El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, conducido por Julia Strada y Luis Basterra (UxP), trocó el debate técnico-arancelario por una encendida confrontación política, jurídica e identitaria. La irrupción de Hugo Sand, histórico dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los mentores de la Ley 25.564 de creación del INYM, personificó el contraataque del minifundio frente a la avanzada desreguladora de la gran industria molinera correntina.

El testimonio de Sand no solo confrontó la tesis de libre mercado expuesta minutos antes por el sector corporativo, sino que impugnó la validez jurídica del DNU 70/23 y reabrió la histórica disputa sobre los modelos de ocupación territorial en el Nordeste Argentino (NEA): el arraigo cooperativo del colono frente al monocultivo corporativo de gran escala.

La objeción constitucional al DNU 70/23

Apalancándose en una interpretación estricta del derecho público, el referente de APAM dirigió sus argumentos hacia el exdirector correntino Joaquín Comas y hacia la propia administración central, cuestionando la arquitectura jurídica de la desregulación yerbatera. Sand impugnó la validez del instrumento ejecutivo bajo la lente del control de convencionalidad y de los requisitos de excepcionalidad institucional:

“Cuando se emite ese DNU, se ve que no se leyó la Constitución Nacional. En su artículo 99, inciso 3, dice que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser urgentes, de emergencia, específicos y certeros. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan el capítulo yerbatero? El decreto no cumple estos requisitos y arrojó a la miseria al eslabón primario”.

Para la dirigencia de la zona centro misionera, el retiro de las potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no configura una modernización de mercado, sino una anomalía jurídica que carece de la debida fundamentación empírica. Bajo esta premisa, Sand solicitó formalmente a los bloques legislativos avanzar hacia una declaración de inconstitucionalidad del decreto, exigiendo la inmediata restitución de la estructura regulatoria del INYM con la totalidad de sus atribuciones de fijación de precios sostén.

El modelo de ordenamiento: Regulación, cupos y mercado consignatario

Frente al diagnóstico de la industria que atribuye la caída de precios a un ciclo endógeno de sobreoferta biológica, el líder de APAM defendió la necesidad de una economía administrada para corregir las asimetrías de origen en cadenas de valor con alta concentración de demanda.

Sand delineó la agenda de máxima de los productores agrarios misioneros para estabilizar el sector, estructurada sobre tres ejes macroeconómicos:

Regulación de la oferta y limitación de plantaciones: El dirigente aclaró que la histórica y polémica Resolución 170 no buscaba la “prohibición” del comercio, sino un esquema de planificación que limitara la expansión desmedida de nuevas superficies en manos de capitales concentrados.

Cupos de cosecha: Un mecanismo de cuotificación para administrar los volúmenes de hoja verde ingresados a secaderos en épocas de saturación de inventarios, evitando el desplome del precio real.

Mercado Consignatario de la Yerba Mate: El rescate de una herramienta financiera largamente postergada que actúe como un colchón de liquidez para el pequeño productor, evitando que deba malvender su stock ante la urgencia financiera de la cosecha.

El pasaje más denso del discurso de Sand expuso el profundo hiato cultural e ideológico que separa las realidades de Misiones y Corrientes. El dirigente de Oberá trazó un paralelismo crítico con el sector foresto-industrial (citando el caso de la firma Arauco) para ilustrar el riesgo sociodemográfico de desplazar el cultivo tradicional de la yerba mate por esquemas de monocultivo extensivo.

“El monocultivo significa la extinción de la biodiversidad, significa la muerte de la selva misionera. ¿Para qué? ¿Para plantar pino? Un kilo de pino de 22 años vale 14 pesos en la ciudad de Oberá. Ese modelo expulsa a las familias rurales y precariza el territorio”.

El planteo advierte sobre un proceso de reprimarización de la tierra y pauperización del colono. Desde la perspectiva de APAM, desregular la yerba mate equivale a forzar la conversión de minifundios polifuncionales y sustentables hacia economías de escala de bajísimo valor específico por unidad de biomasa, destruyendo el tejido social de las colonias.

La distancia entre el territorio y la burocracia

El cierre de la alocución de Sand evidenció la fractura institucional que atraviesa al sector tras los últimos cambios en la conducción del INYM. Con un tono directo, el dirigente de la zona centro dejó en claro el distanciamiento de las bases agrarias respecto a las nuevas autoridades designadas por la Casa Rosada y a los legisladores oficialistas de la provincia:

“Hoy recién conozco al presidente del INYM (Rodrigo Correa). Nosotros no pudimos ir todavía al instituto. Le pido a los diputados que nos acompañen y a los sindicatos rurales que organicen una reunión en el territorio, donde están realmente los tareferos y los productores, para que vean lo que les pasa”.

El plenario de comisiones ratificó que el conflicto yerbatero excede la frontera de una paritaria sectorial. Mientras la molinería integrada analiza la coyuntura desde la optimización logística y los balances comerciales de exportación, el cooperativismo de base defiende al INYM como la última línea de defensa institucional frente a la descapitalización de la chacra y el consecuente vaciamiento demográfico del interior misionero.