El Ministerio de Capital Humano informó que un total de 9.421 personas se encuentran en situación de calle en 19 provincias del país, según el primer relevamiento nacional realizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El estudio, basado en 7.894 entrevistas, marca un punto de inflexión en la construcción de datos oficiales sobre una problemática históricamente fragmentada.

El operativo incluyó registros en espacios públicos —calles, plazas y zonas urbanas— y en dispositivos de alojamiento como refugios o paradores. El dato central no solo cuantifica la población afectada, sino que instala una base de diagnóstico para el rediseño de políticas sociales en un esquema donde la Nación ya no ejecuta directamente la asistencia.

Un cambio de enfoque en la política social

El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de contar con información federal sobre personas en situación de calle y en riesgo. Según lo informado, el objetivo es pasar de intervenciones reactivas a una planificación estructurada basada en evidencia.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el proceso implicó coordinación con provincias y municipios, con criterios metodológicos unificados pero adaptados a cada territorio. La lectura oficial apunta a un “cambio de paradigma”: de la asistencia dispersa hacia una estrategia integral con base estadística.

En términos concretos, esto supone que el Estado nacional busca consolidar su rol como coordinador y generador de lineamientos, mientras que la implementación queda en manos de las jurisdicciones locales.

Qué muestran los datos

El informe revela una composición mayoritariamente masculina (83%), con un 17% de mujeres. El 92% de las personas relevadas son mayores de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

Uno de los datos más relevantes es la persistencia del fenómeno: el 32% lleva más de dos años en situación de calle. A su vez, el 90% cuenta con DNI, lo que indica que no se trata de una población fuera del sistema formal de identidad.

En el plano socioeconómico, el 53% realiza alguna actividad laboral y el 56% percibe transferencias sociales. Además, el 30% cuenta con ingresos previsionales. Estos indicadores reflejan una realidad más compleja que la exclusión absoluta: hay inserción parcial, pero insuficiente para sostener condiciones habitacionales.

La tensión de la descentralización

El relevamiento se da en un contexto donde el Gobierno nacional transfirió a las provincias la responsabilidad directa sobre la atención de personas en situación de calle, reservándose la definición de políticas generales.

Esta decisión redefine el equilibrio de poder en la política social: las provincias ganan protagonismo en la ejecución, pero dependen de lineamientos y eventualmente recursos que fija la Nación. La construcción de datos federales aparece, en ese marco, como una herramienta para ordenar esa relación.

Impacto económico y social

Aunque el informe no desarrolla variables macroeconómicas, los datos permiten inferir una relación directa con el mercado laboral y los ingresos. La presencia de empleo informal y transferencias sociales sugiere que la problemática no se explica únicamente por la falta de trabajo, sino por la insuficiencia de ingresos frente al costo de vida.

La prolongación de las trayectorias en situación de calle también implica mayores costos para el sistema público, tanto en salud como en asistencia social, lo que refuerza la necesidad de políticas preventivas.

Implicancias para Misiones y el NEA

Si bien el informe no desagrega datos por provincia, el hecho de que 19 jurisdicciones hayan participado abre la puerta a diagnósticos más precisos a nivel regional. Para provincias del NEA como Misiones, donde las políticas sociales tienen fuerte articulación local, contar con información sistematizada podría influir en la asignación de recursos y en la planificación territorial.

En ausencia de datos específicos, el impacto potencial radica en la posibilidad de integrar estas métricas en programas provinciales y municipales, especialmente en contextos urbanos donde la problemática tiende a concentrarse.

Un escenario abierto

El relevamiento establece una base inédita, pero deja abiertas variables clave: la evolución de la situación en el corto plazo, la capacidad de las provincias para responder a la demanda y el rol financiero que asumirá la Nación.

También queda por observar si esta nueva arquitectura —datos centralizados y ejecución descentralizada— logra traducirse en políticas efectivas o si profundiza las asimetrías territoriales.

Por ahora, el dato es contundente: más de 9.400 personas en situación de calle en el país. La respuesta, en adelante, dependerá de cómo se articule el poder político entre Nación y provincias.