La preocupación por el cierre de la sede de Arca en Oberá llegó al Congreso
El diputado nacional por Misiones, Carlos Alberto Fernández, manifestó en el Congreso su “profunda preocupación” por la eventual clausura de la sede de ARCA (ex AFIP) en la ciudad de Oberá, en el marco de un proceso de reestructuración dispuesto por la Disposición N°36/2025 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El legislador solicitó de manera urgente la reconsideración de la medida, que entraría en vigencia 45 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Según explicó, el cierre de esta dependencia implicaría un grave perjuicio para empresas, comerciantes y contribuyentes de la zona centro de Misiones, que dependen de la atención presencial para realizar trámites fiscales, tributarios y administrativos.
“Esta dependencia atiende a contribuyentes de más de 20 municipios, muchos de los cuales no tienen acceso a servicios digitales o enfrentan dificultades de conectividad”, señaló Fernández. Y agregó: “No estamos en contra de la modernización, pero estas decisiones deben tener en cuenta la realidad local”.
De concretarse el cierre, las personas deberían trasladarse hasta la sede más cercana, ubicada en Posadas, a más de 100 kilómetros de distancia. “Eso implica costos y tiempos adicionales que perjudican especialmente a pequeños y medianos productores”, advirtió el diputado. En su presentación, también destacó que la sede de Oberá atiende a un total de 37.464 contribuyentes, entre pymes, sociedades, responsables inscriptos y monotributistas.
Fernández también remarcó el impacto que tendría la medida sobre los 17 trabajadores de la dependencia —14 empleados directos y un equipo de fiscalización agropecuaria—, quienes se verían forzados a realizar extensos viajes diarios o relocalizarse.
El rechazo a la medida ha sido expresado por diversas entidades locales como la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco), contadores de la zona, y organismos como la Confederación Económica de Misiones (CEM), CAME y la Cámara Argentina de Comercio. También se pronunciaron en contra el intendente de Oberá, Pablo Hassan; el presidente de CODEIM, Carlos Sartori; y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes elevaron notas al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y al titular de ARCA, Juan Alberto Pazo.
Otro punto de conflicto es que el eventual cierre dejaría sin efecto la pronta habilitación del Resguardo Aduanero en Oberá, clave para convertir a la región en un polo de exportaciones e importaciones. “La decisión es incoherente con los proyectos estratégicos que Nación, Provincia y Municipio vienen impulsando en conjunto”, concluyó Fernández.
El diputado solicitó a sus pares que acompañen el proyecto de resolución y se comprometió a buscar una solución equilibrada que garantice la eficiencia del Estado sin perjudicar el acceso a servicios esenciales para la comunidad.
