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Emergencia yerbatera: Passalacqua recibió un proyecto para fijar un precio sostén y proteger a pequeños productores

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La crisis de la producción primaria de yerba mate dio un nuevo paso hacia la búsqueda de una respuesta institucional. Tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, representantes de asociaciones de productores y de los tareferos entregaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia yerbatera en Misiones y crear un régimen extraordinario para proteger a los pequeños productores mediante la fijación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde. La iniciativa busca contener una situación que, según los impulsores, ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la economía provincial.

El abogado de las asociaciones de productores, Federico Padolsky, explicó a Economis que el encuentro permitió abrir una instancia de trabajo con el Ejecutivo provincial. “Le presentamos un proyecto de ley de emergencia. Entendemos que se tiene que decretar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones. El gobernador nos escuchó y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que le comentaron tanto tareferos como productores”, señaló.

Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y darle forma definitiva antes de enviarla a la Cámara de Representantes de Misiones para su tratamiento legislativo.

De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua

A través de un comunicado emitido por Casa de Gobierno, se indicó que el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, remarcó.

El gobernador también ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó.

Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.

Los fundamentos del proyecto

La propuesta se sustenta en un diagnóstico económico contundente. Según expusieron los representantes del sector durante el encuentro, la caída del precio de la hoja verde provocó que aproximadamente 250.000 millones de pesos dejaran de ingresar al circuito económico de Misiones, afectando no solo a los productores y tareferos, sino también al comercio, los municipios y toda la economía del interior.

Padolsky remarcó que la problemática no responde a una crisis del negocio yerbatero en su conjunto, sino específicamente al eslabón más débil de la cadena productiva. “No es la crisis del negocio yerbatero; es la crisis del sector primario. Al desaparecer la herramienta de regulación de precios, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación y hoy enfrentan un proceso acelerado de descapitalización“, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

El planteo coincide con los fundamentos del proyecto de ley presentado al gobernador. Allí se argumenta que la crisis actual no se explica por una sobreproducción ni por una caída del consumo, sino por una alteración en las condiciones de negociación de la materia prima tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que limitaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La iniciativa propone declarar la emergencia por 360 días para productores cuya unidad económica no supere las 50 hectáreas, facultando al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor debería cubrir los costos de producción, la mano de obra, las obligaciones previsionales y tributarias, además de garantizar un margen de rentabilidad que permita la continuidad de las explotaciones familiares.

El proyecto aclara que no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia para proteger el trabajo rural y evitar el colapso de la principal economía regional misionera. También contempla facultades de fiscalización, control y sanciones para quienes paguen por debajo del precio mínimo establecido.

Uno de los aspectos que más destacaron los representantes del sector es el perfil social de los beneficiarios de la iniciativa. “Cuando hablamos de productores no estamos hablando de grandes empresarios. El promedio es de 20 hectáreas y el límite que propone la ley es de 50 hectáreas. Estamos hablando de minifundistas, de familias agrarias que viven exclusivamente de ese ingreso“, explicó Padolsky.

Esa mirada también fue compartida por el gobernador durante el encuentro, según relataron los participantes, al reconocer que la crisis excede a la producción primaria y termina impactando sobre toda la estructura económica provincial.

Una herramienta transitoria para evitar el colapso

El proyecto de emergencia plantea un mecanismo excepcional, pero con un objetivo concreto: evitar que miles de pequeños productores abandonen la actividad mientras se redefine el marco regulatorio nacional.

En sus fundamentos sostiene que el federalismo habilita a la Provincia a ejercer sus competencias constitucionales cuando está comprometida la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Misiones.

La propuesta busca instalar un piso de negociación, no un precio único. El texto deja expresamente establecido que cualquier comprador podrá pagar por encima del Precio Mínimo Sostén, pero nunca por debajo de ese valor, considerado indispensable para garantizar la supervivencia económica de las explotaciones familiares.

Con la conformación de la mesa de trabajo entre el Gobierno provincial y las organizaciones del sector, la discusión ingresa ahora en una etapa política. Si prospera el consenso, Misiones podría debatir en las próximas semanas una ley que intenta convertirse en el principal instrumento provincial para contener una crisis que ya trasciende a la yerba mate.

Un proyecto para sostener el precio de la hoja verde

Tras la reunión, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, se refirió al proyecto presentado por los productores para abordar la situación del sector yerbatero. “Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, señaló.

El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto. “Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno provincial respecto del proyecto de modificación de la Ley de Tierras. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó.

Una agenda común para el futuro de la Yerba Mate

En diálogo con los medios tras la reunión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la actividad y mejorar las condiciones del sector.

“Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, expresó.

Foto Prensa Casa de Gobierno

“Nosotros no nos resignamos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate cumplió con sus obligaciones y con sus funciones. En el mientras tanto, necesitamos una herramienta de emergencia que nos permita sostener a los pequeños y medianos productores”, sostuvo.

Sand también valoró la propuesta del gobernador de generar un espacio de trabajo conjunto para abordar la crisis del sector. “El señor gobernador nos ofreció generar una mesa de diálogo y creemos que a partir de ahí tenemos que convocar a toda la comunidad y a todos los sectores sociales para defender los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Proyecto Ley Emergencia Yerbatera by CristianMilciades

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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Organizaciones de Misiones redoblan la presión contra la reforma de la Ley de Tierras y piden a los senadores que voten en contra

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A poco más de dos semanas del tratamiento previsto en el Senado de la Nación, crece en Misiones la oposición al proyecto de ley denominado “De inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que, según denuncian organizaciones agrarias, sindicales, ambientales, sociales y partidos políticos de la provincia, implicaría en los hechos la derogación de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y abriría una nueva etapa de extranjerización del territorio argentino.

La posición quedó plasmada en un documento conjunto titulado “No al proyecto de entrega de tierras en el Congreso Nacional”, donde decenas de organizaciones advierten que la propuesta facilitaría la adquisición de tierras rurales por parte de empresas, personas y Estados extranjeros, eliminando uno de los principales límites establecidos para preservar el control nacional sobre un recurso considerado estratégico.

Los firmantes sostienen que la discusión excede el plano jurídico y se vincula directamente con el futuro del desarrollo productivo argentino. En ese sentido, afirman que la eventual derogación de la Ley de Tierras favorecería una mayor concentración de la propiedad y otorgaría mayor discrecionalidad sobre el uso de recursos estratégicos como la tierra, el agua superficial y los acuíferos.

En el documento recuerdan que actualmente más de 12 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras y aseguran que, en el caso de Misiones, el 14% de las mejores tierras productivas pertenece a propietarios extranjeros, una situación que, sostienen, podría profundizarse si prospera la iniciativa que será debatida el próximo 6 de agosto en la Cámara alta.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia en un contexto que las organizaciones describen como de fuerte vulnerabilidad para el sector agropecuario provincial. Según expresan, la crisis que atraviesan miles de pequeños y medianos productores —agravada por la desregulación del mercado de la yerba mate— está acelerando procesos de concentración de la tierra y debilitando la capacidad de permanencia de cooperativas y emprendimientos familiares.

“En nuestra provincia, solo tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural. Al mismo tiempo, la profunda crisis agraria está llevando a la ruina a miles de pequeños y medianos productores, favoreciendo aún más la concentración de la propiedad”, advierte el texto difundido por la multisectorial.

Como contrapunto al proyecto nacional, el documento recupera una de las frases más recordadas del fallecido obispo de Iguazú, monseñor Joaquín Piña, uno de los impulsores de la defensa del acceso a la tierra en Misiones: “Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos”.

Las organizaciones destacan que ese principio inspiró la Ley Provincial de Colonización sancionada en 2004, política pública que permitió el acceso a la tierra a más de 2.000 familias en el noroeste misionero, una región que consideran ejemplo de desarrollo basado en el arraigo y la producción familiar.

El documento concluye con un mensaje directo dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta. Los firmantes solicitan a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen de manera unánime la iniciativa cuando llegue al recinto, al considerar que está en juego “el patrimonio de la provincia y la soberanía nacional”.

La convocatoria reúne a un amplio espectro de actores del entramado social y productivo misionero. Entre ellos figuran la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Agrario de Misiones, Productores Independientes de Piray, la Red de Agricultura Orgánica Misiones, la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organizaciones ambientales y de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), además de centrales sindicales como la CTA Autónoma Misiones, ATE Misiones, la CGT Regional Misiones y la Unión de Docentes Universitarios de Misiones.

El respaldo también alcanza a espacios políticos como Unidad Popular, Partido Agrario y Social (PAyS), Libres del Sur, Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Patriótico, Frente Patria Misiones y otras agrupaciones provinciales, que coinciden en advertir que el debate parlamentario trasciende una modificación normativa y plantea una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, la distribución de la tierra y la preservación de recursos estratégicos para las futuras generaciones.

Con este nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública de Misiones, donde organizaciones de perfiles diversos buscan transformar el debate legislativo en una discusión sobre soberanía, producción y arraigo territorial.

No Al Proyecto de Entreg a de Tierras en El Congreso Nacional 2026 by CristianMilciades

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La Multisectorial Oberá llevó al Concejo su reclamo contra el DNU 70 y pidió respaldo a la demanda judicial por la yerba

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volvió a llegar al ámbito institucional. Durante la sesión de este martes, representantes de la Multisectorial Oberá se presentaron ante el Concejo Deliberante local para solicitar el acompañamiento formal a la medida cautelar y al pedido de declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, particularmente en los artículos que modificaron el funcionamiento del mercado yerbatero.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por asociaciones de productores y cooperativas para intentar revertir los efectos de la desregulación implementada por el Gobierno nacional, que eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios y regular distintos aspectos de la actividad.

En ese marco, los representantes de la Multisectorial entregaron una copia de la carta de apoyo firmada por los concejales Pablo Ullón, Verónica Noguera, María Luisa Glum, Maximilian Binder y Marcelo Sedoff, quienes expresaron su respaldo al planteo de las entidades productivas.

La nota presentada ante el cuerpo deliberativo lleva las firmas de Milcíades Mazacote y Hugo Sand, en representación de la Multisectorial Oberá. El documento solicita el acompañamiento institucional a la acción judicial promovida por seis asociaciones de productores y una federación de cooperativas que buscan frenar los efectos de la desregulación introducida por el DNU 70/2023.

Según argumentan las entidades, la norma “no es ni de necesidad ni de urgencia” y su aplicación generó un fuerte deterioro en la economía yerbatera. Sostienen que la eliminación de herramientas regulatorias profundizó la crisis de los pequeños y medianos productores, debilitó el poder de negociación de la producción primaria y agravó la situación social en las zonas rurales.

En la presentación también se advierte sobre el impacto que la crisis tiene sobre los trabajadores de la actividad. Los productores señalaron que cada vez más tareferos optan por cruzar la frontera para buscar empleo en Brasil, ante la falta de oportunidades y la caída de los ingresos vinculados a la cosecha de yerba mate.

La actividad tiene un peso determinante en la economía provincial. De acuerdo con los datos expuestos por la Multisectorial, la cadena yerbatera involucra a cerca de 13 mil productores y alrededor de 15 mil tareferos y tareferas, constituyéndose en una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos de Misiones.

Tras la sesión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, agradeció el acompañamiento de los concejales y describió el escenario social que atraviesan numerosas familias vinculadas al sector.

“Estamos acá haciendo un eco de miles de familias que deben viajar a Brasil a buscar el pan para sus hijos. Me refiero a los tareferos que tenemos. Oberá es mucho barrio tarefero y esto ocurre en toda la provincia de Misiones”, expresó.

Sand insistió en la necesidad de recuperar condiciones que permitan garantizar un precio justo para la hoja verde y sostuvo que la crisis requiere respuestas políticas concretas. En ese sentido, convocó a los distintos sectores de la dirigencia provincial y nacional a involucrarse en la búsqueda de soluciones para la producción y el empleo rural.

Asimismo, reclamó una resolución rápida de la Justicia respecto de la demanda presentada contra el DNU 70/2023. “Hay miles de familias esperando una definición”, sostuvo el dirigente agrario, quien considera que una decisión favorable podría contribuir a restablecer mecanismos de protección para la actividad.

La presentación ante el Concejo Deliberante de Oberá se suma a una serie de acciones que productores, cooperativas y organizaciones rurales vienen desarrollando en distintos ámbitos institucionales con el objetivo de recuperar herramientas de regulación para una economía regional que atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

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APAM pidió la renuncia del presidente del INYM

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La crisis que atraviesa la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo institucional. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) solicitó formalmente la renuncia del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, al considerar que su gestión no representa los intereses de los distintos eslabones de la actividad y que el organismo perdió capacidad de respuesta en el contexto de la desregulación del mercado.

La nota, enviada el 21 de junio, sostiene que desde la llegada de Correa a la presidencia del Instituto se profundizaron los problemas que afectan a productores, tareferos, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. Para la entidad, la conducción actual no solo fracasó en la defensa del sector, sino que además debilitó el funcionamiento institucional del organismo en un momento considerado crítico para la economía yerbatera.

Entre los principales cuestionamientos figura el derrumbe del precio de la materia prima. APAM afirma que actualmente la hoja verde se comercializa, en muchos casos, en torno a los 200 pesos por kilo, con modalidades de pago mediante cheques diferidos a 90 e incluso 180 días, una situación que, según la organización, compromete seriamente la sustentabilidad económica de los productores primarios.

La entidad también advirtió sobre el deterioro de los indicadores productivos y comerciales. Citando estadísticas del propio INYM, recordó que la cosecha de hoja verde cayó un 43% en apenas dos años de desregulación. Mientras entre enero y abril de 2024 se habían cosechado más de 268 millones de kilos, en el mismo período de 2026 la producción descendió hasta 151,9 millones de kilos.

A esa retracción productiva se suma una disminución del consumo interno. Según los datos mencionados por APAM, durante los primeros meses de 2026 las ventas en el mercado doméstico alcanzaron 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año anterior, lo que representa una caída del 5,5% y el nivel más bajo de los últimos cinco años.

Cuestionamientos a la gestión del INYM

Más allá de la situación económica, APAM apunta directamente al funcionamiento institucional del Instituto. La organización sostiene que durante la gestión de Correa se redujo la actividad del organismo “a su mínima expresión” mediante el despido de 21 trabajadores especializados y el desmantelamiento de áreas consideradas estratégicas, como el Área Técnica, Registros y Fiscalización.

Asimismo, cuestiona la reducción de la actividad de las comisiones internas y del Directorio, al considerar que ello limitó los espacios de debate y construcción de consensos en un contexto donde el sector demanda respuestas frente a la desregulación del mercado, el incremento de los costos productivos y la pérdida de rentabilidad.

La entidad también formuló críticas sobre decisiones administrativas adoptadas por la conducción del organismo. En ese sentido, cuestionó la incorporación de Samuel Miño, excandidato a concejal por La Libertad Avanza, al frente del Área Técnica, señalando que el nombramiento se habría realizado sin informar previamente al Directorio y sin respetar los procedimientos institucionales habituales.

En la misma línea, APAM también objetó la designación de un secretario privado para la Presidencia cuando el organismo ya cuenta con una estructura administrativa destinada a cumplir esas funciones, además de expresar reparos sobre la organización del área de Recursos Humanos.

La polémica por la posible incorporación de la Ilex dumosa

Otro de los puntos centrales del planteo se vincula con las versiones periodísticas que señalaron la posibilidad de avanzar en una modificación normativa que habilite la incorporación de otras especies vegetales dentro de la denominación comercial de yerba mate.

APAM cuestionó que Rodrigo Correa no haya desmentido públicamente esas versiones y manifestó preocupación por la eventual posibilidad de equiparar la Ilex dumosa con la Ilex paraguariensis, especie que históricamente define la producción tradicional de yerba mate.

Para la organización, una eventual modificación de esas características implicaría un cambio estructural para toda la cadena productiva. Sostiene que incorporar otras especies bajo la misma denominación comercial podría afectar la identidad del producto, debilitar su posicionamiento como alimento funcional y erosionar uno de los principales atributos diferenciales que la yerba mate argentina logró construir tanto en el mercado interno como en el exterior.

La presentación de APAM eleva la presión política sobre la conducción del INYM en un escenario donde la desregulación impulsada por el Gobierno nacional continúa generando fuertes tensiones entre los distintos actores de la cadena yerbatera. El reclamo también refleja el creciente debate sobre el rol que debe cumplir el Instituto en un mercado sin facultades para fijar precios, pero que sigue siendo considerado por productores y cooperativas como una herramienta clave para sostener la competitividad y la identidad de una de las principales economías regionales de Misiones y Corrientes.

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