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ARCA endurece los controles sobre el Impuesto a las Ganancias y rechaza deducciones inconsistentes de trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre las deducciones declaradas por empleados en relación de dependencia en el Impuesto a las Ganancias, luego de detectar inconsistencias en las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025. La decisión se produce en un contexto de creciente presión por mejorar la recaudación tributaria y coincide con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el gravamen.

Las primeras fiscalizaciones apuntan especialmente a trabajadores de mayores ingresos que habrían incorporado como deducibles gastos que la normativa no contempla. Entre los casos detectados figuran importantes erogaciones en indumentaria, gastos vinculados a vehículos y aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), conceptos que, en muchos casos, no cumplen con los requisitos legales para reducir la carga tributaria.

Según pudo conocerse, ARCA comenzó a enviar notificaciones a empleados cuyos formularios SIRADIG y las liquidaciones anuales F1359 presentan diferencias o inconsistencias. En esos avisos, el organismo informa que, tras revisar la documentación presentada, detectó deducciones que podrían resultar improcedentes y solicita la rectificación correspondiente. De no corregirse, el efecto inmediato será una mayor retención del Impuesto a las Ganancias.

Vestimenta, vehículos y otros gastos bajo la lupa

Uno de los principales focos de control está puesto sobre las deducciones por gastos de vestimenta. La legislación únicamente admite este concepto cuando la indumentaria está directamente vinculada con la actividad laboral y siempre que el empleador no asuma ese costo, como ocurre, por ejemplo, con uniformes o ropa de trabajo específica.

Sin embargo, especialistas del ámbito tributario señalaron que algunos empleados, particularmente en cargos jerárquicos o gerenciales, habrían declarado gastos millonarios en ropa como mecanismo para reducir la base imponible del impuesto. Incluso trascendieron casos de deducciones por indumentaria que superarían los $31 millones.

También quedaron bajo revisión las deducciones por gastos de vehículos. La normativa establece que este beneficio corresponde exclusivamente a quienes desarrollan efectivamente actividades como corredores o viajantes de comercio, por lo que no puede aplicarse de manera generalizada a cualquier trabajador que utilice un automóvil en el ejercicio de sus funciones.

Otro de los conceptos observados corresponde a aportes realizados a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cuya deducción también está sujeta a condiciones específicas previstas en la legislación vigente.

Un mayor control para elevar la recaudación

El endurecimiento de los controles se enmarca en una estrategia orientada a reducir prácticas consideradas abusivas dentro del sistema de deducciones personales.

Si bien el régimen permite descontar determinados gastos para calcular el impuesto, la utilización de conceptos que no cumplen con los requisitos legales implica una menor recaudación fiscal y aumenta el riesgo de ajustes posteriores por parte del organismo recaudador.

En este escenario, ARCA busca reforzar las verificaciones sobre la información declarada a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG), cruzando esos datos con las liquidaciones informadas por los empleadores en calidad de agentes de retención.

Qué gastos sí pueden deducirse

El régimen vigente contempla una serie de deducciones expresamente previstas por la ley para empleados en relación de dependencia.

Entre ellas se encuentran las cargas de familia, como hijos menores de edad o incapacitados para trabajar y el cónyuge o conviviente; una parte del alquiler de la vivienda; gastos educativos con topes establecidos; servicios médicos y honorarios profesionales; intereses de créditos hipotecarios destinados a vivienda única; donaciones efectuadas a entidades habilitadas; alquileres debidamente facturados y las remuneraciones y contribuciones correspondientes al personal de casas particulares.

Estas deducciones continúan plenamente vigentes, aunque el organismo reforzó las verificaciones para confirmar que cada una cumpla con los requisitos legales y cuente con la documentación respaldatoria correspondiente.

El FMI impulsa una ampliación del Impuesto a las Ganancias

La mayor fiscalización coincide con las recomendaciones incluidas por el Fondo Monetario Internacional en el último Staff Report sobre Argentina.

El organismo sugirió al Gobierno ampliar el universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias hasta recuperar niveles similares a los de 2019, cuando alrededor del 20% de los asalariados tributaba este gravamen.

Además, el FMI propuso avanzar en una convergencia gradual entre la carga tributaria del monotributo y la que afrontan los contribuyentes inscriptos en el régimen general de autónomos, como parte de una estrategia de fortalecimiento de los ingresos fiscales.

En ese contexto, la decisión de ARCA de intensificar los controles sobre las deducciones personales aparece alineada con el objetivo oficial de incrementar la eficiencia recaudatoria sin modificar, por el momento, las alícuotas del impuesto.

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Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.

La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.

Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos

El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:

  • 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
  • 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
  • 70% para el resto de los empleadores.

Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.

Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.

Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.

Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.

Financiamiento accesible para completar la regularización

La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.

Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:

  • 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
  • 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
  • 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.

La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.

Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.

La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.

La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.

Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.

Lo que deberán evaluar las empresas

La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.

Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.

La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.

Resolución General 5862 ARCA by CristianMilciades

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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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Bajo la lupa judicial, Adorni se sumó al régimen de Inocencia Fiscal

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La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner en el centro de la escena a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las herramientas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei para facilitar la regularización fiscal de contribuyentes.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó este miércoles su incorporación al esquema simplificado para el período fiscal 2025. El trámite se concretó apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo procedimiento.

La decisión adquiere relevancia política porque ocurre en momentos en que la situación patrimonial del funcionario es observada por la Justicia Federal. Además, se produce antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Qué implica el régimen simplificado

El Régimen Simplificado de Ganancias fue incorporado por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal.

El mecanismo permite presentar declaraciones juradas con menos exigencias formales y simplifica la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador.

Su principal atractivo es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de una presunción de exactitud sobre las declaraciones presentadas bajo este esquema.

En la práctica, el beneficio limita futuras revisiones sobre períodos fiscales anteriores, siempre que la información declarada resulte consistente y no existan diferencias relevantes detectadas por la administración tributaria.

La adhesión no implica un blanqueo de capitales. Tampoco supone la exteriorización automática de activos no declarados.

Además, el régimen no impide investigaciones por otros delitos. Entre ellos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o corrupción.

La situación de Adorni

Los registros oficiales muestran que Adorni desarrolla actividades económicas desde 2013.

Su actividad principal figura como prestación de servicios personales. También registra actividades vinculadas al asesoramiento empresarial, contabilidad, auditoría y servicios de información.

El funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020. Ahora optó por migrar al esquema simplificado para el ejercicio fiscal 2025.

La decisión generó preguntas sobre las razones del cambio. Distintas fuentes judiciales señalan que el movimiento será analizado junto con otros elementos patrimoniales y fiscales que actualmente forman parte de investigaciones en curso.

Desde el entorno oficial remarcan que se trata de una herramienta legal disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

Otros funcionarios que ingresaron al régimen

La adhesión de Adorni no es un caso aislado. A partir de registros de ARCA, se estableció que varios funcionarios nacionales también optaron por el esquema simplificado. Entre ellos aparece el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se incorporó en abril.

También figura Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía.

La nómina incluye además a Santiago Oría, responsable audiovisual de la Presidencia; Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

También se registró la adhesión de Juan Alberto Pazo, uno de los impulsores de la reglamentación del régimen.

A ellos se sumó recientemente José Luis Espert, eyectado del oficialismo en medio del escándalo por financiamiento narco, quien realizó el trámite un día antes que Adorni.

Transparencia y costo político

El caso de Adorni tiene una dimensión política adicional. Como principal vocero del Gobierno durante gran parte de la gestión y actual jefe de Gabinete, fue una de las figuras encargadas de defender el discurso oficial de transparencia, austeridad fiscal y control del gasto público.

Por eso, su incorporación al régimen simplificado genera debate político. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una herramienta legal y abierta a todos los contribuyentes, sectores críticos señalan que la decisión ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la evolución patrimonial de funcionarios nacionales.

En los próximos meses, la adhesión será evaluada junto con la documentación fiscal, patrimonial y financiera que distintas áreas del Estado y la Justicia analizan sobre el funcionario y su entorno familiar.

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Exportaciones: la Aduana pone en marcha el control remoto de cargas y acelera la salida de mercaderías desde planta

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La nueva reglamentación de ARCA habilita la operatoria práctica de la “Exportación Monitoreada”, un esquema que reemplaza parte de los controles presenciales por supervisión remota. Para empresas exportadoras del interior, la medida apunta a reducir tiempos operativos, costos logísticos y utilización de recursos aduaneros.

La Dirección General de Aduanas reglamentó los aspectos operativos del régimen de “Exportación Monitoreada”, una modalidad que permitirá supervisar en forma remota determinadas cargas de exportación consolidadas en planta industrial o establecimiento exportador. La medida, formalizada mediante la Resolución General 5861/2026, completa la implementación del esquema creado semanas atrás por ARCA y marca un nuevo avance en la digitalización de los procesos de comercio exterior.

La novedad tiene especial relevancia para las economías regionales, donde gran parte de las exportaciones se originan lejos de los grandes centros portuarios. Sectores como la forestoindustria, la producción yerbatera, el té, los alimentos procesados y diversas manufacturas exportables podrán beneficiarse de una operatoria que busca disminuir intervenciones presenciales y agilizar el despacho de mercaderías.

Menos burocracia operativa y más trazabilidad digital

El régimen permite que determinadas exportaciones realizadas bajo el sistema de cargas en planta sean controladas mediante monitoreo remoto por parte del servicio aduanero. El procedimiento contempla la transmisión de imágenes en tiempo real durante la consolidación de la carga y el seguimiento digital de toda la operación.

Para acceder a esta modalidad, los operadores deberán presentar documentación digital a través del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA), identificar previamente la planta donde se realizará la consolidación y poner a disposición de la Aduana registros audiovisuales de la mercadería antes del inicio de la carga. Además, las imágenes deberán conservarse durante un plazo de cinco años.
La Aduana mantendrá facultades de control plenas. Si durante el monitoreo se detectan inconsistencias técnicas o situaciones que comprometan la fiscalización, la operación podrá volver inmediatamente al esquema presencial tradicional.

La reglamentación introduce un modelo más cercano a los estándares de gestión logística utilizados en mercados con alto volumen exportador, donde la fiscalización se apoya cada vez más en herramientas digitales y análisis de riesgo.

Los principales efectos esperados son: Reducción de tiempos de espera asociados a verificaciones físicas presenciales. Mayor previsibilidad logística para coordinar cargas y transporte. Optimización de recursos aduaneros, concentrando controles físicos en operaciones de mayor riesgo. Menores costos indirectos derivados de demoras operativas. Digitalización integral de documentación y seguimiento de cargas.

Para las empresas con operaciones frecuentes, la ganancia no necesariamente proviene de una reducción directa de impuestos o costos aduaneros, sino de la mejora en la eficiencia de la cadena logística y la disminución de tiempos improductivos.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La implementación adquiere una dimensión particular en provincias exportadoras como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la distancia respecto de los principales puertos marítimos genera costos logísticos estructuralmente más elevados que en la región central del país.

En el caso misionero, actividades como la exportación de pasta celulósica, madera industrializada, tabaco, té, yerba mate y productos alimenticios suelen requerir procesos de consolidación en origen antes del traslado hacia terminales portuarias o pasos fronterizos.

La posibilidad de completar controles desde las propias plantas industriales puede traducirse en una reducción de tiempos administrativos y una utilización más eficiente de los recursos logísticos disponibles. Para empresas radicadas en el interior profundo, cada jornada ganada en la cadena exportadora impacta sobre costos financieros, programación de embarques y cumplimiento de contratos internacionales.

Un cambio que exige inversión tecnológica

La contracara del nuevo sistema es que los operadores deberán garantizar condiciones técnicas adecuadas para el monitoreo remoto. La normativa responsabiliza expresamente al exportador por la integridad de la carga, la seguridad del contenedor y la disponibilidad de registros audiovisuales que permitan a la Aduana verificar la operación.

Esto implica que las empresas interesadas deberán evaluar inversiones en cámaras, conectividad, almacenamiento digital y protocolos internos de seguridad logística.

Para los exportadores de mayor escala, estos requerimientos aparecen como una barrera relativamente baja frente a los beneficios operativos. Para firmas medianas, el desafío será adaptar infraestructura y procesos para cumplir con los estándares exigidos.

La resolución inaugura una etapa de fiscalización aduanera apoyada en herramientas digitales y monitoreo remoto. El verdadero impacto sobre la competitividad exportadora dependerá de la velocidad con que el sistema pueda escalarse a más operadores y de la capacidad de ARCA para sostener procesos ágiles sin incrementar exigencias administrativas paralelas.

Para las economías regionales del NEA, donde la logística representa uno de los principales factores de costo, cualquier mejora que reduzca tiempos muertos y simplifique operaciones tiene potencial para fortalecer la inserción internacional de la producción local. La clave estará en verificar si la digitalización logra traducirse en una reducción efectiva de costos y no únicamente en un cambio de formato de los controles.

Anexo Resolución General 5861/2026 by CristianMilciades

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