ARIEL LIJO

Enriquecimiento ilícito: la Justicia le prohibió a Manuel Adorni que salga de Argentina

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El juez federal Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación que lo tiene como principal imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada este viernes por la noche, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa la causa y espera nuevos informes contables para profundizar la investigación.

La resolución, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, obliga a Adorni a solicitar autorización cada vez que desee viajar al exterior. Además, si obtiene el permiso, deberá informar su regreso al país y acreditar los traslados mediante la presentación de los pasajes utilizados.

La decisión judicial se conoce en medio de versiones sobre una eventual radicación del exfuncionario en Uruguay, posibilidad que habría sido evaluada por el entorno de Adorni debido al hostigamiento que, según trascendió, estaría sufriendo su familia.

El fiscal Pollicita aguarda para la próxima semana un informe elaborado por los peritos contables del Ministerio Público Fiscal sobre la evolución patrimonial y los movimientos financieros del exfuncionario durante los últimos meses de su gestión.

Según trascendió, el análisis incluye la adquisición de inmuebles, la compra de un vehículo, viajes al exterior, consumos con tarjetas de crédito y otras operaciones económicas realizadas mientras Adorni ejercía la Jefatura de Gabinete. Con esa información, la Fiscalía evaluará los próximos pasos del expediente y no se descarta que el exfuncionario sea citado a declaración antes del inicio de la feria judicial del 17 de julio.

Las operaciones bajo la lupa

La investigación se inició luego de que trascendiera la compra, junto a su esposa Bettina Angeletti, de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y de una vivienda en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En su última declaración jurada patrimonial, Adorni también incorporó un departamento en la ciudad de La Plata, que atribuyó a una herencia, bien que no figuraba en presentaciones anteriores.

Uno de los episodios que concentró la atención de la causa está vinculado con las refacciones realizadas en la vivienda del country. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados y entregó su teléfono celular a la Justicia, donde constaban conversaciones mantenidas con el exfuncionario durante la ejecución de la obra. También trascendieron mensajes en los que, según distintas publicaciones periodísticas, Adorni le ofrecía ayuda para que su testimonio no lo comprometiera.

El denominado “Caso Adorni” se extendió durante más de tres meses y se profundizó tras la difusión de una fotografía en la que su esposa integraba la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei en un viaje a Nueva York.

Pese al respaldo político que recibió durante ese período por parte del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete el 27 de junio. Días después también dejó su cargo como director de YPF.

Su reemplazante es Diego Santilli, quien juró esta semana al frente de la Jefatura de Gabinete y asumió además las funciones del Ministerio del Interior tras la reestructuración del gabinete nacional.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para determinar si el incremento patrimonial registrado durante la gestión de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados como funcionario público.

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Nuevos contratos, pagos en efectivo y más dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

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La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario alquiló en el country Indio Cuá. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el testigo aportó nuevos contratos, conversaciones de WhatsApp y detalles de pagos realizados en efectivo y en dólares, que amplían el foco sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.

La Justicia ya había detectado que Adorni había pagado 13.000 dólares por el alquiler de una casa en ese barrio privado mientras remodelaba otra propiedad adquirida en el mismo lugar por 120.000 dólares. Ese contrato abarcó desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 y coincidió con una refacción integral de la vivienda propia, obra que estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y que demandó una inversión estimada en 245.000 dólares entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Ahora, Rodríguez reveló que ese contrato se extendió de manera verbal por tres meses más debido a demoras en la finalización de la obra. Por ese trimestre adicional, Adorni pagó otros 2.400 dólares.

Pero no fue el único alquiler. El testigo también confirmó que ya le había alquilado la misma propiedad anteriormente, en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. En ese caso, Adorni pasó enero y febrero de 2024 en Indio Cuá, ya como vocero presidencial designado, por un monto de 5.600 dólares.

Con ambos contratos y la extensión posterior, el actual jefe de Gabinete y su familia habrían alquilado la vivienda durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, todos abonados en efectivo y en moneda extranjera, según declaró el propietario. A esa cifra se suman las expensas de los dos lotes —el alquilado y el propio— que rondarían los 600.000 pesos mensuales cada uno.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo junto con el fiscal Pollicita, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados. El funcionario mantuvo congelado su salario en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales hasta comienzos de este año, cuando se le duplicó la remuneración.

La Justicia también analiza los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. A pedido de la fiscalía, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal realizará un cruce integral entre ingresos y egresos para detectar eventuales inconsistencias patrimoniales.

Según la reconstrucción del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380.000 dólares solo en el segmento inmobiliario, mientras que las deudas declaradas junto a su esposa superarían los 335.000 dólares, con vencimientos mayoritarios previstos para noviembre de este año.

Hasta el momento, Manuel Adorni no presentó explicaciones formales ante la Justicia. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas, y el propio funcionario adelantó que será entonces cuando brindará el detalle completo de su patrimonio.

El caso se volvió uno de los frentes más sensibles para el oficialismo, no solo por el peso político del vocero presidencial devenido jefe de Gabinete, sino porque la investigación pone bajo observación la coherencia entre los ingresos públicos y un nivel de gastos que, al menos en los papeles judiciales, comienza a mostrar más preguntas que respuestas.

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Cómo quedó la casa del country de Adorni tras las refacciones por USD 245.000

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la difusión de las primeras imágenes de cómo quedó su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, tras una reforma integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

Las fotografías y la documentación incorporadas al expediente judicial muestran una transformación total de la propiedad: desde la estructura principal hasta la galería, la cocina, los pisos, la pileta, la parrilla y el mobiliario exterior. Según consta en la causa, la remodelación comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial.

El contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, detalló bajo juramento los trabajos realizados y los montos involucrados.

En una primera etapa, explicó que el encargo incluyó la remodelación de la entrada y el garage, la demolición de la antigua galería y la construcción de una nueva, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, renovación de puertas, mejoras en la escalera, una nueva parrilla, la modernización completa de la cocina —con nuevas mesadas, isla y desayunador—, además de ajustes de iluminación y otras intervenciones generales.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la intervención en la pileta: fue climatizada, rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se le agregó una cascada lateral cuyo costo fue de 3.500 dólares.

La parrilla también aparece como uno de los ítems destacados de la obra. Según la declaración del contratista, Adorni pagó 13.800 dólares entre materiales y mano de obra, a lo que se sumaron otros 2.000 dólares por un horno instalado en la galería.

A esto se agregaron cinco pedidos de carpintería por montos significativos: 8.000 dólares en diciembre, 6.400 dólares días después, 19.000 dólares en abril, 7.500 dólares en junio y 3.300 dólares en julio.

Tabar también relató que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas “refacciones extra” que se fueron incorporando al presupuesto original. Según su testimonio, el funcionario le delegó la coordinación general de la obra: el contratista pedía presupuestos, los presentaba, recibía el dinero en efectivo y luego realizaba los pagos a proveedores.

El dato más sensible para la causa judicial es la modalidad de pago. Siempre según la declaración testimonial, los desembolsos se realizaron “en negro” y en efectivo: primero 55.000 dólares a fines de 2024 y luego el resto durante 2025 en distintas cuotas de 30.000, 100.000, 30.000 y 50.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 20.929 dólares que luego habría sido cancelado.

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial realizada en la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por otros 335.000 dólares, de los cuales 270.000 deberían cancelarse antes de noviembre de este año.

La investigación del fiscal Pollicita apunta precisamente a determinar si ese nivel de gasto resulta compatible con los ingresos y ahorros declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que en los próximos días presentaría su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, documento clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, las imágenes de la casa terminada y el detalle de los pagos reavivan el debate político sobre el patrimonio de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

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Mala noticia para el Gobierno: la Justicia reactiva la causa ANDIS y vuelve a indagar a Spagnuolo

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El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un expediente que suma un nuevo capítulo y que ya había registrado avances en los últimos meses. La medida alcanza al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, empresarios y supuestos intermediarios.

La decisión se apoya en un nuevo tramo de la investigación impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes detectaron un entramado adicional de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según la acusación, se habrían direccionado contrataciones por más de 75.000 millones de pesos vinculadas a la compra de insumos de alto costo del programa Incluir Salud, a través del sistema PACBI, en beneficio de un grupo reducido de empresas.

De acuerdo con los investigadores, dentro del expediente se incorporaron proveídos y actuaciones internas que darían cuenta de un esquema de simulación de competencia entre oferentes, con adjudicaciones previamente direccionadas. También se analiza la participación de actores externos al organismo que habrían intervenido en la toma de decisiones y en la ejecución de pagos.

Las indagatorias comenzarán a fines de abril y se extenderán durante mayo, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior. Spagnuolo fue convocado nuevamente junto a otros implicados en la causa, en una nómina que incluye funcionarios, empresarios y presuntos intermediarios señalados en el expediente.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando documentación incorporada recientemente, mientras avanzan medidas como la inhibición general de bienes sobre los involucrados. El expediente sigue avanzando mientras las defensas de los imputados ya trabajan en las apelaciones contra los procesamientos dictados en etapas previas.

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Adorni bajo la lupa: la Justicia avanza sobre su patrimonio y levanta el secreto de sumario

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional: el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, en una medida clave para reconstruir la evolución de su patrimonio.

El pedido había sido impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y obras privadas. La causa se centra en presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos económicos detectados.

La decisión judicial habilita el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, cajas de seguridad y cualquier otro instrumento financiero vinculado a la pareja, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. El objetivo es “verificar el origen” de los fondos y reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de los investigados.

Entre los bienes bajo la lupa aparecen dos propiedades: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En el caso del departamento, la investigación apunta a la modalidad de financiamiento de la compra, en la que figuran como prestamistas un grupo de mujeres, algunas de ellas jubiladas. La Justicia busca establecer si estas personas contaban con capacidad económica real para otorgar los préstamos que habrían permitido concretar la operación.

En ese marco, también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres vinculadas a la operatoria: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Dos de ellas, además, participaron directamente en la venta del inmueble.

Obras, contratistas y trazabilidad de pagos

La causa también se extiende a las refacciones realizadas en la propiedad del country Indio Cuá. El fiscal citó a declarar al contratista Matías Tabar, representante de Grupo AA, quien deberá presentar documentación completa sobre la obra: presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y cualquier comunicación mantenida con Adorni o su esposa.

El requerimiento incluye además el detalle de los medios de pago utilizados —cuentas bancarias, billeteras virtuales, cheques u otros instrumentos— así como la identificación del personal que intervino en los trabajos y la trazabilidad de los insumos adquiridos.

En paralelo, la fiscalía solicitó información a la administración del country sobre el pago de la tasa de ingreso -estimada en 5.000 dólares- y las expensas del lote, con el objetivo de reconstruir el flujo financiero asociado al inmueble.

El avance de la investigación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes tensiones políticas y económicas. A pesar del peso institucional del caso, Adorni continúa siendo sostenido como una pieza clave dentro de la estructura oficial.

La causa abre interrogantes sobre los mecanismos de control patrimonial en la función pública y agrega presión sobre un esquema de gestión que ya enfrenta cuestionamientos en distintos frentes.

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