Secreto fiscal: ARCA impide que entidades financieras exijan DDJJ como requisito para operar
ARCA prohíbe que bancos y entidades financieras exijan declaraciones juradas impositivas a sus clientes
Mediante la Resolución General 5696/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero restableció la vigencia plena del secreto fiscal y considerará irregular la solicitud de DDJJ de impuestos nacionales por parte de los sujetos obligados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó este jueves, a través de la Resolución General 5696/2025, una decisión clave para reforzar la protección del secreto fiscal: prohíbe a bancos, aseguradoras, fintech y otras entidades obligadas por la Ley 25.246 exigir declaraciones juradas impositivas a sus clientes como condición para operar.
El nuevo marco normativo, que abroga la Resolución General N.º 5125, busca garantizar la confidencialidad de la información tributaria de las personas físicas y jurídicas, en línea con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 11.683. La medida se alinea con el Decreto 353/2025 recientemente publicado por el Poder Ejecutivo, en el que se estableció un esquema general de simplificación tributaria y financiera, junto a la creación del Sistema de Finanzas Abiertas.
Secreto fiscal: un derecho personal, no una exigencia contractual
El artículo 101 de la Ley 11.683 establece que las declaraciones juradas impositivas presentadas por los contribuyentes ante la autoridad tributaria son confidenciales, y su divulgación no autorizada puede constituir delito penal, conforme los artículos 156 y 157 del Código Penal.
En este contexto, ARCA advierte que el pedido de declaraciones juradas por parte de sujetos obligados —como bancos, entidades financieras, sociedades de bolsa, entre otros— constituye una práctica abusiva, ya que desvirtúa la naturaleza voluntaria del derecho al secreto fiscal y genera una asimetría en la relación jurídica entre prestadores de servicios y usuarios.
“La posibilidad de renunciar al secreto fiscal, en tanto derecho conferido al contribuyente, se reduce a una formalidad sin contenido efectivo cuando el acceso al servicio queda supeditado a la entrega de DDJJ”, señala la resolución.
Con la entrada en vigencia de la nueva resolución, ningún sujeto obligado por el artículo 20 de la Ley 25.246 podrá exigir la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales. En caso de incumplimiento, las entidades podrán ser sancionadas por las autoridades competentes, e incluso se abrirá la vía para denuncias por parte de los consumidores a través de los mecanismos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240.
Al mismo tiempo, ARCA aclara que los sujetos obligados seguirán cumpliendo con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). La normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) no exige expresamente declaraciones juradas para estimar el perfil de riesgo del cliente, sino que adopta un enfoque basado en riesgo, acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sistema de Finanzas Abiertas: una alternativa segura y voluntaria
En sintonía con el nuevo régimen, el Decreto 353/2025 establece la creación del Sistema de Finanzas Abiertas, bajo la autoridad del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este esquema permitirá que personas físicas y jurídicas compartan de forma voluntaria y segura su información financiera con las entidades registradas, siempre y cuando otorguen su consentimiento expreso.
La intención oficial es avanzar hacia una digitalización inteligente del perfil económico de los ciudadanos, sin vulnerar derechos constitucionales ni exigir documentación desproporcionada. “La implementación del sistema torna innecesario el requerimiento de DDJJ como mecanismo de validación”, afirma el texto de ARCA.
La decisión de ARCA marca un cambio de paradigma en las relaciones entre el Estado, los contribuyentes y el sistema financiero, ya que pone un freno a prácticas contractuales extendidas que, bajo el pretexto de control de riesgos, afectaban derechos fundamentales como la privacidad y el secreto fiscal.
Con esta resolución, el Gobierno refuerza su discurso de desburocratización y simplificación administrativa, al tiempo que se alinea con estándares internacionales de protección de datos y derechos del consumidor.
