Argentina

Latinoamérica lidera el ránking de satisfacción en “vida amorosa”  según el Love Life Satisfaction de Ipsos

Compartí esta noticia !

Ipsos, líder mundial en investigación de mercado presenta los resultados de su estudio global Love Life Satisfaction 2026, realizado en 29 países, que analiza cómo las personas evalúan su vida amorosa, su vida romántica/sexual y su relación con su pareja. A nivel global, el 77% de los encuestados afirma sentirse amado, el 60% declara estar satisfecho con su vida romántica o sexual y el 82% de quienes están casados o en pareja dice estar satisfecho con la relación con su pareja o cónyuge.

El estudio muestra que, una vez más, los países de Latinoamérica y la mayoría de los países de Asia concentran los niveles más altos de satisfacción con la vida amorosa, exceptuando Japón y Corea del Sur que vuelven a ubicarse entre los mercados con menor nivel de satisfacción. En este contexto, Tailandia encabeza el ranking del Love Life Satisfaction Index 2026 como el país con mayor nivel de satisfacción con la pareja y con la vida romántica/sexual entre los 29 países relevados. En contraste, varios países europeos quedan fuera de los primeros puestos y, pese a su reputación romántica, Italia y Francia se ubican este año en el bottom ten del índice.

El informe también confirma que el nivel de ingresos tiene un impacto en la percepción de la vida amorosa. A nivel global, el 82% de las personas de hogares de altos ingresos afirma sentirse amado, frente al 72% en los hogares de menores ingresos. La brecha es aún mayor en la satisfacción con la vida romántica o sexual: el 68% de las personas de mayores ingresos dice estar satisfecha, contra el 52% de las de menores ingresos. Además, las personas casadas o en pareja muestran niveles significativamente más altos de satisfacción que quienes no lo están, tanto en su vida romántica/sexual como en la percepción de sentirse amadas.

Por generaciones, el estudio señala que no hay grandes diferencias en el hecho de sentirse amado, con alrededor de tres de cada cuatro personas satisfechas en todos los grupos etarios. Sin embargo, cuando se trata de la vida romántica o sexual, los millennials son quienes se declaran más satisfechos a nivel global (65%), con una diferencia de diez puntos porcentuales frente a los baby boomers (55%).

Los resultados vuelven a mostrar que América Latina se destaca a nivel global por su mayor satisfacción con la vida amorosa, especialmente cuando se compara con varios mercados de Europa y Asia. La región combina altos niveles de personas que se sienten amadas con una mayor satisfacción en la vida en pareja, lo que la posiciona de manera consistente entre los primeros puestos en nuestro Índice de Satisfacción con la Vida Amorosa”, señaló Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina.

Y agrega: “En el caso de Argentina, los datos reflejan un escenario alineado con esta tendencia regional. Según el estudio, 8 de cada 10 argentinos (80%) afirma sentirse amado, el 64% declara estar satisfecho con su vida romántica o sexual y, entre quienes están casados o en pareja, el nivel de satisfacción con la relación alcanza el 80%. Estos resultados ubican al país entre los mercados con indicadores más positivos en la región en materia de vínculos afectivos y vida amorosa”.

El estudio Love Life Satisfaction 2026 se realizó recientemente sobre una muestra de 23.268 adultos en 29 países, a través de la plataforma Global Advisor de Ipsos y, en India, mediante su plataforma IndiaBus. El Love Life Satisfaction Index se construye a partir del promedio de satisfacción con tres dimensiones: sentirse amado, la vida romántica/sexual y la relación con la pareja, con un puntaje máximo de 100.

Compartí esta noticia !

Mirtha Legrand, la mujer que fue Reina antes de que la coronaran

Compartí esta noticia !

A las puertas de sus cien años, España la distingue con la Orden de Isabel la Católica: no para consagrarla, sino para reconocer a una figura que siempre reinó en la cercanía con la gente —y que dejó en Misiones un recuerdo que aún respira.

Hay recuerdos que no se apagan.

En Misiones, todavía persiste —como una escena suspendida en el tiempo— el paso de Mirtha Legrand por la provincia en la década del 90.

No fue una visita más.

Fue una presencia.

Porque hay figuras que se construyen con los años. Y hay otras —mucho más raras— que nacen directamente en el vínculo con la gente. Mirtha pertenece a esta última categoría.

A meses de cumplir cien años, su nombre vuelve a ocupar el centro de la escena, no por nostalgia, sino por continuidad: será distinguida con la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones del Reino de España.

Un gesto que no la eleva.

La reconoce.

Porque si algo ha definido a Mirtha Legrand durante toda su vida no es la distancia, sino la cercanía. No es una figura inaccesible. Es, por el contrario, profundamente popular, gestuosa, presente.

Una mujer que entendió desde siempre que el verdadero vínculo con el público no se impone.

Se construye.

En el detalle.
En la mirada.
En el gesto.

Y Misiones lo vivió de cerca.

Participaba del programa Mano a mano con usted, compartía mesas, recorría la vida social y política con una naturalidad que hoy resulta casi irrepetible. Almorzó en la residencia del entonces gobernador Ramón Puerta, dialogó con empresarios, se integró a una escena que la recibía sin solemnidad.

No era una diva distante.

Era una presencia viva.

En ese mismo clima, tuve la oportunidad de conocerla siendo apenas un adolescente. Uno más, en esos primeros pasos en los medios, cuando el entusiasmo suele ser mayor que las certezas.

Podría haber sido un encuentro fugaz.

No lo fue.

Años después, en Buenos Aires, ya como estudiante del Instituto Argentino de Gastronomía Gato Dumas, ese recuerdo se transformó en algo concreto: me reconoció, me dio lugar, me abrió una puerta.

Ese gesto —tan simple, tan natural— fue decisivo.

Porque no se trató sólo de una invitación a su programa, junto a mi colega Nicolás García Díaz, para presentar la apertura del restaurante Croque Madame.

Se trató de algo más profundo.

De validar un camino cuando todavía está en construcción.

De mirar a alguien que empieza.

Y hacerlo visible.

A partir de allí llegaron las repercusiones: notas en La Nación, en El Gourmet y en Cuisine & Vins.

Nada estridente.

Pero sí determinante.

Porque hay gestos que no hacen ruido.

Pero cambian destinos.

También en Misiones, esa cercanía se traducía en hechos: entrevistas a gobernadores como Ricardo Barrios Arrechea, Julio César Humada y el propio Ramón Puerta, almuerzos en vivo por Canal 12 Misiones, encuentros donde la política, la sociedad y los medios se cruzaban sin intermediarios.

Allí no había distancia.

Había conversación.

Y hay algo más —menos visible, pero igual de importante— que merece ser dicho.

La generosidad.

No la que se exhibe.

La que se ejerce en silencio.

Su compromiso con la Casa del Teatro, su cercanía con el Hospital Fernández, y tantas otras acciones que no buscan aplauso, hablan de una mujer que entendió que la visibilidad también implica responsabilidad.

Y la asumió.

Que hoy España la distinga no es un dato menor.

Es, en cierto modo, la confirmación de una evidencia.

La Orden de Isabel la Católica —instituida por Fernando VII— reconoce trayectorias que proyectan cultura e identidad más allá de sus fronteras.

Y Mirtha lo ha hecho durante décadas.

Hay incluso un detalle que no pasa desapercibido: la actual reina de España, Letizia Ortiz, proviene del periodismo.

Del mismo territorio simbólico.

El de la palabra.

El de la escena.

El del vínculo.

Pero más allá de títulos, medallas o comparaciones, lo esencial permanece intacto.

Mirtha Legrand no se convirtió en reina por una condecoración.

Fue reconocida como tal porque, desde siempre, supo ocupar ese lugar.

En la memoria.

En la cercanía.

Y, sobre todo, en el afecto profundo de la gente.

Compartí esta noticia !

Economía modifica pliegos y reprograma la licitación clave de rutas bajo el esquema de privatización

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de una nueva circular modificatoria en la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 555/2026, redefine el cronograma del proceso y fija nuevas fechas para la presentación y apertura de ofertas en uno de los proyectos clave del esquema de privatización de la infraestructura vial.

Según lo dispuesto, el cierre para la presentación de propuestas se realizará el 11 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, mientras que la apertura del Sobre N°1 quedó establecida para ese mismo día a las 13:00, a través del sistema CONTRAT.AR.

Privatización y rediseño del sistema vial

La modificación se inscribe en el proceso iniciado por el Gobierno tras declarar sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., en el marco de la ley 27.742 y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la ley 17.520.

El esquema forma parte del proyecto “Red Federal de Concesiones”, una arquitectura diseñada para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de tramos estratégicos de la red vial nacional. El objetivo explícito es eliminar el déficit operativo y reordenar las cuentas públicas en el área de infraestructura.

La licitación en cuestión abarca los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, e incluye no solo la gestión vial sino también la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Ajuste de tiempos en una licitación en marcha

La Resolución 555/2026 no altera el contenido técnico ni las condiciones estructurales del proceso licitatorio, pero introduce un cambio operativo relevante: la reprogramación de los plazos de presentación y apertura de ofertas.

La Circular Modificatoria N° 2, incorporada a los pliegos, responde a una intervención de la Secretaría de Transporte y se suma a modificaciones previas que ya habían ajustado la documentación licitatoria.

En términos concretos, el Gobierno redefine el calendario en una etapa sensible del proceso, donde se espera la participación de oferentes nacionales e internacionales.

Control del proceso y señal al mercado

El movimiento revela un doble objetivo. Por un lado, el Ministerio de Economía mantiene el control fino sobre el ritmo del proceso de privatización, ajustando plazos en función de la dinámica administrativa y del interés del mercado.

Por otro, la decisión funciona como señal hacia potenciales inversores: el proceso sigue activo, pero bajo una lógica de administración centralizada donde el Estado define tiempos y condiciones.

En un esquema de concesiones de largo plazo, el calendario no es un dato menor. Define la competencia efectiva y la calidad de las ofertas, lo que impacta directamente en la adjudicación futura.

Infraestructura, inversión y peajes

El proyecto apunta a movilizar inversión privada en infraestructura vial, trasladando al concesionario la responsabilidad de construcción, mantenimiento y explotación.

Esto implica que los ingresos del sistema estarán asociados al cobro de peajes y a actividades complementarias autorizadas en los contratos.

Aunque la resolución no modifica variables económicas directas, sí incide en el timing de una inversión potencialmente significativa, en un contexto donde el Gobierno busca reducir el gasto público y apalancarse en capital privado.

Competencia, adjudicación y modelo de gestión

La reprogramación del cronograma deja abierta una serie de variables clave. Entre ellas, el nivel de competencia en la licitación, la calidad de las propuestas y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso sin nuevas modificaciones.

También queda en juego la respuesta del mercado ante un esquema que combina apertura a la inversión privada con fuerte conducción estatal del proceso.

El 11 de mayo marcará un punto de inflexión: la apertura de ofertas permitirá medir el interés real por un modelo que redefine el rol del Estado en la infraestructura vial.

Compartí esta noticia !

Habilitan vapeadores con control estatal y cambia el paradigma sanitario sobre nicotina

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril de 2026 un cambio de fondo en la política sanitaria sobre productos de nicotina: mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, dejó atrás el esquema de prohibición y habilitó la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina bajo un sistema obligatorio de registro, control y fiscalización. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, no es meramente técnica: redefine el rol del Estado frente a un mercado en expansión y expone una tensión de fondo —regular lo que ya circula o insistir con prohibiciones ineficaces— en un contexto donde el consumo adolescente alcanzó el 35,5% en el último año.

El movimiento abre un interrogante político más amplio: ¿es una flexibilización pragmática que busca recuperar capacidad de control o un cambio de enfoque que puede reconfigurar el debate sanitario y regulatorio en el Congreso?

Control estatal sobre un mercado que ya existía

La resolución deroga la prohibición vigente desde 2023 y establece un sistema integral que incorpora a los nuevos dispositivos dentro del régimen de la Ley 26.687. En términos concretos, los productos pasan a ser considerados equivalentes al tabaco tradicional, con exigencias de advertencias sanitarias, restricciones publicitarias y limitaciones en el diseño para evitar la atracción de menores.

El núcleo operativo de la norma es la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que deberá organizarse en un plazo de 45 días. Este instrumento funcionará como base de datos centralizada para clasificar dispositivos, monitorear consumo y ajustar regulaciones según evidencia epidemiológica.

El cambio no es menor. Donde antes había un vacío de control efectivo —producto de una prohibición que, según el propio Ejecutivo, no logró frenar el acceso— ahora se instala un esquema de trazabilidad obligatoria. Importadores y fabricantes deberán inscribir cada producto, presentar fórmulas completas, información toxicológica, certificados de emisiones y datos sobre ventas y perfiles de consumo. La autorización tendrá una vigencia de cinco años.

Al mismo tiempo, el Gobierno delimita el alcance de la apertura: prohíbe los cigarrillos electrónicos descartables, restringe los sabores a tabaco y mentol, y veta elementos de marketing dirigidos a jóvenes. Es decir, habilita el mercado, pero bajo condiciones más estrictas que las que existían en la práctica informal.

Antecedentes y racionalidad política del giro

El nuevo esquema se inscribe en una secuencia normativa más amplia. La prohibición de dispositivos electrónicos, vigente desde 2011 y reforzada en 2023, se apoyaba en el principio precautorio. Sin embargo, el crecimiento del consumo —especialmente en adolescentes— erosionó su efectividad como herramienta de política pública.

El propio texto oficial reconoce ese límite: la circulación de estos productos persistió, con expansión global y presencia local creciente. En ese contexto, el Ejecutivo opta por un enfoque alineado con experiencias internacionales como Estados Unidos y Reino Unido, donde el control se ejerce a través de registros, estándares y fiscalización, no mediante prohibiciones absolutas.

La medida también activa un entramado institucional más amplio: intervienen áreas del Ministerio de Economía, organismos regulatorios, el sistema aduanero, el ente de comunicaciones y la autoridad sanitaria. Esa articulación sugiere que el Gobierno busca integrar la regulación sanitaria con herramientas de control comercial y fiscal, en lugar de abordarla como un problema exclusivamente médico.

Control estatal vs. apertura de mercado

En términos de correlación de fuerzas, la decisión fortalece la capacidad regulatoria del Ejecutivo en un terreno donde el Estado había perdido trazabilidad. El registro obligatorio y la exigencia de información técnica posicionan al Ministerio de Salud como autoridad central en un mercado que, hasta ahora, operaba en gran medida por fuera del radar formal.

Al mismo tiempo, introduce nuevas reglas de juego para importadores y fabricantes. La obligación de certificaciones, declaraciones juradas y monitoreo de ventas implica costos regulatorios, pero también habilita un marco de legalidad que antes no existía.

Desde el punto de vista político, el cambio puede tener impacto en la agenda legislativa. La regulación de productos de nicotina —especialmente en relación con menores— es un terreno sensible, donde confluyen argumentos sanitarios, económicos y de consumo. La decisión del Ejecutivo podría ordenar ese debate o, por el contrario, reactivarlo en el Congreso.

En clave económica, la formalización del mercado abre la puerta a mayor control sobre importaciones y comercialización, con efectos potenciales en recaudación y en la estructura competitiva del sector. Pero ese impacto dependerá de la capacidad efectiva de fiscalización.

Entre la evidencia y la política

El nuevo modelo apuesta a una lógica dinámica: monitorear, ajustar y regular según datos. El RNPTN no solo funcionará como registro, sino también como herramienta de vigilancia epidemiológica. Esa arquitectura sugiere que la política no queda cerrada, sino sujeta a revisión permanente.

Las próximas semanas serán clave para observar cómo se implementa el sistema —especialmente en el plazo de 45 días para su puesta en marcha— y qué nivel de adhesión logra entre los actores del mercado.

También quedará bajo análisis si la restricción de sabores y la prohibición de dispositivos descartables logran el objetivo explícito de reducir la iniciación juvenil, o si emergen nuevos formatos que vuelvan a tensionar la regulación.

El Gobierno eligió intervenir en un mercado que ya existía en la práctica. La pregunta que queda abierta no es solo sanitaria, sino política: si este cambio consolida un modelo de regulación más eficaz o si inaugura una nueva fase de disputa sobre cómo —y hasta dónde— debe intervenir el Estado en los consumos de riesgo.

Compartí esta noticia !

El Gobierno reglamenta la reforma laboral y activa beneficios por 48 meses para formalizar empleo

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional dio un paso operativo en uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral: el 30 de abril reglamentó por decreto el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y fijó condiciones concretas para su aplicación. La norma abre una ventana precisa —del 1° de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027— para que empresas incorporen trabajadores con contribuciones patronales reducidas durante 48 meses. El movimiento no es neutro: convierte una herramienta legislativa en política efectiva y pone en juego una hipótesis de fondo —si el costo laboral es el principal freno a la formalización— en un escenario donde empleo, recaudación y equilibrio fiscal compiten por prioridad.

De la ley al terreno: cómo funciona el incentivo

El RIFL surge del Título XX de la Ley 27.802, pero su impacto dependía de esta reglamentación. El decreto define quiénes entran, bajo qué condiciones y con qué límites.

El universo objetivo incluye trabajadores sin empleo formal registrado al 10 de diciembre de 2025, desocupados en los seis meses previos, monotributistas o personas cuyo último vínculo haya sido en el sector público. Es decir, apunta a segmentos periféricos del mercado laboral formal.

Para esos casos, el beneficio central es la reducción de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses desde el alta. El esquema fija alícuotas específicas: 2% para los subsistemas previsional, empleo y asignaciones familiares, y 3% para el sistema de salud de jubilados. La mecánica no elimina aportes, pero los comprime de forma significativa.

La reglamentación también delimita el alcance empresarial. Los empleadores inscriptos desde el 10 de diciembre de 2025 podrán aplicar el régimen hasta un máximo del 80% de su nómina. No es un detalle técnico: introduce un límite explícito al uso intensivo del beneficio y busca evitar una sustitución total de la estructura laboral bajo condiciones promocionales.

Arquitectura institucional y control operativo

El decreto ordena el funcionamiento administrativo del régimen y distribuye responsabilidades. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda a cargo de instrumentar la liquidación, el ingreso de contribuciones y los controles sistémicos, incluyendo exclusiones automáticas en caso de incumplimientos.

A su vez, se establece coordinación con el Ministerio de Capital Humano para compatibilizar el régimen con programas sociales o prestaciones existentes. Esa articulación no es menor: apunta a evitar que la formalización implique la pérdida abrupta de ingresos complementarios, uno de los obstáculos clásicos para la transición al empleo registrado.

El esquema incorpora, además, reglas de permanencia y salida. El incumplimiento o la configuración de causales de exclusión implica la pérdida automática de beneficios y la obligación de recomponer contribuciones con intereses y sanciones. La señal es clara: el incentivo convive con un sistema de control que busca evitar usos oportunistas.

Costo laboral, empleo y margen fiscal

La reglamentación activa una de las apuestas centrales del Gobierno en materia laboral: reducir el costo de contratación como vía para ampliar el empleo formal. En términos políticos, traslada el eje del debate desde la legislación hacia los resultados.

El diseño del régimen sugiere una lógica dual. Por un lado, ofrece alivio fiscal a las empresas durante cuatro años. Por otro, preserva fuentes de financiamiento del sistema previsional y de seguridad social mediante contribuciones, aunque reducidas.

Esa tensión es estructural. Menores aportes implican menor recaudación en el corto plazo, con la expectativa de que el aumento del empleo formal compense esa caída. El decreto no explicita ese equilibrio, pero lo deja implícito en su arquitectura.

El límite del 80% de la nómina y la exclusión de otros beneficios superpuestos refuerzan la idea de un régimen acotado, más orientado a expandir la base de empleo que a reconfigurar completamente el esquema de contribuciones.

Un experimento abierto sobre la formalización

La puesta en marcha del RIFL inaugura una fase de prueba real. El período de incorporaciones —un año— y el horizonte de beneficios —48 meses— configuran un experimento de mediano plazo sobre el comportamiento del mercado laboral.

Las variables a observar no son solo cuantitativas. Importará ver qué tipo de empleo se crea, en qué sectores y con qué nivel de estabilidad. También, cómo interactúa el régimen con la informalidad estructural y con los incentivos preexistentes.

En paralelo, la capacidad de control de ARCA y la coordinación con Capital Humano serán determinantes para evitar distorsiones. El diseño prevé mecanismos, pero su eficacia dependerá de la implementación.

El decreto convierte una promesa legislativa en política activa. Si logra modificar decisiones empresariales o queda como un incentivo marginal es algo que todavía no está definido. El calendario ya empezó a correr.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin