ASISTENCIA SOCIAL

Gabinete itinerante en Misiones: la Provincia profundiza la gestión territorial para sostener obras, servicios y asistencia en el interior

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El Gobierno de Misiones llevó adelante este miércoles una nueva jornada de trabajo territorial junto a intendentes de la zona Centro y Alto Uruguay, en el marco de una estrategia de gestión impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua para fortalecer el vínculo con los municipios, avanzar en proyectos específicos y canalizar demandas de cada comunidad.

La actividad se desarrolló desde las 9.30 hs en el salón de eventos de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) y constituyó la segunda experiencia de este tipo en la provincia, luego del encuentro realizado a comienzos de junio en Montecarlo. Organizada por el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, la propuesta reunió a representantes de distintas áreas del Ejecutivo provincial y a jefes comunales de la región con el objetivo de consolidar una agenda común de trabajo, realizar el seguimiento de iniciativas en marcha y agilizar respuestas en temas vinculados a infraestructura, producción, servicios, salud, educación y turismo.

La dinámica del encuentro se desarrolló mediante mesas rotativas, una modalidad que permitió a los intendentes dialogar de manera directa con funcionarios de distintas áreas para plantear necesidades puntuales y avanzar en trámites específicos. Participaron ministros y representantes de organismos y áreas estratégicas del Estado provincial, entre ellas los ministerios de Ecología, del Agro y la Producción, de Gobierno, de Industria, de Cultura, de Deportes y de Turismo, además de la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), el Consejo General de Educación, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), el Ministerio de Salud Pública, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones.

Los municipios convocados fueron El Soberbio, Alba Posse, Campo Ramón, Campo Viera, Campo Grande, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, San Vicente, Panambí, 25 de Mayo, Alberdi, Alvear, Aurora, Los Helechos y Florentino Ameghino, cuyos representantes expusieron prioridades locales y abordaron de manera directa distintas problemáticas de sus comunidades.

Gestión cercana y respuestas articuladas

El ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori, destacó que la iniciativa busca acercar la gestión provincial al territorio y facilitar soluciones concretas para los municipios.

“La importancia es poder estar cerca y activar distintas gestiones de los intendentes para brindar respuestas de forma articulada y creativa”, señaló.

“En algunos casos hay temas de varios años que pueden resolverse cuando en una misma reunión están presentes dos o tres funcionarios que deben intervenir. Es una forma más amigable de acercar el Estado a quienes tienen contacto permanente con los vecinos”, afirmó.

Asimismo, Sartori adelantó que la experiencia tendrá continuidad en otros puntos de la provincia.

“Ya estamos trabajando en un tercer encuentro que se realizará en Puerto Iguazú junto a los municipios de la zona Norte. La idea es seguir llevando el gabinete al territorio y fortalecer este trabajo integrado entre el Gobierno provincial y los municipios”, sostuvo.

Los municipios destacaron la posibilidad de agilizar gestiones

Los intendentes que participaron del encuentro coincidieron en valorar la posibilidad de mantener un intercambio directo con funcionarios provinciales, especialmente por la oportunidad de canalizar trámites sin necesidad de trasladarse a la capital provincial y abordar simultáneamente distintas demandas locales.

El anfitrión de la jornada, el intendente de 25 de Mayo, Omar Wdowin, consideró que la propuesta constituye una herramienta concreta para agilizar gestiones y avanzar en soluciones para las comunidades.

“Si tengo que ir a Posadas quizás pueda reunirme con dos o tres ministros, pero hoy tenemos acá a más de una decena de funcionarios y eso nos permite plantear directamente las necesidades de nuestra comunidad”, señaló.

Entre los temas planteados mencionó cuestiones vinculadas a infraestructura vial, energía eléctrica y programas de asistencia social.

Por su parte, el intendente de Panambí, Rosendo Fuchs, destacó que la metodología impulsada por el Gobierno provincial permite optimizar el vínculo entre municipios y organismos del Estado. “Antes teníamos que recorrer distintas oficinas para hacer gestiones. Hoy podemos reunirnos con todas las áreas en un mismo lugar y avanzar sobre temas prioritarios para nuestros vecinos”, afirmó, y sostuvo que en el actual contexto económico resulta fundamental sostener estos espacios para atender demandas vinculadas a infraestructura, servicios y seguridad.

En la misma línea, el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, consideró que la propuesta refleja una mirada federal de la gestión pública. “Nos permite tener contacto simultáneo con gran parte del gabinete provincial y avanzar sobre una agenda amplia que incluye obras, cultura, deporte y desarrollo local”, expresó.

También destacó el acompañamiento de la Provincia en distintos proyectos que el municipio viene ejecutando junto a organismos provinciales.

A su turno, el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt, remarcó que estos encuentros fortalecen la tarea de los municipios al permitir que los funcionarios conozcan de primera mano las necesidades de cada localidad. “Hoy gran parte de nuestros recursos están destinados a la asistencia social y a sostener servicios esenciales, por eso es importante trabajar coordinadamente con la Provincia para seguir dando respuestas a los vecinos”, manifestó.

Asimismo, valoró el acompañamiento provincial en materia de obras y programas destinados al desarrollo de la comunidad.

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La UCA advierte que más del 50% de los niños es pobre

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Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina volvió a poner en tensión el frente social del Gobierno: en 2025, el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza y el 10,7% en indigencia, mientras que el 28,8% enfrenta inseguridad alimentaria. El dato, difundido a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), introduce una advertencia política de fondo: la mejora registrada en los últimos dos años no alcanza para revertir un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de una década.

El punto crítico no es solo el nivel de pobreza, sino su persistencia. La pregunta que se abre es si el actual esquema económico puede sostener la reducción reciente o si se trata de un alivio transitorio en un escenario aún frágil.

Un problema estructural que resiste a los ciclos económicos

El estudio muestra que la pobreza infantil mantiene una tendencia ascendente en el largo plazo, con picos en momentos de crisis y descensos en períodos de recuperación. En 2010 afectaba al 45,2% de los menores; tras una breve mejora en 2011-2012, inició un deterioro casi continuo que alcanzó su máximo en 2023 con 62,9%.

La baja observada en 2024 y 2025 representa un alivio relativo, pero no modifica la estructura del problema. La indigencia siguió una trayectoria similar: tras escalar hasta 17,7% en 2024, descendió a 10,7% en 2025, acercándose a niveles de años previos, aunque sin consolidar una tendencia estable.

En términos institucionales, el informe remarca que las políticas de transferencia de ingresos —como la asistencia alimentaria o asignaciones— cumplen un rol de contención, pero no logran cubrir la totalidad de los hogares en situación de vulnerabilidad.

Alimentación, salud y hábitat: las capas del deterioro

El dato más sensible aparece en la alimentación. Casi tres de cada diez niños no acceden de manera regular a alimentos, y un 13,2% sufre inseguridad alimentaria severa. En paralelo, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de la población infantil, el nivel más alto registrado.

La cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó al 42,5%, con una caída de 3,3 puntos porcentuales respecto de 2024. Según el informe, estos programas llegan mayoritariamente a los sectores más necesitados, pero dejan fuera a parte de la población pobre.

El deterioro también se extiende a otros indicadores. El 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos o odontológicos por motivos económicos. En vivienda, el 18,1% reside en condiciones precarias y el 20,9% en hacinamiento, mientras que el 42% no tiene acceso adecuado a servicios de saneamiento.

Presión sobre la agenda social y económica

El informe introduce presión sobre la política social del Gobierno en un contexto donde el eje está puesto en el orden fiscal y la estabilización macroeconómica. La persistencia de estos indicadores obliga a equilibrar el ajuste con mecanismos de contención social.

Al mismo tiempo, el dato de pobreza infantil tiene impacto directo en la agenda legislativa y en el debate público. Expone límites en la efectividad de las transferencias actuales y reabre la discusión sobre empleo, ingresos y cobertura del sistema.

En términos de correlación de fuerzas, los sectores vinculados a políticas sociales y asistencia ganan centralidad en el debate, mientras que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su programa económico sin agravar indicadores sensibles.

Entre la estabilización y la deuda social

El informe de la UCA no cierra el diagnóstico, lo tensiona. La mejora reciente convive con niveles de pobreza superiores a los de hace más de una década, lo que sugiere un problema estructural aún no resuelto.

Hacia adelante, la evolución dependerá de variables clave: el mercado laboral, la capacidad de recuperación del ingreso y la cobertura de políticas sociales. También será relevante observar si la reducción de la pobreza logra consolidarse o si vuelve a fluctuar con el ciclo económico.

En ese equilibrio, la infancia aparece como el indicador más sensible de la consistencia —o los límites— del modelo económico en curso.

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Capital Humano relevó 9.421 personas en situación de calle y busca ordenar la política social a nivel federal

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El Ministerio de Capital Humano informó que un total de 9.421 personas se encuentran en situación de calle en 19 provincias del país, según el primer relevamiento nacional realizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El estudio, basado en 7.894 entrevistas, marca un punto de inflexión en la construcción de datos oficiales sobre una problemática históricamente fragmentada.

El operativo incluyó registros en espacios públicos —calles, plazas y zonas urbanas— y en dispositivos de alojamiento como refugios o paradores. El dato central no solo cuantifica la población afectada, sino que instala una base de diagnóstico para el rediseño de políticas sociales en un esquema donde la Nación ya no ejecuta directamente la asistencia.

Un cambio de enfoque en la política social

El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de contar con información federal sobre personas en situación de calle y en riesgo. Según lo informado, el objetivo es pasar de intervenciones reactivas a una planificación estructurada basada en evidencia.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el proceso implicó coordinación con provincias y municipios, con criterios metodológicos unificados pero adaptados a cada territorio. La lectura oficial apunta a un “cambio de paradigma”: de la asistencia dispersa hacia una estrategia integral con base estadística.

En términos concretos, esto supone que el Estado nacional busca consolidar su rol como coordinador y generador de lineamientos, mientras que la implementación queda en manos de las jurisdicciones locales.

Qué muestran los datos

El informe revela una composición mayoritariamente masculina (83%), con un 17% de mujeres. El 92% de las personas relevadas son mayores de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

Uno de los datos más relevantes es la persistencia del fenómeno: el 32% lleva más de dos años en situación de calle. A su vez, el 90% cuenta con DNI, lo que indica que no se trata de una población fuera del sistema formal de identidad.

En el plano socioeconómico, el 53% realiza alguna actividad laboral y el 56% percibe transferencias sociales. Además, el 30% cuenta con ingresos previsionales. Estos indicadores reflejan una realidad más compleja que la exclusión absoluta: hay inserción parcial, pero insuficiente para sostener condiciones habitacionales.

La tensión de la descentralización

El relevamiento se da en un contexto donde el Gobierno nacional transfirió a las provincias la responsabilidad directa sobre la atención de personas en situación de calle, reservándose la definición de políticas generales.

Esta decisión redefine el equilibrio de poder en la política social: las provincias ganan protagonismo en la ejecución, pero dependen de lineamientos y eventualmente recursos que fija la Nación. La construcción de datos federales aparece, en ese marco, como una herramienta para ordenar esa relación.

Impacto económico y social

Aunque el informe no desarrolla variables macroeconómicas, los datos permiten inferir una relación directa con el mercado laboral y los ingresos. La presencia de empleo informal y transferencias sociales sugiere que la problemática no se explica únicamente por la falta de trabajo, sino por la insuficiencia de ingresos frente al costo de vida.

La prolongación de las trayectorias en situación de calle también implica mayores costos para el sistema público, tanto en salud como en asistencia social, lo que refuerza la necesidad de políticas preventivas.

Implicancias para Misiones y el NEA

Si bien el informe no desagrega datos por provincia, el hecho de que 19 jurisdicciones hayan participado abre la puerta a diagnósticos más precisos a nivel regional. Para provincias del NEA como Misiones, donde las políticas sociales tienen fuerte articulación local, contar con información sistematizada podría influir en la asignación de recursos y en la planificación territorial.

En ausencia de datos específicos, el impacto potencial radica en la posibilidad de integrar estas métricas en programas provinciales y municipales, especialmente en contextos urbanos donde la problemática tiende a concentrarse.

Un escenario abierto

El relevamiento establece una base inédita, pero deja abiertas variables clave: la evolución de la situación en el corto plazo, la capacidad de las provincias para responder a la demanda y el rol financiero que asumirá la Nación.

También queda por observar si esta nueva arquitectura —datos centralizados y ejecución descentralizada— logra traducirse en políticas efectivas o si profundiza las asimetrías territoriales.

Por ahora, el dato es contundente: más de 9.400 personas en situación de calle en el país. La respuesta, en adelante, dependerá de cómo se articule el poder político entre Nación y provincias.

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Puerto Esperanza endurece el control del gasto: prohíben al Concejo otorgar ayudar y subsidios

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El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza firmó el Decreto N° 06, una norma que redefine los límites en el manejo de fondos públicos dentro del municipio y apunta directamente a frenar prácticas irregulares detectadas en el Concejo Deliberante. La medida establece una prohibición expresa para que el cuerpo legislativo disponga o ejecute gastos de carácter social, como entrega de subsidios, mercaderías o asistencia directa a vecinos e instituciones.

El decreto se sustenta en la Carta Orgánica Municipal, la Ley VII N° 11 de Contabilidad y resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, y refuerza la división de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según el texto, el Departamento Ejecutivo es el único órgano con facultades para ejecutar el gasto público, mientras que el Concejo Deliberante debe limitarse a tareas legislativas y de control.

La decisión se produce tras la detección de una “reiteración sistemática de prácticas administrativas irregulares”, entre ellas la entrega de vales de combustible, subsidios en dinero y mercadería sin cumplir los procedimientos legales ni contar con la intervención de los órganos de control. Estas acciones, advierte el decreto, configuraban un esquema de funcionamiento “asimilable a una municipalidad paralela”.

Bloqueo del gasto y advertencia a funcionarios

Uno de los puntos centrales de la norma es el bloqueo operativo de cualquier gasto originado en el Concejo que exceda sus competencias. La Secretaría de Hacienda y la Contaduría Municipal deberán rechazar, no registrar ni pagar erogaciones que no se ajusten al marco legal vigente.

Además, el decreto establece responsabilidad personal para los funcionarios que autoricen o intervengan en gastos irregulares. Las sanciones pueden incluir la obligación de reintegrar fondos, denuncias ante el Tribunal de Cuentas e incluso acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

En paralelo, se fija un régimen estricto para la asistencia social: cualquier ayuda económica o entrega de bienes deberá tramitarse exclusivamente a través del Ejecutivo, con informe socioambiental, verificación de vulnerabilidad, control sanitario en casos médicos y cumplimiento de los procedimientos administrativos y de rendición.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca “restablecer la legalidad, proteger el erario público y garantizar la transparencia en el uso de los recursos”. En ese marco, se instruyó a las áreas administrativas a informar cualquier irregularidad al Tribunal de Cuentas y elevar reportes periódicos al intendente.

El decreto entra en vigencia inmediata y marca un punto de inflexión en la dinámica institucional del municipio, al cerrar la puerta a prácticas discrecionales y reforzar el control sobre el gasto público en un contexto de creciente presión sobre las finanzas locales.

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Misiones acreditó el Programa Intercosecha para 6.400 tareferos

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El Gobernador Hugo Passalacqua anunció el pago del Programa Intercosecha para más de 6.400 trabajadores yerbateros de Misiones

Passalacqua confirmó que desde el 1 de diciembre están depositados en el Banco Nación los fondos destinados al Primer Pago del Programa Intercosecha. El beneficio alcanza a más de 6.400 tareferos de la yerba mate y constituye un refuerzo clave para las familias durante el período de receso laboral.

Una asistencia clave para el sector yerbatero en plena temporada baja

El Gobierno de Misiones informó que el lunes 1 de diciembre quedaron acreditados los fondos del Primer Pago del Programa Intercosecha, una herramienta que asiste a los trabajadores de la cosecha de yerba mate durante los meses en los que la actividad se detiene.

Este beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha de la yerba mate en los meses de receso de la actividad”, explicó el mandatario provincial Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, destacando la importancia del programa en un sector caracterizado por la estacionalidad y los ingresos variables.

El Intercosecha se consolidó en los últimos años como un sostén económico temporal para las familias tareferas, cuyo trabajo depende de ciclos biológicos y productivos que no garantizan continuidad laboral durante todo el año.

Gestiones provinciales y acompañamiento a las familias tareferas

El pago fue posible tras las gestiones realizadas por el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Trabajo, que intervino tanto en el vínculo institucional con los organismos nacionales como en la asistencia técnica a los beneficiarios.

Según detalló la administración provincial, el Ministerio se encargó de: realizar el proceso de verificación y carga de datos, acompañar a los trabajadores en la actualización de documentación, y administrar el registro a través del Sistema de Tareferos Misioneros (SITAMI).

El SITAMI funciona como una base de datos unificada que permite ordenar la información del sector y garantizar que los pagos lleguen a quienes cumplen los requisitos del programa.

Las consultas sobre el Programa Intercosecha pueden realizarse sitami.com.ar

Impacto económico y social en el corredor yerbatero

El desembolso representa un alivio directo para más de 6.400 trabajadores, en un contexto en el que los tareferos enfrentan dificultades estructurales asociadas al trabajo rural estacional. El Programa Intercosecha, además de brindar una asistencia económica, contribuye a sostener el consumo local en municipios cuya economía depende fuertemente del circuito yerbatero.

Para los productores y cooperativas del sector, el anuncio también aporta previsibilidad institucional, ya que confirma la continuidad del esquema de apoyo estatal durante los meses sin cosecha. Al mismo tiempo, consolida una estrategia provincial centrada en fortalecer el registro laboral y reducir los niveles de informalidad.

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