Nuevos contratos, pagos en efectivo y más dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario alquiló en el country Indio Cuá. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el testigo aportó nuevos contratos, conversaciones de WhatsApp y detalles de pagos realizados en efectivo y en dólares, que amplían el foco sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.
La Justicia ya había detectado que Adorni había pagado 13.000 dólares por el alquiler de una casa en ese barrio privado mientras remodelaba otra propiedad adquirida en el mismo lugar por 120.000 dólares. Ese contrato abarcó desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 y coincidió con una refacción integral de la vivienda propia, obra que estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y que demandó una inversión estimada en 245.000 dólares entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Ahora, Rodríguez reveló que ese contrato se extendió de manera verbal por tres meses más debido a demoras en la finalización de la obra. Por ese trimestre adicional, Adorni pagó otros 2.400 dólares.
Pero no fue el único alquiler. El testigo también confirmó que ya le había alquilado la misma propiedad anteriormente, en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. En ese caso, Adorni pasó enero y febrero de 2024 en Indio Cuá, ya como vocero presidencial designado, por un monto de 5.600 dólares.
Con ambos contratos y la extensión posterior, el actual jefe de Gabinete y su familia habrían alquilado la vivienda durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, todos abonados en efectivo y en moneda extranjera, según declaró el propietario. A esa cifra se suman las expensas de los dos lotes —el alquilado y el propio— que rondarían los 600.000 pesos mensuales cada uno.
La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo junto con el fiscal Pollicita, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados. El funcionario mantuvo congelado su salario en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales hasta comienzos de este año, cuando se le duplicó la remuneración.
La Justicia también analiza los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. A pedido de la fiscalía, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal realizará un cruce integral entre ingresos y egresos para detectar eventuales inconsistencias patrimoniales.
Según la reconstrucción del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380.000 dólares solo en el segmento inmobiliario, mientras que las deudas declaradas junto a su esposa superarían los 335.000 dólares, con vencimientos mayoritarios previstos para noviembre de este año.
Hasta el momento, Manuel Adorni no presentó explicaciones formales ante la Justicia. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas, y el propio funcionario adelantó que será entonces cuando brindará el detalle completo de su patrimonio.
El caso se volvió uno de los frentes más sensibles para el oficialismo, no solo por el peso político del vocero presidencial devenido jefe de Gabinete, sino porque la investigación pone bajo observación la coherencia entre los ingresos públicos y un nivel de gastos que, al menos en los papeles judiciales, comienza a mostrar más preguntas que respuestas.
