ARIEL LIJO

Mala noticia para el Gobierno: la Justicia reactiva la causa ANDIS y vuelve a indagar a Spagnuolo

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El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un expediente que suma un nuevo capítulo y que ya había registrado avances en los últimos meses. La medida alcanza al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, empresarios y supuestos intermediarios.

La decisión se apoya en un nuevo tramo de la investigación impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes detectaron un entramado adicional de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según la acusación, se habrían direccionado contrataciones por más de 75.000 millones de pesos vinculadas a la compra de insumos de alto costo del programa Incluir Salud, a través del sistema PACBI, en beneficio de un grupo reducido de empresas.

De acuerdo con los investigadores, dentro del expediente se incorporaron proveídos y actuaciones internas que darían cuenta de un esquema de simulación de competencia entre oferentes, con adjudicaciones previamente direccionadas. También se analiza la participación de actores externos al organismo que habrían intervenido en la toma de decisiones y en la ejecución de pagos.

Las indagatorias comenzarán a fines de abril y se extenderán durante mayo, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior. Spagnuolo fue convocado nuevamente junto a otros implicados en la causa, en una nómina que incluye funcionarios, empresarios y presuntos intermediarios señalados en el expediente.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando documentación incorporada recientemente, mientras avanzan medidas como la inhibición general de bienes sobre los involucrados. El expediente sigue avanzando mientras las defensas de los imputados ya trabajan en las apelaciones contra los procesamientos dictados en etapas previas.

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Adorni bajo la lupa: la Justicia avanza sobre su patrimonio y levanta el secreto de sumario

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional: el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, en una medida clave para reconstruir la evolución de su patrimonio.

El pedido había sido impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y obras privadas. La causa se centra en presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos económicos detectados.

La decisión judicial habilita el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, cajas de seguridad y cualquier otro instrumento financiero vinculado a la pareja, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. El objetivo es “verificar el origen” de los fondos y reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de los investigados.

Entre los bienes bajo la lupa aparecen dos propiedades: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En el caso del departamento, la investigación apunta a la modalidad de financiamiento de la compra, en la que figuran como prestamistas un grupo de mujeres, algunas de ellas jubiladas. La Justicia busca establecer si estas personas contaban con capacidad económica real para otorgar los préstamos que habrían permitido concretar la operación.

En ese marco, también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres vinculadas a la operatoria: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Dos de ellas, además, participaron directamente en la venta del inmueble.

Obras, contratistas y trazabilidad de pagos

La causa también se extiende a las refacciones realizadas en la propiedad del country Indio Cuá. El fiscal citó a declarar al contratista Matías Tabar, representante de Grupo AA, quien deberá presentar documentación completa sobre la obra: presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y cualquier comunicación mantenida con Adorni o su esposa.

El requerimiento incluye además el detalle de los medios de pago utilizados —cuentas bancarias, billeteras virtuales, cheques u otros instrumentos— así como la identificación del personal que intervino en los trabajos y la trazabilidad de los insumos adquiridos.

En paralelo, la fiscalía solicitó información a la administración del country sobre el pago de la tasa de ingreso -estimada en 5.000 dólares- y las expensas del lote, con el objetivo de reconstruir el flujo financiero asociado al inmueble.

El avance de la investigación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes tensiones políticas y económicas. A pesar del peso institucional del caso, Adorni continúa siendo sostenido como una pieza clave dentro de la estructura oficial.

La causa abre interrogantes sobre los mecanismos de control patrimonial en la función pública y agrega presión sobre un esquema de gestión que ya enfrenta cuestionamientos en distintos frentes.

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ANDIS: Lijo define 29 nuevas indagatorias en una causa por presunta corrupción de $75.000 millones

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La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo y eleva la presión judicial sobre un entramado que ya aparece como uno de los expedientes más sensibles en materia de gasto público social.

El juez federal Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días el pedido de 29 nuevas indagatorias, formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, a partir de un reciente hallazgo en la investigación que apunta a un esquema de desvío de fondos por más de 75.000 millones de pesos.

El planteo incluye además la posibilidad de dictar una inhibición general de bienes sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, entre ellas empresas proveedoras de insumos médicos.

Un sistema bajo sospecha

Entre los nuevos imputados aparecen el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, junto a más de una veintena de actores del sector privado.

La hipótesis fiscal sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría montado un esquema de direccionamiento de compras públicas de alto costo —conocidas como PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia)— mediante el cual se favorecía a determinadas empresas a cambio de retornos económicos.

Estas prestaciones incluyen prótesis, implantes cocleares, equipamiento médico especializado y sillas de ruedas motorizadas, destinadas a personas con discapacidad o enfermedades graves, en su mayoría sin cobertura médica y en situación de vulnerabilidad.

Según la investigación, el Programa Incluir Salud habría sido utilizado como estructura operativa para canalizar estas contrataciones, desviando recursos públicos destinados a sectores críticos.

Avance de la investigación

En los siete meses que lleva el expediente, la justicia avanzó sobre la presunción de que la ANDIS funcionó como “una ventanilla discrecional” para concentrar beneficios económicos en proveedores afines, en presunto incumplimiento de los principios de transparencia, competencia y control en la administración pública.

Los investigadores sostienen que existía acceso a información privilegiada para facilitar adjudicaciones, coordinar ofertas y configurar un esquema de cartelización.

El expediente, que Lijo heredó con 19 procesamientos al asumir como subrogante del Juzgado Federal N°11, continúa escalando en complejidad con la intervención de múltiples organismos especializados, entre ellos la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la PROCELAC, la SIFRAI y la DATIP.

Apelaciones y tensión judicial

En paralelo, los primeros 19 procesados ya apelaron sus imputaciones ante la Cámara Federal, que analiza los argumentos de las defensas. Los acusados cuestionan la figura de asociación ilícita y rechazan la existencia de un esquema sistemático de desvío de fondos.

Entre ellos se encuentran exfuncionarios y empresarios vinculados a la operatoria bajo investigación, en una causa que podría redefinir los mecanismos de control sobre programas sociales de alto impacto presupuestario.

La resolución que adopte Lijo en torno a las nuevas indagatorias será clave para determinar el alcance final del expediente y la eventual ampliación de responsabilidades en un caso que combina gestión pública, contrataciones sensibles y presuntas irregularidades millonarias.

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Corrupción en la Andis: piden volver a indagar a Spagnuolo y Calvete junto a otras 27 personas

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La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con alto impacto político y económico. El fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias contra exfuncionarios y empresarios, al considerar que existen elementos que amplían el alcance de un esquema de corrupción que habría operado durante casi dos años.

Según el dictamen fiscal, las maniobras habrían generado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos, en beneficio de un grupo reducido de empresas proveedoras de insumos médicos de alto costo.

La hipótesis central apunta a la existencia de una estructura organizada entre funcionarios de la Andis y actores privados, con roles definidos para direccionar contrataciones, manipular precios y repartir recursos del Estado. El período bajo investigación se extiende, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Una estructura con jefes identificados

La causa ya cuenta con cuatro figuras señaladas como presuntos líderes de la asociación ilícita:

  • Diego Spagnuolo, extitular de la Andis
  • Daniel Garbellini, ex número dos del organismo
  • Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista
  • Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud

Todos ellos se encuentran procesados por distintos delitos, entre ellos defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y, en algunos casos, cohecho. Los embargos dictados superan los 200.000 millones de pesos en cada caso, lo que da cuenta de la magnitud económica que la Justicia le atribuye al entramado.

En el centro de la investigación aparece el sistema Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), utilizado para gestionar la compra de insumos médicos de alto costo.

De acuerdo con el fiscal, este mecanismo habría sido manipulado para favorecer a determinadas empresas mediante prácticas como simulación de competencia, direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

La fiscalía sostiene que funcionarios de la Andis habrían filtrado información clave —como fechas de compulsas y pagos— e incluso facilitado accesos al sistema a empresas proveedoras, permitiéndoles operar directamente sobre el esquema de contrataciones.

Más de 20 empresarios bajo sospecha

El nuevo impulso de la causa incluye el pedido de indagatoria para más de 20 empresarios vinculados a unas 30 firmas, lo que amplía significativamente el alcance del caso.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el entramado habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el sector privado los principales operadores serían Calvete y Atchabahian.

El dictamen de Picardi pone el foco en el daño generado: los recursos desviados estaban destinados a financiar prestaciones médicas para personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y usuarios del programa federal Incluir Salud.

La fiscalía sostiene que el esquema convirtió a la Andis en una “ventanilla administrada discrecionalmente”, donde se concentraban beneficios en proveedores afines, en detrimento de los principios básicos de transparencia y control del gasto público.

El expediente, que actualmente tramita en el juzgado de Ariel Lijo tras la intervención inicial de Sebastián Casanello, continúa en expansión. La incorporación de nuevos imputados y la profundización de las líneas de investigación anticipan un proceso de largo recorrido, con potencial impacto institucional y político.

El caso Andis no solo pone bajo la lupa un esquema de presunta corrupción de gran escala, sino que vuelve a exponer las debilidades estructurales en los sistemas de contratación pública, especialmente en áreas sensibles como la salud y la asistencia social.

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Adorni bajo la lupa: compró un departamento por USD 230 mil con un crédito del 90% de dos jubiladas

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, formalizada el 18 de ese mes, quedó asentada en la escritura de compraventa y forma parte de un expediente judicial que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que la habían comprado meses antes. Las vendedoras, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo, no solo transfirieron el inmueble sino que además financiaron la mayor parte de la operación: otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor total.

Según el informe registral, cada una aportó el 50% del préstamo y quedó como acreedora en partes iguales. Este esquema permitió completar la adquisición del inmueble con un financiamiento poco habitual en el mercado inmobiliario, donde los créditos privados de este tipo son excepcionales.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir la situación patrimonial, financiera y registral de Adorni y su entorno familiar.

Entre las medidas solicitadas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de detectar activos no declarados o inconsistencias en las declaraciones juradas.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal. Según la presentación, existirían diferencias entre las declaraciones juradas del funcionario, con omisiones de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16 millones y la incorporación de USD 24.500 en efectivo.

Además de la propiedad en Caballito, la Justicia analiza la compra de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Registros internos del barrio privado indican que las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de la cónyuge, lo que podría evidenciar una titularidad o posesión no declarada.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, pero no incluyó propiedades en countries ni nuevas adquisiciones recientes.

El informe de dominio del departamento de Caballito también detalla que la operación fue posible gracias al crédito otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que ahora es analizado por los investigadores para determinar el origen de los fondos y posibles vínculos entre las partes.

En paralelo, trascendieron cuestionamientos sobre el valor declarado del inmueble, que podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona, lo que abre otra línea de análisis dentro de la causa judicial .

La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno. Por el momento, no hay resoluciones judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan esclarecer la consistencia de su patrimonio.

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