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APAM pidió la renuncia de Rodrigo Correa al frente del INYM y profundiza la disputa por la crisis yerbatera

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia de Rodrigo Correa a la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos actores del sector y que ha contribuido al deterioro institucional del organismo.

La nota fue enviada el 21 de junio desde Colonia Guaraní, en Oberá, y expone una serie de cuestionamientos que abarcan desde la situación de los precios de la materia prima hasta decisiones administrativas y políticas adoptadas durante la gestión del actual presidente del Instituto.

La entidad sostiene que Correa “no trabaja en beneficio del sector” y define a ese universo como integrado por tareferos, productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias.

Uno de los principales argumentos de APAM se vincula con el derrumbe del precio que reciben los productores por la hoja verde.

Según la organización, actualmente muchos productores reciben alrededor de 200 pesos por kilo y, en algunos casos, con plazos de pago que se extienden entre 90 y 180 días.

La crítica se produce en medio de una fuerte discusión sobre los efectos de la desregulación del mercado yerbatero impulsada tras el DNU 70/2023, que eliminó las facultades del INYM para fijar precios mínimos de la materia prima.

Desde distintos sectores productivos vienen advirtiendo que la pérdida de herramientas regulatorias provocó una caída significativa de los valores pagados al productor, generando un fuerte deterioro en la rentabilidad de las explotaciones.

Menos cosecha y menor consumo

APAM también respaldó su pedido con datos estadísticos del propio Instituto.

La entidad señaló que la producción de hoja verde se redujo drásticamente en los últimos dos años. Mientras entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268,3 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 151,9 millones de kilos, una caída cercana al 43%.

A la vez, advirtió que el mercado interno también muestra señales de debilitamiento.

Según los datos citados por la organización, entre enero y febrero de 2026 el consumo alcanzó 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una retracción del 5,5%.

Para APAM, estos indicadores reflejan el impacto de la crisis que atraviesa la actividad y la falta de respuestas institucionales para revertir la situación.

La entidad productora también apuntó contra la conducción administrativa del Instituto. En el documento sostiene que durante la gestión de Correa se redujo el funcionamiento del organismo “a su mínima expresión”, mencionando el despido de 21 trabajadores y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, entre ellas el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestionó la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que se limitaron los espacios de debate en un momento particularmente complejo para la economía yerbatera.

“La discusión sobre cómo enfrentar la crisis provocada por la desregulación y los crecientes costos de producción requiere más institucionalidad y más participación, no menos”, planteó la organización.

Designaciones bajo la lupa

Otro de los puntos incluidos en el pedido de renuncia está relacionado con recientes incorporaciones de personal dentro del organismo.

APAM cuestionó la designación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica del Instituto, al considerar que la decisión no habría sido comunicada al Directorio ni respetado los mecanismos institucionales habituales.

La entidad también expresó reparos sobre la incorporación de un secretario privado para la presidencia y planteó interrogantes respecto de la estructura actual del área de Recursos Humanos.

El último punto del documento se refiere a una discusión que comenzó a tomar fuerza dentro del sector respecto del futuro de la yerba mate como producto diferenciado.

APAM cuestionó versiones periodísticas que atribuyen a sectores cercanos a la conducción del Instituto la intención de avanzar hacia una flexibilización conceptual que permita equiparar la Ilex paraguariensis —la especie tradicional utilizada para elaborar yerba mate— con otras especies del mismo género, entre ellas la Ilex dumosa.

La organización sostuvo que una eventual equiparación podría afectar la identidad histórica del producto, sus características diferenciales y el posicionamiento construido durante décadas en los mercados nacionales e internacionales.

En ese contexto, reclamó definiciones públicas de Rodrigo Correa y exigió que cualquier debate sobre modificaciones de fondo en la identidad del producto sea abordado por el conjunto de la cadena yerbatera y los órganos institucionales del INYM.

El pedido de APAM se suma a las crecientes tensiones que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones y Corrientes, en un escenario marcado por la caída de los precios de la materia prima, la retracción de la cosecha, la discusión sobre el rol regulador del Instituto y los proyectos legislativos que buscan devolver al INYM las facultades para fijar valores mínimos para la hoja verde.

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En Oberá debatirán el futuro de la yerba mate tras la desregulación del INYM: productores expondrán el impacto del DNU 70/23

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volverá a ocupar el centro de la escena este miércoles 18 de junio en Oberá, donde productores, cooperativistas, tareferos y representantes de distintas organizaciones rurales participarán de una charla debate para analizar las consecuencias económicas, sociales e institucionales que dejó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Bajo el título “¿Tras la desregulación del INYM, hay crisis yerbatera?”, el encuentro se desarrollará desde las 18 horas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y reunirá a distintos actores de la actividad en un contexto marcado por la persistencia de bajos precios para la hoja verde y la canchada, reclamos de los pequeños productores y un escenario de fuerte incertidumbre para uno de los principales complejos productivos de la provincia.

Durante la jornada se expondrán indicadores económicos actualizados sobre la situación del sector, con especial foco en el impacto que generó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó, entre otras atribuciones, la facultad del INYM de fijar los precios de referencia para la materia prima.

Los organizadores sostienen que la pérdida de esa herramienta de regulación modificó el funcionamiento del mercado yerbatero y profundizó el deterioro de la rentabilidad de miles de productores, generando un escenario de creciente conflictividad en la actividad.

Además del análisis económico, el encuentro incluirá un abordaje jurídico sobre la situación institucional del INYM, organismo cuya capacidad regulatoria continúa siendo objeto de debate desde la entrada en vigencia del decreto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.

Los participantes también compartirán testimonios sobre las consecuencias sociales que atraviesan actualmente las familias vinculadas a la producción de yerba mate, una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de Misiones y que involucra a miles de pequeños productores, trabajadores rurales y cooperativas.

La convocatoria es impulsada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones, organizaciones que desde el inicio del proceso de desregulación vienen reclamando la restitución de herramientas que permitan equilibrar la relación entre productores e industria.

El encuentro se realizará en un momento particularmente sensible para la economía yerbatera, atravesada por la caída de los precios pagados al productor, el incremento de los costos de producción y la continuidad del debate sobre el rol que debe desempeñar el Estado en la regulación de una de las principales economías regionales del país.

La jornada buscará, además, construir un diagnóstico compartido entre los distintos eslabones de la cadena y generar propuestas que contribuyan a recuperar la sustentabilidad económica y social del sector, en un contexto donde el futuro institucional del INYM continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda agropecuaria misionera.

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Hugo Sand exigió la restitución de las facultades del INYM

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El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, conducido por Julia Strada y Luis Basterra (UxP), trocó el debate técnico-arancelario por una encendida confrontación política, jurídica e identitaria. La irrupción de Hugo Sand, histórico dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los mentores de la Ley 25.564 de creación del INYM, personificó el contraataque del minifundio frente a la avanzada desreguladora de la gran industria molinera correntina.

El testimonio de Sand no solo confrontó la tesis de libre mercado expuesta minutos antes por el sector corporativo, sino que impugnó la validez jurídica del DNU 70/23 y reabrió la histórica disputa sobre los modelos de ocupación territorial en el Nordeste Argentino (NEA): el arraigo cooperativo del colono frente al monocultivo corporativo de gran escala.

La objeción constitucional al DNU 70/23

Apalancándose en una interpretación estricta del derecho público, el referente de APAM dirigió sus argumentos hacia el exdirector correntino Joaquín Comas y hacia la propia administración central, cuestionando la arquitectura jurídica de la desregulación yerbatera. Sand impugnó la validez del instrumento ejecutivo bajo la lente del control de convencionalidad y de los requisitos de excepcionalidad institucional:

“Cuando se emite ese DNU, se ve que no se leyó la Constitución Nacional. En su artículo 99, inciso 3, dice que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser urgentes, de emergencia, específicos y certeros. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan el capítulo yerbatero? El decreto no cumple estos requisitos y arrojó a la miseria al eslabón primario”.

Para la dirigencia de la zona centro misionera, el retiro de las potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no configura una modernización de mercado, sino una anomalía jurídica que carece de la debida fundamentación empírica. Bajo esta premisa, Sand solicitó formalmente a los bloques legislativos avanzar hacia una declaración de inconstitucionalidad del decreto, exigiendo la inmediata restitución de la estructura regulatoria del INYM con la totalidad de sus atribuciones de fijación de precios sostén.

El modelo de ordenamiento: Regulación, cupos y mercado consignatario

Frente al diagnóstico de la industria que atribuye la caída de precios a un ciclo endógeno de sobreoferta biológica, el líder de APAM defendió la necesidad de una economía administrada para corregir las asimetrías de origen en cadenas de valor con alta concentración de demanda.

Sand delineó la agenda de máxima de los productores agrarios misioneros para estabilizar el sector, estructurada sobre tres ejes macroeconómicos:

Regulación de la oferta y limitación de plantaciones: El dirigente aclaró que la histórica y polémica Resolución 170 no buscaba la “prohibición” del comercio, sino un esquema de planificación que limitara la expansión desmedida de nuevas superficies en manos de capitales concentrados.

Cupos de cosecha: Un mecanismo de cuotificación para administrar los volúmenes de hoja verde ingresados a secaderos en épocas de saturación de inventarios, evitando el desplome del precio real.

Mercado Consignatario de la Yerba Mate: El rescate de una herramienta financiera largamente postergada que actúe como un colchón de liquidez para el pequeño productor, evitando que deba malvender su stock ante la urgencia financiera de la cosecha.

El pasaje más denso del discurso de Sand expuso el profundo hiato cultural e ideológico que separa las realidades de Misiones y Corrientes. El dirigente de Oberá trazó un paralelismo crítico con el sector foresto-industrial (citando el caso de la firma Arauco) para ilustrar el riesgo sociodemográfico de desplazar el cultivo tradicional de la yerba mate por esquemas de monocultivo extensivo.

“El monocultivo significa la extinción de la biodiversidad, significa la muerte de la selva misionera. ¿Para qué? ¿Para plantar pino? Un kilo de pino de 22 años vale 14 pesos en la ciudad de Oberá. Ese modelo expulsa a las familias rurales y precariza el territorio”.

El planteo advierte sobre un proceso de reprimarización de la tierra y pauperización del colono. Desde la perspectiva de APAM, desregular la yerba mate equivale a forzar la conversión de minifundios polifuncionales y sustentables hacia economías de escala de bajísimo valor específico por unidad de biomasa, destruyendo el tejido social de las colonias.

La distancia entre el territorio y la burocracia

El cierre de la alocución de Sand evidenció la fractura institucional que atraviesa al sector tras los últimos cambios en la conducción del INYM. Con un tono directo, el dirigente de la zona centro dejó en claro el distanciamiento de las bases agrarias respecto a las nuevas autoridades designadas por la Casa Rosada y a los legisladores oficialistas de la provincia:

“Hoy recién conozco al presidente del INYM (Rodrigo Correa). Nosotros no pudimos ir todavía al instituto. Le pido a los diputados que nos acompañen y a los sindicatos rurales que organicen una reunión en el territorio, donde están realmente los tareferos y los productores, para que vean lo que les pasa”.

El plenario de comisiones ratificó que el conflicto yerbatero excede la frontera de una paritaria sectorial. Mientras la molinería integrada analiza la coyuntura desde la optimización logística y los balances comerciales de exportación, el cooperativismo de base defiende al INYM como la última línea de defensa institucional frente a la descapitalización de la chacra y el consecuente vaciamiento demográfico del interior misionero.

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APAM denuncia “destrucción de la familia agraria” y lleva la disputa por el modelo productivo al terreno político

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En el arranque de una nueva zafra, la discusión por el precio de la hoja verde escaló a un conflicto de poder que trasciende lo sectorial. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, acusó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de impulsar, a través de la desregulación del mercado yerbatero, un proceso de “destrucción de la familia agraria”.

Con precios que hoy oscilan entre $180 y $450 por kilo, y un reclamo sectorial que fija en $700 el valor “justo”, los productores no solo cuestionan el esquema económico: preparan una presentación judicial para frenar el decreto que eliminó el marco de negociación institucional. La tensión de fondo es otra: qué modelo productivo va a prevalecer en Misiones y quién define sus reglas.

De la regulación al mercado: el quiebre del esquema de precios

El punto de inflexión que marca APAM es la desarticulación del sistema que permitía acordar precios dentro de un ámbito institucional. Sand explicó a Economis que allí, productores e industria exponían costos y márgenes bajo reglas formales, con intervención estatal en caso de no alcanzar consenso. Ese mecanismo garantizaba, según el sector primario, un valor “sustentable”.

La irrupción del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 modificó ese equilibrio. Sin ese espacio, el precio quedó sujeto a la negociación directa, en un mercado donde la dispersión refleja asimetrías: desde $180 hasta $450 en casos puntuales como el de Piporé, con cooperativas que sostienen valores cercanos a $380 para sus socios.

El impacto económico aparece con cifras concretas. APAM calcula que el primer año de desregulación (2024) implicó una transferencia de $200.000 millones desde los productores hacia la industria, producto de la brecha entre un precio esperado de $500 y uno efectivo cercano a $200. La tendencia, aseguran, se repitió en el segundo año y proyecta continuidad en la zafra que dio inicio.

En ese contexto, Sand remarca que el reclamo de $700 por kilo de hoja verde se apoya en dos variables: la equivalencia histórica de 0,50 dólares y la actualización inflacionaria sobre referencias previas de $500–$510. Incluso los costos de $460 registrados en septiembre pasado ya no se cubren, lo que deja al pequeño productor operando sin margen.

Judicialización y respaldo provincial: la política entra en escena

La novedad no es solo económica. Es institucional. APAM, junto a asociaciones, cooperativas y Fedecoop, avanzó en un pedido formal de apoyo al gobierno provincial para impulsar una acción judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU.

El movimiento redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de precios, sino del alcance del poder regulatorio del Estado nacional sobre una economía regional. La provincia, cuya estructura productiva depende en gran medida de la yerba mate, aparece como un actor que podría tensionar ese esquema.

Para los productores, el decreto representa un “avasallamiento” que desarticula un sistema de equilibrio interno. Para el Gobierno nacional, en cambio, forma parte de una lógica de desregulación más amplia. En ese cruce, la Justicia se convierte en el próximo escenario de disputa.

Modelo productivo: agroecología versus concentración

El debate por el precio abre una discusión más profunda. Sand vincula la caída de ingresos con un proceso de descapitalización que, según su lectura, favorece la concentración de tierras y recursos estratégicos como el agua.

En ese marco, cuestiona propuestas que promueven el avance de monocultivos intensivos —como el maíz— en la provincia. Para APAM, ese camino no solo es económicamente inviable para el pequeño productor, sino que implica riesgos ambientales estructurales: erosión del suelo, pérdida de fertilidad y aumento de temperaturas.

La alternativa que plantea Sand para el sector es un modelo agroecológico, adaptado a la lógica de la selva misionera. La propuesta apunta a reinsertar la yerba mate en sistemas con cobertura arbórea, reducir el uso de insumos externos y aprovechar mecanismos biológicos propios del ecosistema.

La discusión, en términos políticos, no es técnica. Es estratégica. Enfrenta un esquema basado en escala, commodities y precios internacionales con otro centrado en producción regional, sustentabilidad y arraigo.

Quién gana y quién pierde

El escenario deja expuestos intereses divergentes. La industria, con mayor capacidad de fijación de precios en un mercado desregulado, aparece como el actor fortalecido. Los pequeños productores, en cambio, enfrentan márgenes negativos y pérdida de capital.

La intervención del gobierno provincial introduce un factor de equilibrio, pero también abre un frente político con la Nación. La judicialización puede alterar la correlación de fuerzas si logra reinstalar un marco regulatorio; de lo contrario, consolidará el esquema actual.

En paralelo, la discusión sobre el modelo productivo suma actores: desde sectores que promueven la diversificación con cultivos intensivos hasta quienes defienden una matriz centrada en la yerba mate.

Un conflicto que redefine la agenda productiva

La ofensiva judicial y el debate sobre el modelo productivo colocan a la yerba mate en el centro de la agenda política de Misiones. No se trata solo de un cultivo, sino de una estructura social y económica que involucra a buena parte de la provincia.

En las próximas semanas, la evolución de la causa judicial y las definiciones políticas marcarán el rumbo. También habrá que observar si el reclamo logra traducirse en medidas concretas o si el mercado termina imponiendo su lógica.

La tensión sigue abierta. Entre regulación y desregulación, entre agroecología y monocultivo, entre producción familiar y concentración, Misiones discute algo más que el precio de la hoja verde. Discute su modelo de desarrollo.

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APAM alerta por la desregulación del INYM y reclama un precio justo para la yerba mate

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La Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM) encendió una señal de alarma por la situación que atraviesa el sector yerbatero tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según advirtieron, la eliminación del marco regulatorio provocó un profundo desequilibrio económico, con caída de precios, pérdida de rentabilidad y graves consecuencias sociales en las colonias productivas. En ese contexto, la entidad reclamó un precio justo de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, al considerar que los valores actuales no cubren los costos de producción ni garantizan la continuidad de la actividad.

Desde APAM sostuvieron que la desregulación dejó al sector “librado a las fuerzas del mercado”, en un esquema que calificaron como altamente concentrado e imperfecto, donde los pequeños productores carecen de poder de negociación frente a un número reducido de compradores.

Un mercado concentrado y precios a la baja tras la eliminación del marco legal

La entidad explicó que la estructura del mercado yerbatero presenta asimetrías profundas. Por un lado, existen alrededor de 13 mil pequeños productores, de los cuales el 80% posee menos de ocho hectáreas. Por el otro, un grupo muy reducido de empresas compradoras concentra el poder de mercado.

Según detallaron, dos grandes empresas correntinas concentran cerca del 50% del mercado, y si se suma una firma de Misiones, ese porcentaje se eleva aún más. Esta concentración, advirtieron, permite a esos actores imponer precios bajos, en detrimento de la producción primaria.

Desde APAM señalaron que la desregulación del INYM desarticuló el sistema que ordenaba la actividad, generando un escenario donde “hoy pagan lo que quieren”. Como consecuencia, afirmaron que muchos trabajadores rurales se ven forzados a migrar a Brasil para realizar tareas de cosecha, ante la imposibilidad de percibir ingresos suficientes en el circuito yerbatero local.

Antecedentes regulatorios y el rol histórico del INYM

La asociación recordó que el sector ya atravesó una experiencia similar tras la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) en la década del noventa, cuyos efectos negativos sobre la producción primaria fueron luego reconocidos por los propios actores de la cadena.

Como respuesta a ese proceso, se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con el objetivo de garantizar costos de producción y márgenes mínimos de rentabilidad, a través de un sistema de negociación institucionalizada. Sin embargo, desde APAM cuestionaron que el actual proceso de desregulación haya eliminado ese marco legal, dejando sin herramientas de protección a los productores.

“La mesa del INYM siempre fue compleja, un verdadero campo de batalla, pero existía un marco legal”, señalaron desde la entidad. En ese esquema, explicaron, si no se alcanzaba unanimidad en la definición del precio, la Nación debía laudar, y ese laudo aseguraba al menos la cobertura de los costos de producción.

En esa línea, defendieron el requisito de unanimidad como una herramienta clave para la producción primaria. “Los únicos que vendemos materia prima somos los productores. El resto compra. Si el precio se definiera por mayoría, se fijaría un valor vil que nos dejaría afuera del sistema”, afirmaron.

Impacto social en las colonias y reclamo de una salida política

La crisis derivada de la desregulación ya se manifiesta con fuerza en las zonas rurales. Desde APAM advirtieron sobre la proliferación de carteles de venta de chacras y propiedades rurales, una señal concreta del deterioro económico y social que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una salida política urgente y pidió que las máximas autoridades de la provincia intervengan ante el Gobierno nacional. “Pedimos que se sienten con el Presidente y se resuelva esta situación. El marco legal existe y se llama Instituto Nacional de la Yerba Mate”, expresaron.

Finalmente, APAM reiteró su histórico reclamo por un precio justo de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, un valor que, aseguraron, está respaldado por documentos, publicaciones y antecedentes históricos del sector. “Históricamente sostenemos ese precio y en varios períodos incluso estuvimos por encima de ese valor”, concluyeron.

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