América Latina y el Caribe

Historial de incumplimientos climáticos pesa sobre la COP30 en Belém

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Escribe Emilio Godoy / Inter Press Service – Las cumbres climáticas tienen una ineludible lista de metas, compromisos y procesos inconclusos. En la antesala de una nueva conferencia, la COP30, a realizarse en Belém do Pará, en la Amazonia brasileña, desde el lunes 10 de noviembre, fue el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien lo reconoció.

“Fallamos en evitar un aumento de temperatura bajo 1,5°C en los próximos años”, dijo en entrevista con Sumaúma, en referencia a la meta principal del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Pero la situación no es nueva. La historia, desde al menos la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), en la ciudad escocesa de Glasgow, es una de incumplimientos y de avances escasos, tanto en América Latina como en el mundo, como lo exhibe una revisión realizada por este medio. 

Un ejemplo es la famosa “salida” de los combustibles fósiles y el aumento de generación a partir de energías renovables, acordados en el marco del Balance Mundial realizado en la COP28 en Dubái.

Para Claudio Angelo, del brasileño Observatorio del Clima, el problema consiste en la falta de plazos y formas de aplicación de las medidas en torno a compromisos como el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el crecimiento de la generación de energía renovable.

“Nadie o casi nadie dijo lo que iba a hacer para su salida en las NDC. Las renovables avanzan sin concomitantemente abandonar fósiles, tendremos un escenario de adición, no una sustitución. Brasil no es un buen ejemplo, porque la generación siempre fue renovable”, analiza desde Brasilia.

Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, el conjunto de políticas voluntarias de mitigación que cada país presenta para cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2015. Y un común denominador, explica Angelo, es precisamente la ausencia de los compromisos obtenidos en los documentos que deberían guiar las políticas climáticas.

Si bien el Balance Mundial —proceso mediante el cual los países y otros actores revisan su avance hacia los objetivos de reducción de emisiones y control del calentamiento global—, junto con otras iniciativas como la la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global —una plataforma que vincula a gobiernos, ciudades, empresas y pueblos indígenas con el fin de reducir emisiones y fortalecer la resiliencia frente a los impactos climáticos—, marcan la ruta para cumplir con el Acuerdo de París, esta ha sido muy accidentada.

El estado de los compromisos de cara a Belém

La nororiental ciudad de Belém, en el estado amazónico de Pará, será la casa de la COP30 entre el 10 y 21 de noviembre, en busca de nuevas metas y de retomar – teóricamente – la senda perdida hacia el control de la catástrofe climática.

Un análisis de Carbon Brief muestra que apenas un tercio de las nuevas NDC menciona el compromiso de salida de los combustibles fósiles acordado en el Balance Mundial de la COP28. Brasil, por ejemplo, menciona el compromiso de salida de los fósiles, pero no establece metas concretas ni fechas para realizarlo. 

Las NDC son, precisamente, los instrumentos donde se deberían explicitar las medidas concretas para lograr los compromisos realizados. 

El caso brasileño —país que preside la COP30— se suma al de los otros grandes de la región, como México y Argentina. Si bien los tres han aumentado la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, se ha tratado más de una complementariedad que de una sustitución, ya que continúan con fuertes inversiones en los fósiles.

De los países de la región, solo Chile y Cuba mencionan y establecen metas concretas y medibles para la salida de los fósiles, según establece un análisis del think thank E3G. Colombia, el único país productor de fósiles que suscribe al voluntario Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, menciona la meta pero no establece medidas concretas a nivel nacional.

En su nueva NDC, Brasil se compromete al incremento de la participación de tecnologías y fuentes limpias, renovables y de bajo carbono en la matriz nacional.

Pero, a pesar del progreso renovable, la dependencia de Brasil de los combustibles fósiles contradice su política climática. El país figura entre las 10 naciones con las mayores reservas de crudo desarrolladas y planea aumentar su producción de gas y petróleo.

La producción de petróleo totalizaría 5,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2030 y disminuiría a 4,4 Mb/d en 2034, para un aumento de 30 % frente a 2023. Mientras, la producción de gas saltaría a 118% en 2031, en comparación con 2023.

Al mismo tiempo, el grupo petrolero estatal Petrobras ya recibió un permiso de exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas. 

En los últimos años, se ha vuelto costumbre que cada COP termine con una declaración final, de naturaleza política y que recoge los principales compromisos asumidos.

Sin embargo, hay voces que apuestan a que no existan más y se apliquen mecanismos de implementación que den seguimiento real a los compromisos plasmados en años anteriores.

Las COP también han sido sede de una serie de compromisos voluntarios de los países, acordados por fuera de los mecanismos propios de la Cmnucc y, por ello, libres de escrutinio dentro del sistema climático internacional.

Según un conteo del sitio Ambición COP,  desde 2021, América Latina ha asumido 444 compromisos voluntarios, con Brasil a la cabeza (45), seguido por Chile y Colombia (43 cada uno), México (28) y Argentina (21).

En cumbres climáticas, como la 29 en Bakú, La capital de Azerbaiyán, los países participantes asumieron y reafirmaron metas climáticas, algunas de ellas voluntarias, de escaso avance. Imagen: Cmnucc

Defectos comunes

México vive una contradicción similar a la de Brasil. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido 12 300 millones de dólares para generación renovable. Y 3600 millones para producción fotovoltaica descentralizada en las casas. Mantiene la política de apoyo público a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno ha establecido un objetivo para que Pemex aumente la producción de petróleo de 1,5 mbd a 1,8 millones a 2035, así como la producción gasífera, de 3800 millones de pies cúbicos (p3) diarios a 5000 millones de p3.

Entre 2013 y 2024, el gobierno mexicano proporcionó a Pemex unos 140,000 millones de dólares en apoyo financiero, de los cuales asignó 105,000 millones después de 2019, mientras el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) frenaba la transición energética.

Sheinbaum, su sucesora, anunció en agosto último la construcción de dos plantas termosolares en el noroccidental estado de Baja California Sur. Para la generación de más de 100 megavatios.

La matriz mexicana depende de los fósiles, pues en la producción energética representa  90 % y en la eléctrica, casi 80 %. Las renovables aportan 21 % de la generación eléctrica del país.

El nuevo plan eléctrico mexicano considera adiciones de energía eólica de 23,5 % y de solar fotovoltaica de 44 % para 2030. De esa cuenta, la meta de energía limpia consiste en 38,5 % para 2030 y 43,7 % para 2039.

Sin embargo, estos anuncios quedan cortos frente al compromiso asumido en Dubái.

“No hay modalidades y guías de aplicación. Nos falta una interacción más clara entre la ambición y la aplicación, tenemos que promoverla y a partir de ella, elevar la ambición. La presidencia (brasileña) de la COP tiene el reto de cómo pasar de la promesa a la acción”, dice Mariana Gutiérrez, gerente de Diplomacia y Transparencia Climática de la no gubernamental Iniciativa Climática de México, desde Ciudad de México.

Por otro lado, en Argentina la transición marcha en reversa durante la gestión del ultraderechista Javier Milei desde 2023. Pues más de la mitad de la electricidad procedió del petróleo y gas en 2024, mientras las renovables representaron 13 %.

Para este año, Argentina asumió el compromiso de la contribución renovable de 20 %.

A diferencia de otros países latinoamericanos y pese a su dependencia fósil, Colombia tiene metas ambiciosas de transición, con la incógnita del avance que logren.

Tres cuartos de la energía generada dependen de petróleo, gas o carbón y menos de 5 % de renovables no convencionales. En la generación eléctrica, el protagonismo lo tienen las hidroeléctricas con 58 %. Más de un tercio proviene de fósiles y el aporte de solares y eólicas es mínimo. 

Los escenarios del Plan Nacional de Energía 2022-2052 de Colombia proyectan reducciones a largo plazo en la producción de combustibles fósiles. La Hoja de Ruta para una Transición Energética Justa reitera la intención gubernamental de la eliminación gradual de la producción fósil.

Para ese propósito, Colombia anunció 14 500 millones de dólares para la transición energética, incluido el alejamiento de la producción fósil.

En un bosque

Otros compromisos han corrido el mismo destino. Por caso, deforestación, meta voluntaria asumida en la COP26 de Glasgow y repetida en la cumbre de Dubái.

La Declaración de Líderes sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de Glasgow de 2021. Que respaldaron unos 150 países, consiste en el freno y reversión de la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030.

Al año siguiente, el planteamiento mutó a la Alianza de Líderes de Bosques y Clima, durante la COP27. Celebrada en Sharm el Sheij (Egipto), y la declaración final de Dubái recogió los objetivos del anuncio de Glasgow.

Pero como lo muestra el reciente reporte “Evaluación de la declaración de bosques 2025”. La brújula hacia la meta de cero deforestación de 2030 está extraviada.

Por mucho, Brasil encabeza el problema en la región, con un nivel de 1.89 millones de hectáreas en 2024. Si bien la tendencia viene a la baja desde 2021. Luego del desastre ambiental empujado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

Para Angelo, del Observatorio del Clima, el tema forestal es menos complicado, pero “igual los criterios y plazos, especialmente el financiamiento. Es algo que hace falta definir” y resalta “la necesidad” de una hoja de ruta para la salida de fósiles y deforestación cero. Pero cuestiona que “ni siquiera están en la agenda formal”.

Le sigue Colombia, con un nivel de 200 000 hectáreas en 2023, más que el año previo. Mientras, México presenta una tendencia alcista desde 2020, con una tala de 180 000 hectáreas en 2023. En ese mismo año, Argentina perdió 130 000 hectáreas de bosque, tendencia a la baja desde 2021.

Para la mexicana Gutiérrez, la COP30 “debería ser el momento adecuado para evaluar avances, corregir el rumbo y acelerar la aplicación de los compromisos globales”.

Un asunto gaseoso

El combate a las emanaciones de metano, especialmente procedentes de la industria de hidrocarburos. Ha corrido también la misma suerte que otros compromisos, voluntarios o no.

Desde el lanzamiento del Compromiso Global de Metano de la COP28 en Glasgow, acordado por unos 150 países y que busca la reducción de emisiones en 30 %, por debajo de los niveles de 2020, para 2030, han surgido varias iniciativas de apoyo a ese compromiso, pero aún sin resultados concretos, por lo que la meta permanece lejana.

En 2024, Brasil emitió 21 882 kilotones de metano y de los cuales 1889 provienen de la producción energética. Para situarse en el cuarto puesto global. Un kilotón equivale a 1000 millones de toneladas.

Su NDC menciona someramente la reducción de emisiones del petróleo y gas.

Entre tanto, Chile generó 16 384 kilotones en 2022 y de los cuales 14 % se originó en el ramo energético. La meta de su NDC es la reversión del crecimiento en 2025.

Argentina, por su parte, lanzó a la atmósfera 5430 kilotones y de los cuales casi un tercio provino del sector energético, detrás del ramo agrícola.

México es el décimo contaminador mundial, al emitir 6449 kilotones, de los cuales 1989 procedió de la explotación de hidrocarburos.

Uno de sus mayores problemas es la quema y el venteo de gas en instalaciones de hidrocarburos, al punto que alcanzó 5724 millones de metros cúbicos en 2024. Con un crecimiento de 4 % frente al año previo, para situarse entre los nueve países con esas prácticas.

En la región, Colombia es de los menores emisores, con 3641 kilotones, 814 originados por los hidrocarburos.

Brasil, Colombia y México respaldan la meta de cero quema de gas en 2030 del Banco Mundial, mas no Argentina.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya alertó de la gravedad del problema en un reciente informe. Al señalar que las empresas y gobiernos en el mundo solo atendieron 12 % de las 3500 alertas sobre fugas de metano que el organismo mundial lanzó en 2024. Y por lo que las metas globales de reducción de esas emisiones están lejanas.

Este reportaje se elaboró con el apoyo del programa de cobertura de la COP30 de Climate Tracker América Latina, respaldada por Oxfam.

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Los 10 años del Acuerdo de París: un balance latinoamericano

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Escribe Martín de Ambrosio / Inter Press Service – París era una fiesta. Al menos, el júbilo estalló en la sala de periodistas cuando el ex ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, bajó el martillo y dio por cerrada la 21 Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas, en ese diciembre de 2015, y abrochado así el Acuerdo de París como tratado que orienta la acción mundial contra el cambio climático.

La alegría parecía algo exagerada porque apenas era un papel, que mostraba voluntades, desde ya, pero no era el final de nada. 

Una década después, y con el cambio climático acechando de manera cotidiana en todo tipo de eventos extremos, llega la hora inevitable de los balances y de pensar cómo serán, por ejemplo, los próximos 10 años, lo que tendrá una oportunidad durante la COP30, que acogerá la ciudad brasileña de Belém do Pará, desde el lunes 10 y hasta el 21, que estará precedida por una Cumbre de Líderes desde este jueves 6. 

Lo que fue París y lo que es

Para América Latina, en particular, existe un consenso entre los expertos en que “París” no fue todo lo que pudo haber sido; apenas si es una pieza en el tortuoso sendero de poner a 196 países en sintonía a la hora de tomar medidas para proteger sociedades y naturalezas (porque no hay lo primero sin lo segundo). 

Su fragilidad y su fortaleza provienen de ese mismo origen, de la voluntad de los países de detener las peores consecuencias de los cambios que tiene la atmósfera como consecuencia de las emisiones de gases contaminantes que comenzaron con la era industrial (en el lejano siglo XVIII) y el uso intensivo de energía de base fósil (carbón, petróleo y gas). 

Pero la voluntad, como la donna de la ópera de Guisseppe Verdi, è mobile. Y el contexto internacional no parece muy apto para las conversaciones multilaterales, sino más bien para las acciones de hecho, en guerras comerciales o tradicionales. No es precisamente el camino que propone “París”. 

De todos modos, los protagonistas tienen claro que el fantasma que se debe evitar es el fantasma del Protocolo de Kioto, aquel tratado climático pionero de 1997, cuya arquitectura era quizá más justa para los países no desarrollados, a los cuales no se les obligaba reducir sus emisiones, pero que tenía vicios políticos que lo terminaron deshilachando. 

“En general, el Acuerdo de París sigue siendo una frontera y un horizonte. Una frontera para no ir para atrás y un horizonte, un instrumento global para defender el ambiente. El gran problema del Acuerdo son las señales políticas. El límite es la motivación política, que se ve agravado por los gobiernos negacionistas, que ponen interrogantes fuertes”, sintetiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina. 

De todas maneras, Nápoli cree que para la región latinoamericana “es un buen instrumento” porque la existencia de los compromisos nacionales de reducción de emisiones permite, por ejemplo, reclamar políticas. 

“El Acuerdo es una herramienta desde la cual nuestros países pueden exigir compromisos y justicia, pero –en la práctica– el apoyo ha sido limitado. Las promesas no se han traducido en suficiente acción ni recursos. Pero es algo; pienso que sin este marco común estaríamos aún peor”, coincide Florencia Ortúzar Greene, directora del programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).

El tratado en la región

En esta ardua década de negociaciones, que respetaron frecuencia anual salvo durante el año de la pandemia, se avanzó en la forzosa implementación del Acuerdo de París, en cómo conseguir los objetivos de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para que no supere los 1,5 °C.

En ese transcurrir, la adaptación a las consecuencias del cambio climático ganó espacio: no sólo había que dejar de emitir gases contaminantes sino también adaptarse a las consecuencias que esa inédita atmósfera generaría en los eventos meteorológicos. 

También fueron muy discutidos los números de la financiación, es decir, cuánto dinero deben aportar los países industrializados -que lograron serlo a costa del cambio climático- a los países todavía en vías de desarrollo (los latinoamericanos, desde ya). Y eso ha sido un problema en los últimos diez años (y antes también). 

“Si no fluye el financiamiento, se avanza mucho más lento de lo esperable”, se lamenta Walter Oyhantçábal, ingeniero agrónomo integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), grupo que asesora científicamente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Oyhantçábal agrega que la reglamentación del Acuerdo de París demoró mucho en operacionalizarse. Y todavía están en discusión los números y los plazos de esa transferencia de dinero. 

Aun así, el ingeniero agrónomo, que trabajó en el ministerio de ganadería de Uruguay, destaca que “la adaptación se puso en un mismo plano y eso para América Latina es muy positivo. Porque nuestras emisiones son de agricultura, difíciles de reducir».

«Se puede dejar de usar petróleo, porque hay energía renovable, hay tecnología. No hay dudas. Pero para la agricultura no hay reemplazo. Salvo que se puedan implementar cambios en las dietas. Pero hay consideraciones acerca de si es posible y qué pasa con los rumiantes en nuestros pastizales en cuanto a la pérdida de diversidad”, agrega.

Dado que América Latina, salvo núcleos concentrados sobre todo en Brasil, México y, cada vez menos, en Argentina, es ante todo una región agropecuaria, un foco son precisamente las emisiones del sector. “Estamos emitiendo un poco más, por más stock y más producción”, admite Oyhantçábal. 

A la vez, Oyhantçábal destacó el caso de Uruguay, que logró producir más con la misma cantidad de metano emitido.

“Se hace por las vías de buenas prácticas. De mejores dietas, controles en la fertilidad del rodeo, con menos animales que no queden preñados y emiten igual. Además se mejoran los ingresos económicos del campo”, agregó, en un ejemplo que podrían extenderse a otra zona agraria de la región. 

Un último punto de análisis es la transición energética. La necesidad de un abandono del tipo de explotación energética que llevó a la humanidad a este escenario. Aquí parece cundir la idea de que los recursos que aún existen bajo suelo latino deben explotarse. Sobre todo ante la ausencia de estímulos económicos externos, es decir, de esa transferencia de dinero del Primer Mundo cuya ausencia es brillante. 

Así lo dice Nápoli: “Es cierto que la región está lejos en transición energética. Que hay una apuesta a los combustibles fósiles, a nuevas cuencas offshore en el Caribe, en el mar argentino… Faltan decisiones políticas para la región, y establecer políticas de direccionamiento conjunto. La región tiene problemas comunes, en cuanto a biodiversidad, desertificación, con las olas de calor intensas, pero todavía carece de respuestas conjuntas”.

París, Belém y el fantasmal Kioto

En este contexto, a nivel global, no es que “París” está teniendo un suceso que no se acompaña en la región latinoamericana, más bien lo contrario.

Taryn Fransen, directora de Ciencia, Investigación y Datos del Programa de Clima Global del World Resources Institute, resumió la situación. “Cuando fue adoptado el Acuerdo de París, en 2015. El mundo iba hacia un desastre de un calentamiento de 4°C (promedio respecto de la era preindustrial)”. 

“Gracias a las energías limpias y a las políticas climáticas que algunas de las grandes economías hicieron al amparo del Acuerdo de París. La curva comenzó a doblarse”, manifestó. Pese a reconocer que uno de los objetivos del acuerdo, mantenerse a menos de 1,5°C se desdibuja.

En lugar de 4°C vamos a 2,5°C o 3°C, lo que es un gran avance, pero aún así un gran riesgo”, dijo. 

En ese sentido, Fransen reconoce que “las tensiones geopolíticas y la falta de confianza representan desafíos serios. Ahí es donde el proceso de la COP se vuelve crucial. Es el único foro global donde todos los países, especialmente los más vulnerables, tienen un lugar en la mesa.

La COP no se trata solo de negociar objetivos. Es un espacio vital para alzar la voz de los menos responsables del cambio climático y los más afectados por él”. 

Ese proceso mencionado tendrá en noviembre de 2025 una continuidad cuando se realice la COP30, en Belém,  en plena Amazonía brasileña. 

Allí se discutirá cómo sigue la agenda, cómo se incentivan más las energías renovables y cómo se logra en un mundo con tambores de guerra, que se dedique cada vez más dinero para que países y pueblos puedan también adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático. Todo esto para que “París” no se convierta en otro “Kioto”.

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En Honduras el cambio climático avanza más rápido que sus políticas

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Escribe Breidy Hernández / Inter Press Service – Ubicado como el tercer país más vulnerable del mundo según el Índice de Riesgo Climático 2025 de Germanwatch, Honduras enfrenta una paradoja profunda: mientras su fragilidad ante huracanes, inundaciones y sequías se acentúa año con año, el país ha presentado una segunda actualización de su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) que podría parecer más una declaración de intención que una hoja de ruta viable.

La NDC, que es el documento mediante el cual el país presenta sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – una acción prevista en el Acuerdo de París, en el que las naciones se comprometen a frenar el calentamiento global -, promete reducir emisiones, restaurar bosques y avanzar hacia un desarrollo resiliente.​

El análisis de la NDC es la carta de presentación hondureña para la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que hospedará la ciudad amazónica de Belém do Pará, en el norte de Brasil, desde el lunes 10 y hasta el día 21.

Sin embargo, la gran pregunta es si este compromiso es compatible con la realidad estructural de este país centroamericano.

Con instituciones débiles, limitaciones financieras y una implementación lenta de políticas climáticas, la ambición de la NDC no parece realista, ya que el país no señaló medidas que indiquen un plan de acción concreto. Mientras, el territorio paga cada año – con vidas y pérdidas millonarias – el precio del cambio climático.

En Cedeño, una comunidad costera al sur de Honduras, el avance implacable del mar ha convertido sus calles y viviendas en escombros; hoy, sus habitantes representan el rostro humano del cambio climático, resistiendo mientras la playa y sus medios de vida desaparecen cada año bajo la amenaza de la erosión costera. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

El documento, elaborado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mantiene la meta de reducir un 16% de las emisiones proyectadas para 2030, además de incorporar por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (Utcuts), en busca de mayor cobertura de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero.

Aunque el documento oficial, presentado en abril de 2025, busca mostrar compromiso con el Acuerdo de París, los especialistas consultados por el reportaje coinciden en que la falta de financiamiento, la débil institucionalidad y la ausencia de voluntad política amenazan su cumplimiento real.

José Ramón Ávila, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) y voz crítica del sector social, señala que, aunque Honduras asumió trece objetivos estratégicos de mitigación y adaptación en la NDC de 2021, “la agenda climática sufre un grave retroceso porque no se están abordando los problemas fundamentales para una gestión climática favorable al país”.

Para José Ramón Ávila, la falta de voluntad política profundiza la deforestación y el avance de industrias extractivas en Honduras, quedando en deuda con la población y el ambiente. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

Destaca la falta de acciones efectivas en temas clave como desarrollo rural sostenible, transición energética y control de la deforestación, donde predominan los anuncios sobre la implementación real.

Una ambición más metodológica que política

Toda la ambición climática nacional sigue siendo condicionada al financiamiento internacional. Según el documento oficial, el cumplimiento dependerá de la llegada de fondos externos bajo el Acuerdo de París, que cumple ahora 10 años. Esto implica que, sin recursos extranjeros, la mitigación y adaptación no avanzarán.​

Ana Rosario Velásquez, cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras, considera que se trata de “un plan sin músculo financiero ni capacidad institucional para ejecutarse”, subrayando la falta de una cartera de proyectos bancables, cronogramas de ejecución o mecanismos de monitoreo y transparencia.

Ana Velásquez advierte que, aunque la nueva NDC de Honduras reconoce los impactos de los eventos extremos y la necesidad de adaptación, aún no integra un enfoque operativo de ‘pérdidas y daños’, elemento fundamental en los debates internacionales sobre justicia climática. Imagen: Criterio

El incumplimiento de los compromisos financieros por parte de los países desarrollados vuelve a poner en evidencia la brecha entre las promesas y la acción climática.

Aunque existía la expectativa, por parte de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo, de que la nueva meta global de financiamiento (NCQG) alcanzará los 1,3 billones de dólares anuales (a partir de una estimación de cuánto dinero sería necesario para acelerar la transición energética y hacer frente a los impactos del cambio climático), el acuerdo de la última COP apenas alcanzó los 300 000 millones para 2035.

Quedó pendiente la elaboración de una hoja de ruta que, según lo pactado, deberá indicar los caminos para alcanzar los 1,3 billones (millones de millones) de dólares de financiamiento, aunque no se trata de un nuevo acuerdo oficial.

Además, esta segunda actualización de la NDC de Honduras incorpora por primera vez el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, lo que permite contabilizar sumideros y remociones de gases bajo las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Según la Serna, esta inclusión fortalece la integridad ambiental y hace la NDC más “integral y transparente”.

Ávila señala que incluir este cambio puede tener impacto dependiendo de cómo se aplique la regulación: si hay mayor control sobre la tala y mejor gestión forestal, la emisión de gases puede reducirse, pero advierte que esto requiere voluntad política y acciones concretas que no están ocurriendo actualmente en el país.

En la Moskitia hondureña, la deforestación avanza a pesar del programa de reforestación de 900 millones de lempiras. La tala ilegal, la expansión ganadera y el narcotráfico continúan devastando bosques protegidos, como en la biosfera del río Plátano, desplazando a comunidades indígenas y poniendo en riesgo ecosistemas únicos del país. Imagen: Criterio

Por su parte,  Ricardo Pinedadirector de Sustenta Honduras, advierte que la actualización de la NDC aumenta artificialmente la línea base de emisiones; explica que tiene que ver con que la meta de reducción de emisiones es con base a una duplicación de las emisiones actuales.

“Es como querer vender una reducción de emisiones en porcentaje, pero en números reales, se está anticipando un incremento de emisiones. Como que muestra que hacen las cosas por el compromiso y no por voluntad en acción climática”, dice.

Esta “ambición metodológica” cumple con las demandas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero carece de una traducción práctica en políticas energéticas, agrícolas o forestales. En lugar de consolidar una visión estratégica con resultados cuantificables, la actualización convierte el ejercicio de mitigación en un cálculo contable, sin efectos reales sobre la descarbonización del país.​

Para los especialistas consultados, el problema radica en que la NDC hondureña fue construida como un documento técnico más que político, sin anclaje en planes operativos ni respaldo presupuestario que garantice su aplicación.

Velásquez advierte que Honduras “pinta de verde el fracaso” porque depende casi por completo del financiamiento internacional, sin generar recursos nacionales ni fortalecer sus propias instituciones.

Pineda añade que, con este enfoque, Honduras se autoexcluye del acceso al financiamiento climático internacional porque “no está demostrando voluntad ni claridad en sus compromisos de mitigación”, mientras que Ávila subraya que “el problema no es técnico sino político: el país carece de voluntad para transformar su modelo extractivo y energético”.

A pesar de las promesas del gobierno de Xiomara Castro y su discurso contra el extractivismo, Honduras sigue en deuda con la defensa territorial y ambiental. En Azacualpa, Copán, se otorgó un plan de salvamento en zonas de amortiguamiento de la mina San Andrés, beneficiando a filiales extranjeras como Aura Minerals. Imagen: Criterio

Adaptación: el talón de Aquiles climático

Laadaptación climática se ha consolidado como uno de los pilares más urgentes de la acción ambiental en Honduras. En la segunda actualización de su NDC, el gobierno reafirma que la meta no solo es reducir emisiones, sino también fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas ante la crisis climática.​

Además, busca fortalecer la resiliencia en sectores críticos como el agrícola, marino-costero, hídrico, infraestructura y biodiversidad, alineándose con los ejes del Plan Nacional de Adaptación (PNA).

Según la Primera Comunicación Nacional de Adaptación (2023), las prioridades incluyen aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, proteger ecosistemas degradados, restaurar manglares y humedales, e incorporar criterios de adaptación en la planificación territorial y de infraestructura.

Sin embargo, a pesar de contar con un marco técnico robusto y estrategias como la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), la implementación enfrenta limitaciones de recursos, ausencia de coordinación interinstitucional y un acceso desigual a los mecanismos de financiamiento climático.

César Quintanilla, especialista en cambio climático, señala que Honduras “está desnuda ante los impactos climáticos”, con comunidades costeras y agrícolas que siguen perdiendo hogares y medios de vida por inundaciones, erosión y aumento del nivel del mar.

Aunque la NDC menciona la alta vulnerabilidad del país, no incorpora medidas operativas de adaptación, como planes territoriales, sistemas de alerta temprana o financiamiento para ciudades y comunidades rurales.

Un ejemplo de ello es la comunidad costera de Cedeño, donde en las últimas cuatro décadas, el avance sostenido del mar hacia tierra firme ha provocado una severa erosión costera en el golfo de Fonseca, al sur de Honduras. El fenómeno ha reducido considerablemente la franja de playa y destruido viviendas, negocios y restaurantes en antiguas zonas turísticas en el municipio de Marcovia.

Este retroceso del litoral, causado por el aumento del nivel del mar y las marejadas más intensas, ha transformado el paisaje y obligado a decenas de familias a desplazarse, dejando tras de sí comunidades fragmentadas y una economía local cada vez más golpeada por los efectos del cambio climático.

Rosa María Pastrana, de 68 años y mujer pescadora, ha visto cómo el mar ha arrasado con casas –incluida la suya— y cómo el medio de vida –los peces—se está escaseando producto del cambio climático.

Pese a la vulnerabilidad que están experimentando, Pastrana lamenta que las autoridades municipales y del gobierno central no se han preocupado por implementar planes de mitigación ni mucho menos de adaptación. “Nosotros hemos aprendido a vivir con el avance del mar, aquí nos han dejado solos”.

En el pasado, Rosa María salía al mar para faenar junto a su familia. Hoy, aguarda al atardecer la llegada de las lanchas para limpiar los escasos pescados que logran capturar, reflejo de cómo el cambio climático y la migración de especies han transformado el sustento de los pescadores artesanales. Imagen: Jorge Burgos / Criterio

La casa de Rosa María está bajo el mar, al igual que la de muchos lugareños y aunque las afectaciones son desde hace años, en Marcovia aún no se ha implementado un plan de ordenamiento territorial. De acuerdo con las autoridades municipales, la falta de recursos ha impedido concretar el estudio de ordenamiento territorial elaborado junto a la Embajada de la República de China (Taiwán).

En las palabras de Quintanilla, Honduras “no ha logrado traducir su vulnerabilidad en acción”, ya que las comunidades más expuestas —especialmente las rurales y costeras— siguen sin apoyo para responder ante sequías, huracanes e intrusión y erosión marina. Este desfase entre planificación y ejecución convierte la adaptación en una deuda ambiental y social urgente dentro de la agenda climática nacional.

¿Cómo se presentará Honduras en la COP30?

De cara a la COP30 en Belém, los entrevistados consideran que Honduras llega con discursos verdes y manos vacías, con una agenda débil y sin una estrategia climática concreta.

Para Pineda, la delegación hondureña asistirá “fragmentada y sin preparación”, centrada más en el contexto electoral del país que en la urgencia climática.

Honduras decidirá quién será su próximo presidente o presidenta el 30 de noviembre, solo una semana después de celebrada la COP30, y el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, es el jefe de campaña de la candidata del partido Libertad y Refundación, actualmente en el poder.

Pineda advierte que la falta de coordinación institucional y de representación de la sociedad civil refuerza la exclusión de comunidades, mujeres y jóvenes de los espacios de negociación internacional.

Además, sostiene que “será la COP más importante para la región, pero Honduras llega con la menor preparación”, sin proyectos listos ni una posición alineada con los objetivos globales de mitigación y adaptación.

Esta situación, según Pineda, no solo debilita la credibilidad del país dentro del proceso de la CMNUCC, sino que también limita el acceso a fondos climáticos internacionales, en particular los destinados a pérdidas y daños.​

Desde la sociedad civil, voces como la de Velásquez y Ávila lamentan que el gobierno llegue a Belém “con las manos vacías”, llevando un discurso que promete acción climática, pero sin sustento técnico ni financiero.

Ávila considera que Honduras “asistirá en deuda con su población y con sus compromisos internacionales”, debido a la falta de voluntad política, poca investigación aplicada y escasa articulación entre academia, sector público y comunidades.

Quintanilla es aún más crítico: asegura que el país repetirá el mismo patrón de años anteriores, con delegaciones numerosas, pero poco técnicas, que no participan en las mesas de negociación ni aportan propuestas concretas.

Para recuperar credibilidad y viabilidad, los especialistas recomiendan adoptar un Plan Operativo NDC 2025–2030 con metas medibles, presupuestos asignados y participación ciudadana real.​ Solo entonces, Honduras podría dejar de ser percibida como un país con fracasos en la gestión climática en Centroamérica y avanzar hacia un enfoque más justo, coherente y resiliente frente a la crisis.

Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina y el respaldo de Oxfam.

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Impetuoso crecimiento agrícola en Brasil ignora la crisis climática

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Por Mario Osava / Inter Press Service – Brasil multiplicó por 7,4 veces su producción de granos en los últimos 50 años. Comprobó así la pujanza de la agricultura tropical con potencialidad para seguir creciendo, pero con las amenazas de la crisis climática y de la geopolítica.

La cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas del año 2024/2025 alcanzará 350,2 millones de toneladas, con un aumento de 16,3 % sobre el período anterior, estima la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) del Ministerio de Agricultura. El año agrícola abarca de octubre a septiembre siguiente.

El primer año de serie histórica de las estadísticas de Conab, 1976/1977, registró 46,9 millones de toneladas, pero el año siguiente cayó a 38,2 millones de toneladas.

“Cuando me gradué de agrónomo (1991) éramos importadores de alimentos. Hoy nos transformamos en una potencia con participación increíble en los mercados mundiales: 60 % de toda la soja importada por el mundo, 30 % del maíz, 52 % del azúcar y 25 % o 27 % del algodón”, celebró Marcos Fava Neves, profesor de universidades en Brasil, Argentina y Estados Unidos.

“Hacia fines de esta década alcanzaremos 40 % de las importaciones mundiales de carne de pollo, 30 % de la carne de vacuno y 20 % de la carne porcina”, agregó.

Brasil es el mayor productor y exportador mundial de soja, café, azúcar y jugo de naranja, además del mayor exportador de otros cinco productos: carnes de pollo y de vacuno, algodón, celulosa y tabaco, de que es segundo o tercero productor.

Muestra de los productos agrícolas de los que Brasil es el mayor productor mundial y mayor exportador, con datos de FAO, Estados Unidos y Brasil. Tabla: Fava Neves

Factores del crecimiento

Eso se logró con la incorporación de nuevas tierras a la producción y “un inmenso aumento de productividad”, destacó a IPS por teléfono desde la ciudad de Ribeirão Preto, en el sureño estado de São Paulo, donde es profesor de la pública Universidad de São Paulo y de una escuela superior privada enfocada en el agronegocio, como se llama en el país a la agricultura a gran escala.

El área sembrada de granos creció mucho menos, de 37,3 millones de hectáreas en 1976/1977 a 81,7 millones de hectáreas en 2024/2025, es decir un aumento de 119 %, contra 647 % en la producción.

“Brasil triplicó la productividad agrícola, gracias a mucha investigación científica de los suelos, las semillas, los fertilizantes y de defensivos”, sostuvo Francisco Matturro, agricultor y uno de los directores de la Asociación Brasileña del Agronegocio (Abag).

La “domesticación” de los suelos del Cerrado, especie de sabana que ocupa 2,03 millones de kilómetros cuadrados, un poco más que el territorio de México, en el centro de Brasil, fue uno de los grandes factores de ese salto productivo, apuntó Neves.

La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1973, se destacó por estudios que facilitaron esa expansión, especialmente al adaptar la soja para el cultivo en tierras antes menospreciadas del Cerrado, consideradas infértiles y muy secas.

Pero hay otros centros de investigación más antiguos que contribuyeron también al bum agrícola brasileño, como el Instituto Agronómico (IAC), vinculado al gobierno del estado de São Paulo, observó Matturro.

El monocultivo de soja en el estado de Tocantins, en el centro del Brasil, pasó a ocupar extensas áreas de la región del Centro-oeste de Brasil. Esa oleaginosa era prácticamente desconocida en el país hace medio siglo y ahora es su mayor productor y exportador, con una producción de 171,4 millones de toneladas en el periodo 2024/2025. Imagen: Mario Osava / IPS

Soja lidera

La soja encabeza la multiplicación de los granos. Un cultivo casi desconocido en Brasil hace 50 años lidera ahora la producción, con 171,4 millones de toneladas en 2024/2025, seguido del maíz, con 139,7 millones de toneladas.

Buena parte de la producción de maíz se debe a la expansión de la soja en la región del Centro-oeste de Brasil, como el segundo cultivo del año, tras la cosecha de la soja. La posibilidad de hacer dos o incluso tres cultivos cada año en la misma tierra es una de las ventajas de la agricultura tropical, de la que Brasil se tiene como un caso exitoso.

La soja tiene un rol “determinante” para el segundo cultivo, al responder por 80 % de la fertilización necesaria, realzó Matturro en entrevista telefónica a IPS desde São Paulo.

Otras leguminosas cumplen una función similar, como el maní, cultivado antes de una nueva siembra de la caña de azúcar, cuyo ciclo productivo es de cinco años, pero se amplió a varios años más con las nuevas técnicas.

La siembra directa también impulsó el segundo cultivo. Se trata de una práctica, iniciada en los años 70 y diseminada por 40 000 hectáreas, que mantiene la paja en el suelo para fertilización y conservación de la humedad, explicó Matturro, también economista y exsecretario de Agricultura del estado de São Paulo.

“Pero no se puede olvidar el factor humano, el productor que con su coraje y disposición de correr riesgos impulsó la expansión agrícola, especialmente los que migraron del sur hacia el Centro-oeste”, la región que responde hoy por la mayor producción nacional de granos, acotó.

Estimulados por programas de ocupación del territorio nacional, durante la última dictadura militar (1964-1985), los agricultores de todo el Brasil, principalmente los “gaúchos” del sur, se hicieron propietarios de grandes extensiones de tierras baratas en el oeste y en el norte amazónico, donde prosperó la soja, el maíz y el algodón.

Pero solo cerca de un tercio de los 850 millones de hectáreas del país tiene uso agrícola actualmente, hay territorio para seguir aumentando la producción. Cerca de 20 millones de hectáreas de pastizales degradados se pueden transformar en tierras agrícolas en los próximos años, estimó Neves.

Ese potencial de expansión se asegura por el lado importador, ya que la demanda mundial debe incrementarse por el crecimiento poblacional, la urbanización y alza del consumo, argumentó.

El algodón y el maíz expandieron su producción tras la soja en el estado de Mato Grosso, mayor productor de granos de Brasil. Se siembran en las mismas áreas como segundo cultivo tras la cosecha de soja, posibilidad que ayudó Brasil a convertirse en la potencia agrícola actual. Imagen: Michel Alvim

Nuevas vulnerabilidades

Pero hay problemas para la sostenibilidad de la actividad agrícola y su crecimiento futuro, como la dependencia brasileña de insumos importados, la escasez de mano de obra especialmente para manejar máquinas cada día mas sofisticadas y las restricciones ambientales, reconoció el experto.

Brasil importa cerca de 90 % de los fertilizantes que consume y la invasión de Ucrania por Rusia desnudó los riesgos de esa dependencia de pocos proveedores. Rusia provee ahora cerca de 30 % de los fertilizantes importados por Brasil.

El temor es que Estados Unidos imponga sanciones a Brasil por adquirir tanto fertilizantes como diéseles rusos, como hizo con India, que tuvo sus productos gravados en 50 % por importar mucho petróleo de Rusia.

Otras guerras y las disputas entre los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y China pueden afectar el suministro de fertilizantes a Brasil, que los importa también de China (20 %) y, en menor cantidad, de Canadá, Egipto, Marruecos y Biolorrusia.

Lo mejor es diversificar las fuentes y evitar privaciones, recomienda Neves. El gobierno brasileño trata de ampliar la producción interna, pero ello cuesta tiempo.

El elevado endeudamiento de los agricultores es otra amenaza, que requiere un mejor sistema de financiación de su actividad, añadió.

“Son problemas que existen hace años y no impidieron el crecimiento de nuestra agricultura”, concluyó.

Matturro destacó, por su parte, la carencia de almacenamiento que no se acompasó con la producción de granos. Estimó ese déficit en 125 millones de toneladas, agravado por un desequilibrio. En Estados Unidos 65 % de la capacidad de los almacenes se concentra en las haciendas, mientras en Brasil se limita a 5 %.

Otra vulnerabilidad es el transporte, de costo elevado por la insuficiencia de ferrocarriles, hidrovías y buenas carreteras, agregó. Los grandes ríos se adecuan muy lentamente para el transporte de grandes volúmenes de granos, lamentó.

Osvaldo Aly, director de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria, apunta el riesgo hídrico como el gran factor de insostenibilidad del “modelo tecnológico muy productivista” de la agricultura brasileña.

Las áreas de gran producción en Brasil, que logran dos cosechas anuales con un sistema de secano, disfrutan de una situación singular, de las lluvias que provienen de la Amazonia y que se dirigen al centro-sur del país por la barrera de la cordillera de los Andes.

“La deforestación, especialmente en la Amazonia, pone en jaque ese ciclo hidrológico” y un sistema compuesto de grandes acuíferos, ríos y los llamados “ríos voladores” que transportan la humedad amazónica, señaló Aly, un agrónomo que se especializó en temas hídricos.

El bioma amazónico ya perdió 17 % de sus bosques, según organizaciones que los monitorean por satélites, y científicos como el afamado climatólogo Carlos Nobre estiman que la pérdida de más de 20 % puede constituir el punto de no retorno.

Eso significa la eliminación de la capacidad de autoalimentarse de los bosques, convertirlos en una sabana  y poner fin a los servicios ambientales del bioma, que incluyen las lluvias en las principales áreas agrícolas de Brasil.

La gran agricultura brasileña sobreexplota los recursos hídricos, sin evaluar los riesgos ante la confianza en la abundancia de agua, pero en el Cerrado, bioma del centro del país, las lluvias ya sufrieron una reducción de 20 % y en el centro-sur ellas se atrasan 20 días en relación al pasado, y muchos acuíferos se están agotando, advirtió.

Además se trata de “monocultivo intensivo que destruye la biodiversidad, usa muchos agrotóxicos para controlar plagas y aplica en la agricultura el proceso industrial”, añadió.

“Se busca la utilidad inmediata, sin compromiso con la perennidad, en ciclos cortos de gran destrucción de la naturaleza”, de que es ejemplo el café, un cultivo que se desplazó de las cercanías de Río de Janeiro en el siglo XIX, migró hacia el sur por tierras fértiles y luego se dispersó por varias regiones, concluyó.

Mario Osava – es corresponsal de IPS desde 1978 y encargado de la corresponsalía en Brasil desde 1980

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América Latina propone un pacto social mundial

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Inter Press Service – Los países de América Latina y el Caribe abogarán por un pacto social mundial, para avanzar en la consecución de metas frente al hambre, la pobreza y las desigualdades, cuando en noviembre se reúna en Qatar la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

Representantes de gobiernos de la región adoptaron la propuesta durante la sexta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, realizada esta semana en esta capital, en la que también pidieron incrementar la coordinación y la cooperación regionales ante sus desafíos sociales.

“La lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades siguen siendo el punto de partida de cualquier pacto social”, planteó en la conferencia Almudena Fernández, economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

El Pnud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fueron los organizadores de la conferencia, acogida por el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil.

Un estudio de la Cepal analizado en la conferencia mostró que en 2024 se alcanzó

la incidencia más baja de pobreza en la región (26,8 %, unos 170 millones de personas) y se registraron niveles de pobreza extrema similares a los de los años previos a la pandemia covid-19 (10,4 % o 66 millones de personas).

A pesar de esa recuperación con respecto a décadas precedentes, la región aún está lejos de cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantean reducir al menos a la mitad la pobreza y erradicar la pobreza extrema para el año 2030.

Otro tema del estudio de la Cepal “América Latina y el Caribe a 30 años de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social” -efectuada hace tres décadas en Copenhague- es el de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Con respecto al hambre, en el año 2023 la región albergaba 187,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (28,2 % de la población) y la Cepal apunta que está experimentando una transición nutricional en la que conviven la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad.

En relación con la malnutrición, desde la década de 1990, la región ha registrado una disminución notable de las cifras de desnutrición crónica, de 21,8 % a 11,5 % de las niñas y niños menores de 5 años, si bien existe una marcada heterogeneidad entre los distintos países y subregiones.

En paralelo, el sobrepeso y la obesidad han crecido de 6,8 % en 2000 a 8,6 % en 2022, tres puntos porcentuales más que el promedio mundial, aunque, de nuevo, la situación varía entre los países.

Según el estudio, 29,9 % de la población adulta presentaba obesidad en 2022, cifra que registra una tendencia al alza en todos los países de la región desde 2000.

Y con respecto a la desigualdad, América Latina y el Caribe permanece como la región más desigual, con un índice de Gini (que mide desde cero, perfecta igualdad, hasta uno, lo contrario) que entre 2014 y 2023 apenas se redujo cuatro por ciento, de 0,471 a 0,452.

También se pasó revista a los nuevos enfoques sobre la protección social no contributiva, a la institucionalidad social en la región y a nuevos desafíos planteados para un desarrollo social inclusivo.

“La columna vertebral del desarrollo social inclusivo son los sistemas de protección social que deben ser universales, integrales, sostenible y resilientes”, dijo en su exposición Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

Un desafío examinado es el de la brecha digital, que persiste entre los diferentes grupos de población, y amenaza con profundizar las desigualdades existentes y excluir a grandes segmentos de la sociedad de los beneficios de la era digital.

La automatización, la robotización y la introducción de la inteligencia artificial generativa “están cambiando la naturaleza del trabajo, lo que requiere una adaptación de los sistemas educativos y de formación”, postula la Cepal.

Luego, está el tema del cambio climático y la vulnerabilidad a los desastres, pues la región es una de las más vulnerables a efectos como tormentas, inundaciones y sequías de frecuencia e intensidad crecientes.

En particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, como las islas del Caribe, soportan habitualmente enormes costos en pérdida de vidas humanas e infraestructura física, y además los desastres afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Otro tema es el de la migración, pues los flujos migratorios entre los países de la región han aumentado y se han diversificado en los últimos años debido a las crisis económicas, los conflictos políticos, la vulnerabilidad ante situaciones de violencia, los desastres y los procesos de reunificación familiar.

Por todo ello, el pacto mundial que se propone comprende un llamado a las instituciones financieras internacionales y a los países desarrollados a comprometer financiamiento para apoyar las políticas orientadas al desarrollo social inclusivo.

Por su parte “los países en desarrollo han de comprometerse a hacer su mayor esfuerzo en materia de institucionalidad fiscal y gestión eficiente de los recursos públicos de manera de dar transparencia y sostenibilidad al apoyo financiero”, de acuerdo con la mesa directiva de la conferencia.

El secretario ejecutivo del ministerio brasileño, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, dijo al cierre de la conferencia que “salimos de aquí con tareas claras”, la primera de las cuales es “mantener la cohesión y el impulso político hasta Doha, donde tendremos una oportunidad única de consolidar compromisos”.

La segunda es de compromiso para las naciones latinoamericanas y caribeñas: “Mantener el rumbo y acelerar las transformaciones sociales en nuestra región”, concluyó Ribeiro de Almeida.

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