La reunión del Consejo del Salario terminó nuevamente sin acuerdo y dejó en manos del Gobierno nacional la definición del próximo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Los representantes sindicales reclamaron llevar el piso salarial a $911.000, mientras que el sector empresario presentó una propuesta muy inferior, que llevaría el mínimo a unos $468.000 en abril de 2027.
La distancia entre ambas posiciones volvió a bloquear el consenso y profundizó el cuestionamiento sindical sobre el funcionamiento de un ámbito concebido para establecer un piso de ingresos para los trabajadores que no cuentan con mecanismos de negociación colectiva.
El SMVM vigente se ubica en $376.600, de acuerdo con el cronograma de actualización establecido en noviembre de 2025. Además de funcionar como referencia para las remuneraciones más bajas, el valor del salario mínimo interviene en la determinación de distintos programas sociales, prestaciones y subsidios.
El resultado de la reunión tiene, por lo tanto, un alcance que excede a los trabajadores alcanzados directamente por el salario mínimo. Una modificación del SMVM también puede alterar parámetros utilizados por distintas políticas públicas y, al mismo tiempo, constituye una señal sobre el nivel de ingresos que el Estado considera compatible con las condiciones económicas actuales.
Una brecha salarial que volvió a hacer inviable el acuerdo
La propuesta empresaria quedó muy lejos de la demanda sindical. Según lo planteado durante la reunión, las cámaras ofrecieron incrementos de 1,8% para septiembre y de 1,7% mensual desde octubre hasta abril, lo que llevaría el salario mínimo a aproximadamente $468.000 al final del período.
La CGT y las dos CTA, en cambio, reclamaron un mínimo de $911.000.
La diferencia no fue solamente numérica. Para las centrales sindicales, la propuesta empresaria mantiene al SMVM en niveles insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y profundiza la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó que el salario mínimo haya quedado desconectado de su función original. Sostuvo que el Consejo debería operar como una instancia de negociación para quienes no tienen paritarias y cuestionó que el valor vigente no alcance para cubrir las necesidades consideradas esenciales.
La discusión vuelve así sobre una cuestión estructural del mercado laboral argentino: qué nivel de ingresos debe garantizarse como piso cuando una parte de los trabajadores no tiene capacidad de negociación colectiva y depende de la referencia fijada por el Consejo.
La virtualidad abrió otro frente de conflicto
El desacuerdo salarial estuvo acompañado por una disputa institucional. La CGT y las dos CTA reclamaron que el Consejo volviera a sesionar de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo la modalidad virtual.
Las centrales obreras participaron de la comisión técnica salarial, donde se presentan las propuestas, pero luego decidieron retirarse y no participar del plenario.
Jorge Sola, uno de los cotitulares de la CGT, cuestionó la falta de presencialidad y sostuvo que la modalidad adoptada no garantiza, a criterio sindical, el nivel de diálogo tripartito que debería caracterizar al organismo. También anticipó que la central analiza recurrir nuevamente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Gobierno defendió exactamente lo contrario. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la virtualidad permite registrar y grabar las reuniones, garantizar trazabilidad y dejar constancia de las posiciones expresadas por cada sector.
La cartera conducida por Sandra Pettovello afirmó que las reuniones fueron convocadas de esa manera con el objetivo de preservar la paz social y mantener un ámbito de diálogo ordenado. También señaló que algunas organizaciones objetaron el formato y decidieron retirarse de la instancia plenaria.
La controversia sobre el formato terminó adquiriendo un peso político mayor porque se superpuso con la discusión de fondo: la capacidad del Consejo para alcanzar acuerdos efectivos sobre el ingreso mínimo.
El Gobierno queda nuevamente con la decisión final
Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Gobierno procederá a determinar el nuevo salario mínimo mediante los mecanismos previstos para estos casos.
El desenlace reproduce una dinámica que se volvió recurrente durante los últimos años: cuando empresarios y trabajadores no alcanzan un consenso, el Ejecutivo termina estableciendo el valor mediante una decisión administrativa.
Para el Gobierno, esta facultad permite cerrar un proceso que no logró reunir las condiciones para un acuerdo. Para las organizaciones sindicales, en cambio, la reiteración de este mecanismo erosiona el sentido institucional del Consejo del Salario.
El conflicto también se desarrolló alrededor de versiones sobre un eventual piso salarial de bolsillo cercano a $800.000, que implicaría un salario bruto de aproximadamente $1.100.000. Esa posibilidad no formó parte formalmente de la agenda de la reunión, pero había generado expectativas y críticas en las horas previas.
Los dirigentes sindicales interpretaron esas versiones como una operación política, debido a que no hubo una propuesta concreta del Gobierno durante la negociación.
A esto se sumó la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien fue reemplazado en la reunión por la subsecretaria Claudia Testa. La CGT vinculó esa ausencia con una supuesta pérdida de relevancia política del Consejo.
Qué está en juego detrás del nuevo salario mínimo
La discusión no se reduce a determinar cuánto aumentará el SMVM. El punto central es qué función cumple hoy el salario mínimo dentro de una economía donde las paritarias constituyen el principal mecanismo de actualización para una parte significativa de los trabajadores formales, mientras otros sectores dependen de referencias estatales.
El valor vigente de $376.600 queda, además, muy por debajo de las pretensiones sindicales y de los niveles planteados informalmente en las últimas horas. La decisión que adopte el Ejecutivo determinará cuánto de esa brecha se reduce y cuánto permanece.
También tendrá consecuencias indirectas. El SMVM es utilizado como referencia para distintas prestaciones y programas, por lo que una actualización más elevada puede ampliar determinados beneficios vinculados al salario mínimo, mientras que una recomposición más acotada preservaría un esquema de menor incidencia fiscal.
La definición será, en consecuencia, una señal simultáneamente laboral, social y fiscal.
El Gobierno deberá resolver ahora entre una propuesta empresaria que ubica el mínimo muy por debajo del reclamo sindical y una demanda de $911.000 que supone una recomposición significativamente mayor. En el medio queda un Consejo del Salario que, una vez más, no consiguió transformar la negociación tripartita en un acuerdo.
El desafío de fondo será evitar que el salario mínimo quede reducido a una cifra administrativa desconectada de su objetivo original: funcionar como un piso efectivo de protección para quienes tienen menor capacidad de negociación en el mercado laboral. La próxima resolución del Ejecutivo no solo fijará un nuevo monto; también definirá, en los hechos, cuánto peso conserva ese instrumento dentro de la política salarial argentina.
