el sureste de México, mientras el huracán Melissa arrasó el Caribe días después, sucesos ambos alimentados por la catástrofe climática, como el calor alojado en los océanos.

Más de 30 años después de los primeros intentos por lograr acuerdos internacionales, el fracaso adopta el traje de emisiones que crecen año con año, de recalentamiento global acelerado y de indicadores que se acercan peligrosamente a un punto de no retorno, luego de lo cual no será posible volver al mundo que fue.

Lula quería posicionar a Belém en el mapa mundial con la que prometió como «la COP de la verdad». Quizá lo logró (o tal vez no), pero seguramente no por las razones que el presidente pretendía.

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