Antidumping

Tras el cruce con Milei, Paolo Rocca deja de ser CEO de la empresa de Techint que fabrica caños petroleros

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Tenaris anunció un cambio de peso en su conducción global: Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de la compañía y será reemplazado por el argentino Gabriel Podskubka, quien hasta ahora se desempeñaba como Chief Operating Officer (COO) de la firma.

La empresa precisó que Rocca continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, manteniendo así su peso estratégico dentro de la estructura directiva. El recambio fue presentado como “la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo”, en una firma que se consolidó como líder global en producción de tubos y servicios para la industria energética.

La decisión llega pocos meses después del fuerte cruce público entre Rocca y el presidente Javier Milei por la licitación de caños destinada a la construcción de un oleoducto vinculado a Vaca Muerta.

El conflicto por la licitación

A fines de enero de 2026, la adjudicación a la compañía india Welspun para el suministro de tubos del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro generó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y Techint.

Welspun ganó la licitación con una propuesta de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de tuberías, una oferta que resultó 25% más baja que la presentada por Tenaris. Fue la primera vez en décadas que un proveedor internacional se impuso sobre una firma nacional en un proyecto estratégico de esa magnitud.

Desde Techint argumentaron que esa diferencia respondió a “prácticas de competencia desleal”, señalando el uso de insumos chinos y menores costos industriales en India. Sin embargo, Milei reaccionó con dureza y calificó públicamente a Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, acusándolo de intentar cobrar hasta tres veces más por la obra.

En respuesta, Rocca difundió una carta pública en la que defendió la decisión de anticipar una denuncia antidumping contra Welspun, reivindicó la defensa de la industria nacional y pidió un “diálogo constructivo” con el Gobierno para fortalecer la competitividad industrial.

El empresario explicó que Tenaris había ofertado inicialmente 2.090 dólares por tonelada y luego redujo su propuesta un 24% para igualar condiciones, aun cuando eso no resultara rentable para el negocio puntual. Según detalló, esa licitación representaba cerca del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura.

“Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo”, sostuvo Rocca, quien además advirtió sobre la sobrecapacidad global del sector siderúrgico y las políticas agresivas de exportación de algunos países asiáticos. También insistió en que abrir la economía es necesario, pero remarcó que “la forma en la que nos abrimos” resulta determinante para proteger inversiones estratégicas.

Quién es Gabriel Podskubka

El nuevo CEO de Tenaris tiene una extensa trayectoria dentro del grupo. Ingresó en 1995 a Siderca, donde comenzó su recorrido en áreas vinculadas al marketing, la gestión comercial y la industria.

En 2009 fue designado responsable de las operaciones en Europa del Este y en 2013 pasó a liderar las actividades de la compañía en Medio Oriente como presidente regional. Desde abril de 2023 ocupaba el cargo de COO, con responsabilidad sobre la coordinación comercial, operativa, abastecimiento y desarrollo de productos y servicios.

Podskubka es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con un MBA de la Harvard Business School. Además, acumuló experiencia internacional en Argentina, Estados Unidos, Italia, Rumania y Emiratos Árabes Unidos.

En 2025, Tenaris registró ventas por 12 mil millones de dólares, opera plantas industriales en 17 países y emplea a unas 25.000 personas. También cuenta con cuatro centros de investigación y desarrollo, uno de ellos ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires. Sus acciones cotizan en las bolsas de Nueva York, Italia y México.

El cambio de mando se produce así en un momento de fuerte debate sobre apertura comercial, competitividad industrial y el futuro de la siderurgia argentina, con Techint nuevamente en el centro de la discusión económica nacional.

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El Gobierno elimina el antidumping para zapatillas deportivas y redefine la política industrial del sector

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El Gobierno nacional oficializó el 20 de abril de 2026 un cambio sensible en la política comercial: eliminó el derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La decisión, plasmada en la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, excluye a estos productos del valor FOB mínimo de US$15,70 por par vigente desde 2021. El movimiento no solo impacta en costos y precios, sino que redefine el equilibrio entre protección industrial y apertura selectiva. La pregunta que queda planteada es si se trata de un giro estructural en la política productiva o de un ajuste puntual para sostener un modelo híbrido de fabricación.

Del proteccionismo al ensamblado: un cambio de enfoque

La medida se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado, especialmente en el segmento deportivo. El diagnóstico es claro: la industria local mantiene competitividad en cuero y moda urbana, pero enfrenta una brecha tecnológica en productos de alta performance.

Ese desfasaje explica el viraje. En lugar de sostener barreras generalizadas, el Gobierno opta por liberar la importación de kits desmontados —con suela o parte superior distinta del cuero natural— que luego se ensamblan en el país. El esquema no es nuevo, pero ahora recibe un respaldo normativo explícito.

La resolución cierra el examen iniciado en 2025 sobre la medida antidumping vigente desde 2021 y redefine su alcance. El resto del calzado continúa bajo protección, lo que muestra un criterio selectivo más que una apertura total.

La presión desde adentro del sector

El dato político no es menor: el cambio fue impulsado por actores centrales de la industria local. Empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina promovieron la revisión del esquema, argumentando que el antidumping encarecía insumos clave para su modelo productivo.

El planteo logró respaldo técnico. La CNCE sostuvo que la importación de kits no desplaza producción nacional, sino que la complementa, permitiendo sostener empleo y mejorar la productividad. Según el informe, el ensamblado local genera un valor agregado estimado en torno al 20% y requiere procesos industriales complejos.

La paradoja es evidente: la protección deja de ser demandada por quienes producen y pasa a ser vista como un obstáculo. El Gobierno toma esa señal y ajusta la regulación en línea con una lógica más pragmática.

Impacto en precios, competencia y estructura productiva

La eliminación del valor mínimo de importación tiene un efecto directo sobre los costos. Al reducir el precio de los insumos, las empresas pueden ajustar sus estructuras y, en teoría, trasladar parte de esa baja a los consumidores.

El mercado, además, podría ampliar su oferta. La CNCE señala que el acceso a materiales y tecnologías no disponibles localmente permite mejorar la calidad y durabilidad del producto final. Esto apunta a un segmento masivo, donde la innovación y el precio son variables decisivas.

En paralelo, la medida se alinea con la reducción del Derecho de Importación Extrazona aplicada recientemente a estos productos. La consistencia regulatoria aparece como un objetivo explícito: evitar superposiciones que terminen encareciendo el mercado interno.

Sin embargo, la decisión también reconfigura la competencia dentro del sector. Mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos —como el calzado de cuero o de seguridad— mantienen esquemas de protección. La segmentación puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.

Un movimiento táctico con proyección abierta

El Gobierno avanza así en una política comercial más selectiva, donde la protección se combina con aperturas puntuales según el diagnóstico sectorial. El caso del calzado deportivo funciona como testigo de esa estrategia.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las importaciones. En los últimos años, los kits desmontados pasaron de representar el 59% de las compras externas entre 2021 y 2023 a un 24% en el último período. La expectativa oficial es revertir esa caída.

También habrá que observar el impacto en precios y en niveles de actividad. Si la medida logra expandir la oferta sin afectar el empleo, podría consolidarse como modelo para otros sectores con brechas tecnológicas.

Por ahora, el cambio deja una señal clara: la política industrial se mueve hacia esquemas más flexibles, donde el objetivo no es solo proteger, sino redefinir cómo y dónde se genera valor. El alcance real de ese giro dependerá de cómo evolucione el equilibrio entre apertura, producción y mercado interno.

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Sin producción local, Argentina abre el mercado de importaciones de aislantes eléctricos

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El Gobierno nacional avanzó con una decisión que combina urgencia operativa y definición estratégica: el Ministerio de Economía resolvió levantar las medidas antidumping sobre la importación de aislantes eléctricos de porcelana desde China, Brasil y Colombia.

La medida, oficializada el 17 de marzo mediante la Resolución 345/2026, responde a un dato crítico: la producción local dejó de existir. Con la salida definitiva de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA), el país quedó sin capacidad interna para abastecer un insumo clave de la red eléctrica. La decisión abre el mercado, pero también deja al descubierto una tensión mayor: ¿la apertura es una respuesta puntual o el síntoma de un cambio más profundo en la política económica?

El dato técnico es contundente. Los aislantes alcanzados por la norma —utilizados en líneas, transformadores y sistemas eléctricos— son indispensables para el mantenimiento y expansión de la infraestructura energética. Sin producción local, el riesgo de desabastecimiento dejó de ser una hipótesis.

De la protección a la apertura: el giro forzado por la ausencia de oferta local

La resolución del Ministerio de Economía de la Nación elimina por al menos seis meses las barreras que desde 2021 protegían a la industria local frente a importaciones a precios considerados desleales. Pero el contexto cambió: ya no hay industria que proteger.

La decisión se apoya en un argumento directo. FAPA, que había concentrado la producción nacional de estos insumos, cesó sus operaciones de manera definitiva, incluso con el remate de su maquinaria. En términos concretos, el esquema de protección perdió sentido económico: mantener el antidumping implicaba encarecer importaciones sin resguardar producción local ni empleo activo.

El efecto inmediato es la habilitación del ingreso de aislantes desde mercados externos para garantizar obras y mantenimiento del sistema eléctrico. En otras palabras, el Estado reemplaza protección por abastecimiento.

Impacto en la red eléctrica: evitar un cuello de botella operativo

La salida de FAPA no solo representa un dato industrial. Tiene consecuencias directas sobre la infraestructura energética. La falta de aislantes comprometía la ejecución de obras y el mantenimiento de redes, un punto sensible en un sistema que ya opera con restricciones.

La apertura de importaciones aparece, en este contexto, como una decisión defensiva para evitar un freno en la red eléctrica. El objetivo es garantizar continuidad operativa en un sector crítico, incluso a costa de resignar instrumentos de política industrial.

El dato que subyace es que la política económica empieza a priorizar la disponibilidad de insumos por sobre la protección sectorial, al menos en rubros donde la producción local ya no existe.

Tensión con la industria: apertura, costos y empleo

La medida se inscribe en una tendencia más amplia. El Gobierno viene avanzando en la reducción de barreras a la importación en distintos sectores, con el argumento de normalizar mercados y reducir costos. Sin embargo, ese proceso tiene un correlato político: la presión sobre el entramado industrial.

El cierre de FAPA —que llegó a emplear a 70 trabajadores— se suma a una lista de empresas que no lograron sostener su actividad en este nuevo contexto. La ecuación es conocida: apertura, competencia externa y dificultades para igualar costos.

En ese escenario, la decisión del Ministerio de Economía refuerza una señal hacia el sector productivo. La protección deja de ser un eje automático y pasa a depender de la viabilidad efectiva de cada actividad. Cuando esa viabilidad desaparece, la política pública se reorienta.

Esto no ocurre en un vacío político. La relación entre el Gobierno y sectores industriales ya muestra tensiones, con cuestionamientos cruzados sobre el impacto de la apertura en el empleo y la producción.

Un cambio de lógica: de proteger producción a garantizar funcionamiento

La eliminación del antidumping en este caso puntual marca un desplazamiento en la lógica de intervención estatal. Ya no se trata de sostener una industria que no está, sino de asegurar que el sistema funcione.

El movimiento tiene implicancias más amplias. Señala que, en determinadas condiciones, la política económica priorizará la eficiencia operativa del sistema —en este caso, la red eléctrica— por sobre la reconstrucción de capacidades industriales en el corto plazo.

Sin embargo, la medida es temporal. El plazo de seis meses deja abierta la posibilidad de revisión, lo que introduce un margen de flexibilidad en un contexto todavía inestable.

Entre la urgencia energética y la estrategia industrial

La decisión resuelve un problema inmediato, pero abre interrogantes hacia adelante. El primero es si la importación cubrirá de manera sostenida la demanda de estos insumos y en qué condiciones de costo.

El segundo, más estructural, es qué lugar ocupará la industria nacional en sectores estratégicos donde la producción se ha retraído o desaparecido. La experiencia de FAPA plantea una advertencia: una vez que se pierde capacidad productiva, la recuperación no es automática.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo evoluciona el abastecimiento de la red eléctrica y si emergen nuevos casos similares en otros rubros. También en la reacción del sector industrial frente a una política que, en los hechos, empieza a redefinir prioridades.

La resolución del Ministerio de Economía no solo habilita importaciones. Expone una discusión de fondo que todavía no está cerrada: qué se protege, qué se abre y bajo qué condiciones en el nuevo esquema económico.

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Economía prorroga por dos años el derecho antidumping a ruedas de acero chinas y refuerza la protección industrial

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El Gobierno decidió extender por dos años la medida antidumping que grava con un 41,78% las importaciones de ruedas de acero para buses, camiones y remolques originarias de China. La decisión quedó formalizada en la Resolución 241/2026, publicada el 4 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y entra en vigencia desde ese mismo día.

En términos concretos, el Ministerio de Economía cerró el examen por expiración de plazo de la medida vigente desde 2019 y optó por mantener el derecho antidumping ad valorem definitivo sobre los valores FOB de exportación. El sector alcanzado es específico pero estratégico: ruedas de acero de gran porte, utilizadas en transporte de carga y pasajeros.

La señal llega en un momento de sensibilidad para la industria autopartista y metalmecánica, donde la competencia externa convive con un mercado interno aún en recuperación.

Qué establece la norma y cómo impacta en el mercado

La resolución mantiene el derecho antidumping aplicado originalmente en 2019 a las exportaciones hacia Argentina de ruedas de acero con diámetro nominal entre 17,5 y 24,5 pulgadas, utilizadas en autobuses, camiones, remolques y semirremolques, clasificadas en posiciones NCM 8708.70.90 y 8716.90.90.

El arancel adicional del 41,78% seguirá vigente durante dos años más. Esto implica que cada importación de esos productos desde China deberá tributar ese recargo sobre el valor FOB declarado.

Además, las operaciones quedan sujetas al régimen de control de origen no preferencial. En la práctica, esto refuerza la trazabilidad y evita triangulaciones que intenten eludir la medida.

La decisión se apoya en dos pilares técnicos: por un lado, la Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó que existe probabilidad de recurrencia de dumping si se levanta la medida; por otro, la Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que el ingreso de importaciones en esas condiciones podría repetir el daño a la producción nacional.

El trasfondo: revisión técnica y continuidad regulatoria

La medida original había sido establecida en 2019 mediante la Resolución 1444/2019 del entonces Ministerio de Producción y Trabajo. Como toda medida antidumping, tenía un plazo de vigencia de cinco años.

En 2024 se abrió el examen por expiración, a pedido de una empresa local. Durante el proceso no se detectó margen de dumping en exportaciones directas a Argentina en el período analizado. Sin embargo, el análisis sobre ventas a terceros mercados —en particular a Perú— arrojó un margen de recurrencia del 29,83%, lo que sustentó la hipótesis de que, de levantarse la protección, podría reactivarse la práctica.

El organismo técnico también destacó que la medida permitió cierta recuperación del sector y recomendó mantenerla por un período adicional acotado de dos años, con el argumento de consolidar esa mejora sin generar distorsiones significativas.

La resolución se dictó bajo el régimen del Decreto 1393/2008, que sigue aplicándose excepcionalmente en este caso, pese a haber sido derogado por normativa posterior.

Protección selectiva y costos para importadores

Desde el punto de vista industrial, la prórroga sostiene un esquema de protección para fabricantes locales de ruedas de acero, un segmento vinculado a la cadena automotriz pesada y al transporte de cargas.

El efecto inmediato es doble. Por un lado, mantiene un piso de precios para el producto importado, reduciendo presión competitiva directa desde China. Por otro, encarece el costo para importadores y eventualmente para empresas que utilizan ruedas importadas como insumo.

En términos de inversión y empleo, la medida apunta a dar previsibilidad a la industria nacional durante dos años adicionales. No crea incentivos nuevos, pero evita un cambio abrupto en las condiciones de competencia.

En materia de recaudación, el derecho antidumping no tiene naturaleza tributaria tradicional sino correctiva. Sin embargo, genera ingresos aduaneros mientras esté vigente.

El equilibrio que busca la autoridad económica es claro: proteger la producción local sin cerrar el mercado, dado que la medida no implica prohibición sino un sobrecosto específico.

Continuidad en defensa comercial

La resolución confirma que la política de defensa comercial se mantiene activa. No hay un giro hacia una liberalización plena en este segmento sensible, sino una continuidad técnica basada en informes de daño y probabilidad de recurrencia.

El hecho de que la prórroga sea por dos años —y no por cinco— sugiere un enfoque intermedio: sostener la protección mientras se consolida la recuperación del sector, pero con horizonte de revisión relativamente cercano.

También envía un mensaje a la industria local: el Estado mantiene herramientas antidumping cuando los organismos técnicos detectan riesgo de daño. Al mismo tiempo, preserva el marco del Acuerdo Antidumping de la OMC, incorporado a la legislación argentina por la Ley 24.425.

Lo que habrá que seguir de cerca

El verdadero impacto se medirá en la dinámica del mercado en los próximos meses. Será clave observar si la industria local mejora su competitividad estructural o si la protección solo funciona como contención transitoria.

También habrá que monitorear la evolución de los precios internos y la disponibilidad de oferta para el transporte de cargas y pasajeros, un sector estratégico para la actividad económica.

En dos años, el debate volverá a abrirse. La pregunta será si el sector logró fortalecerse lo suficiente como para competir sin la red antidumping o si la discusión sobre protección seguirá vigente.

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El Gobierno rechaza el antidumping y avala la importación de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta

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El Gobierno nacional descartó avanzar con una medida antidumping para frenar la importación de tubos de acero adjudicados a la empresa india Welspun, pese al reclamo del Grupo Techint, que había quedado fuera de la licitación para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La decisión ratifica la orientación oficial hacia la apertura comercial, la baja de costos y el rechazo a esquemas de protección industrial, en una obra estratégica para las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y la competitividad energética del país.

La definición fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que fueron categóricas frente a las versiones de una eventual denuncia por dumping y competencia desleal impulsada por Techint. “No vamos a pagar más caros los caños”, señalaron desde el entorno presidencial, en línea con la postura pública expresada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La controversia se desató luego de que Welspun ganara la licitación para proveer los tubos del gasoducto con una oferta 40% inferior a la presentada por Tenaris, la controlada del Grupo Techint que produce caños de acero en la Argentina.

Una licitación clave para Vaca Muerta y el debate sobre política industrial

La adjudicación del contrato marcó un hito: es la primera vez en décadas que una empresa extranjera se impone a un proveedor local en este tipo de proyectos estratégicos. El gasoducto que unirá Vaca Muerta con la zona de San Antonio Oeste, en Río Negro, es considerado una pieza central del plan exportador de GNL que impulsa el consorcio Southern Energy (SESA).

Ese consorcio está integrado por Pan American Energy (PAE), propiedad en un 50% de BP; YPF, con una participación del 25%; y otras compañías con participaciones menores como Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto abrió negociaciones por un crédito de USD 1.000 millones con bancos extranjeros para su financiamiento.

En la compulsa participaron más de 15 oferentes de distintos países, entre ellos Argentina, India, China, España, Japón, Grecia y Turquía. Welspun resultó adjudicataria al presentar el menor precio, lo que dejó fuera a Tenaris, que había ofertado un valor un 40% más alto, según el consorcio.

Desde Techint sostienen que esa diferencia no refleja condiciones de competencia leal y que la propuesta ganadora estaría basada en tubos fabricados con chapa de origen chino a precios subsidiados. La empresa incluso ofreció igualar la oferta extranjera “a cualquier costo” para que el proyecto se ejecute con producción local, propuesta que fue rechazada.

La postura oficial: costos, competencia y rechazo al antidumping

La respuesta del Gobierno fue inmediata y contundente. El presidente Javier Milei defendió el resultado de la licitación desde su cuenta oficial de X al afirmar: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”.

En la misma línea, un alto funcionario explicó que, aun si existieran subsidios en el país de origen, el beneficio de un menor precio se traslada al proyecto: “Si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros?”.

El ministro Federico Sturzenegger profundizó esa visión y volvió a cuestionar la lógica de las políticas antidumping. Recordó antecedentes recientes, como la eliminación de aranceles a la importación de termos, cuando sostuvo: “La protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección”. Y agregó que el argumento de “protegerse para evitar abusos futuros” carece de sustento en mercados globales con múltiples oferentes.

En un extenso mensaje público, Sturzenegger consideró “indefendible” adjudicar un contrato más caro solo por el hecho de que el proveedor sea local. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, advirtió, y remarcó que el mayor costo podría haberse trasladado a precios más altos de la energía para empresas y consumidores.

Impacto en la industria local y tensiones de largo plazo

Desde Techint advierten que la decisión puede tener consecuencias estructurales para la industria nacional del acero. La compañía, que emplea a más de 26.000 personas en 17 países, produce tubos con costura para gasoductos en su planta de Valentín Alsina, donde trabajan más de 400 empleados, y cuenta además con instalaciones en Villa Constitución, Santa Fe.

Fuentes vinculadas a la empresa señalaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las cadenas productivas locales, algo que —según su visión— no se estaría cumpliendo en este caso. “Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional se financia el trabajo en la India y China, mientras las empresas argentinas operan con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales”, remarcaron.

El propio Paolo Rocca había advertido sobre la “actitud predatoria” de China, que produce cerca del 50% del acero mundial, y alertó que la sobreoferta global a precios bajos puede erosionar empleo, inversión y capacidad exportadora local. Según trascendió, la planta de Valentín Alsina tiene pedidos garantizados hasta junio, pero no hay definiciones claras para el segundo semestre.

Del lado oficial, sin embargo, el diagnóstico es opuesto. Sturzenegger sostuvo que la apertura y el acceso a insumos más baratos mejoran la competitividad general de la economía y que alterar una licitación después de conocidos los resultados dañaría la credibilidad del país. “Respetar los contratos y las reglas de juego es clave para que esta industria crezca competitiva y sana”, afirmó.

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