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La Multisectorial Oberá llevó al Concejo su reclamo contra el DNU 70 y pidió respaldo a la demanda judicial por la yerba

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volvió a llegar al ámbito institucional. Durante la sesión de este martes, representantes de la Multisectorial Oberá se presentaron ante el Concejo Deliberante local para solicitar el acompañamiento formal a la medida cautelar y al pedido de declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, particularmente en los artículos que modificaron el funcionamiento del mercado yerbatero.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por asociaciones de productores y cooperativas para intentar revertir los efectos de la desregulación implementada por el Gobierno nacional, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios y regular distintos aspectos de la actividad.

En ese marco, los representantes de la Multisectorial entregaron una copia de la carta de apoyo firmada por los concejales Pablo Ullón, Verónica Noguera, María Luisa Glum, Maximilian Binder y Marcelo Sedoff, quienes expresaron su respaldo al planteo de las entidades productivas.

La nota presentada ante el cuerpo deliberativo lleva las firmas de Milcíades Mazacote y Hugo Sand, en representación de la Multisectorial Oberá. El documento solicita el acompañamiento institucional a la acción judicial promovida por seis asociaciones de productores y una federación de cooperativas que buscan frenar los efectos de la desregulación introducida por el DNU 70/2023.

Según argumentan las entidades, la norma “no es ni de necesidad ni de urgencia” y su aplicación generó un fuerte deterioro en la economía yerbatera. Sostienen que la eliminación de herramientas regulatorias profundizó la crisis de los pequeños y medianos productores, debilitó el poder de negociación de la producción primaria y agravó la situación social en las zonas rurales.

En la presentación también se advierte sobre el impacto que la crisis tiene sobre los trabajadores de la actividad. Los productores señalaron que cada vez más tareferos optan por cruzar la frontera para buscar empleo en Brasil, ante la falta de oportunidades y la caída de los ingresos vinculados a la cosecha de yerba mate.

La actividad tiene un peso determinante en la economía provincial. De acuerdo con los datos expuestos por la Multisectorial, la cadena yerbatera involucra a cerca de 13 mil productores y alrededor de 15 mil tareferos y tareferas, constituyéndose en una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos de Misiones.

Tras la sesión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, agradeció el acompañamiento de los concejales y describió el escenario social que atraviesan numerosas familias vinculadas al sector.

“Estamos acá haciendo un eco de miles de familias que deben viajar a Brasil a buscar el pan para sus hijos. Me refiero a los tareferos que tenemos. Oberá es mucho barrio tarefero y esto ocurre en toda la provincia de Misiones”, expresó.

Sand insistió en la necesidad de recuperar condiciones que permitan garantizar un precio justo para la hoja verde y sostuvo que la crisis requiere respuestas políticas concretas. En ese sentido, convocó a los distintos sectores de la dirigencia provincial y nacional a involucrarse en la búsqueda de soluciones para la producción y el empleo rural.

Asimismo, reclamó una resolución rápida de la Justicia respecto de la demanda presentada contra el DNU 70/2023. “Hay miles de familias esperando una definición”, sostuvo el dirigente agrario, quien considera que una decisión favorable podría contribuir a restablecer mecanismos de protección para la actividad.

La presentación ante el Concejo Deliberante de Oberá se suma a una serie de acciones que productores, cooperativas y organizaciones rurales vienen desarrollando en distintos ámbitos institucionales con el objetivo de recuperar herramientas de regulación para una economía regional que atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

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APAM pidió la renuncia del presidente del INYM

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo institucional. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos eslabones de la actividad y que el organismo perdió capacidad de respuesta en el contexto de la desregulación del mercado.

La nota, enviada el 21 de junio, sostiene que desde la llegada de Correa a la presidencia del Instituto se profundizaron los problemas que afectan a productores, tareferos, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. Para la entidad, la conducción actual no solo fracasó en la defensa del sector, sino que además debilitó el funcionamiento institucional del organismo en un momento considerado crítico para la economía yerbatera.

Entre los principales cuestionamientos figura el derrumbe del precio de la materia prima. APAM afirma que actualmente la hoja verde se comercializa, en muchos casos, en torno a los 200 pesos por kilo, con modalidades de pago mediante cheques diferidos a 90 e incluso 180 días, una situación que, según la organización, compromete seriamente la sustentabilidad económica de los productores primarios.

La entidad también advirtió sobre el deterioro de los indicadores productivos y comerciales. Citando estadísticas del propio INYM, recordó que la cosecha de hoja verde cayó un 43% en apenas dos años de desregulación. Mientras entre enero y abril de 2024 se habían cosechado más de 268 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la producción descendió hasta 151,9 millones de kilos.

A esa retracción productiva se suma una disminución del consumo interno. Según los datos mencionados por APAM, durante los primeros meses de 2026 las ventas en el mercado doméstico alcanzaron 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una caída del 5,5% y el nivel más bajo de los últimos cinco años.

Cuestionamientos a la gestión del INYM

Más allá de la situación económica, APAM apunta directamente al funcionamiento institucional del Instituto. La organización sostiene que durante la gestión de Correa se redujo la actividad del organismo “a su mínima expresión” mediante el despido de 21 trabajadores especializados y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, como el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestiona la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que ello limitó los espacios de debate y construcción de consensos en un contexto donde el sector demanda respuestas frente a la desregulación del mercado, el incremento de los costos productivos y la pérdida de rentabilidad.

La entidad también formuló críticas sobre decisiones administrativas adoptadas por la conducción del organismo. En ese sentido, cuestionó la incorporación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica, señalando que el nombramiento se habría realizado sin informar previamente al Directorio y sin respetar los procedimientos institucionales habituales.

En la misma línea, APAM también objetó la designación de un secretario privado para la Presidencia cuando el organismo ya cuenta con una estructura administrativa destinada a cumplir esas funciones, además de expresar reparos sobre la organización del área de Recursos Humanos.

La polémica por la posible incorporación de la Ilex dumosa

Otro de los puntos centrales del planteo se vincula con las versiones periodísticas que señalaron la posibilidad de avanzar en una modificación normativa que habilite la incorporación de otras especies vegetales dentro de la denominación comercial de yerba mate.

APAM cuestionó que Rodrigo Correa no haya desmentido públicamente esas versiones y manifestó preocupación por la eventual posibilidad de equiparar la Ilex dumosa con la Ilex paraguariensis, especie que históricamente define la producción tradicional de yerba mate.

Para la organización, una eventual modificación de esas características implicaría un cambio estructural para toda la cadena productiva. Sostiene que incorporar otras especies bajo la misma denominación comercial podría afectar la identidad del producto, debilitar su posicionamiento como alimento funcional y erosionar uno de los principales atributos diferenciales que la yerba mate argentina logró construir tanto en el mercado interno como en el exterior.

La presentación de APAM eleva la presión política sobre la conducción del INYM en un escenario donde la desregulación impulsada por el Gobierno nacional continúa generando fuertes tensiones entre los distintos actores de la cadena yerbatera. El reclamo también refleja el creciente debate sobre el rol que debe cumplir el Instituto en un mercado sin facultades para fijar precios, pero que sigue siendo considerado por productores y cooperativas como una herramienta clave para sostener la competitividad y la identidad de una de las principales economías regionales de Misiones y Corrientes.

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APAM pidió la renuncia de Rodrigo Correa al frente del INYM y profundiza la disputa por la crisis yerbatera

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia de Rodrigo Correa a la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos actores del sector y que ha contribuido al deterioro institucional del organismo.

La nota fue enviada el 21 de junio desde Colonia Guaraní, en Oberá, y expone una serie de cuestionamientos que abarcan desde la situación de los precios de la materia prima hasta decisiones administrativas y políticas adoptadas durante la gestión del actual presidente del Instituto.

La entidad sostiene que Correa “no trabaja en beneficio del sector” y define a ese universo como integrado por tareferos, productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias.

Uno de los principales argumentos de APAM se vincula con el derrumbe del precio que reciben los productores por la hoja verde.

Según la organización, actualmente muchos productores reciben alrededor de 200 pesos por kilo y, en algunos casos, con plazos de pago que se extienden entre 90 y 180 días.

La crítica se produce en medio de una fuerte discusión sobre los efectos de la desregulación del mercado yerbatero impulsada tras el DNU 70/2023, que eliminó las facultades del INYM para fijar precios mínimos de la materia prima.

Desde distintos sectores productivos vienen advirtiendo que la pérdida de herramientas regulatorias provocó una caída significativa de los valores pagados al productor, generando un fuerte deterioro en la rentabilidad de las explotaciones.

Menos cosecha y menor consumo

APAM también respaldó su pedido con datos estadísticos del propio Instituto.

La entidad señaló que la producción de hoja verde se redujo drásticamente en los últimos dos años. Mientras entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268,3 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 151,9 millones de kilos, una caída cercana al 43%.

A la vez, advirtió que el mercado interno también muestra señales de debilitamiento.

Según los datos citados por la organización, entre enero y febrero de 2026 el consumo alcanzó 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una retracción del 5,5%.

Para APAM, estos indicadores reflejan el impacto de la crisis que atraviesa la actividad y la falta de respuestas institucionales para revertir la situación.

La entidad productora también apuntó contra la conducción administrativa del Instituto. En el documento sostiene que durante la gestión de Correa se redujo el funcionamiento del organismo “a su mínima expresión”, mencionando el despido de 21 trabajadores y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, entre ellas el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestionó la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que se limitaron los espacios de debate en un momento particularmente complejo para la economía yerbatera.

“La discusión sobre cómo enfrentar la crisis provocada por la desregulación y los crecientes costos de producción requiere más institucionalidad y más participación, no menos”, planteó la organización.

Designaciones bajo la lupa

Otro de los puntos incluidos en el pedido de renuncia está relacionado con recientes incorporaciones de personal dentro del organismo.

APAM cuestionó la designación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica del Instituto, al considerar que la decisión no habría sido comunicada al Directorio ni respetado los mecanismos institucionales habituales.

La entidad también expresó reparos sobre la incorporación de un secretario privado para la presidencia y planteó interrogantes respecto de la estructura actual del área de Recursos Humanos.

El último punto del documento se refiere a una discusión que comenzó a tomar fuerza dentro del sector respecto del futuro de la yerba mate como producto diferenciado.

APAM cuestionó versiones periodísticas que atribuyen a sectores cercanos a la conducción del Instituto la intención de avanzar hacia una flexibilización conceptual que permita equiparar la Ilex paraguariensis —la especie tradicional utilizada para elaborar yerba mate— con otras especies del mismo género, entre ellas la Ilex dumosa.

La organización sostuvo que una eventual equiparación podría afectar la identidad histórica del producto, sus características diferenciales y el posicionamiento construido durante décadas en los mercados nacionales e internacionales.

En ese contexto, reclamó definiciones públicas de Rodrigo Correa y exigió que cualquier debate sobre modificaciones de fondo en la identidad del producto sea abordado por el conjunto de la cadena yerbatera y los órganos institucionales del INYM.

El pedido de APAM se suma a las crecientes tensiones que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones y Corrientes, en un escenario marcado por la caída de los precios de la materia prima, la retracción de la cosecha, la discusión sobre el rol regulador del Instituto y los proyectos legislativos que buscan devolver al INYM las facultades para fijar valores mínimos para la hoja verde.

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En Oberá debatirán el futuro de la yerba mate tras la desregulación del INYM: productores expondrán el impacto del DNU 70/23

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volverá a ocupar el centro de la escena este miércoles 18 de junio en Oberá, donde productores, cooperativistas, tareferos y representantes de distintas organizaciones rurales participarán de una charla debate para analizar las consecuencias económicas, sociales e institucionales que dejó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Bajo el título “¿Tras la desregulación del INYM, hay crisis yerbatera?”, el encuentro se desarrollará desde las 18 horas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y reunirá a distintos actores de la actividad en un contexto marcado por la persistencia de bajos precios para la hoja verde y la canchada, reclamos de los pequeños productores y un escenario de fuerte incertidumbre para uno de los principales complejos productivos de la provincia.

Durante la jornada se expondrán indicadores económicos actualizados sobre la situación del sector, con especial foco en el impacto que generó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó, entre otras atribuciones, la facultad del INYM de fijar los precios de referencia para la materia prima.

Los organizadores sostienen que la pérdida de esa herramienta de regulación modificó el funcionamiento del mercado yerbatero y profundizó el deterioro de la rentabilidad de miles de productores, generando un escenario de creciente conflictividad en la actividad.

Además del análisis económico, el encuentro incluirá un abordaje jurídico sobre la situación institucional del INYM, organismo cuya capacidad regulatoria continúa siendo objeto de debate desde la entrada en vigencia del decreto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.

Los participantes también compartirán testimonios sobre las consecuencias sociales que atraviesan actualmente las familias vinculadas a la producción de yerba mate, una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de Misiones y que involucra a miles de pequeños productores, trabajadores rurales y cooperativas.

La convocatoria es impulsada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones, organizaciones que desde el inicio del proceso de desregulación vienen reclamando la restitución de herramientas que permitan equilibrar la relación entre productores e industria.

El encuentro se realizará en un momento particularmente sensible para la economía yerbatera, atravesada por la caída de los precios pagados al productor, el incremento de los costos de producción y la continuidad del debate sobre el rol que debe desempeñar el Estado en la regulación de una de las principales economías regionales del país.

La jornada buscará, además, construir un diagnóstico compartido entre los distintos eslabones de la cadena y generar propuestas que contribuyan a recuperar la sustentabilidad económica y social del sector, en un contexto donde el futuro institucional del INYM continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda agropecuaria misionera.

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Hugo Sand exigió la restitución de las facultades del INYM

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El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, conducido por Julia Strada y Luis Basterra (UxP), trocó el debate técnico-arancelario por una encendida confrontación política, jurídica e identitaria. La irrupción de Hugo Sand, histórico dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los mentores de la Ley 25.564 de creación del INYM, personificó el contraataque del minifundio frente a la avanzada desreguladora de la gran industria molinera correntina.

El testimonio de Sand no solo confrontó la tesis de libre mercado expuesta minutos antes por el sector corporativo, sino que impugnó la validez jurídica del DNU 70/23 y reabrió la histórica disputa sobre los modelos de ocupación territorial en el Nordeste Argentino (NEA): el arraigo cooperativo del colono frente al monocultivo corporativo de gran escala.

La objeción constitucional al DNU 70/23

Apalancándose en una interpretación estricta del derecho público, el referente de APAM dirigió sus argumentos hacia el exdirector correntino Joaquín Comas y hacia la propia administración central, cuestionando la arquitectura jurídica de la desregulación yerbatera. Sand impugnó la validez del instrumento ejecutivo bajo la lente del control de convencionalidad y de los requisitos de excepcionalidad institucional:

“Cuando se emite ese DNU, se ve que no se leyó la Constitución Nacional. En su artículo 99, inciso 3, dice que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser urgentes, de emergencia, específicos y certeros. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan el capítulo yerbatero? El decreto no cumple estos requisitos y arrojó a la miseria al eslabón primario”.

Para la dirigencia de la zona centro misionera, el retiro de las potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no configura una modernización de mercado, sino una anomalía jurídica que carece de la debida fundamentación empírica. Bajo esta premisa, Sand solicitó formalmente a los bloques legislativos avanzar hacia una declaración de inconstitucionalidad del decreto, exigiendo la inmediata restitución de la estructura regulatoria del INYM con la totalidad de sus atribuciones de fijación de precios sostén.

El modelo de ordenamiento: Regulación, cupos y mercado consignatario

Frente al diagnóstico de la industria que atribuye la caída de precios a un ciclo endógeno de sobreoferta biológica, el líder de APAM defendió la necesidad de una economía administrada para corregir las asimetrías de origen en cadenas de valor con alta concentración de demanda.

Sand delineó la agenda de máxima de los productores agrarios misioneros para estabilizar el sector, estructurada sobre tres ejes macroeconómicos:

Regulación de la oferta y limitación de plantaciones: El dirigente aclaró que la histórica y polémica Resolución 170 no buscaba la “prohibición” del comercio, sino un esquema de planificación que limitara la expansión desmedida de nuevas superficies en manos de capitales concentrados.

Cupos de cosecha: Un mecanismo de cuotificación para administrar los volúmenes de hoja verde ingresados a secaderos en épocas de saturación de inventarios, evitando el desplome del precio real.

Mercado Consignatario de la Yerba Mate: El rescate de una herramienta financiera largamente postergada que actúe como un colchón de liquidez para el pequeño productor, evitando que deba malvender su stock ante la urgencia financiera de la cosecha.

El pasaje más denso del discurso de Sand expuso el profundo hiato cultural e ideológico que separa las realidades de Misiones y Corrientes. El dirigente de Oberá trazó un paralelismo crítico con el sector foresto-industrial (citando el caso de la firma Arauco) para ilustrar el riesgo sociodemográfico de desplazar el cultivo tradicional de la yerba mate por esquemas de monocultivo extensivo.

“El monocultivo significa la extinción de la biodiversidad, significa la muerte de la selva misionera. ¿Para qué? ¿Para plantar pino? Un kilo de pino de 22 años vale 14 pesos en la ciudad de Oberá. Ese modelo expulsa a las familias rurales y precariza el territorio”.

El planteo advierte sobre un proceso de reprimarización de la tierra y pauperización del colono. Desde la perspectiva de APAM, desregular la yerba mate equivale a forzar la conversión de minifundios polifuncionales y sustentables hacia economías de escala de bajísimo valor específico por unidad de biomasa, destruyendo el tejido social de las colonias.

La distancia entre el territorio y la burocracia

El cierre de la alocución de Sand evidenció la fractura institucional que atraviesa al sector tras los últimos cambios en la conducción del INYM. Con un tono directo, el dirigente de la zona centro dejó en claro el distanciamiento de las bases agrarias respecto a las nuevas autoridades designadas por la Casa Rosada y a los legisladores oficialistas de la provincia:

“Hoy recién conozco al presidente del INYM (Rodrigo Correa). Nosotros no pudimos ir todavía al instituto. Le pido a los diputados que nos acompañen y a los sindicatos rurales que organicen una reunión en el territorio, donde están realmente los tareferos y los productores, para que vean lo que les pasa”.

El plenario de comisiones ratificó que el conflicto yerbatero excede la frontera de una paritaria sectorial. Mientras la molinería integrada analiza la coyuntura desde la optimización logística y los balances comerciales de exportación, el cooperativismo de base defiende al INYM como la última línea de defensa institucional frente a la descapitalización de la chacra y el consecuente vaciamiento demográfico del interior misionero.

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