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Por qué la mayoría de los trabajadores pierden la compensación sin darse cuenta de dónde salió mal

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Un pequeño accidente en el trabajo puede parecer simple desde fuera, pero el proceso que sigue dentro del sistema es mucho más complejo de lo que parece. Se presenta un informe, se completa un formulario y muchos trabajadores asumen que todo avanzará sin problemas desde ese punto. Lo que a menudo no se ve es cómo rápidamente comienzan a aparecer pequeñas brechas entre lo que se espera y lo que realmente se exige. Estas brechas no son evidentes, pero influyen lentamente en el resultado final de una reclamación.
En muchos casos, la compensación por accidente laboral no se niega por la lesión en sí, sino por pequeños pasos que se pasaron por alto al inicio del proceso.

El malentendido común sobre las reclamaciones por lesiones laborales

La mayoría de los trabajadores cree que una vez que se reporta una lesión, el sistema se encargará de todo. Esta idea parece natural porque la lesión ocurre en el trabajo y la responsabilidad parece clara. Sin embargo, reportar la lesión es solo el punto de inicio y no el proceso completo. Una reclamación necesita seguimiento estructurado, registros adecuados y comunicación clara más allá del informe inicial.
Cuando los trabajadores se detienen solo en el reporte, el proceso pierde dirección y se debilita desde el principio. Esta brecha entre reportar y reclamar es donde muchos casos comienzan a alejarse de una compensación adecuada.

Documentación faltante o incompleta después de la lesión

Una de las principales razones por las que las reclamaciones se debilitan es la documentación incompleta. Después de un accidente, los detalles están frescos en el momento, pero no siempre se registran correctamente. Las visitas médicas pueden retrasarse o no vincularse claramente con el incidente laboral. Las descripciones del accidente pueden quedarse solo en palabras sin confirmación escrita. Incluso detalles pequeños como la hora, el lugar o las condiciones del momento suelen olvidarse o no registrarse.

Los testimonios de testigos también se pierden con frecuencia. Cuando estas pequeñas piezas no se recogen a tiempo, la reclamación luego parece incompleta. Los sistemas de seguros o revisión dependen en gran medida de los registros, y sin ellos, la situación se vuelve más difícil de demostrar, incluso si la lesión es real.

Retrasos que debilitan silenciosamente toda la reclamación

El tiempo juega un papel silencioso pero poderoso en cualquier caso de lesión. Cuando la atención médica se retrasa, la gravedad de la lesión puede ponerse en duda. Una brecha entre el incidente y el tratamiento puede generar desconfianza, incluso cuando la lesión es real y relacionada con el trabajo. Lo mismo ocurre con los retrasos en el reporte, donde incluso una pequeña demora puede cambiar la interpretación del caso.

Estos retrasos no siempre parecen importantes en el momento, pero reducen lentamente la fuerza de la reclamación. Lo que comienza como un pequeño aplazamiento a menudo se convierte en una razón clave para una compensación reducida o negada.

Presión laboral y barreras emocionales

Después de una lesión, el entorno laboral puede influir en las decisiones. Algunos trabajadores sienten una presión no expresada para continuar trabajando o evitar formalizar demasiado la situación. También existe el miedo a ser vistos como problemáticos o a afectar la estabilidad laboral futura.

En estas situaciones, los trabajadores pueden aceptar regresar al trabajo antes de tiempo o evitar avanzar correctamente con la reclamación. Estas decisiones suelen tomarse bajo presión y no con planificación, pero afectan directamente cómo se procesa el caso más adelante. Cuando se omiten pasos clave por influencia del entorno laboral, el proceso de compensación queda incompleto sin que nadie lo note en el momento.

Procedimientos de seguros y reclamaciones confusos

Los sistemas de seguros y reclamaciones no siempre son fáciles de entender. Formularios, plazos y documentos de respaldo suelen requerirse en un orden específico. Un pequeño error en cualquiera de estos pasos puede retrasar o debilitar la reclamación. Muchos trabajadores asumen que una vez informado el empleador, el resto se gestionará correctamente, pero no siempre es así.

Faltar a un plazo o enviar información incompleta puede generar largos retrasos. En algunos casos, la reclamación incluso puede ser reducida o rechazada. La confusión generalmente no proviene de negligencia, sino de falta de claridad sobre el proceso.

Cómo los pequeños errores se convierten en pérdida de la reclamación

La mayoría de los fallos en las reclamaciones no ocurren por un solo error importante. Surgen de pequeñas brechas que se acumulan con el tiempo. Un documento faltante, un retraso o una comunicación poco clara debilitan lentamente el caso. Cuando la reclamación se revisa, estos problemas se combinan y crean una base débil.
La compensación por accidente laboral depende de la consistencia en todo el proceso. Cuando esa consistencia falta, incluso una reclamación válida puede perder fuerza e impacto.

  • No se mantuvieron registros adecuados.
  • Retraso en el reporte o tratamiento.
  • Comunicación incompleta con aseguradoras.
  • Falta de seguimiento después del informe inicial.

Pensamiento final

La mayoría de los trabajadores no pierden la compensación porque su lesión no sea válida, sino porque el proceso a su alrededor pierde estructura lentamente. Pequeños retrasos, falta de evidencia, registros y pasos poco claros se acumulan en silencio hasta que la decisión final no refleja la realidad de la situación. Un enfoque cuidadoso desde el principio marca la diferencia entre una reclamación débil y una bien respaldada.

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Hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Milei

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En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

A nivel nacional, las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 9.893.914 en diciembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025. Es una caída de 327.341 trabajadores, equivalente a una baja del 3,3%. En el mismo período, los empleadores con personal declarado en unidades productivas descendieron de 512.898 a 490.419, lo que implica 22.479 CUITs menos (-4,4%).

Si se amplía la mirada al total del sistema —incluyendo casas particulares— la tendencia es similar. El total de personas trabajadoras cubiertas bajó de 10.521.550 a 10.169.441. También disminuyó el total de empleadores con trabajadores declarados: de 1.036.590 a 992.229.

Sin embargo, en paralelo se observa un crecimiento del total de CUITs afiliados al sistema de riesgos del trabajo, que pasó de 1.706.819 a 1.771.735. Es decir, el padrón general de empleadores con contrato vigente crece, pero el segmento que efectivamente declara personal se reduce. El dato sugiere un sistema más amplio en cantidad de inscriptos, pero con menor volumen de empleo cubierto.

En el segmento de casas particulares también se registra contracción. Las personas trabajadoras afiliadas bajaron de 627.636 a 602.868, mientras que los empleadores aportantes se redujeron de 426.371 a 405.781.

En términos salariales, la masa salarial nominal exhibe un fuerte incremento, pasando de $4,98 billones en diciembre de 2023 a $16,17 billones en noviembre de 2025 para unidades productivas. No obstante, se trata de valores corrientes atravesados por el proceso inflacionario, por lo que no permiten inferir evolución real sin un análisis deflactado.

Misiones: ajuste más intenso que el promedio nacional

En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

En cuanto a participación relativa, Misiones mantiene una incidencia cercana al 1,4% del total nacional de empleo cubierto, pero pierde peso en masa salarial: su participación baja del 1,1% al 1,0% del total país. En valores nominales, la masa salarial provincial sube de $53.297 millones a $162.112 millones, aunque ese aumento responde al contexto inflacionario general.

Un dato adicional surge del análisis de las cuotas pactadas del sistema de riesgos del trabajo: la relación entre cuota y masa salarial en Misiones se ubica en torno al 3,72%, por encima del promedio nacional cercano al 2,93%, lo que implica una mayor carga relativa sobre la nómina provincial.

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Suba de las ART y “costos ocultos”, el combo que preocupa al sector empresario y frena la generación de empleo

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Empresarios alertan por el aumento del costo laboral y advierten un freno a la generación de empleo formal.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su preocupación por el incremento sostenido del costo laboral en Argentina, impulsado por la suba de las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los denominados “costos ocultos” de las paritarias.
El sector advierte que esta combinación de factores está afectando la competitividad y limitando la creación de empleo formal, en un contexto donde la informalidad laboral supera el 43% de la fuerza de trabajo.

La eliminación de topes a las ART encareció el costo empresario

La preocupación del sector empresario se intensificó tras la Resolución Nº 18/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que eliminó los pisos y techos que regulaban las tarifas de las ART, calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales.
La medida, vigente desde enero, derivó en aumentos directos en las primas que deben pagar las empresas, generando un impacto inmediato sobre el costo laboral total.

Desde CADAM señalaron que esta decisión se suma a una serie de cargas y contribuciones que afectan la estructura de costos y reducen los márgenes de rentabilidad, particularmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio y la distribución.

En paralelo, un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) —dependiente del IIEP (UBA-CONICET)— reveló que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, equivalente a cuatro de cada diez trabajadores.
El estudio también subraya que más del 65% de los jóvenes se desempeñan en la informalidad, reflejando el impacto de los altos costos y la rigidez normativa sobre la empleabilidad.

Los “costos ocultos” de las paritarias: aportes y contribuciones que persisten

A la suba de las ART se agregan los llamados “costos ocultos” de las paritarias, que trascienden los incrementos salariales y comprenden una red de aportes obligatorios, contribuciones solidarias y seguros complementarios que los empleadores deben afrontar.
Entre los casos más relevantes en el convenio de Comercio, que agrupa a 1,2 millones de trabajadores, CADAM destacó tres ítems que presionan las estructuras de costos:

  1. Contribución Solidaria por COVID-19 (OSECAC): implementada en 2021 durante la pandemia, continúa vigente y se cobra por cada empleado, incluso si no está afiliado a esa obra social.
  2. Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): exige un aporte equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se destina a un fondo que recauda más de $30.000 millones anuales, según declaraciones judiciales de la institución.
  3. Seguro complementario de retiro La Estrella: implica una contribución del 1,6% del salario, sin posibilidad de elección de otro sistema. El 50% se acredita a cuentas individuales, mientras que el otro 50% se dirige al fondo solidario de retiro. Para acceder al beneficio, el trabajador debe haber aportado al menos 20 años.

“Muchos trabajadores nunca llegan a percibir el beneficio porque cambian de actividad, y quienes solicitan el rescate sólo reciben el 50% de lo depositado”, advirtieron desde el sector.
Además, el ajuste del capital invertido por La Estrella generó controversias por su dependencia de los rendimientos financieros de la aseguradora.

Impacto sobre la competitividad y el empleo formal

CADAM subrayó que estas erogaciones adicionales —junto con las cargas sociales y tributarias— elevan significativamente el costo laboral argentino, reducen la capacidad de inversión de las pymes y desalientan la creación de empleo formal.

“El sector privado es el motor del crecimiento, pero con este nivel de presión es muy difícil sostener nuevas incorporaciones”, expresaron empresarios nucleados en la cámara.

La preocupación empresarial se alinea con los diagnósticos de los institutos de investigación laboral, que advierten que la estructura de costos y la superposición de cargas fomentan la informalidad y restringen la competitividad, en especial entre las pequeñas y medianas empresas.

La expectativa del sector está puesta en que el gobierno nacional revise el esquema de contribuciones obligatorias y restablezca mecanismos de control sobre las ART, para equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad económica de las empresas.

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Seguridad laboral: autorizan a Experta ART a usar notificaciones digitales con validación biométrica y blockchain

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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) oficializó la validación de la plataforma de notificaciones electrónicas presentada por Experta ART, que permitirá a trabajadores y empleadores acceder a comunicaciones formales mediante canales digitales, con estándares de seguridad basados en blockchain y encriptación avanzada. La medida, plasmada en la Disposición Conjunta 1/2025, marca un hito en la modernización del sistema y en la reducción de los tiempos y costos administrativos.

La iniciativa se enmarca en la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que otorga a la SRT la potestad de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Desde la Resolución SRT N° 82/20, el organismo viene impulsando la digitalización de las notificaciones en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y en las interacciones entre ART, empleadores y trabajadores, priorizando celeridad, economía y eficacia en los trámites.

Experta ART había presentado en 2021 una primera propuesta tecnológica, pero su implementación fue postergada. Recién en abril de 2025 la compañía informó que estaba en condiciones de poner en marcha una nueva plataforma ajustada a los estándares exigidos por la normativa. Tras un proceso de revisión técnica y de control prestacional, la SRT confirmó que la solución cumple con los requisitos de seguridad, integridad de datos e identificación de usuarios, exigidos por la Resolución 82/20.

Blockchain, biometría y encriptación

El anexo técnico (DI-2025-92952723-APN-GT#SRT) detalla las condiciones de la plataforma aprobada:

  • Voluntariedad: la adhesión es opcional para los trabajadores, quienes pueden darse de baja en cualquier momento.
  • Validación de identidad: combina verificación de DNI, captura biométrica (foto y video) y reconocimiento facial con prueba de vida.
  • Certeza de recepción: utiliza la Blockchain Federal Argentina para registrar emisión, recepción y lectura de notificaciones, garantizando inalterabilidad de los datos.
  • Seguridad e infraestructura:
    • Hosting en AWS o Google Cloud Platform.
    • Cifrado AES-256 en reposo y TLS en tránsito.
    • Segmentación “Zero Trust” y backups diarios replicados durante al menos 10 años.
  • Plan de contingencia: si un usuario no completa el alta digital, la notificación se envía por carta documento en soporte papel.

Con estas características, la SRT destacó que la plataforma reúne “niveles de seguridad adecuados a la finalidad perseguida y acordes a las exigencias establecidas en el art. 10 de la Resolución SRT 82/20”.

El proceso fue analizado por la Gerencia Técnica y la Gerencia de Control Prestacional de la SRT, que emitieron dictámenes técnicos favorables. Además, la Gerencia de Asuntos Legales intervino para validar la conformidad regulatoria.

Los gerentes firmantes de la disposición, Iván Luis Lorenzo y Leandro Manuel Punte, subrayaron que la aprobación se limita al marco normativo vigente y que la SRT se reserva la facultad de auditar el funcionamiento de la plataforma en el futuro, pudiendo requerir modificaciones.

La medida tiene efectos directos en la eficiencia del sistema de riesgos del trabajo:

  • Para los trabajadores, facilita el acceso rápido y seguro a comunicaciones clave sobre reclamos, prestaciones médicas o dictámenes de comisiones médicas.
  • Para las ART, reduce costos operativos asociados a envíos postales y tiempos de gestión.
  • Para el sistema judicial y administrativo, fortalece la trazabilidad de las notificaciones, disminuyendo riesgos de nulidad o controversias por falta de comunicación fehaciente.

El uso de blockchain y validaciones biométricas coloca a la SRT en línea con estándares internacionales en materia de gobierno digital y ciberseguridad, consolidando una tendencia hacia la despapelización y la eficiencia administrativa en organismos públicos y privados.

Si bien la plataforma de Experta ART es la primera en recibir aprobación formal bajo esta modalidad, se espera que otras aseguradoras sigan el mismo camino, impulsando un efecto multiplicador en la digitalización del sistema de riesgos del trabajo.

La SRT anticipó que continuará con auditorías periódicas y exigirá que cualquier cambio en la infraestructura tecnológica sea previamente comunicado y validado. La adopción de estos mecanismos podría, en el mediano plazo, convertirse en un estándar obligatorio en el sector.

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Las ART alertaron por el riesgo de quiebra del sistema

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Mara Bettiol, titular de la UART, denunció que el descontrol pericial en las provincias genera fuertes distorsiones y agrava la presión financiera sobre un sistema que, según indicó, ya enfrenta niveles alarmantes de juicios

Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) habló en Infobae TV y advirtió que el sistema argentino de riesgos del trabajo enfrenta una situación crítica por la elevada litigiosidad judicial. La directiva explicó que si bien la cobertura y la siniestralidad son comparables con la de países como España o Chile, la cantidad de demandas supera en hasta veinte veces la de esas naciones.

La representante del sector empresarial sostuvo que el sistema funciona correctamente en los aspectos clave como la prevención, la atención médica y la compensación por accidentes laborales. Sin embargo, denunció que el problema radica en una “litigiosidad artificial”, completamente desconectada de las variables del mercado de trabajo y de los estándares internacionales.

“El sistema responde, los derechos están resguardados. Pero lo que falla es el funcionamiento judicial, que no aplica lo que está previsto en la ley”, afirmó. Según Bettiol, muchas provincias no cumplieron con la conformación de cuerpos médicos forenses judiciales, lo que permite que los peritos designados sin control ni concursos actúen con total discrecionalidad.

“La ley es clara: los peritos deben ser seleccionados por concurso, remunerados por trabajo realizado y no por el porcentaje de incapacidad que estimen. Además, tienen que usar los baremos y el listado de enfermedades para objetivar el daño”, detalló. En cambio, explicó que en muchas jurisdicciones se paga en función del porcentaje peritado, lo que genera un incentivo económico perverso.

Bettiol explicó que esta falta de control fomenta una industria del juicio en la que incluso personas que recibieron el alta médica sin secuelas terminan iniciando demandas judiciales. “¿Por qué la justicia abre una vía paralela cuando la persona ya fue tratada y no tiene secuelas? Eso genera una distorsión enorme”, cuestionó.

Cuando se le preguntó si el aumento de los juicios está vinculado con un incremento en los accidentes, Bettiol fue enfática: “No, para nada”. Indicó que los fallecimientos bajaron un 81% y los accidentes laborales un 55% desde el inicio del sistema. A pesar de esa mejora, el volumen de demandas creció de forma exponencial.

“El país tiene por primera vez indicadores de siniestralidad comparables con los del mundo desarrollado, pero con una litigiosidad 15 o 20 veces superior. No hay ningún elemento del sistema que lo justifique”, aseguró.

Juicios esperados para el 2025

En 2025, según las proyecciones de la UART, se esperan 132.000 juicios contra las ART. Si Argentina tuviera la tasa de litigiosidad de España, esa cifra se reduciría a 8.000. “Esas son las proporciones con las que estamos lidiando”, enfatizó.

Bettiol también criticó que este exceso de juicios genera un sobrecosto que recae sobre el conjunto de la economía. “Los precios, los costos, finalmente los pagamos todos en el supermercado”, dijo. Añadió que si se intentara financiar esta situación con un ajuste de alícuotas, habría que duplicarlas, algo que consideró inviable.

Algunas provincias presentan indicadores especialmente preocupantes. Bettiol mencionó el caso de Entre Ríos, donde las tasas de interés judiciales carecen de correlato con las variables económicas. También señaló que en la provincia de Buenos Aires se observan distorsiones similares. “Los gobernadores están preocupados por la competitividad laboral de sus provincias, que se ve afectada por las decisiones de sus poderes judiciales”, explicó.

La titular de la UART subrayó que el sistema administrativo responde con celeridad ante los accidentes reales. “Cuando hay una incapacidad o un fallecimiento, el sistema paga en 15 días. No hay problemas con eso”, aclaró. En cambio, advirtió sobre los casos en los que la persona se recupera completamente, no presenta secuelas, y sin embargo presenta una demanda.

Según Bettiol, muchas veces estas personas son mal asesoradas. “Les dicen que no es contra su empleador, que es contra la ART. Pero la verdad es que eso también afecta al empleador porque le impacta en la alícuota”, remarcó. Añadió que si esta situación se sigue expandiendo, se pone en peligro la sostenibilidad del sistema.

Consultada respecto de la existencia de una “cultura del juicio” en la sociedad argentina, Bettiol coincidió: “Sí, lo cierto es que los juicios deberían ser la excepción, como en otros países. Pero acá están naturalizados”.

Reiteró que no hace falta nueva legislación para resolver el problema. “Las reglas están, las normas están. No hace falta más burocracia. Simplemente hay que cumplir con lo que ya se aprobó”, insistió.

Los cuerpos médicos forenses previstos por la ley de 2017 todavía no funcionan en muchas provincias que adhirieron a esa normativa. Esto deja la pericia judicial sin controles efectivos, sin peritos de parte y sin regulación de honorarios.

Bettiol advirtió que esa falla del sistema judicial introduce una presión insostenible sobre el sistema de ART. Y agregó que los incentivos actuales llevan a los peritos a sobreestimar el daño, ya que eso incrementa sus honorarios. “Todos los estímulos están dados para que la pericia sea mayor. Es una lógica contraria al funcionamiento adecuado del sistema”, afirmó.

Fuente Infobae

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